Alertan que por las inundaciones aumentarían los lácteos y las harinas

 El panorama en el campo argentino no es de los mejores. Las malas condiciones climáticas, con lluvias constantes en las principales zonas productivas, han llevado a que más de 10 millones de hectáreas se encuentren arrasadas por el agua, dejando improductivas más de 1,2 millones de las mismas, con pérdidas que superan los 2.000 millones de dólares.
 
Ante esta situación, desde la industria alimenticia se salió a advertir que por las adversidades naturales, que ocasionan un faltante de materia prima, los precios de bienes como harina de trigo, panificados y lácteos se incrementarán en promedio un 20% en los supermercados y negocios del país.
 
Según los números del sector triguero, la producción del cereal para la campaña 2017/2018 retrocedió en más de un millón de toneladas, como resultado de las casi 300.000 hectáreas que han quedado anegadas, lo cual ha generado pérdidas por US$ 180 millones a los productores, por no poder exportar.
 
La caída en la producción de trigo, principal insumo de la harina, genera faltante de la misma y, al regirse los precios por las reglas del libre mercado, los costos de los productos elaborados en base a esta suben sus valores.
 
Por esto, el pan, las galletitas, las empanadas, las pizzas, como así también más de la mitad de los bienes que se venden en los supermercados, que se hacen en base al trigo, tendrán sustanciales incrementos a partir de las semanas venideras.
 
Lo mismo sucederá con los lácteos, que también aumentarán sus precios en los próximos días debido a cómo afectan las crecidas de los ríos a los tambos. Hasta el momento se han debido desechar cientos de miles de litros de leche por no poder comercializarlos. Como corolario, esto ha dejado pérdidas que superan los $600 millones en los últimos 45 días.
 
Las cadenas de supermercados ya han dejado trascender que los proveedores les han advertido en los últimos días que los precios de la leche, yogures, quesos, cremas, dulce de leche, flanes y mantecas, entre otros productos, llegarán con subas que rondarán el 20%, lo cual ha puesto en alerta a las organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores.

 Desde el comienzo de su gestión, Mauricio Macri eligió el gradualismo, porque carece de un plan económico específico. El proyecto de Presupuesto 2018 refleja ese gradualismo: obliga a mantener muy alta la presión tributaria y a apelar a un creciente endeudamiento. La estrategia es riesgosa porque exige seguir aumentando la deuda pública y socialmente costosa porque mantiene las causas que desalientan la inversión y la generación de empleos.
 
El presupuesto para 2018, con una pauta de inflación promedio de 15,7% prevista, minimiza la suba de precios. Pero también subestima la magnitud del endeudamiento y el costo que generan las tasas de interés elevadas. El problema es que no se contrae deuda para financiar inversiones, sino para sostener un gasto corriente desbordado que no se logra cubrir con la alta presión impositiva prevaleciente.
 
Pero es en el tema de la discusión por el reparto de recursos entre la Nación y las provincias, en donde se dará una batalla decisiva para el Gobierno de Macri, porque de su resultado depende tanto el cumplimiento de la meta fiscal de 2018 como el destino de la reforma tributaria que impulsa la Casa Rosada.
 
El Ejecutivo sabe que debe definir este debate entre las elecciones de octubre y fin de año, pero hoy tendrá la oportunidad de testear por primera vez la reacción de todos los distritos a los números del Presupuesto nacional y a la propuesta de extensión del Impuesto al Cheque.
 
Será a las 14 horas, cuando un grupo de ministros de Economía provinciales concurra al Ministerio del Interior para avanzar con otra de las asignaturas pendientes que cruzan la conflictiva relación entre el centralismo nacional y el interior provincial: el financiamiento del déficit de las cajas previsionales, para el cual en 2017 se presupuestaron $14.000 millones.
 
La reunión de hoy se gestó luego de la cumbre de gobernadores realizada el pasado miércoles 6, para debatir la pelea judicial por el Fondo del Conurbano. Preocupados por un fallo que desfinancie totalmente a sus distritos, los gobernadores aprovecharon para darle visibilidad a otros reclamos, como el existente por el envío de fondos para atender el rojo de las cajas de jubilaciones.
 
El otro tema que probablemente surja en el diálogo es el cambio que hizo el Ejecutivo en el impuesto al cheque. Las provincias reclamaban su coparticipación total, ya que hasta ahora 70% iba al Tesoro. La propuesta que busca extender el gravamen hasta 2019 cambia el destino de los fondos: ese porcentaje ahora irá a la ANSeS.
 
Como queda en evidencia, el gobierno de Macri retacea recursos a las provincias, usando discrecionalmente los fondos nacionales para disciplinar a gobernadores e intendentes, premiando a los aliados y castigando a quienes son parte de la oposición.
 
La Opinión Popular

 El Gobierno de Mauricio Macri apostó en los últimos días a instalar la idea de que un grupo de gendarmes pudo haber actuado de manera solitaria y, ante un acto de "desborde", atacado a algunos de los integrantes de la Pu Lof en Resistencia, incluido Santiago Maldonado.
 
Para esa construcción se valió de distintas versiones -piedrazos o disparos de una escopeta anti tumulto- que circularon por sus medios afines. Sin embargo, para las querellas, nada de eso tiene peso. Desde un primer momento, la persecución que hubo hacia dentro de la comunidad fue justificada por la supuesta agresión recibida por los uniformados Emmanuel Echazú y Ernesto Yañez.
 
Ayer, Echazú ratificó su versión de que fue agredido ni bien ingresó por la tranquera pero los testimonios de los escopeteros Darío Rafael Zoilán, Aníbal Cardozo y la enfermera Maira Ramos lo desmienten: Echazú y Yañez fueron heridos a la vera del Río Chubut y sus golpes podrían ser producto de un enfrentamiento con Maldonado.
 
Un elemento que predomina dentro del Gobierno de Macri frente a la desaparición forzada de Maldonado es su deliberada estrategia de "información controlada" o mejor dicho, "desinformación planificada". "Primero se chequea todo y luego se vuelca al expediente, hay una direccionalidad en la información que se aporta a los expedientes", indicó uno de los abogados con acceso directo a las causas.
 
Pistas falsas, como la del puestero de Epuyen, hipótesis que fue sostenida por Patricia Bullrich en el Congreso hasta que el resultado de ADN dio negativo; otros desvíos fueron los "viajes" de Santiago hacia Entre Ríos y otras provincias, y la hipótesis más perversa, la que indicaría que Santiago está en alguna de las comunidades de pueblos originarios del país, hasta llegar a la teoría del gendarme solitario, que pudo haber cometido algún "exceso".
 
Pero en medio de esa desinformación planificada, surgen evidencias relevantes para la investigación que se lleva adelante en el expediente por la desaparición forzada de Maldonado: la adulteración, omisiones e inexistencia de información sobre los movimientos de los gendarmes que participaron de los operativos realizados entre el 31 de julio y el 1 de agosto, que saltan a la luz a partir de los libros secuestrados en los Escuadrones 35 (El Bolsón), 36 (Esquel) y 37 (José de San Martín). La Gendarmería entregó dos listados de efectivos que estuvieron en los operativos. Una primera lista fue el 8 de agosto, una semana después de la desaparición de Maldonado, y la segunda, el 15 de agosto.
 
Ahí sobresalen las primeras diferencias u omisiones: gendarmes que aparecen en un listado y no en el otro, nombres de uniformados que no están en ninguno de los listados entregados por Gendarmería pero se sabe que sí estuvieron en el territorio. Si no se sabe la cantidad exacta de gendarmes que participaron de los operativos, ni quiénes eran esas personas, ¿cómo podrían el juez y la fiscal planificar los pasos a seguir dentro de la investigación? ¿O cómo harán para definir la reconstrucción de los hechos, si existen este tipo de huecos informativos?