17:25 | Domingo 24 de Mayo de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 22-02-2026 / 20:02
PANORAMA POLÍTICO ENTRERRIANO
Frigerio en la Asamblea: Mucho gre-gre para decir Gregorio
El gobernador Rogelio Frigerio, en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 18 de febrero 2026, marcado por el autoelogio y un optimismo que contrasta con la experiencia cotidiana de miles de entrerrianos, reivindicó el doble título de haber salvado a la provincia del desastre y de estar generando las bases de un destino de grandeza y bienestar. "Vamos a realizar lo que nunca se hizo en la provincia", exageró. Esa gloria auto conferida será su único roce con la trascendencia: las apologías pierden el resonar a gesta cuando, más allá de los ámbitos adictos, el pueblo le opone el clamor de la protesta o su indiferencia, adelantándose al futuro, que no aprobará esos logros apresurados.
El gobernador Rogelio Frigerio, en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 18 de febrero 2026, marcado por el autoelogio y un optimismo que contrasta con la experiencia cotidiana de miles de entrerrianos, reivindicó el doble título de haber salvado a la provincia del desastre y de estar generando las bases de un destino de grandeza y bienestar. "Vamos a realizar lo que nunca se hizo en la provincia", exageró. Esa gloria auto conferida será su único roce con la trascendencia: las apologías pierden el resonar a gesta cuando, más allá de los ámbitos adictos, el pueblo le opone el clamor de la protesta o su indiferencia, adelantándose al futuro, que no aprobará esos logros apresurados.
En la Casa Gris, ignotos funcionarios políticos, traídos del Puerto de Buenos Aires, con propensión fácil al lamento y el llanto, suelen quejarse frecuentemente de la "herencia recibida". Es que cada ciclo político los pone frente al desafío de lidiar con lo heredado y de realizar una gestión nueva para cambiar el destino provincial. La refundación política siempre es un acto difícil y por eso, la herencia les parece pesada. Sobre todo para un gobernador foráneo que no conoce la provincia, un equipo sin experiencia de gestión y un contexto de caída en la coparticipación por la fuerte recesión a la que lleva el país Javier Milei.
En su discurso ante los legisladores, el porteño Frigerio detalló una romería de problemas, que supuestamente le dejó la gestión anterior de Gustavo Bordet y se despachó con su diagnóstico tremendista de siempre sobre la "herencia recibida". Y además falseó con haber encontrado "una provincia quebrada". El discurso de Frigerio dibujó una gestión ordenada, eficiente y en transformación. La provincia real es la de comerciantes con ventas en caída, empleados públicos y jubilados que ajustan gastos y vecinos que reclaman servicios que funcionen mejor. En su monocorde y enredado discurso leído de 80 minutos no mencionó que, en lo que va de esta gestión, se perdieron más de 10.000 empleos registrados y hay 774 empresas menos en la provincia. "Mucho gre-gre para decir Gregorio", se dice cuando alguien mete profuso "verso" o explica algo de forma innecesariamente complicada.
Sin embargo, superada ya la mitad del mandato, los problemas persisten y se sigue hablando del pasado para omitir las verdaderas causas de los problemas presentes. Frigerio critica el pasado porque no puede establecer una mirada hacia el futuro, y hubo muy pocas referencias en ese sentido, quizás por la imposibilidad de proyectar en la Argentina de los 300 mil despidos, los 20.000 cierres de empresas y la caída constante de la recaudación. Frigerio lo tiene presente y por eso se refirió a una situación económica "muy difícil" en la que Entre Ríos sufrió la caída de casi diez puntos en sus arcas respecto de 2023. Esta realidad, sin embargo, no lo corrió un centímetro de su respaldo al gobierno de Milei.
¿Cuáles fueron las principales críticas al gobernador? Las críticas al porteño Frigerio se centraron en la desconexión que se percibe entre el relato oficial y la realidad socioeconómica de Entre Ríos. Los principales cuestionamientos fueron: Falta de realismo y "ficción": distintos referente opositores calificaron el discurso como un "relato de ficción" o "vacío" que no se condice con la situación de los entrerrianos. Legisladores nacionales como Guillermo Michel y Adán Bahl señalaron que el mensaje intentó tapar un "déficit de gestión" en áreas clave.
Paralización de la obra pública: Se criticó que la ejecución actual representa apenas una cuarta parte de gestiones anteriores, con una construcción de viviendas sociales "casi nula". La promesa de Frigerio, de intervenir el 100% de las rutas entrerrianas carece de sustento real, financiamiento claro y plazos concretos. Deterioro económico y salarial: Advirtieron sobre la caída del poder adquisitivo de los salarios, el freno en la producción y la crisis de las pymes y economías regionales. Endeudamiento: El diputado provincial Enrique Cresto alertó sobre un fuerte endeudamiento que "hipoteca a los entrerrianos" a dos años de iniciada la gestión. Servicios públicos y empleo: Señalaron un deterioro en la calidad de servicios esenciales y una caída en los niveles de empleo privado, además de criticar la "estigmatización" del empleado público en el discurso.
Vínculo con el Gobierno Nacional: La oposición sostuvo que las dificultades de la provincia son consecuencia de políticas nacionales de Milei, que el gobernador no cuestionó en su mensaje. Milei tuvo un objetivo claro y contundente, y lo cumplió con creces: la Nación se adueñó de fondos de las provincias. El Gobierno de Entre Ríos quedó en la actitud vacilante de quien evalúa que puede perder mucho más.
En la Casa Gris, ignotos funcionarios políticos, traídos del Puerto de Buenos Aires, con propensión fácil al lamento y el llanto, suelen quejarse frecuentemente de la "herencia recibida". Es que cada ciclo político los pone frente al desafío de lidiar con lo heredado y de realizar una gestión nueva para cambiar el destino provincial. La refundación política siempre es un acto difícil y por eso, la herencia les parece pesada. Sobre todo para un gobernador foráneo que no conoce la provincia, un equipo sin experiencia de gestión y un contexto de caída en la coparticipación por la fuerte recesión a la que lleva el país Javier Milei.
En su discurso ante los legisladores, el porteño Frigerio detalló una romería de problemas, que supuestamente le dejó la gestión anterior de Gustavo Bordet y se despachó con su diagnóstico tremendista de siempre sobre la "herencia recibida". Y además falseó con haber encontrado "una provincia quebrada". El discurso de Frigerio dibujó una gestión ordenada, eficiente y en transformación. La provincia real es la de comerciantes con ventas en caída, empleados públicos y jubilados que ajustan gastos y vecinos que reclaman servicios que funcionen mejor. En su monocorde y enredado discurso leído de 80 minutos no mencionó que, en lo que va de esta gestión, se perdieron más de 10.000 empleos registrados y hay 774 empresas menos en la provincia. "Mucho gre-gre para decir Gregorio", se dice cuando alguien mete profuso "verso" o explica algo de forma innecesariamente complicada.
Sin embargo, superada ya la mitad del mandato, los problemas persisten y se sigue hablando del pasado para omitir las verdaderas causas de los problemas presentes. Frigerio critica el pasado porque no puede establecer una mirada hacia el futuro, y hubo muy pocas referencias en ese sentido, quizás por la imposibilidad de proyectar en la Argentina de los 300 mil despidos, los 20.000 cierres de empresas y la caída constante de la recaudación. Frigerio lo tiene presente y por eso se refirió a una situación económica "muy difícil" en la que Entre Ríos sufrió la caída de casi diez puntos en sus arcas respecto de 2023. Esta realidad, sin embargo, no lo corrió un centímetro de su respaldo al gobierno de Milei.
¿Cuáles fueron las principales críticas al gobernador? Las críticas al porteño Frigerio se centraron en la desconexión que se percibe entre el relato oficial y la realidad socioeconómica de Entre Ríos. Los principales cuestionamientos fueron: Falta de realismo y "ficción": distintos referente opositores calificaron el discurso como un "relato de ficción" o "vacío" que no se condice con la situación de los entrerrianos. Legisladores nacionales como Guillermo Michel y Adán Bahl señalaron que el mensaje intentó tapar un "déficit de gestión" en áreas clave.
Paralización de la obra pública: Se criticó que la ejecución actual representa apenas una cuarta parte de gestiones anteriores, con una construcción de viviendas sociales "casi nula". La promesa de Frigerio, de intervenir el 100% de las rutas entrerrianas carece de sustento real, financiamiento claro y plazos concretos. Deterioro económico y salarial: Advirtieron sobre la caída del poder adquisitivo de los salarios, el freno en la producción y la crisis de las pymes y economías regionales. Endeudamiento: El diputado provincial Enrique Cresto alertó sobre un fuerte endeudamiento que "hipoteca a los entrerrianos" a dos años de iniciada la gestión. Servicios públicos y empleo: Señalaron un deterioro en la calidad de servicios esenciales y una caída en los niveles de empleo privado, además de criticar la "estigmatización" del empleado público en el discurso.
Vínculo con el Gobierno Nacional: La oposición sostuvo que las dificultades de la provincia son consecuencia de políticas nacionales de Milei, que el gobernador no cuestionó en su mensaje. Milei tuvo un objetivo claro y contundente, y lo cumplió con creces: la Nación se adueñó de fondos de las provincias. El Gobierno de Entre Ríos quedó en la actitud vacilante de quien evalúa que puede perder mucho más.
¿Hay realmente una provincia anestesiada? ¿El individualismo está matando, como quizás nunca antes, a lo colectivo? ¿El hartazgo con la "política" volvió indiferente a una mayoría de los entrerrianos? El Partido Justicialista de Entre Ríos criticó el discurso de Frigerio y sostuvo que "consistió en un diagnóstico parcial y sesgado de la realidad provincial, orientado a justificar reformas regresivas y un modelo de gestión basado en el ajuste permanente donde la gestión fue remplazada por promesas a futuro".
Señalaron que "uno de los puntos más sensibles del discurso fue el anuncio de avanzar en una reforma del sistema previsional entrerriano, utilizando como argumento central el déficit de la Caja de Jubilaciones". En ese sentido, remarcaron que "al analizar la situación de la Caja, Frigerio omitió la responsabilidad central del Estado nacional" y agregaron que "la deuda histórica de la ANSES con Entre Ríos -que el propio gobernador reconoce- es una de las principales causas del desfinanciamiento del sistema".
Además, alertaron que hoy, el riesgo es claro: que el déficit se convierta en excusa para desmantelar el sistema previsional entrerriano y eliminar el 82% móvil, un logro histórico que incomoda a la gestión frigerista. Desde el PJ ya expresaron que cualquier modificación tiene que preservar el 82% móvil, resolver el déficit sin descargarlo sobre las espaldas de los trabajadores, y subrayaron que "el espíritu debe ser la defensa de la Caja provincial y el fortalecimiento de un sistema solidario, justo y sostenible, tal como lo establece la Constitución Provincial".
En relación a la infraestructura vial, afirmaron que "el Gobernador repitió grandes anuncios a futuro con poca repercusión en el presente" y lo que se observa en el territorio es insuficiente frente al grave deterioro que provoca la paralización de la obra pública decidida por el gobierno nacional, indicaron. Y enfatizaron que la experiencia entrerriana demuestra que sin Estado activo y sin inversión pública sostenida no hay infraestructura posible.
La realidad es que Entre Ríos está paralizada, tapando baches sin obras importantes, con políticas de Estado en retirada y pérdida de empleos todos los días. En ese marco, cuestionaron el alineamiento total del gobernador con el gobierno de Milei y señalaron que, en ese contexto alarmante, Frigerio renueva su compromiso con las políticas neoliberales y la reforma laboral en debate, argumentando que se pierden empleos por la supuesta "industria del juicio". Al respecto, sostuvieron que a la luz de los datos, esa afirmación es una falacia que busca ocultar el fracaso del modelo libertario.
Asimismo, expresaron que las y los trabajadores estatales esperaban alguna propuesta ante la angustiante situación que atraviesan con salarios congelados, una obra social cada vez más deteriorada y la amenaza permanente de despidos y recortes, pero que en lugar de soluciones, recibieron estigmatización y desprecio. "El Estado no es un gasto: es garante de derechos, motor del desarrollo y una herramienta indispensable para la paz social", afirmaron, y destacaron que "sus trabajadores sostienen su funcionamiento todos los días, más allá de los gobiernos circunstanciales".
El PJ manifestó que "rechaza enfáticamente la estigmatización del empleo público y reafirma que el Estado entrerriano fue y debe seguir siendo una herramienta central para garantizar salud, educación, seguridad, infraestructura y desarrollo productivo". Finalmente, señalaron que "queda la sensación de que el gobernador habló para unos pocos, desde un discurso ideologizado que no convoca, que intenta construir una épica del ajuste y del achicamiento del Estado, mientras deja afuera los problemas reales de la provincia". Y concluyeron: "Desde el justicialismo reafirmamos nuestro compromiso con una provincia con más trabajo, más producción, más justicia social y más Estado presente. Ese es el camino que defendemos y vamos a seguir defendiendo". En la calle la mecha se acorta y las excusas se agotan, la gente se cansó del sacrificio y espera los resultados.
La Opinión Popular
CONTEXTO NACIONAL
Cuando la derecha festeja, el pueblo no tienen motivos para alegrarse
Sostiene Sergio Santesteban, columnista de La Arena Diario, que el retroceso brutal en materia de derechos laborales y sociales es responsabilidad del gobierno de Milei, pero también de una dirigencia política y gremial "opositora" que es capaz de negociar cualquier cosa con tal de mantener sus cargos y privilegios.
El Senado de la Nación dio media sanción, con holgura de manos levantadas, a la reforma laboral; en Diputados sucedió lo mismo con el nuevo régimen penal juvenil; los informes sobre la caída del poder de compra de los salarios y las pérdidas de puestos de trabajo durante 2025 son lapidarios para el mundo del trabajo; la inflación de enero siguió creciendo y llegó a los 3 puntos a pesar del maquillaje a los números del Indec; se conoció que la inminente reducción -o eliminación- de subsidios a las tarifas de los servicios públicos será otro mazazo para las economías familiares...
El combo no solo habla de la ofensiva del gobierno de extrema derecha de Javier Milei tras sus objetivos, envalentonado por su triunfo en las elecciones de octubre, sino de las defecciones del lado de la "oposición" política y sindical en cuya dirigencia se destacan figuras que, con tal de mantener las asentaderas en sus cómodos sillones, han mostrado ser capaces de negociar cualquier cosa.
El tratamiento de la reforma laboral en la Cámara Alta del Congreso mostró en toda su magnitud esa degradación. El radicalismo se plegó en su totalidad a favor de la reforma laboral, y alzó su mano. Pero peor fue la actuación de los senadores peronistas de provincias como Salta, Córdoba, Misiones, Corrientes y Tucumán que, obedeciendo órdenes de sus gobernadores, no tuvieron ningún problema en apoyar el descuartizamiento de la legislación laboral argentina que su propio espacio político supo construir durante varias décadas del siglo pasado.
Un siglo para atrás
Desde hace tiempo se conoce que el texto que presentó el oficialismo en el Senado fue escrito por los abogados de los grupos empresarios más poderosos del país. También es bien sabido que este ataque a los derechos laborales de los trabajadores argentinos, que son tomados como ejemplo en todo el mundo, obedece a un antiguo anhelo del capital concentrado, aunque en los últimos tiempos, mediante el uso y abuso de un enorme aparato de propaganda, fue permeando también entre las Pymes e incluso, aunque cueste creerlo, en sectores de los trabajadores informales a quienes les han hecho creer que tales derechos son en verdad "privilegios" que conspiran contra la generación de nuevas fuentes de empleo.
Para desmentir semejante falsificación ahí está lo que acaba de publicar Infobae. El medio, insospechado de tener simpatías con el peronismo o el progresismo, informó que "no hay empresario que hoy no esté festejando la media sanción de la reforma de la legislación laboral en el Senado. No tanto porque crean que, de esa manera, está garantizada la creación de empleo, sino porque cuando aparezcan las condiciones para que las empresas necesiten contratar más personal, el marco regulatorio será más amigable para el sector privado y habrá más límites para la litigiosidad. La situación actual, desde mediados del año pasado, es de pérdida de puestos de trabajo y en el sector industrial no se espera que ese escenario se revierta. Es más, seguirá mermando".
O sea, un categórico rechazo al argumento más fuerte del gobierno, quien defendió su engendro diciendo que servirá para generar más empleo. Argentina es pródiga en ejemplos de que la creación de fuentes laborales está íntimamente vinculada al crecimiento de la actividad económica. Ocurrió durante el siglo XX, y también en el XXI después del colapso de la convertibilidad de Menem y De la Rúa y con el arribo del kirchnerismo. Es dato, no relato.
Cobardía civil
El punto que más polémico fue el de las ausencias por enfermedad que habilitan a las empresas a practicar un hachazo del 50 por ciento a los salarios. Pero la brutalidad de ese retroceso no debería impedir ver el resto. Toda la reforma es, en sí misma, un ataque feroz contra los trabajadores, al punto de que convalida un fondo para despidos a expensas de los aportes patronales a la Anses, entre muchas otras salvajadas.
La CGT decidió convocar a un paro pero, sin movilización. El hecho de que las CTA y otros gremios sí hayan convocado a marchar al Congreso, no exime de su responsabilidad a los "gordos" de la cúpula cegetista; al contrario, los expone aún más. Cuando se escriba la historia de estos días, esa dirigencia gremial sumisa hasta la complicidad ante este ataque impiadoso que están sufriendo los trabajadores argentinos, figurarán al lado de los gobernadores y legisladores "peronistas" que negociaron dineros y favores del gobierno de Milei para entregar a los trabajadores a la hoguera de la explotación. Si viviera, Osvaldo Bayer hablaría de "cobardía civil".
La paradoja de la escasez, un triunfo político con la economía paralizada
Sostiene Rafael Cortes, columnista de Misiones Online, que el gobierno nacional se anotó un triunfo legislativo con la aprobación de la reforma laboral en Diputados, mientras que su programa económico sigue destruyendo empresas y empleo formal en un contexto de pax cambiaria y tasas altas muy propicio para los negocios financieros y calamitosos para la actividad industrial. Paradójicamente, la crisis opera a favor de los intereses libertarios porque obliga a los gobernadores a negociar sus votos en una posición de extrema necesidad de recursos.
Gracias al efusivo apoyo de la propia tropa y la aceptación resignada de aliados circunstanciales, el Gobierno nacional logró aprobar en Diputados la reforma laboral, que ya venía con media sanción pero que ahora deberá pasar nuevamente por la Cámara alta porque se eliminó el polémico artículo que recortaba los ingresos de los trabajadores en uso de licencias médicas. De no mediar imponderables, el nuevo régimen laboral será ley esta semana.
El trámite legislativo confirmó que en el tablero político post elecciones de octubre los partidos políticos tradicionales perdieron relevancia. Lo que alguna vez fue la alianza Cambiemos y los componentes que la integraron están al borde de la extinción, mientras que el peronismo atraviesa un período de balcanización con pronóstico reservado. Los partidos de alcance nacional no contienen, no aglutinan, no convencen y en ese río revuelto son los gobernadores y las fuerzas provinciales quienes terminan definiendo las votaciones.
Por paradójico que suene, la compleja situación de la economía termina operando a favor de los intereses libertarios en la negociación con los jefes territoriales. La crisis del consumo y del empleo registrado se traduce en una caída de la recaudación que impacta de lleno en las arcas de las provincias.
La escasez empuja al pragmatismo y la necesidad siempre tiene cara de hereje. La prioridad principal hoy para gobernadores e intendentes pasa por la propia gobernabilidad. Lo que depende directamente de la disponibilidad de recursos para pagar salarios y sostener los sistemas de educación, salud y seguridad.
En ese contexto, las provincias no tienen mucho margen de negociación frente a un gobierno que apela invariablemente a la ley del garrote y la zanahoria para sumar adhesiones. Incluso legisladores que responden gobernadores "peronistas", como los de Salta, Catamarca y Tucumán levantaron sus manos a favor de la siniestra reforma laboral.
El entramado de alianzas que logró el Gobierno nacional, que hace bastante tiempo dejó de lado la prédica anticasta para abrazar las más tradicionales prácticas de la rosca política, el apriete y el soborno, resultó tan bien diseñado que incluso diputados que votaron en contra del proyecto fueron funcionales a su aprobación dando quorum.
¿Modernización o regresión?
La polémica detrás de esta reforma radica en que reduce derechos laborales y afecta a las cajas previsionales (a la nacional y a las que no fueron transferidas a esa órbita, como la de Entre Ríos) a cambio de una reducción en los costos laborales que pagan los empresarios.
El argumento que esgrime el oficialismo es que mientras menor sea el costo de tener a sus trabajadores en blanco, menor será la resistencia de los empleadores a "blanquear" a sus empleados, lo que debería reducir la informalidad. Quienes están en contra de la medida aseguran que la reducción de derechos laborales no llevará a un aumento del empleo registrado.
Recuerdan que la fallida experiencia de la flexibilización laboral durante el gobierno de la Alianza no sirvió para combatir el desempleo y que el crecimiento más pronunciado del trabajo registrado se consiguió de 2002 en adelante, bajo imperio de un esquema legal peronista, más protector que el actual, con medidas como la doble indemnización para despidos injustificados. Argumentan que el empleo aumenta cuando se incrementa la actividad económica, no cuando el trabajador pierde derechos.
Economía en parálisis total
En la actual hoja de ruta de la política económica, el Banco Central (BCRA) trazó una línea clara: la prioridad absoluta es la desinflación. Sin embargo, este camino no es gratuito. La estrategia de mantener tasas de interés reales positivas y una política monetaria contractiva está generando una presión creciente sobre la actividad económica, planteando un escenario donde el éxito financiero de corto plazo de los especuladores, colisiona con la realidad de la economía real.
El dato de inflación de enero, que se ubicó por encima de las expectativas del mercado, ha confirmado que la inercia de precios es más resistente de lo previsto. Con un IPC que difícilmente perfore la zona del 2% mensual en el corto plazo -especialmente por el impacto de los aumentos en las tarifas de servicios públicos-, el BCRA se ve obligado a estirar el horizonte de tasas elevadas, posiblemente hasta junio.
Esta política busca dos objetivos inmediatos: absorber liquidez para evitar que los pesos presionen sobre el dólar y sostener el atractivo del carry trade. Mientras la tasa rinda por encima de la inflación y el tipo de cambio se mantenga estable, el Gobierno logra cierta paz financiera. No obstante, este equilibrio es «quirúrgico» y depende de una fragilidad extrema en la demanda de pesos.
El costo más visible de este esquema recae sobre el nivel de actividad. Como señalan diversos economistas y consultoras como LCG, la economía argentina promedia un crecimiento nulo desde mediados de 2025, con señales claras de caída en los últimos meses.
El impacto negativo se canaliza a través de tres vías principales:
Enfriamiento del crédito: Con tasas de interés reales positivas, el acceso al financiamiento se vuelve prohibitivo tanto para las familias como para las empresas. El crédito, motor fundamental de la inversión y el consumo de bienes durables, se retrae ante condiciones financieras más exigentes.
Caída del consumo: La política contractiva reduce el ingreso disponible y encarece el costo de oportunidad de gastar. En un contexto donde la morosidad de las familias ha escalado a niveles inéditos (alcanzando el 9,3% en diciembre según datos recientes), el margen para sostener el consumo interno es mínimo.
Inversión en pausa: La incertidumbre sobre cuándo cederá la inflación, sumada al alto costo del capital, lleva a que muchos proyectos de inversión se posterguen. El sesgo «pro-importador» y la falta de crédito genuino configuran un escenario dispar donde solo sectores muy específicos (como el agro o la energía) logran mantenerse a flote.
El mercado debate hoy el trade-off (intercambio) entre estabilidad y crecimiento. Expertos como Federico Glustein y Leo Anzalone coinciden en que la política contractiva se mantendrá como ancla mientras la inflación no logre estabilizarse. La mirada está puesta en el segundo trimestre: el ingreso de divisas por la cosecha gruesa de soja podría ofrecer un respiro y permitir una mayor demanda de pesos genuina.
Sin embargo, el riesgo político de este esquema no es menor. Mantener una economía «fría» durante dos años de gestión puede erosionar el capital social del programa económico. Si la inflación no afloja lo suficiente como para permitir una baja de tasas, el impacto recesivo podría profundizarse, transformando la actual moderación en un estancamiento prolongado.
La Opinión Popular
Señalaron que "uno de los puntos más sensibles del discurso fue el anuncio de avanzar en una reforma del sistema previsional entrerriano, utilizando como argumento central el déficit de la Caja de Jubilaciones". En ese sentido, remarcaron que "al analizar la situación de la Caja, Frigerio omitió la responsabilidad central del Estado nacional" y agregaron que "la deuda histórica de la ANSES con Entre Ríos -que el propio gobernador reconoce- es una de las principales causas del desfinanciamiento del sistema".
Además, alertaron que hoy, el riesgo es claro: que el déficit se convierta en excusa para desmantelar el sistema previsional entrerriano y eliminar el 82% móvil, un logro histórico que incomoda a la gestión frigerista. Desde el PJ ya expresaron que cualquier modificación tiene que preservar el 82% móvil, resolver el déficit sin descargarlo sobre las espaldas de los trabajadores, y subrayaron que "el espíritu debe ser la defensa de la Caja provincial y el fortalecimiento de un sistema solidario, justo y sostenible, tal como lo establece la Constitución Provincial".
En relación a la infraestructura vial, afirmaron que "el Gobernador repitió grandes anuncios a futuro con poca repercusión en el presente" y lo que se observa en el territorio es insuficiente frente al grave deterioro que provoca la paralización de la obra pública decidida por el gobierno nacional, indicaron. Y enfatizaron que la experiencia entrerriana demuestra que sin Estado activo y sin inversión pública sostenida no hay infraestructura posible.
La realidad es que Entre Ríos está paralizada, tapando baches sin obras importantes, con políticas de Estado en retirada y pérdida de empleos todos los días. En ese marco, cuestionaron el alineamiento total del gobernador con el gobierno de Milei y señalaron que, en ese contexto alarmante, Frigerio renueva su compromiso con las políticas neoliberales y la reforma laboral en debate, argumentando que se pierden empleos por la supuesta "industria del juicio". Al respecto, sostuvieron que a la luz de los datos, esa afirmación es una falacia que busca ocultar el fracaso del modelo libertario.
Asimismo, expresaron que las y los trabajadores estatales esperaban alguna propuesta ante la angustiante situación que atraviesan con salarios congelados, una obra social cada vez más deteriorada y la amenaza permanente de despidos y recortes, pero que en lugar de soluciones, recibieron estigmatización y desprecio. "El Estado no es un gasto: es garante de derechos, motor del desarrollo y una herramienta indispensable para la paz social", afirmaron, y destacaron que "sus trabajadores sostienen su funcionamiento todos los días, más allá de los gobiernos circunstanciales".
El PJ manifestó que "rechaza enfáticamente la estigmatización del empleo público y reafirma que el Estado entrerriano fue y debe seguir siendo una herramienta central para garantizar salud, educación, seguridad, infraestructura y desarrollo productivo". Finalmente, señalaron que "queda la sensación de que el gobernador habló para unos pocos, desde un discurso ideologizado que no convoca, que intenta construir una épica del ajuste y del achicamiento del Estado, mientras deja afuera los problemas reales de la provincia". Y concluyeron: "Desde el justicialismo reafirmamos nuestro compromiso con una provincia con más trabajo, más producción, más justicia social y más Estado presente. Ese es el camino que defendemos y vamos a seguir defendiendo". En la calle la mecha se acorta y las excusas se agotan, la gente se cansó del sacrificio y espera los resultados.
La Opinión Popular
CONTEXTO NACIONAL
Cuando la derecha festeja, el pueblo no tienen motivos para alegrarse
Sostiene Sergio Santesteban, columnista de La Arena Diario, que el retroceso brutal en materia de derechos laborales y sociales es responsabilidad del gobierno de Milei, pero también de una dirigencia política y gremial "opositora" que es capaz de negociar cualquier cosa con tal de mantener sus cargos y privilegios.
El Senado de la Nación dio media sanción, con holgura de manos levantadas, a la reforma laboral; en Diputados sucedió lo mismo con el nuevo régimen penal juvenil; los informes sobre la caída del poder de compra de los salarios y las pérdidas de puestos de trabajo durante 2025 son lapidarios para el mundo del trabajo; la inflación de enero siguió creciendo y llegó a los 3 puntos a pesar del maquillaje a los números del Indec; se conoció que la inminente reducción -o eliminación- de subsidios a las tarifas de los servicios públicos será otro mazazo para las economías familiares...
El combo no solo habla de la ofensiva del gobierno de extrema derecha de Javier Milei tras sus objetivos, envalentonado por su triunfo en las elecciones de octubre, sino de las defecciones del lado de la "oposición" política y sindical en cuya dirigencia se destacan figuras que, con tal de mantener las asentaderas en sus cómodos sillones, han mostrado ser capaces de negociar cualquier cosa.
El tratamiento de la reforma laboral en la Cámara Alta del Congreso mostró en toda su magnitud esa degradación. El radicalismo se plegó en su totalidad a favor de la reforma laboral, y alzó su mano. Pero peor fue la actuación de los senadores peronistas de provincias como Salta, Córdoba, Misiones, Corrientes y Tucumán que, obedeciendo órdenes de sus gobernadores, no tuvieron ningún problema en apoyar el descuartizamiento de la legislación laboral argentina que su propio espacio político supo construir durante varias décadas del siglo pasado.
Un siglo para atrás
Desde hace tiempo se conoce que el texto que presentó el oficialismo en el Senado fue escrito por los abogados de los grupos empresarios más poderosos del país. También es bien sabido que este ataque a los derechos laborales de los trabajadores argentinos, que son tomados como ejemplo en todo el mundo, obedece a un antiguo anhelo del capital concentrado, aunque en los últimos tiempos, mediante el uso y abuso de un enorme aparato de propaganda, fue permeando también entre las Pymes e incluso, aunque cueste creerlo, en sectores de los trabajadores informales a quienes les han hecho creer que tales derechos son en verdad "privilegios" que conspiran contra la generación de nuevas fuentes de empleo.
Para desmentir semejante falsificación ahí está lo que acaba de publicar Infobae. El medio, insospechado de tener simpatías con el peronismo o el progresismo, informó que "no hay empresario que hoy no esté festejando la media sanción de la reforma de la legislación laboral en el Senado. No tanto porque crean que, de esa manera, está garantizada la creación de empleo, sino porque cuando aparezcan las condiciones para que las empresas necesiten contratar más personal, el marco regulatorio será más amigable para el sector privado y habrá más límites para la litigiosidad. La situación actual, desde mediados del año pasado, es de pérdida de puestos de trabajo y en el sector industrial no se espera que ese escenario se revierta. Es más, seguirá mermando".
O sea, un categórico rechazo al argumento más fuerte del gobierno, quien defendió su engendro diciendo que servirá para generar más empleo. Argentina es pródiga en ejemplos de que la creación de fuentes laborales está íntimamente vinculada al crecimiento de la actividad económica. Ocurrió durante el siglo XX, y también en el XXI después del colapso de la convertibilidad de Menem y De la Rúa y con el arribo del kirchnerismo. Es dato, no relato.
Cobardía civil
El punto que más polémico fue el de las ausencias por enfermedad que habilitan a las empresas a practicar un hachazo del 50 por ciento a los salarios. Pero la brutalidad de ese retroceso no debería impedir ver el resto. Toda la reforma es, en sí misma, un ataque feroz contra los trabajadores, al punto de que convalida un fondo para despidos a expensas de los aportes patronales a la Anses, entre muchas otras salvajadas.
La CGT decidió convocar a un paro pero, sin movilización. El hecho de que las CTA y otros gremios sí hayan convocado a marchar al Congreso, no exime de su responsabilidad a los "gordos" de la cúpula cegetista; al contrario, los expone aún más. Cuando se escriba la historia de estos días, esa dirigencia gremial sumisa hasta la complicidad ante este ataque impiadoso que están sufriendo los trabajadores argentinos, figurarán al lado de los gobernadores y legisladores "peronistas" que negociaron dineros y favores del gobierno de Milei para entregar a los trabajadores a la hoguera de la explotación. Si viviera, Osvaldo Bayer hablaría de "cobardía civil".
La paradoja de la escasez, un triunfo político con la economía paralizada
Sostiene Rafael Cortes, columnista de Misiones Online, que el gobierno nacional se anotó un triunfo legislativo con la aprobación de la reforma laboral en Diputados, mientras que su programa económico sigue destruyendo empresas y empleo formal en un contexto de pax cambiaria y tasas altas muy propicio para los negocios financieros y calamitosos para la actividad industrial. Paradójicamente, la crisis opera a favor de los intereses libertarios porque obliga a los gobernadores a negociar sus votos en una posición de extrema necesidad de recursos.
Gracias al efusivo apoyo de la propia tropa y la aceptación resignada de aliados circunstanciales, el Gobierno nacional logró aprobar en Diputados la reforma laboral, que ya venía con media sanción pero que ahora deberá pasar nuevamente por la Cámara alta porque se eliminó el polémico artículo que recortaba los ingresos de los trabajadores en uso de licencias médicas. De no mediar imponderables, el nuevo régimen laboral será ley esta semana.
El trámite legislativo confirmó que en el tablero político post elecciones de octubre los partidos políticos tradicionales perdieron relevancia. Lo que alguna vez fue la alianza Cambiemos y los componentes que la integraron están al borde de la extinción, mientras que el peronismo atraviesa un período de balcanización con pronóstico reservado. Los partidos de alcance nacional no contienen, no aglutinan, no convencen y en ese río revuelto son los gobernadores y las fuerzas provinciales quienes terminan definiendo las votaciones.
Por paradójico que suene, la compleja situación de la economía termina operando a favor de los intereses libertarios en la negociación con los jefes territoriales. La crisis del consumo y del empleo registrado se traduce en una caída de la recaudación que impacta de lleno en las arcas de las provincias.
La escasez empuja al pragmatismo y la necesidad siempre tiene cara de hereje. La prioridad principal hoy para gobernadores e intendentes pasa por la propia gobernabilidad. Lo que depende directamente de la disponibilidad de recursos para pagar salarios y sostener los sistemas de educación, salud y seguridad.
En ese contexto, las provincias no tienen mucho margen de negociación frente a un gobierno que apela invariablemente a la ley del garrote y la zanahoria para sumar adhesiones. Incluso legisladores que responden gobernadores "peronistas", como los de Salta, Catamarca y Tucumán levantaron sus manos a favor de la siniestra reforma laboral.
El entramado de alianzas que logró el Gobierno nacional, que hace bastante tiempo dejó de lado la prédica anticasta para abrazar las más tradicionales prácticas de la rosca política, el apriete y el soborno, resultó tan bien diseñado que incluso diputados que votaron en contra del proyecto fueron funcionales a su aprobación dando quorum.
¿Modernización o regresión?
La polémica detrás de esta reforma radica en que reduce derechos laborales y afecta a las cajas previsionales (a la nacional y a las que no fueron transferidas a esa órbita, como la de Entre Ríos) a cambio de una reducción en los costos laborales que pagan los empresarios.
El argumento que esgrime el oficialismo es que mientras menor sea el costo de tener a sus trabajadores en blanco, menor será la resistencia de los empleadores a "blanquear" a sus empleados, lo que debería reducir la informalidad. Quienes están en contra de la medida aseguran que la reducción de derechos laborales no llevará a un aumento del empleo registrado.
Recuerdan que la fallida experiencia de la flexibilización laboral durante el gobierno de la Alianza no sirvió para combatir el desempleo y que el crecimiento más pronunciado del trabajo registrado se consiguió de 2002 en adelante, bajo imperio de un esquema legal peronista, más protector que el actual, con medidas como la doble indemnización para despidos injustificados. Argumentan que el empleo aumenta cuando se incrementa la actividad económica, no cuando el trabajador pierde derechos.
Economía en parálisis total
En la actual hoja de ruta de la política económica, el Banco Central (BCRA) trazó una línea clara: la prioridad absoluta es la desinflación. Sin embargo, este camino no es gratuito. La estrategia de mantener tasas de interés reales positivas y una política monetaria contractiva está generando una presión creciente sobre la actividad económica, planteando un escenario donde el éxito financiero de corto plazo de los especuladores, colisiona con la realidad de la economía real.
El dato de inflación de enero, que se ubicó por encima de las expectativas del mercado, ha confirmado que la inercia de precios es más resistente de lo previsto. Con un IPC que difícilmente perfore la zona del 2% mensual en el corto plazo -especialmente por el impacto de los aumentos en las tarifas de servicios públicos-, el BCRA se ve obligado a estirar el horizonte de tasas elevadas, posiblemente hasta junio.
Esta política busca dos objetivos inmediatos: absorber liquidez para evitar que los pesos presionen sobre el dólar y sostener el atractivo del carry trade. Mientras la tasa rinda por encima de la inflación y el tipo de cambio se mantenga estable, el Gobierno logra cierta paz financiera. No obstante, este equilibrio es «quirúrgico» y depende de una fragilidad extrema en la demanda de pesos.
El costo más visible de este esquema recae sobre el nivel de actividad. Como señalan diversos economistas y consultoras como LCG, la economía argentina promedia un crecimiento nulo desde mediados de 2025, con señales claras de caída en los últimos meses.
El impacto negativo se canaliza a través de tres vías principales:
Enfriamiento del crédito: Con tasas de interés reales positivas, el acceso al financiamiento se vuelve prohibitivo tanto para las familias como para las empresas. El crédito, motor fundamental de la inversión y el consumo de bienes durables, se retrae ante condiciones financieras más exigentes.
Caída del consumo: La política contractiva reduce el ingreso disponible y encarece el costo de oportunidad de gastar. En un contexto donde la morosidad de las familias ha escalado a niveles inéditos (alcanzando el 9,3% en diciembre según datos recientes), el margen para sostener el consumo interno es mínimo.
Inversión en pausa: La incertidumbre sobre cuándo cederá la inflación, sumada al alto costo del capital, lleva a que muchos proyectos de inversión se posterguen. El sesgo «pro-importador» y la falta de crédito genuino configuran un escenario dispar donde solo sectores muy específicos (como el agro o la energía) logran mantenerse a flote.
El mercado debate hoy el trade-off (intercambio) entre estabilidad y crecimiento. Expertos como Federico Glustein y Leo Anzalone coinciden en que la política contractiva se mantendrá como ancla mientras la inflación no logre estabilizarse. La mirada está puesta en el segundo trimestre: el ingreso de divisas por la cosecha gruesa de soja podría ofrecer un respiro y permitir una mayor demanda de pesos genuina.
Sin embargo, el riesgo político de este esquema no es menor. Mantener una economía «fría» durante dos años de gestión puede erosionar el capital social del programa económico. Si la inflación no afloja lo suficiente como para permitir una baja de tasas, el impacto recesivo podría profundizarse, transformando la actual moderación en un estancamiento prolongado.
La Opinión Popular
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