23:59 | Miercoles 29 de Abril de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 29-04-2026 / 22:04
POR ÁLVARO GABÁS*
Caja de Jubilaciones: Frigerio busca quitar derechos y garantías previsionales
Para Álvaro Gabás "el gobierno sostiene que se mantiene el 82% móvil, pero lo hace sobre una base distinta. Y ahí está la clave política: no se elimina la semántica del 82% móvil, se lo vacía de contenido. Si el cálculo incluye etapas de salarios más bajos, el resultado es una jubilación significativamente menor. Distintos análisis muestran pérdidas que pueden superar el 25% del ingreso respecto del sistema actual".
El reciente informe del Centro de Estudio de Desarrollo Macroeconómico (Cedma) advierte que la reforma previsional impulsada por el gobernador Frigerio en Entre Ríos trasciende lo técnico para convertirse en una definición política sobre quién paga la crisis. Bajo la bandera de la "sustentabilidad", el oficialismo justifica el endurecimiento de las condiciones de acceso —como el aumento de la edad jubilatoria y los años de aporte— omitiendo que el déficit actual responde a desfinanciaciones históricas y deudas del Estado nacional.
Según el análisis del Mg. Cr. Álvaro Gabás, la estrategia elegida busca reducir el gasto futuro a costa de los trabajadores, desplazando la discusión sobre fuentes alternativas de financiamiento o la eliminación de privilegios reales. La "clave política" del proyecto radica en la modificación del cálculo del haber inicial: al extender el período de referencia de los últimos 10 años a 30, el gobierno mantiene la retórica del 82% móvil pero lo vacia de contenido, resultando en jubilaciones significativamente menores. Se estima que esta maniobra podría representar una pérdida de ingresos superior al 25% respecto al sistema vigente. Sin estudios actuariales públicos ni un consenso social sólido, la reforma se perfila como una decisión que redefine el contrato social, convirtiendo nuevamente al salario diferido de los trabajadores en la variable de ajuste fiscal. A continuación la nota completa.
De la redacción de La Opinión Popular
Según el análisis del Mg. Cr. Álvaro Gabás, la estrategia elegida busca reducir el gasto futuro a costa de los trabajadores, desplazando la discusión sobre fuentes alternativas de financiamiento o la eliminación de privilegios reales. La "clave política" del proyecto radica en la modificación del cálculo del haber inicial: al extender el período de referencia de los últimos 10 años a 30, el gobierno mantiene la retórica del 82% móvil pero lo vacia de contenido, resultando en jubilaciones significativamente menores. Se estima que esta maniobra podría representar una pérdida de ingresos superior al 25% respecto al sistema vigente. Sin estudios actuariales públicos ni un consenso social sólido, la reforma se perfila como una decisión que redefine el contrato social, convirtiendo nuevamente al salario diferido de los trabajadores en la variable de ajuste fiscal. A continuación la nota completa.
De la redacción de La Opinión Popular
La reforma previsional que impulsa el gobierno provincial no es simplemente un ajuste técnico para corregir un déficit: es, en esencia, una definición política sobre quién paga la crisis. Bajo el argumento de la "sustentabilidad", se instala una narrativa que desplaza el foco del problema -la histórica desfinanciación del sistema y la deuda nacional- hacia los propios trabajadores y futuros jubilados.
El oficialismo justifica la reforma en el déficit de la Caja, que efectivamente existe y es significativo, pero omite que ese rojo se cubre con recursos provinciales en gran medida por decisiones estructurales y por incumplimientos del Estado nacional. En lugar de dar esa discusión de fondo, el camino elegido es más sencillo políticamente: reducir el gasto futuro bajando haberes y endureciendo condiciones de acceso.
Los ejes conocidos del proyecto son elocuentes. Por un lado, se plantea elevar la edad jubilatoria -acercándola al régimen nacional- y aumentar los años de aportes, lo que implica trabajar más tiempo para cobrar menos. Por otro, se modifica el cálculo del haber inicial: se pasa de tomar los últimos 10 años a considerar períodos mucho más extensos, incluso hasta 30 años. Esto no es un detalle técnico: es el corazón del ajuste.
Porque el gobierno sostiene que se mantiene el 82% móvil, pero lo hace sobre una base distinta. Y ahí está la clave política: no se elimina la semántica del 82% móvil, se lo vacía de contenido. Si el cálculo incluye etapas de salarios más bajos, el resultado es una jubilación significativamente menor. Distintos análisis muestran pérdidas que pueden superar el 25% del ingreso respecto del sistema actual.
En paralelo, la reforma avanza sobre regímenes especiales y condiciones diferenciales que reconocían realidades laborales específicas. Bajo el discurso de “equidad”, se tiende a una homogeneización que en los hechos significa igualar hacia abajo, eliminando conquistas históricas sin discutir alternativas de financiamiento progresivo.
Otro punto crítico es el proceso político. El propio oficialismo reconoce que aún no hay un proyecto completamente difundido ni estudios actuariales accesibles, mientras que sectores de la oposición y sindicatos reclaman información básica para poder debatir. Esto debilita la legitimidad del proceso: no hay reforma estructural seria sin transparencia plena ni consenso social.
En este contexto, la discusión de fondo queda desplazada: ¿por qué el equilibrio del sistema debe lograrse recortando derechos y no ampliando ingresos? ¿Por qué no se discuten con la misma intensidad privilegios, regímenes de excepción o fuentes alternativas de financiamiento? Incluso dentro del propio oficialismo aparecen voces que piden revisar jubilaciones de privilegio antes que avanzar sobre el conjunto.
En definitiva, la reforma previsional en Entre Ríos no es neutra ni inevitable. Es una decisión política que redefine el contrato social entre el Estado y sus trabajadores. Bajo el discurso de la responsabilidad fiscal, se configura un esquema donde la variable de ajuste vuelve a ser el salario diferido de los trabajadores.
La pregunta central no es si el sistema necesita cambios —probablemente los necesite— sino qué tipo de reforma se construye y a costa de quién. Hoy, todo indica que el rumbo elegido apunta más a la reducción del gasto que a la construcción de un sistema previsional justo, solidario y sostenible en serio.
*Mg. Cr. Álvaro Gabás
El oficialismo justifica la reforma en el déficit de la Caja, que efectivamente existe y es significativo, pero omite que ese rojo se cubre con recursos provinciales en gran medida por decisiones estructurales y por incumplimientos del Estado nacional. En lugar de dar esa discusión de fondo, el camino elegido es más sencillo políticamente: reducir el gasto futuro bajando haberes y endureciendo condiciones de acceso.
Los ejes conocidos del proyecto son elocuentes. Por un lado, se plantea elevar la edad jubilatoria -acercándola al régimen nacional- y aumentar los años de aportes, lo que implica trabajar más tiempo para cobrar menos. Por otro, se modifica el cálculo del haber inicial: se pasa de tomar los últimos 10 años a considerar períodos mucho más extensos, incluso hasta 30 años. Esto no es un detalle técnico: es el corazón del ajuste.
Porque el gobierno sostiene que se mantiene el 82% móvil, pero lo hace sobre una base distinta. Y ahí está la clave política: no se elimina la semántica del 82% móvil, se lo vacía de contenido. Si el cálculo incluye etapas de salarios más bajos, el resultado es una jubilación significativamente menor. Distintos análisis muestran pérdidas que pueden superar el 25% del ingreso respecto del sistema actual.
En paralelo, la reforma avanza sobre regímenes especiales y condiciones diferenciales que reconocían realidades laborales específicas. Bajo el discurso de “equidad”, se tiende a una homogeneización que en los hechos significa igualar hacia abajo, eliminando conquistas históricas sin discutir alternativas de financiamiento progresivo.
Otro punto crítico es el proceso político. El propio oficialismo reconoce que aún no hay un proyecto completamente difundido ni estudios actuariales accesibles, mientras que sectores de la oposición y sindicatos reclaman información básica para poder debatir. Esto debilita la legitimidad del proceso: no hay reforma estructural seria sin transparencia plena ni consenso social.
En este contexto, la discusión de fondo queda desplazada: ¿por qué el equilibrio del sistema debe lograrse recortando derechos y no ampliando ingresos? ¿Por qué no se discuten con la misma intensidad privilegios, regímenes de excepción o fuentes alternativas de financiamiento? Incluso dentro del propio oficialismo aparecen voces que piden revisar jubilaciones de privilegio antes que avanzar sobre el conjunto.
En definitiva, la reforma previsional en Entre Ríos no es neutra ni inevitable. Es una decisión política que redefine el contrato social entre el Estado y sus trabajadores. Bajo el discurso de la responsabilidad fiscal, se configura un esquema donde la variable de ajuste vuelve a ser el salario diferido de los trabajadores.
La pregunta central no es si el sistema necesita cambios —probablemente los necesite— sino qué tipo de reforma se construye y a costa de quién. Hoy, todo indica que el rumbo elegido apunta más a la reducción del gasto que a la construcción de un sistema previsional justo, solidario y sostenible en serio.
*Mg. Cr. Álvaro Gabás
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