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Entre Ríos - 22-02-2026 / 10:02
SICARIOS CONTRATADOS DESDE LA CÁRCEL POR EL NARCO LEONARDO AIRALDI, EX DIRIGENTE DE LA SOCIEDAD RURAL

Grave: frustraron un plan para asesinar al juez federal Ríos, al fiscal Candioti y al ministro Roncaglia

Grave: frustraron un plan para asesinar al juez federal Ríos, al fiscal Candioti y al ministro Roncaglia
La justicia federal de Gualeguaychú desbarató ayer un plan ideado por un jefe narco de Diamante, para asesinar en el exterior al juez federal de Paraná, Leandro Ríos y al fiscal federal del Tribunal Oral de la misma jurisdicción, José Ignacio Candioti. También el denunciante dijo que apuntaban contra el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia. El narco Leonardo Airaldi habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo, para asesinar a los magistrados en sus vacaciones en el vecino país, pese a que ninguno de ellos estuvo en Uruguay ni tenía previsto.
 
La justicia federal de Gualeguaychú desbarató ayer un plan ideado por un jefe narco de Diamante, para asesinar en el exterior al juez federal de Paraná, Leandro Ríos y al fiscal federal del Tribunal Oral de la misma jurisdicción, José Ignacio Candioti. También el denunciante dijo que apuntaban contra el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia. El narco Leonardo Airaldi habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo, para asesinar a los magistrados en sus vacaciones en el vecino país, pese a que ninguno de ellos estuvo en Uruguay ni tenía previsto.
 
El dato a la justicia federal lo aportó un recluso ligado al narcotráfico, tras lo cual se inició la investigación, según se confirmó a ANALISIS.
 
Ello derivó en el allanamiento que hizo ayer Gendarmería Nacional, bajo el pedido del fiscal Federal Pedro Rebollo, la orden del juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, en coordinación también con el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien había sido informado al respecto en días recientes. Los gendarmes allanaron este viernes por la tarde el Pabellón E de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú donde se aloja Airaldi, quien tenía el mencionado plan en marcha, según informó el diario El Argentino de Gualeguaychú.
 
"El principal implicado es un hombre oriundo de Diamante, a quien señalan las fuentes como un narco de mucho poder, que incluso "maneja la cárcel y a los guardias", que habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo para asesinar a los funcionarios judiciales durante la estadía de ambos en Punta del Este", indicó el diario. Cabe acotar que ni Ríos ni Candioti viajaron de vacaciones al Uruguay en esta temporada.
 
Según el diario y en base a lo declarado por un interno de la cárcel, que aportó la información, Airaldi quería tomarse venganza con Ríos y Candioti, por la causa que tiene sobre sus espaldas y lo llevará a juicio en próximos días. Según lo manifestado por el testigo, el juez Ríos le había "inventado una causa" y Candioti "tiene todo arreglado para que le de 15 años de condena en un juicio que empieza el martes". Se sabe que la investigación sobre Airaldi viene hace varios años y está comprometido no solo con la justicia de Entre Ríos sino también con la de Rosario, donde tiene otro expediente aún más grave que el de Paraná.
 
Según el matutino, Roncaglia tomó conocimiento de todas estas acusaciones a través del director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y del director de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour. El preso relató todo ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y fue este funcionario quien le requirió al juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, la orden de allanamiento que se cumplió este viernes por la tarde.
 
El procedimiento lo llevó adelante el personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional con asiento en Gualeguaychú, con la presencia de numerarios de la Policía de Entre Ríos bajo la órbita del ministro Roncaglia. Secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación, confirmó una alta fuente judicial, y aseguró que se sigue investigando por la gravedad de todo lo denunciado.
 
La investigación judicial se encuentra a cargo y bajo la dirección del Fiscal Federal, Pedro Rebollo.
 
Según pudo saber ANALISIS, este viernes, horas antes del allanamiento, desde la justicia federal de Gualeguaychú se notificó tanto a Ríos como a Candioti de lo que se estaba investigando y el allanamiento que se practicaría en la unidad penal. El juez federal de Paraná no se encuentra en el país- Y a la vez, se dispusieron medidas de seguridad en sus domicilios, para ambos magistrados.
 
 
El juicio que quiso parar Airaldi
 
Luego de que el Tribunal Oral Federal de Paraná rechazara el recurso de Casación presentado por la defensora de Leonardo Airaldi, Mariana Barbitta, contra la resolución que disponía la acumulación de las dos causas contra el productor agropecuario de Diamante (una de Santa Fe y otra de Entre Ríos), estaría todo listo para que el 24 de febrero comience el juicio contra este hombre y otras 13 personas. Y queda claro que Airaldi quería interrumpir el inicio de tal juicio con plan que había ideado con un sicario uruguayo.
 
Tal como ha informado ANÁLISIS, el 24 será el primer día de las ocho audiencias. Serán citados al debate 51 testigos en total, que declararán acerca de las dos causas acumuladas: por la organización que traficaba drogas en Diamante y en Paraná, y la que surgió en Santa Fe por los 30 kilos de cocaína hallados en la casa del puestero de Airaldi en Puerto Gaboto.
 
La primera investigación demandó varios años en el Juzgado Federal de Paraná y terminó con el procesamiento de los sospechados de comercio de cocaína. La causa de Santa Fe está relacionada no solo por el imputado principal, sino porque allí se habría logrado probar las sospechas iniciales del expediente tramitado en Entre Ríos: que Airaldi, con su puestero José "Pete" Torres, participaba del trasiego de enormes cargamentos de cocaína que llegaban desde Paraguay en embarcaciones o aeronaves, en acuerdo con organizaciones narco de Rosario. Para ello, ponía a disposición sus campos e islas en el Delta en la zona de Las Cuevas, así como la infraestructura y personal que disponía.
 
El fiscal general Candioti y el adjunto Juan Podhainy acusarán a la banda y, en este caso, también se evalúa acuerdos con los eslabones más bajos de la organización. Los otros acusados son: Cristian Sánchez, Sebastián Agustín Armocida, Joel Damián Schonfeld, Gonzalo Olivero, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Emanuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza, Roberto Fabián Coronel y Carlos David Schumacher.
 
Fuente: Análisis Digital
 
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18-05-2026 / 20:05
El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.
 
El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".
 
La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.
 
La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 20:05
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
 
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
 
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes. 
 
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión. 
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 14:05
En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.
 
Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.

17-05-2026 / 13:05
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