21:39 | Domingo 17 de Mayo de 2013 | Entre Ríos
 |
 |
Entre Ríos - 17-05-2026 / 20:05
DECLARACIONES DEL MINISTRO BERNAUDO
Los polémicos argumentos del gobierno de Frigerio sobre los cotos de caza
La afirmación de Bernaudo respecto a que la caza está garantizada y protegida por la Constitución es un desatino hermenéutico. Ni la Constitución de la Nación Argentina ni la progresista Constitución de la Provincia de Entre Ríos consagran el "derecho a matar animales por diversión" como una garantía fundamental. Todo lo contrario: el artículo 41 de la Carta Magna nacional impone explícitamente el deber de las autoridades de proveer a la preservación de la diversidad biológica. Asimismo, la Constitución entrerriana es pionera en el reconocimiento de los derechos ambientales y la sustentabilidad de los bienes naturales.
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes.
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión.
De la redacción de La Opinión Popular
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes.
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión.
De la redacción de La Opinión Popular
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
Esta polémica defensa de los cotos de caza privados no solo carece de rigurosidad legal, sino que devela el preocupante nivel de extranjerización conceptual y sumisión ideológica en el que se mueve el funcionariado provincial, visiblemente alineado con los discursos desreguladores de la campaña de Javier Milei.
¿Constitución Argentina o enmienda norteamericana?
La afirmación de Bernaudo respecto a que la caza está garantizada y protegida por la Constitución es un desatino hermenéutico. Ni la Constitución de la Nación Argentina ni la progresista Constitución de la Provincia de Entre Ríos consagran el "derecho a matar animales por diversión" como una garantía fundamental. Todo lo contrario: el artículo 41 de la Carta Magna nacional impone explícitamente el deber de las autoridades de proveer a la preservación de la diversidad biológica. Asimismo, la Constitución entrerriana es pionera en el reconocimiento de los derechos ambientales y la sustentabilidad de los bienes naturales.
La confusión del ministro Bernaudo parece provenir, de manera deliberada o por equivocación conceptual, de la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la matriz discursiva de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), una narrativa fuertemente importada por el ecosistema de la extrema derecha de La Libertad Avanza. El intento de asimilar el marco jurídico entrerriano a las consignas libertarias de desregulación absoluta y mercantilización de la vida es una afrenta a la soberanía institucional de nuestra provincia. En Entre Ríos, la biodiversidad no es un bien de consumo al servicio del mejor postor extranjero; es un patrimonio colectivo protegido.
El mito del "derrame" y la mentira del empleo
El segundo pilar del discurso oficialista se sostiene sobre una vieja falacia económica que profesa que los cotos de caza "generan empleo" y atraen inversiones turísticas vitales. La realidad de los enclaves cinegéticos en los departamentos de nuestra provincia demuestra lo contrario. No son pocos los que afirman que los cotos de caza operan como verdaderos reductos de exclusividad para turistas extranjeros que pagan en dólares.
Distantas voces de las organizaciones proteccionistas sostien empleo que generan es, en su inmensa mayoría, precarizado, estacional y de vulnerabilidad laboral (guías informales, puesteros y personal de maestranza mal pago). Las ganancias del llamado "turismo de sangre" se fugan hacia las cuentas de las empresas operadoras y los dueños de la tierra, dejando en las comunidades locales sin esos ingresos. Justificar la masacre de patos, perdices y especies autóctonas bajo la promesa del empleo es un situación social inaceptable.
La parodia estatal del control aleatorio
El ministro admitió abiertamente que la fiscalización oficial en los cotos es puramente "aleatoria" porque "no hay un policía en cada esquina". En territorios de difícil acceso y con altísimo poder adquisitivo en juego, confiar en la buena fe del "cazador extranjero cumplidor" es una renuncia explícita del Estado a sus capacidades de control, abriendo la puerta al tráfico de fauna y al uso irracional de municiones contaminantes.
Una flagrante violación a los derechos de los animales
Más allá de las cuestiones legales y las miradas económicas, el debate de fondo también es ético. Habilitar como un gran hecho económico a la caza de animales de privados -muchos extranjeros- por mero entretenimiento es una práctica anacrónica que atenta directamente contra los derechos de los animales, hoy reconocidos universalmente por la jurisprudencia moderna como sujetos de derecho no humanos. Y si, además, no deja tantas ganancias para nuestras comunidades, cabe un análisis responsable.
Mientras el mundo avanza hacia la prohibición de estas prácticas y la protección irrestricta de la fauna frente a la crisis climática, el gobierno de Frigerio retrocede siglos al convalidar el sufrimiento animal como un "negocio importante" que hay que cuidar. La Opinión Popular se planta firmemente en contra de esta política de entrega de nuestros recursos naturales y exige la inmediata suspensión de una temporada de caza que mancha de sangre el suelo entrerriano para el deleite de unos pocos privilegiados.
Fuente: Análisis Digital
Esta polémica defensa de los cotos de caza privados no solo carece de rigurosidad legal, sino que devela el preocupante nivel de extranjerización conceptual y sumisión ideológica en el que se mueve el funcionariado provincial, visiblemente alineado con los discursos desreguladores de la campaña de Javier Milei.
¿Constitución Argentina o enmienda norteamericana?
La afirmación de Bernaudo respecto a que la caza está garantizada y protegida por la Constitución es un desatino hermenéutico. Ni la Constitución de la Nación Argentina ni la progresista Constitución de la Provincia de Entre Ríos consagran el "derecho a matar animales por diversión" como una garantía fundamental. Todo lo contrario: el artículo 41 de la Carta Magna nacional impone explícitamente el deber de las autoridades de proveer a la preservación de la diversidad biológica. Asimismo, la Constitución entrerriana es pionera en el reconocimiento de los derechos ambientales y la sustentabilidad de los bienes naturales.
La confusión del ministro Bernaudo parece provenir, de manera deliberada o por equivocación conceptual, de la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la matriz discursiva de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), una narrativa fuertemente importada por el ecosistema de la extrema derecha de La Libertad Avanza. El intento de asimilar el marco jurídico entrerriano a las consignas libertarias de desregulación absoluta y mercantilización de la vida es una afrenta a la soberanía institucional de nuestra provincia. En Entre Ríos, la biodiversidad no es un bien de consumo al servicio del mejor postor extranjero; es un patrimonio colectivo protegido.
El mito del "derrame" y la mentira del empleo
El segundo pilar del discurso oficialista se sostiene sobre una vieja falacia económica que profesa que los cotos de caza "generan empleo" y atraen inversiones turísticas vitales. La realidad de los enclaves cinegéticos en los departamentos de nuestra provincia demuestra lo contrario. No son pocos los que afirman que los cotos de caza operan como verdaderos reductos de exclusividad para turistas extranjeros que pagan en dólares.
Distantas voces de las organizaciones proteccionistas sostien empleo que generan es, en su inmensa mayoría, precarizado, estacional y de vulnerabilidad laboral (guías informales, puesteros y personal de maestranza mal pago). Las ganancias del llamado "turismo de sangre" se fugan hacia las cuentas de las empresas operadoras y los dueños de la tierra, dejando en las comunidades locales sin esos ingresos. Justificar la masacre de patos, perdices y especies autóctonas bajo la promesa del empleo es un situación social inaceptable.
La parodia estatal del control aleatorio
El ministro admitió abiertamente que la fiscalización oficial en los cotos es puramente "aleatoria" porque "no hay un policía en cada esquina". En territorios de difícil acceso y con altísimo poder adquisitivo en juego, confiar en la buena fe del "cazador extranjero cumplidor" es una renuncia explícita del Estado a sus capacidades de control, abriendo la puerta al tráfico de fauna y al uso irracional de municiones contaminantes.
Una flagrante violación a los derechos de los animales
Más allá de las cuestiones legales y las miradas económicas, el debate de fondo también es ético. Habilitar como un gran hecho económico a la caza de animales de privados -muchos extranjeros- por mero entretenimiento es una práctica anacrónica que atenta directamente contra los derechos de los animales, hoy reconocidos universalmente por la jurisprudencia moderna como sujetos de derecho no humanos. Y si, además, no deja tantas ganancias para nuestras comunidades, cabe un análisis responsable.
Mientras el mundo avanza hacia la prohibición de estas prácticas y la protección irrestricta de la fauna frente a la crisis climática, el gobierno de Frigerio retrocede siglos al convalidar el sufrimiento animal como un "negocio importante" que hay que cuidar. La Opinión Popular se planta firmemente en contra de esta política de entrega de nuestros recursos naturales y exige la inmediata suspensión de una temporada de caza que mancha de sangre el suelo entrerriano para el deleite de unos pocos privilegiados.
Fuente: Análisis Digital
17-05-2026 / 20:05
17-05-2026 / 14:05
17-05-2026 / 13:05
17-05-2026 / 13:05
10-05-2026 / 10:05
© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.
E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar