El cruel Milei lo hizo: Algunos diputados nacionales de la UCR se vendieron al mejor postor

 Hoy se aprobará o rechazará en Diputados el cruel veto del presidente, Javier "el Loco" Milei, a la ley que estableció la módica actualización de los haberes jubilatorios. En medio de acusaciones sobre prebendas personales, repartija de cargos y presiones sobre los gobernadores, Milei consiguió agenciarse a un grupo de diputados radicales derechistas y traidores, que le permitirían defender su veto a la pequeña mejora en las jubilaciones. Lo más llamativo es que la ley fue presentada por la propia UCR y defendida a viva voz por varios de los que aceptaron cambiar su voto para aplastar a los más débiles.
 
Los diputados radicales conversos que se encontraron con el presidente, Karina "el Jefe" Milei y el -también radical- ministro de Defensa Luis Petri, fueron el tucumano Mariano Campero, el correntino Federico Tournier, el cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi y el misionero Martín Arjol. En la reunión también estaban presentes Patricia Bullrich, la represora ministra de Seguridad, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
 
Los cinco diputados de la UCR negociaron con Milei y le aportarán al Gobierno los votos para mantener el cruel y feroz ajuste sobre las jubilaciones. Referentes del partido como Yacobitti y Manes pidieron su expulsión. En la Casa Rosada se muestran confiados en que podrán cerrar la jornada con un triunfo en el Congreso, con o sin represión en la calle. El plan B de un rechazo parcial no reúne aún los consensos necesarios. 
 
La foto en Casa Rosada confirmó lo que todos los dirigentes opositores temían: un grupúsculo de diputados radicales traidores, que en junio había votado a favor del aumento a los jubilados, finalmente definió que, este miércoles, defenderá el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Se dieron vuelta. El cambio de postura de estos cinco diputados -a los que podrían sumarse otros más en el recinto- no solo generó un cataclismo dentro de la UCR, sino que terminó de inclinar la cancha en favor del Gobierno libertario en la previa de la sesión.
 
Como ocurrió duramente el tratamiento de la Ley Bases vuelve a quedar en evidencia que la rosca parlamentaria de la casta política termina jugando en contra los intereses del pueblo trabajador en la inmensa mayoría de los casos. En esta negociación, el gobierno logra quebrar el bloque radical y hacer que un sector se dé vuelta.
 
Muy lejos de afectar a "la casta", tal como lo prometió Milei en campaña, el brutal y cruel ajuste del gobierno anarco capitalista impactó fuertemente en los sectores populares, por los escandalosos aumentos en productos alimenticios, porque las subas en salarios y jubilaciones fueron y son todavía por debajo de la inflación y también porque la quita de subsidios al transporte y las tarifas de servicios públicos, están haciendo imposible la vida de los argentinos de a pie. Hoy un gran porcentaje de la población tiene que elegir entre pagar la luz o el gas o el agua, y poder comer. La crueldad al poder.

Los dos tercios para insistir en la ley de movilidad están cada vez más lejos, aunque los más optimistas depositan sus esperanzas en la presión social y aspiran a una presencia masiva en las calles que ayude a torcer algunas voluntades. En Balcarce 50, mientras tanto, se preparan para recibir a los manifestantes con gases y detenciones arbitrarias, y se muestran confiados en que podrán cerrar la jornada con un triunfo de Milei sobre el Congreso. Con o sin represión.
 
Hoy a partir de las 12, sectores populares ejercerán presión contra el Gobierno mediante una movilización y concentración de agrupaciones políticas, sindicales, sociales, de jubilados y de derechos humanos, bajo la consigna: ¡No al veto! ¿Serán los jubilados quienes puedan romper la parálisis del combativo movimiento obrero? ¿Será la "vejez, divino tesoro" el sector que podrá dar vuelta la tortilla de este país tan desigual?
 
La Opinión Popular

 En el gobierno de Javier "el Loco" Milei advierten que este miércoles volverán a repetirse las escenas de jubilados golpeados y gaseados, con el agravante de que la manifestación contra el veto a la ley de movilidad contará con el apoyo de la CGT y los movimientos sociales. Mientras, la represora Patricia Bullrich le dice a la justicia que el derecho a la protesta está garantizado en el país. El protocolo represivo acumula cuestionamientos y la justicia mira para otro lado.
 
Así, todo está dado para que la protesta de este miércoles de los jubilados contra el veto de la ley de movilidad termine otra vez con gases, palos y detenciones al voleo. En el Gobierno se regodean ante la posibilidad de, esta vez, reprimir a mucha más gente: la marcha frente al Congreso contará con el apoyo de columnas nutridas de varios gremios de la CGT, las organizaciones sociales, la izquierda y las CTA.
 
En la Casa Rosada advierten que se preparan para una "batalla campal", dado que la postura de las fuerzas de Seguridad seguirá en la misma tónica de las últimas dos semanas: pegarle a cualquiera que ose movilizarse con tal de "garantizar el orden" del que Bullrich se vanagloria públicamente.
 
Ese "orden", hasta ahora, se basó en el protocolo represivo que estableció por decreto en diciembre pasado y que acumula causas judiciales que cuestionan su legalidad. La justicia, hasta ahora, no hizo más que dilatarlas, mientras siguen los palazos. La ministra incluso se dio el lujo de asegurar, mediante un escrito presentado ante un juzgado en lo Contencioso Administrativo, que en Argentina el derecho a la protesta, a las libertades de asociación y reunión y a peticionar ante las autoridades "se siguen ejerciendo sin ningún problema".
 
Hay dos expedientes en trámite desde hace casi los mismos nueve meses que lleva de gobierno Milei y en los que se discute la ilegalidad del protocolo antiprotestas" o "antipiquetes". En uno de ellos, que tramita ante el juez contencioso Martín Cormick, es que la cartera de Bullrich argumentó que en este país cualquiera se puede manifestar y expresar libremente sus discrepancias.
 
La otra causa estuvo en Comodoro Py, en manos del juez Sebastián Casanello, y tras de un sinuoso derrotero terminó en la Corte Suprema. Los supremos simplemente deben resolver quién es el juez/a o fuero competente. Sin embargo, por ahora no parecen tener ningún apuro en pronunciarse. Existe al menos otra investigación en la que se analiza la responsabilidad de agentes de fuerzas de seguridad en la represión y las heridas sufridas por manifestantes. También hay un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Para reprimir la protesta social --clásica receta destinada a la aplicación del ajuste-- la gestión actual invoca el llamado "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", que fue publicado en el Boletín Oficial el 14 de diciembre de 2023, apenas llegó el gobierno libertario. Bullrich y equipo utilizan el lema "ley y orden" para justificar los despliegues violentos de las fuerzas de seguridad.
 
Ese eslogan se desarma fácil: el protocolo no es ley y, precisamente, uno de los cuestionamientos por los que está judicializado, es porque ha convertido a la protesta en un delito en flagrancia a través de una mera resolución. Además de que la protesta no es delito, se trata de una reforma penal de hecho, que representantes de Naciones Unidas observan con reparos y preocupación por ir a contramano de la normativa internacional obligatoria que protege los derechos humanos. 
 

 El porteño Rogelio Frigerio sumó un nuevo capítulo a su seguidismo incondicional al gobierno centralista, unitario y porteño de Javier Milei y al brutal ajuste neoliberal libertario que realiza. En este caso, la señal de consentimiento fue al veto del aumento de las míseras jubilaciones, lo que habría permitido recuperar parcialmente algo del poder adquisitivo que les fue rapiñado a los ancianos. Los que van a protestar casi en soledad, con sus años a cuesta, con el peso de una vida de trabajo y que son apaleados frente al Congreso.
 
"Acá lo importante es cómo recuperamos el crecimiento y el empleo en el sector privado, eso es lo que nos va a dar sustentabilidad, no más gasto público. Lo que necesitamos es que el gobierno le encuentre la vuelta para que la actividad deje de caer y que la recaudación en el Estado deje de caer, no pedirle que gaste más de lo que no hay", contestó sobre el polémico veto de Milei. No sabemos si Frigerio es o se hace; ya que su enfoque es totalmente perjudicial para la provincia y carente de consideración social, ya que deja a parte de la población, los jubilados, más excluidos aun del sistema.
 
El veto a la ley sobre la movilidad en la reforma jubilatoria, aprobadas en ambas cámaras del Congreso, es total y así se eliminan los aportes a las Cajas de Jubilaciones que no fueron transferidas a la Nación, como la de Entre Ríos. Al mismo tiempo invalida la deuda atrasada que el Anses tiene con la provincia y que la ley aprobada establecía que se debía pagar en seis meses. Desde enero Milei cortó esos envíos. La Provincia viene reclamando la deuda y amaga con ir a la Corte Suprema, mientras avala el veto. ¿Quién lo entiende a Frigerio?
 
Parece evidente que el temeroso Frigerio no está dispuesto a enfrentarse a Milei ni, mucho menos, a compartir alguna posición nacional con los peronistas. No le incomoda asumir la famosa recomendación de Felipe Solá ("Para hacer política hay que hacerse bien el boludo") y trata de retrasar todo lo que puede la inevitable discusión con el libertario, tal vez especulando con que el impacto de las medidas económicas limará buena parte del actual apoyo al presidente y lo hará más proclive a los acuerdos.
 
Por su parte, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, negó que existan deudas de la Anses con las cajas previsionales provinciales, pese a que el Gobierno de Milei eliminó las transferencias desde enero pasado y 13 provincias -entre ellas, Entre Ríos- reclaman por esos fondos establecidos por ley. La polémica respuesta de Francos figura en la contestación de la Jefatura de Gabinete a las más de 2.000 preguntas formuladas por los diputados nacionales. La pregunta 139 del cuestionario solicita información por provincia sobre la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación.
 
La insólita respuesta de Francos es que, como el Anses no hizo todavía el cálculo sobre lo que corresponde girarle a cada caja previsional, la deuda no existe. Muy lejos del razonamiento libertario, en la Provincia reclaman una deuda cercana a los 50 mil millones de pesos. Desde que asumió Milei nunca se transfirió un solo peso para los jubilados entrerrianos. El cálculo que la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos indica que en agosto deberían haber llegado unos 6.000 millones de pesos de Anses. Ese déficit, que no cubre la Nación, está siendo cubierto por el Tesoro Provincial.
 
Para no dejar dudas con respecto a su aval total hacia la medida contra los sufridos jubilados, Frigerio añadió: "Es fácil decir que gasten más, pero el problema es que no está la plata". Se suma así a la cantinela libertaria de que no hay plata para los jubilados. También es inadmisible que Frigerio aplauda un superávit nacional que se consigue a costa de incumplir sus obligaciones con las provincias, a las que, además, condena a administrar un déficit creciente, no necesariamente generado por derroches injustificados.