01:15 | Jueves 14 de Mayo de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 26-04-2026 / 09:04
EMITIÓ UNA SERIE DE DICTAMENES
El Tribunal de Disciplina del PJ expulsó a Rossi y Reggiardo y suspendió a otros referentes
El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de Entre Ríos, emitió una serie de resoluciones vinculada a las denuncias por inconducta partidaria de varios dirigentes en los últimos comicios electorales. En ese marco, resolvió recomendar la expulsión de los afiliados Domingo Daniel Rossi (actual intendente de Santa Elena) y Carlos Guillermo Reggiardo (asesor de Rossi), al considerar acreditadas conductas de “deslealtad manifiesta” y graves violaciones a la Carta Orgánica partidaria.
El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de Entre Ríos, emitió una serie de resoluciones vinculada a las denuncias por inconducta partidaria de varios dirigentes en los últimos comicios electorales. En ese marco, resolvió recomendar la expulsión de los afiliados Domingo Daniel Rossi (actual intendente de Santa Elena) y Carlos Guillermo Reggiardo (asesor de Rossi), al considerar acreditadas conductas de “deslealtad manifiesta” y graves violaciones a la Carta Orgánica partidaria.
También se adoptaron otras medidas para el caso de Ana Carolina Gaillard, Luna Valentina González, Héctor María Maya, Gustavo Raúl Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Beatriz Trinidad y Claudia Daniela Quiróz y Verónica Paola Rubattino, el Tribunal de Disciplina del PJ analizó la denuncia por “inconducta partidaria, la comisión de actos de deslealtad manifiesta, conductas incompatibles con los deberes de lealtad partidaria y quebrantamiento de la unidad orgánica, vulnerando con ello, en forma directa, los deberes establecidos en el artículo 10° y concordantes de la Carta Orgánica partidaria”.
También se adoptaron otras medidas para el caso de Ana Carolina Gaillard, Luna Valentina González, Héctor María Maya, Gustavo Raúl Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Beatriz Trinidad y Claudia Daniela Quiróz y Verónica Paola Rubattino, el Tribunal de Disciplina del PJ analizó la denuncia por “inconducta partidaria, la comisión de actos de deslealtad manifiesta, conductas incompatibles con los deberes de lealtad partidaria y quebrantamiento de la unidad orgánica, vulnerando con ello, en forma directa, los deberes establecidos en el artículo 10° y concordantes de la Carta Orgánica partidaria”.
El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de Entre Ríos, emitió una serie de resoluciones vinculada a las denuncias por inconducta partidaria de varios dirigentes en los últimos comicios electorales. En ese marco, resolvió recomendar la expulsión de los afiliados Domingo Daniel Rossi (actual intendente de Santa Elena) y Carlos Guillermo Reggiardo (asesor de Rossi), al considerar acreditadas conductas de “deslealtad manifiesta” y graves violaciones a la Carta Orgánica partidaria.
La decisión se enmarca en un proceso disciplinario iniciado a partir de denuncias internas que señalaron a ambos dirigentes por haber actuado en contra de los intereses del peronismo entrerriano durante el último proceso electoral. Según el dictamen, Rossi -que es el actual intendente de Santa Elena y ocupó cargos de relevancia dentro del PJ- habría promovido públicamente a candidatos de la oposición, en particular a la Lista 50 del socialismo, enfrentando a la lista oficial del justicialismo. Como prueba, se incorporaron declaraciones periodísticas en las que el dirigente calificó a la fórmula opositora como una “excelente alternativa” y aseguró que el peronismo local la acompañaría.
El Tribunal también ponderó como un hecho de “extrema gravedad institucional” la denuncia penal impulsada por Rossi -con patrocinio de Reggiardo- contra el candidato justicialista Guillermo Michel. Para el órgano disciplinario, esta acción no constituyó un simple ejercicio de derechos ciudadanos, sino una estrategia de judicialización de la política destinada a perjudicar la imagen del partido en plena campaña electoral.
En su defensa, los acusados plantearon la nulidad del proceso y recusaron al Tribunal, argumentando una supuesta irregularidad en su conformación. Sin embargo, el Cuerpo rechazó esos planteos por considerarlos extemporáneos y carentes de sustento jurídico, al tiempo que ratificó su integración conforme a lo resuelto por el Congreso Provincial partidario en septiembre de 2024.
Respecto del fondo de la cuestión, el Tribunal concluyó que los descargos presentados no lograron desvirtuar las acusaciones. Señaló que los denunciados recurrieron a argumentos formales y evitaron responder de manera concreta sobre los hechos imputados, en particular sobre la denuncia penal contra un candidato del propio espacio. Asimismo, sostuvo que no se acreditó el agotamiento de las vías internas partidarias antes de acudir a la Justicia, lo que constituye una infracción directa a las normas estatutarias.
El fallo subraya que la combinación de apoyo a fuerzas opositoras y la promoción de acciones judiciales contra candidatos del propio partido configura una falta de máxima gravedad. En ese sentido, advierte que estas conductas no solo vulneran la disciplina interna, sino que además habrían favorecido políticamente a sectores adversarios, mencionando al oficialismo nacional encabezado por Javier Milei y al gobierno provincial de Rogelio Frigerio.
En el caso de Rossi, el Tribunal tuvo en cuenta su historial dentro del PJ y consideró que su accionar implica una “ingratitud y deslealtad institucional extrema”, dado que ocupó cargos de alta jerarquía gracias al Partido. En cuanto a Reggiardo, se remarcó su rol como patrocinante de las denuncias y su participación mediática en críticas a la conducción partidaria, sin haber ofrecido explicaciones satisfactorias en su descargo.
Por todo ello, el Tribunal recomendó al Congreso Provincial del PJ la aplicación de la sanción de expulsión para ambos dirigentes, la máxima penalidad prevista en la Carta Orgánica. La medida incluye la remoción de sus cargos partidarios, la caducidad de sus mandatos vigentes y su exclusión del padrón de afiliados.
La resolución no es definitiva, ya que la decisión final deberá ser adoptada por el Congreso Provincial del partido, que evaluará la recomendación en las próximas instancias institucionales.
Otras medidas
También se adoptaron otras medidas para el caso de Ana Carolina Gaillard, Luna Valentina González, Héctor María Maya, Gustavo Raúl Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Beatriz Trinidad y Claudia Daniela Quiróz y Verónica Paola Rubattino, el Tribunal de Disciplina del PJ analizó la denuncia por “inconducta partidaria, la comisión de actos de deslealtad manifiesta, conductas incompatibles con los deberes de lealtad partidaria y quebrantamiento de la unidad orgánica, vulnerando con ello, en forma directa, los deberes establecidos en el artículo 10° y concordantes de la Carta Orgánica partidaria” y para todos resolvió lo siguiente.
- “No hacer lugar a la producción de la prueba ofrecida por la denunciada, por resultar manifiestamente impertinente e inconducente a los fines del objeto del presente proceso disciplinario, conforme los fundamentos expuestos en los considerandos”.
- “Aconsejar al Congreso Provincial del Partido Justicialista la aplicación de la sanción de suspensión temporaria de la afiliación y su inhibición temporaria para ser postulada a cubrir cargos partidarios y/o candidaturas para cargos electivos, incluyendo las alianzas electorales por dos períodos electorales futuros durante los años 2027 y 2029”, conforme los fundamentos esgrimidos en los Considerandos de cada resolución.
Fuente: Análisis Digital
La decisión se enmarca en un proceso disciplinario iniciado a partir de denuncias internas que señalaron a ambos dirigentes por haber actuado en contra de los intereses del peronismo entrerriano durante el último proceso electoral. Según el dictamen, Rossi -que es el actual intendente de Santa Elena y ocupó cargos de relevancia dentro del PJ- habría promovido públicamente a candidatos de la oposición, en particular a la Lista 50 del socialismo, enfrentando a la lista oficial del justicialismo. Como prueba, se incorporaron declaraciones periodísticas en las que el dirigente calificó a la fórmula opositora como una “excelente alternativa” y aseguró que el peronismo local la acompañaría.
El Tribunal también ponderó como un hecho de “extrema gravedad institucional” la denuncia penal impulsada por Rossi -con patrocinio de Reggiardo- contra el candidato justicialista Guillermo Michel. Para el órgano disciplinario, esta acción no constituyó un simple ejercicio de derechos ciudadanos, sino una estrategia de judicialización de la política destinada a perjudicar la imagen del partido en plena campaña electoral.
En su defensa, los acusados plantearon la nulidad del proceso y recusaron al Tribunal, argumentando una supuesta irregularidad en su conformación. Sin embargo, el Cuerpo rechazó esos planteos por considerarlos extemporáneos y carentes de sustento jurídico, al tiempo que ratificó su integración conforme a lo resuelto por el Congreso Provincial partidario en septiembre de 2024.
Respecto del fondo de la cuestión, el Tribunal concluyó que los descargos presentados no lograron desvirtuar las acusaciones. Señaló que los denunciados recurrieron a argumentos formales y evitaron responder de manera concreta sobre los hechos imputados, en particular sobre la denuncia penal contra un candidato del propio espacio. Asimismo, sostuvo que no se acreditó el agotamiento de las vías internas partidarias antes de acudir a la Justicia, lo que constituye una infracción directa a las normas estatutarias.
El fallo subraya que la combinación de apoyo a fuerzas opositoras y la promoción de acciones judiciales contra candidatos del propio partido configura una falta de máxima gravedad. En ese sentido, advierte que estas conductas no solo vulneran la disciplina interna, sino que además habrían favorecido políticamente a sectores adversarios, mencionando al oficialismo nacional encabezado por Javier Milei y al gobierno provincial de Rogelio Frigerio.
En el caso de Rossi, el Tribunal tuvo en cuenta su historial dentro del PJ y consideró que su accionar implica una “ingratitud y deslealtad institucional extrema”, dado que ocupó cargos de alta jerarquía gracias al Partido. En cuanto a Reggiardo, se remarcó su rol como patrocinante de las denuncias y su participación mediática en críticas a la conducción partidaria, sin haber ofrecido explicaciones satisfactorias en su descargo.
Por todo ello, el Tribunal recomendó al Congreso Provincial del PJ la aplicación de la sanción de expulsión para ambos dirigentes, la máxima penalidad prevista en la Carta Orgánica. La medida incluye la remoción de sus cargos partidarios, la caducidad de sus mandatos vigentes y su exclusión del padrón de afiliados.
La resolución no es definitiva, ya que la decisión final deberá ser adoptada por el Congreso Provincial del partido, que evaluará la recomendación en las próximas instancias institucionales.
Otras medidas
También se adoptaron otras medidas para el caso de Ana Carolina Gaillard, Luna Valentina González, Héctor María Maya, Gustavo Raúl Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Beatriz Trinidad y Claudia Daniela Quiróz y Verónica Paola Rubattino, el Tribunal de Disciplina del PJ analizó la denuncia por “inconducta partidaria, la comisión de actos de deslealtad manifiesta, conductas incompatibles con los deberes de lealtad partidaria y quebrantamiento de la unidad orgánica, vulnerando con ello, en forma directa, los deberes establecidos en el artículo 10° y concordantes de la Carta Orgánica partidaria” y para todos resolvió lo siguiente.
- “No hacer lugar a la producción de la prueba ofrecida por la denunciada, por resultar manifiestamente impertinente e inconducente a los fines del objeto del presente proceso disciplinario, conforme los fundamentos expuestos en los considerandos”.
- “Aconsejar al Congreso Provincial del Partido Justicialista la aplicación de la sanción de suspensión temporaria de la afiliación y su inhibición temporaria para ser postulada a cubrir cargos partidarios y/o candidaturas para cargos electivos, incluyendo las alianzas electorales por dos períodos electorales futuros durante los años 2027 y 2029”, conforme los fundamentos esgrimidos en los Considerandos de cada resolución.
Fuente: Análisis Digital
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