15:01 | Miercoles 13 de Mayo de 2013 | Entre Ríos
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Nacionales - 09-05-2026 / 10:05
CRÓNICAS DE UN ESTADO AGRESOR
El desborde de la Violencia Institucional en la era Milei
La democracia argentina, que en 2023 cumplió cuatro décadas de vigencia ininterrumpida, enfrenta hoy su desafío más regresivo. Bajo la gestión de Javier Milei y la conducción de la seguridad a cargo de Patricia Bullrich, el Estado ha dejado de ser el garante de la paz social para convertirse en un agente activo de violencia. Los números no son solo estadísticas; son el reflejo de un modelo de gestión que utiliza la fuerza como herramienta de disciplinamiento político.
A cuarenta años de la recuperación democrática, la Argentina asiste a un retroceso civilizatorio sin precedentes bajo el mando de Javier Milei y con el impulso inicial de Patricia Bullrich. Las cifras de la violencia institucional presentadas por CORREPI no solo exponen un aumento drástico en la letalidad estatal, sino que revelan la consolidación de un modelo de gestión que utiliza la represión sistemática como principal herramienta para garantizar un ajuste económico feroz. El Estado, lejos de ser el garante de derechos, ha sido reconvertido en un aparato de disciplinamiento social que criminaliza la protesta y desmantela las garantías constitucionales básicas.
Este esquema autoritario se apoya en una arquitectura de "mano dura" que encuentra en el Protocolo Antipiquetes y en la reivindicación del gatillo fácil sus brazos ejecutores. Al avalar institucionalmente el abuso de las fuerzas de seguridad contra jubilados, trabajadores y la prensa, el actual gobierno instaura una pedagogía de la crueldad que busca anular la disidencia. Frente a esta avanzada opresora, la articulación entre los organismos de derechos humanos y la resistencia civil se vuelve el último baluarte para defender un pacto democrático que hoy se encuentra bajo un ataque directo desde las máximas esferas del poder.
De la redacción de La Opinión Popular
Este esquema autoritario se apoya en una arquitectura de "mano dura" que encuentra en el Protocolo Antipiquetes y en la reivindicación del gatillo fácil sus brazos ejecutores. Al avalar institucionalmente el abuso de las fuerzas de seguridad contra jubilados, trabajadores y la prensa, el actual gobierno instaura una pedagogía de la crueldad que busca anular la disidencia. Frente a esta avanzada opresora, la articulación entre los organismos de derechos humanos y la resistencia civil se vuelve el último baluarte para defender un pacto democrático que hoy se encuentra bajo un ataque directo desde las máximas esferas del poder.
De la redacción de La Opinión Popular
La democracia argentina, que en 2023 cumplió cuatro décadas de vigencia ininterrumpida, enfrenta hoy su desafío más regresivo. Bajo la gestión de Javier Milei y la conducción de la seguridad a cargo de Patricia Bullrich, el Estado ha dejado de ser el garante de la paz social para convertirse en un agente activo de violencia. Los números no son solo estadísticas; son el reflejo de un modelo de gestión que utiliza la fuerza como herramienta de disciplinamiento político.
1. Los Números del Retroceso: "El Gobierno más represor desde 1983"
Según los datos actualizados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) a mayo de 2026, la velocidad de la letalidad estatal ha alcanzado picos históricos. En apenas 25 meses de gestión, el gobierno de La Libertad Avanza es responsable de 1.056 muertes a manos de las fuerzas de seguridad.
Para dimensionar la gravedad: este número representa el 10% del total de víctimas de violencia institucional registradas desde el regreso de la democracia en 1983. Lo que a otras gestiones les tomó décadas acumular, el actual esquema represivo lo ha logrado en poco más de dos años. María del Carmen Verdú, referente de CORREPI, califica este periodo como un "cambio de régimen" donde se han dinamitado las garantías constitucionales mínimas.
2. El Protocolo Antipiquetes: El Brazo Armado del Ajuste
La implementación del llamado "Protocolo de Orden Público" de Patricia Bullrich no ha buscado agilizar el tránsito, sino criminalizar la protesta social. Casos emblemáticos ilustran esta "vía libre" para el abuso:
Pablo Grillo: Fotógrafo herido de gravedad por un disparo de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza por parte de Gendarmería en marzo de 2025. Tras un año de cirugías y secuelas neurológicas, su caso —caratulado como tentativa de homicidio— es el símbolo de la persecución a la prensa y a los manifestantes.
Egidio Contreras: Un jubilado de 75 años que, en una marcha pacífica, fue arrojado al suelo por la Policía Federal, sufriendo una fractura de húmero. Estos hechos demuestran que la violencia institucional se ha vuelto intergeneracional y transversal, afectando a trabajadores, prensa y adultos mayores por igual.
3. Autoritarismo y la "Doctrina Chocobar" 2.0.
El modelo de Milei y Bullrich no solo se basa en la acción física, sino en una arquitectura legal y discursiva de la opresión. El constante respaldo del Poder Ejecutivo a agentes involucrados en casos de gatillo fácil ha reinstalado la "Doctrina Chocobar" como política de Estado.
Este autoritarismo se manifiesta en hostigamiento judicial: La ONU alertó en julio de 2025 sobre el uso desproporcionado de la fuerza y las presiones a jueces que investigan represiones estatales.
Cárceles y detenciones: El Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunciaron un aumento exponencial de la tortura y los malos tratos en lugares de encierro, con celdas sin ventilación y falta de atención médica, configurando un sistema de crueldad institucionalizada.
4. La Reacción de los Organismos Internacionales
La preocupación ha traspasado las fronteras. Relatores de las Naciones Unidas han instado al Estado argentino a cumplir con sus obligaciones internacionales, señalando que la "calificación política de las protestas" por parte de Milei busca silenciar la disidencia en un contexto de profundo deterioro social y económico.
Conclusión: La Lucha Colectiva como Única Salida
Frente a un Estado que se autopercibe con "derecho a la violencia" para imponer un modelo de exclusión, la respuesta de la sociedad civil ha sido la organización. La conmemoración del 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional —en memoria de la Masacre de Ingeniero Budge— hoy cobra una vigencia dolorosa.
Como señalan las organizaciones de derechos humanos, la única forma de frenar este modelo opresor es la lucha colectiva, tanto en las calles como en los tribunales, para evitar que el autoritarismo de turno logre desmantelar definitivamente el pacto democrático de 1983.
Fuente: C5N
1. Los Números del Retroceso: "El Gobierno más represor desde 1983"
Según los datos actualizados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) a mayo de 2026, la velocidad de la letalidad estatal ha alcanzado picos históricos. En apenas 25 meses de gestión, el gobierno de La Libertad Avanza es responsable de 1.056 muertes a manos de las fuerzas de seguridad.
Para dimensionar la gravedad: este número representa el 10% del total de víctimas de violencia institucional registradas desde el regreso de la democracia en 1983. Lo que a otras gestiones les tomó décadas acumular, el actual esquema represivo lo ha logrado en poco más de dos años. María del Carmen Verdú, referente de CORREPI, califica este periodo como un "cambio de régimen" donde se han dinamitado las garantías constitucionales mínimas.
2. El Protocolo Antipiquetes: El Brazo Armado del Ajuste
La implementación del llamado "Protocolo de Orden Público" de Patricia Bullrich no ha buscado agilizar el tránsito, sino criminalizar la protesta social. Casos emblemáticos ilustran esta "vía libre" para el abuso:
Pablo Grillo: Fotógrafo herido de gravedad por un disparo de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza por parte de Gendarmería en marzo de 2025. Tras un año de cirugías y secuelas neurológicas, su caso —caratulado como tentativa de homicidio— es el símbolo de la persecución a la prensa y a los manifestantes.
Egidio Contreras: Un jubilado de 75 años que, en una marcha pacífica, fue arrojado al suelo por la Policía Federal, sufriendo una fractura de húmero. Estos hechos demuestran que la violencia institucional se ha vuelto intergeneracional y transversal, afectando a trabajadores, prensa y adultos mayores por igual.
3. Autoritarismo y la "Doctrina Chocobar" 2.0.
El modelo de Milei y Bullrich no solo se basa en la acción física, sino en una arquitectura legal y discursiva de la opresión. El constante respaldo del Poder Ejecutivo a agentes involucrados en casos de gatillo fácil ha reinstalado la "Doctrina Chocobar" como política de Estado.
Este autoritarismo se manifiesta en hostigamiento judicial: La ONU alertó en julio de 2025 sobre el uso desproporcionado de la fuerza y las presiones a jueces que investigan represiones estatales.
Cárceles y detenciones: El Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunciaron un aumento exponencial de la tortura y los malos tratos en lugares de encierro, con celdas sin ventilación y falta de atención médica, configurando un sistema de crueldad institucionalizada.
4. La Reacción de los Organismos Internacionales
La preocupación ha traspasado las fronteras. Relatores de las Naciones Unidas han instado al Estado argentino a cumplir con sus obligaciones internacionales, señalando que la "calificación política de las protestas" por parte de Milei busca silenciar la disidencia en un contexto de profundo deterioro social y económico.
Conclusión: La Lucha Colectiva como Única Salida
Frente a un Estado que se autopercibe con "derecho a la violencia" para imponer un modelo de exclusión, la respuesta de la sociedad civil ha sido la organización. La conmemoración del 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional —en memoria de la Masacre de Ingeniero Budge— hoy cobra una vigencia dolorosa.
Como señalan las organizaciones de derechos humanos, la única forma de frenar este modelo opresor es la lucha colectiva, tanto en las calles como en los tribunales, para evitar que el autoritarismo de turno logre desmantelar definitivamente el pacto democrático de 1983.
Fuente: C5N
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