22:15 | Martes 08 de Septiembre de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 19-07-2026 / 14:07
VOTO POSITIVO A LA REFORMA PREVISIONAL DE FRIGERIO
Entre los acuerdos con el oficialismo y la falta de argumentos, senadoras del PJ tratan de justificar su voto
Los planteos públicos de las senadoras Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez (Feliciano) para intentar justificar su alineamiento con el oficialismo provincial no solo resultan inconsistentes desde la lógica institucional, sino que bordean la afrenta hacia los afiliados y la estructura partidaria.
Tras la media sanción de la reforma previsional en el Senado, las senadoras Nancy Miranda y Gladys Domínguez intentan justificar una abierta transgresión orgánica. La expulsión de las filas del PJ no parece solo una opción circunstancial, sino el único camino institucional ante la flagrante desobediencia al Congreso Provincial del PJ.
La reciente aprobación en la Cámara de Alta entrerriana del proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio dejó al descubierto algo mucho más profundo que una simple discrepancia legislativa: expuso una crisis de organicidad y una preocupante liviandad discursiva por parte de quienes, habiendo llegado a sus bancas en nombre del Partido Justicialista, optaron por dar la espalda a sus bases y a las decisiones de sus cuerpos soberanos.
Los planteos públicos de las senadoras Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez (Feliciano) para intentar justificar su alineamiento con el oficialismo provincial no solo resultan inconsistentes desde la lógica institucional, sino que bordean la afrenta hacia los afiliados y la estructura partidaria.
El escenario político actual no deja margen para las ambigüedades. El mandato del Congreso Provincial del Partido Justicialista fue taxativo, explícito y unánime: rechazar de plano cualquier intento de reforma que vulnerara los derechos de los trabajadores estatales y jubilados entrerrianos. El máximo órgano del peronismo no emitió una sugerencia ni abrió un debate de libre albedrío; dictó una directiva clara y, además, facultó de manera expresa al Tribunal de Disciplina para aplicar la máxima sanción —la expulsión— a aquellos legisladores que resolvieran levantar la mano a favor del proyecto oficialista.
Frente a esta realidad objetiva, las declaraciones de ambas legisladoras parecen caer por su propio peso en caso de que las mismas sean su defensa ante el Tribunal de Disciplina del PJ. Por un lado, la senadora Miranda pretendió escudarse tras una victimización anticipada y ataques a la conducción del PJ, afirmando con aparente sumisión institucional que está "a consideración de lo que decida el partido". Sin embargo, esa postura se contradice con sus propios actos previos —como su llamativa facilitación al avance de la disolución del Iosper— y con un discurso en el recinto que buscó embarrar la discusión interna para no desligarse del costo político de votar junto al oficialismo de Frigerio. Someterse a la disciplina partidaria no es un acto de valentía tardía cuando ya se consumó el desmarque al mandato popular.
Por el otro, el planteo de la senadora Domínguez cruza la línea de la inconsistencia para transformarse en una provocación política. Declarar que una eventual expulsión del PJ le resulta "muy circunstancial" y que "no la condiciona en nada" denota un absoluto desprecio por la fuerza política que le otorgó la estructura y votos para ocupar su banca. Sostener que un legislador "no debe obedecer mandatos" porque se debe "a todo el departamento" es una falacia conceptual que implica negar el rol de los partídos políticos. En nuestro sistema democrático, los ciudadanos eligen plataformas, partidos y proyectos colectivos, no voluntades individuales dispuestas a negociar de espaldas a la doctrina que dicen representar. Para colmo, coquetear abiertamente con la posibilidad de ser candidata del oficialismo frigerista en 2027 bajo el paraguas de que "las alianzas existen" termina de transparentar lo que verdaderamente estaba en juego: no la defensa de los intereses de Feliciano, sino un acuerdo político con el gobierno.
La disciplina partidaria no es un capricho burocrático. Es la garantía de que el voto de los ciudadanos tiene un valor programático. Quien utiliza la boleta del peronismo para llegar al poder y luego convalida el ajuste previsional de una gestión de signo opuesto incurre en una inconducta que lesiona la representación democrática.
Los argumentos de Miranda y Domínguez carecen de sustento político. Ante la contundencia de los hechos y la claridad del mandato del Congreso partidario, el Tribunal de Disciplina deberá avanzar en el sustanciación del expediente.
Fuente: Sociedad Política
Los planteos públicos de las senadoras Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez (Feliciano) para intentar justificar su alineamiento con el oficialismo provincial no solo resultan inconsistentes desde la lógica institucional, sino que bordean la afrenta hacia los afiliados y la estructura partidaria.
El escenario político actual no deja margen para las ambigüedades. El mandato del Congreso Provincial del Partido Justicialista fue taxativo, explícito y unánime: rechazar de plano cualquier intento de reforma que vulnerara los derechos de los trabajadores estatales y jubilados entrerrianos. El máximo órgano del peronismo no emitió una sugerencia ni abrió un debate de libre albedrío; dictó una directiva clara y, además, facultó de manera expresa al Tribunal de Disciplina para aplicar la máxima sanción —la expulsión— a aquellos legisladores que resolvieran levantar la mano a favor del proyecto oficialista.
Frente a esta realidad objetiva, las declaraciones de ambas legisladoras parecen caer por su propio peso en caso de que las mismas sean su defensa ante el Tribunal de Disciplina del PJ. Por un lado, la senadora Miranda pretendió escudarse tras una victimización anticipada y ataques a la conducción del PJ, afirmando con aparente sumisión institucional que está "a consideración de lo que decida el partido". Sin embargo, esa postura se contradice con sus propios actos previos —como su llamativa facilitación al avance de la disolución del Iosper— y con un discurso en el recinto que buscó embarrar la discusión interna para no desligarse del costo político de votar junto al oficialismo de Frigerio. Someterse a la disciplina partidaria no es un acto de valentía tardía cuando ya se consumó el desmarque al mandato popular.
Por el otro, el planteo de la senadora Domínguez cruza la línea de la inconsistencia para transformarse en una provocación política. Declarar que una eventual expulsión del PJ le resulta "muy circunstancial" y que "no la condiciona en nada" denota un absoluto desprecio por la fuerza política que le otorgó la estructura y votos para ocupar su banca. Sostener que un legislador "no debe obedecer mandatos" porque se debe "a todo el departamento" es una falacia conceptual que implica negar el rol de los partídos políticos. En nuestro sistema democrático, los ciudadanos eligen plataformas, partidos y proyectos colectivos, no voluntades individuales dispuestas a negociar de espaldas a la doctrina que dicen representar. Para colmo, coquetear abiertamente con la posibilidad de ser candidata del oficialismo frigerista en 2027 bajo el paraguas de que "las alianzas existen" termina de transparentar lo que verdaderamente estaba en juego: no la defensa de los intereses de Feliciano, sino un acuerdo político con el gobierno.
La disciplina partidaria no es un capricho burocrático. Es la garantía de que el voto de los ciudadanos tiene un valor programático. Quien utiliza la boleta del peronismo para llegar al poder y luego convalida el ajuste previsional de una gestión de signo opuesto incurre en una inconducta que lesiona la representación democrática.
Los argumentos de Miranda y Domínguez carecen de sustento político. Ante la contundencia de los hechos y la claridad del mandato del Congreso partidario, el Tribunal de Disciplina deberá avanzar en el sustanciación del expediente.
Fuente: Sociedad Política
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