La Opinión Popular
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El clima en Paraná
La apuesta del consenso y la reconstrucción
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
“La incidencia del mínimo no imponible sobre el salario de los trabajadores es cada vez mayor, reduciendo el salario real, e incluyendo a mayor cantidad de empleados y autónomos entre los alcanzados por el impuesto". Juan Schiaretti
Nacionales - 27-12-2009 / 12:12
EFEMÉRIDES POPULARES: EN UN DÍA COMO HOY PERO DEL AÑO 1945 LA UCR, EL PARTIDO SOCIALISTA Y EL PARTIDO COMUNISTA, ATACAN EL AGUINALDO Y LOS AUMENTO DE SUELDOS

La Unión Democrática en asamblea resuelve “resistir el decreto sobre aguinaldo y aumento de sueldos”

La Unión Democrática en asamblea resuelve “resistir el decreto sobre aguinaldo y aumento de sueldos”
Juan Perón circa 1945.
-Por decreto N° 33.302 del 20 de diciembre de 1945 el Coronel Juan Perón crea el Instituto Nacional de Remuneraciones, se otorga un aumento salarial y se instituye, por primera vez, el sueldo anual complementario o aguinaldo.
-El 27 de diciembre de 1945 la Unión Democrática, apadrinada por el imperialismo yanqui, con el apoyo de la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural, junto a los partidos políticos, entre ellos: la UCR, el Partido Socialista y el Partido Comunista, atacan la medida, a la que entendió como una "cruda demagogia electoral", una disposición destinada a "someter y domesticar los sindicatos libres".
 
Escribe: Blas García

 
Cambios políticos y sociales
 
En la etapa iniciada con la revolución del 4 de junio de 1943 y el fin de la "Década Infame" se produjeron importantes cambios en la situación política y social de la Argentina.
 
Durante la presidencia del general Farell se fue consolidando dentro del gobierno un sector nacionalista y popular del Ejército, liderado por el coronel Juan Perón. Este sector planteaba la necesidad de un desarrollo industrial independiente y la plena incorporación de los trabajadores en el sistema político. Perón representaba a la línea de mayor apertura ante los problemas sociales. nueva Secretaría de Trabajo y Previsión -creada por iniciativa del coronel Perón- produjo cambios fundamentales tendientes a establecer una relación más fuerte con el movimiento obrero.
 
Para lograr tal objetivo se sancionaron una serie de reformas en la legislación laboral. Las principales medidas fueron:
 
-El Estatuto del Peón, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo de los trabajadores rurales.
-El establecimiento del seguro social y la jubilación que benefició a 2 millones de personas.
-La creación de Tribunales de Trabajo, cuyas sentencias, en líneas generales, resultaron favorables a las demandas obreras.
-La fijación de mejoras salariales y el establecimiento del aguinaldo para todos los trabajadores.
-El reconocimiento de la asociaciones profesionales, con lo cual el sindicalismo obtuvo una mejora sustancial de su posición en el plano jurídico.
 
La obra de promoción efectiva de los derechos de los obreros que llevó adelante le fue ganando el apoyo de dirigentes sindicales pero sobre todo de los trabajadores. Paralelamente, estos últimos se fueron alejando de sus tradicionales defensores -al menos desde el discurso-, es decir de los socialistas y los comunistas.
 
Los sectores oligárquicos y antipopulares, nucleados en la Unión Democrática ignoraron el progreso social que les produjo a los obreros la legislación social peronista, difamando a su impulsor y al organismo a su cargo que las hizo efectivas y, lo que es más grave, negándole a los trabajadores que apoyaban a Perón su carácter de tales.
 
Así, la Secretaría de Trabajo y Previsión realizaba una "obra disolvente" pues tenía una "misión disgregadora y política". Por ello "no tiene la clase obrera nada en común con (aquella), donde todo se negocia, y menos aún los trabajadores amantes de la libertad y fieles al auténtico movimiento sindical".
 
Se trataba de contrarrestar la política concreta de Perón con apelaciones que partían del concepto de que solo en "democracia y libertad" era posible la "justicia social".
 
 
El aguinaldo: "Medida demagógica"
 
Por decreto N° 33.302 del 20 de diciembre de 1945 Perón crea el Instituto Nacional de Remuneraciones, se otorga un aumento salarial y se instituye el sueldo anual complementario o aguinaldo.
 
La Unión Democrática, apadrinada por el imperialismo yanqui, con el apoyo de la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural, junto a los partidos políticos, entre ellos: la UCR, el Partido Socialista y el Partido Comunista, atacan la medida, a la que entendió como una "cruda demagogia electoral", una disposición destinada a "someter y domesticar los sindicatos libres".
 
Dicen: "Lo importante en el decreto mencionado es la maniobra nazifascista típica que pretende acabar con los sindicatos obreros y convertirlos en simples instrumentos de la nueva oligarquía que pretende someter al pueblo argentino a sus designios. El aguinaldo es el sebo para engañar, es el anzuelo, pero el propósito es domesticar a la clase trabajadora para luego utilizarla con fines bastardos. En dicho decreto queda probado el plan de castramiento paulatino de los sindicatos obreros. Antes fueron las intervenciones. Ahora es la dádiva, previa la entrega". Era, además, "el coronamiento de una larga e intensa campaña demagógica desarrollada bajo el amparo y con el estímulo de la Secretaría de Trabajo y Previsión".
 
Sin embargo, frente a la realidad de la legislación social de Perón poco podía hacer el discurso encendido pero hueco de la Unión Democrática.
 
Escribe: Blas García

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20-04-2014 / 12:04
El Decreto Supremo Nº 1086, promulgado en 1983 durante la dictadura de Augusto Pinochet sentencia: "Artículo 2°.- Para las reuniones en plazas, calles y otros lugares de uso público regirán las siguientes disposiciones:

a) Los organizadores de toda reunión o manifestación pública deben dar aviso con dos días hábiles de anticipación, a lo menos, al Intendente o Gobernador respectivo. Las fuerzas de Orden y Seguridad Pública pueden impedir o disolver cualquier manifestación que no haya sido avisada dentro del plazo fijado y con los requisitos de la letra b.

 
b) El aviso indicado deberá ser por escrito y firmado por los organizadores de la reunión, con indicación de su domicilio, profesión y número de su cédula de identidad. Deberá expresar quiénes organizan dicha reunión, qué objeto tiene, dónde se iniciará, cuál será su recorrido, dónde se hará uso de la palabra, qué oradores lo harán y dónde se disolverá la manifestación".


El proyecto presentado por los diputados kirchneristas encabezados por Carlos Kunkel y Diana Conti dice:
Artículo 5.- MANIFESTACIÓN LEGÍTIMA. Se considera que una manifestación pública es legítima cuando reúne los siguientes elementos:
- Después de los incisos a, b, c y d, en el inciso "e" afirma: "Es notificada en los términos de la presente ley".
- Y en su Artículo 7.- SOBRE LA NOTIFICACIÓN. Toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial, con una antelación no menor de 48 horas. En esa notificación deberá indicarse:


a) El lugar en que se llevará a cabo
b) El tiempo estimado

c) El objeto de manifestación
d) El manifestante delegado

Si la manifestación no cumple con alguno de los requisitos del Artículo 5, entre ellos la notificación, se infiere lógicamente que es ILEGÍTIMA.

Con respecto a esto dice en su Artículo 10.- MANIFESTACIÓN ILEGÍTIMA. Una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizar esos derechos, pero siempre sometiéndose la actuación de éstas a los procedimientos y límites previstos en los capítulos I y III de esta ley.


Cualquier similitud ¿es pura casualidad?

20-04-2014 / 11:04
20-04-2014 / 09:04
El despectivo "bolsa de gatos" fue usado siempre por el peronismo para abaratar los intentos de ensamble de sus adversarios, desde la Unión Democrática para acá. En cambio, Juan Perón sorteó desde el verticalismo de su formación militar cualquier crítica de afuera en el mismo sentido y a las diferencias internas las bautizó "movimiento".

Es probable que la estrategia de criticar los matrimonios por conveniencia de los demás y llamar reacomodamientos internos a los líos de la propia estructura haya sido la responsable de dos conceptos que han corrido de boca en boca en la sociedad, los que se repiten como verdades reveladas a la hora de contar la historia y de plantearse el voto: "Los peronistas tienen vocación fanática por el poder" y son los "únicos que aseguran la gobernabilidad", se dice.

La picardía de la dialéctica también ayudó a fortalecer la alucinación colectiva. Aquel "los peronistas, como los gatos, cuando parece que nos peleamos, nos estamos reproduciendo" que popularizó Antonio Cafiero, va en la misma línea de promocionar al peronismo como algo imprescindible, reforzada en lo ideológico por el mismo Perón, a la hora de evaluar cómo perforó a los demás partidos la concepción estado-populista que predomina en la gente desde 1945: "Peronistas somos todos", supo describir el general.

A la larga, pareció tener razón porque todos los tanteos que se generaron en los últimos 70 años para sacar de órbita al peronismo, incluidas las diferentes incursiones del partido militar, fracasaron en toda la línea. El experimento de la Alianza ha sido, hasta ahora, el último escalón de varios hitos de rejuntes que siempre terminaron fortaleciéndolo.

Todas estas alusiones vienen a cuento porque en el remanso que el día a día de la economía le está dando a la política, aderezado desde la óptica del análisis por la entrega de las banderas económicas de la década que hizo el Gobierno para aflojar las turbulencias de principios de año, todas las fuerzas políticas comenzaron a buscar su lugar en el mundo aún antes del Mundial de Brasil, para orejear desde ahora mismo la sucesión de Cristina Fernández.

Ya se han visto en la calle débiles encuestas, nombres que se han echado a rodar para medir fortalezas y galanteos entre algunos de los partidos, aunque de momento todo es tan provisorio que nada debería ser tomado demasiado en cuenta con algún grado de seriedad.

En ese sentido, la corta semana de Pascuas fue prolífica en declaraciones y así Sergio Massa, Daniel Scioli, Mauricio Macri y Jorge Capitanich, en defensa de La Cámpora, coincidieron en mostrarse como abanderados del tiempo por venir, argumento mucho más difícil de sostener para los hombres del oficialismo
.
Ante los graves y múltiples problemas que padece la sociedad (inflación, empleo, inseguridad, narcotráfico y hasta los piquetes que acaba de descubrir el Gobierno a la hora de propiciar una ley que los regule, aunque deba tragarse los sapos de una década de vigencia) suena hasta de mal gusto tamaño adelanto en meses, pero como es casi unánime la búsqueda de posicionamiento, quizás por eso hasta ahora nadie lo reprocha demasiado.

20-04-2014 / 09:04
El debate sobre la reglamentación de las protestas en la vía pública parece ser otra cuestión que, como tantas, han saltado a la actualidad para convertirse en un circunstancial "comodín" que sirve al Gobierno como estrategia de distracción. Eso no significa que la discusión no sea necesaria ni que se trate de un tema menor para la convivencia democrática, todo lo contrario.

Tan importante es este debate que debió hacerse mucho antes, cuando surgieron las primeras voces de la sociedad reclamando circular libremente por calles y rutas en ejercicio de sus legítimos derechos. Para el kirchnerismo no era entonces necesario porque justamente ese tipo de manifestaciones representaba una herramienta funcional a su acción política.


Como ejemplo basta recordar que hasta el propio ex presidente Néstor Kirchner, desde una demagógica tribuna, alentó a los habitantes de Gualeguaychú a cortar el puente internacional con Uruguay por la instalación de la pastera en Fray Bentos.


Eran tiempos en los que todavía el oficialismo se sentía el dueño de las calles, a las que copaba con manifestantes que no protestaban por nada sino que concurrían para producir hechos políticos y, de paso, devolver los favores de un subsidio o un plan social.


Ya no sucede lo mismo y no es porque se hayan acabado los subsidios ni los planes sociales y mucho menos los sectores necesitados.


Para hacerlo breve: la calle ya no es de los partidarios del oficialismo. El Gobierno, después de casi once años de gestión, tiene serias dificultades para equiparar lo que dice con lo que hace, lo que se traduce a la vez en un creciente descontento hacia el interior de sus filas. El riesgo ahora es que los mismos sectores que salían a apoyar, comiencen a salir para reclamarles a los que eran sus jefes.


El giro que produce ahora la conducción del kirchnerismo, como tantos otros en diferentes terrenos, obedece al instinto de supervivencia política.


El objetivo es llegar sin desbordes graves al final del mandato de Cristina Fernández y ella cree que debe intentar una reconciliación con sectores de clase media, allí donde hay un particular rechazo a los cortes y piquetes. Pero también es una manera de adelantarse a los hechos que pronostican no sólo los informes de Inteligencia que se leen en la Casa Rosada sino también el sentido común. 

20-04-2014 / 08:04
La cadena de la felicidad que hizo ricos a varios funcionarios del Gobierno parece haberse roto para algunos de ellos. Lo que comenzó por Ricardo Jaime y siguió con Amado Boudou llegó ahora a las puertas del despacho del subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi, circunstancia que complica judicialmente a él y políticamente a su superior, Carlos Zannini, hombre clave dentro del cerrado esquema de poder que armó el kirchnerismo.

Cuando el juez federal Norberto Oyarbide decidió hacer público el episodio de la suspensión del allanamiento en la financiera Propyme como consecuencia de un llamado que recibió de Liuzzi, abrió una caja de Pandora que preocupó a la mismísima Presidenta.


Por eso, ella misma se encargó de dar la orden de proteger al juez, un impresentable al que el juicio político, del que el peronismo lo salvó el 11 de septiembre de 2001, debió haber eyectado de su sillón de los tribunales de Comodoro Py. Cristina Fernández de Kirchner, que le debe al juez el favor del súbito y sospechoso sobreseimiento de su causa por supuesto enriquecimiento ilícito, sabe que si Oyarbide habla, puede haber problemas.


El fiscal federal Carlos Rívolo, que investigó a Jaime, fue muy claro: "No es fácil investigar al poder". No se quedó en esa definición cuasi genérica. Avanzó y se explayó acerca de las presiones recibidas por él y por otros colegas suyos que con valentía luchan por cumplir con su trabajo en forma honesta. Como otro ejemplo ilustrativo de esta circunstancia está el caso del fiscal José María Campagnoli.


Lo que hace más inquietante esta realidad es que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales, en vez de defender a aquellos que actúan con independencia, los presiona.


Esto va en línea con la concepción de la organización Justicia Legítima, para la cual la Justicia debería ser un apéndice más del poder político de turno, precepto que, de concretarse, acabaría con la división de poderes que consagra la Constitución Nacional, lo que en los hechos significaría la anulación de cualquier posibilidad cierta de controlar los actos del gobierno -de éste y de cualquiera- y de investigar a los funcionarios corruptos.

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