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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 20-02-2026 / 10:02
SE APROBÓ LA REFORMA LABORAL ESCLAVISTA EN DIPUTADOS CON TRAMPAS, MANIOBRAS ILEGALES Y EL AUXILIO DE “PERONISTAS” TRAIDORES

El paro fue contundente y la movilización reprimida, pero la lucha recién comienza

El paro fue contundente y la movilización reprimida, pero la lucha recién comienza
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

 
DIPUTADOS DIO LUZ VERDE A LA "REFORMA LABORAL CON EL QUORUM DE LOS PERONISTAS DE SALTA, CATAMARCA Y TUCUMÁN
 
La libertad avanza, los derechos retroceden
 
Mientras en todo el país hubo protestas en rechazo al proyecto, la Cámara de Diputados votó la reforma laboral de Milei. Volverá al Senado con modificaciones.
 
En tiempo record y sin el debate necesario, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que lejos de proponer una modernización laboral para los trabajadores se centra en beneficiar a las grandes empresas, y recortar derechos laborales. Con la ayuda de los bloques aliados y de los gobernadores, incluso algunos que todavía se jactan de ser peronistas, se debatió la ley en la Cámara baja en medio del paro convocado por la CGT. UP intentó, en una jugada que evitó el oficialismo, volver el proyecto a Comisión y hacer caer la sesión.
 
Con 135 votos afirmativos, 115 negativos, y 0 abstenciones el oficialismo consiguió otra victoria en la Cámara de Diputados, y le dio a Milei la posibilidad de jactarse en la próxima apertura de sesiones ordinarias de un nuevo paso de la motosierra libertaria, esta vez sobre los derechos de los trabajadores.
 
La Libertad Avanza (95) logró el acompañamiento de los 22 miembros del interbloque Fuerza del Cambio que reúne al PRO, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz. Además, contó con los 9 integrantes de Innovación Federal (Salta y Misiones); los 2 diputados de Producción y Trabajo (San Juan), uno de La Neuquinidad y 2 de Independencia (Tucumán) ya que no votó el tercero, Javier Noguera. También juntaron adhesiones de parte de Provincias Unidas, como la del diputado rionegrino, Sergio Capozzi, el jujeño Jorge Rizzotti y los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez. Los Catamarqueños, que ayudaron para que el oficialismo consiga el quorum para el inicio de la sesión, ya habían adelantado que iban a rechazar el proyecto en la votación en general y así lo hicieron.
 
El proyecto deberá ahora volver al Senado tras la modificación que sufrió por la eliminación del artículo 44, que cambiaba el régimen de licencias médicas. El artículo que se retiró del texto por el rechazo social acumulado, que se plasmó en la presión de los bloques aliados, señalaba que durante las licencias por enfermedad el salario podría reducirse al 50% o al 75%, dependiendo de la situación del trabajador, en contraste con el esquema vigente que garantiza la percepción íntegra del sueldo por el tiempo que dure la enfermedad. La Cámara alta tendrá que ratificar el proyecto modificado, o insistir con la versión original.
 
El cuestionado capítulo que proponía la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) consiguió los votos necesarios en la votación en particular y, con 130 votos afirmativos, 117 negativos y 3 abstenciones, se sostuvo en el texto. El gobierno logró así avanzar con uno de los artículos más discutidos y cuestionados del proyecto.
 
 
Los gobernadores habilitaron el debate
 
Un momento central de la jornada, fue el de conseguir el quorum para que pueda iniciar la sesión. Los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) mandaron a sus diputados a dar quorum, al igual que lo hizo el gobernador Hugo Passalacqua (Misiones), lo que permitió que el oficialismo obtuviera 129 legisladores sentados en sus bancas para poder abrir la sesión. La misma actitud tomó el gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que pasó por alto su trayectoria sindical y le hizo otro favor al gobierno. A diferencia de lo que había decidido frente al tratamiento en el Senado, dispuso que José Garrido también ocupara su banca para abrir el debate.
 
El diputado salteño Pablo Outes, que responde al gobernador Sáenz, se manifestó a favor de la Ley de Modernización Laboral, mientras los diputados de UP lo acusaban de "traidor" por dar quorum. "No soy mileista, pero tengo el concepto de que la justicia debe ser para todos y muchos no conocen el interior", intentó defenderse.
 
El integrante de Innovación Federal junto a sus coterráneos salteños (Bernardo Biella y Yolanda Vega) fue clave para habilitar el quórum en la sesión. Outes argumentó su voto en favor de la norma amparándose en la situación de las empresas en las provincias: "La ley actual no tuvo en cuenta a nuestras empresas, las provincias del interior hemos quedadas postergadas".
 
Outes, además, se encontró con una fuerte replica por parte del diputado bonaerense Rodolfo Tailhade, que lo acusó de perder un juicio laboral contra un empleado que quedó con el 84 por ciento de su cuerpo incapacitado.
 
 
La jugada de Unión por la Patria y los principales cruces
 
Pasada las 21.30 el bloque de Unión por la Patria avanzó en un intento de levantar la sesión. El diputado Marcelo Mango, al momento de su exposición, pidió una moción de orden para que el proyecto volviera a Comisión, cuando el recinto estaba prácticamente vacío. Al advertir la intención de UP, Martin Menen le dio la palabra a la diputada Silvina Giudici, para que hiciera tiempo y los libertarios alcanzaran a llegar a sus bancas para poder reestablecer el quorum y la sesión no se cayera. Lo que determinó que los diputados de UP se le fueran al humo a Martín Menem por la demora en la votación y rodearon el estrado del presidente de la Cámara que hizo caso omiso a los reclamos y continuó la sesión como si nada.
 
El quorum fue sin duda un tema que encendió el recinto. La sesión comenzó con tensión luego de que el oficialismo alcanzara el número necesario con la ayuda de diputados que entraron en las listas de Unión por la Patria y que hoy, a pedido de sus gobernadores, actuaron en contra de los derechos laborales que históricamente defendió el movimiento peronista.
 
El primero en salir a manifestar la opacidad que caracterizó la sesión fue el jefe de bloque de UP, Germán Martínez, que denunció la existencia de diferentes "packs" que ofrecía el oficialismo para que diversos diputados den quorum, acompañen la ley, o ambas cuestiones, y cargó contra el presidente de la Cámara Martín Menem por recortar la cantidad de oradores para apurar el debate.
 
La diputada nacional Vanesa Siley también levantó la temperatura del recinto cuando llamó "traidores" a los representantes salteños, misioneros y tucumanos que accedieron a sus bancas en boletas de Unión por la Patria en 2023 o de Fuerza Patria en 2025 y hoy dieron luz verde a esta reforma.
 
Otra de las voces que se levantó para pedirle a los diputados peronistas de Salta, Catamarca y Tucumán que no voten en favor de la Ley fue el diputado Nicolás Trotta, que llamó a la "reflexión" y les exigió a esos legisladores que "no se coman la dignidad de sus gobernadores" al votar una ley que no tiene una sola ampliación de derechos para los trabajadores en situación de precariedad laboral.
 
La diputada Teresa García, cargó contra el diputado de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón por la defensa que hizo del dictamen del oficialismo. Fue la encargada de marcarle al correntino que el reglamento prohíbe que un diputado lea la totalidad del dictamen, algo en lo que incurrieron varios libertarios que necesitan de apuntes bien completos para llevar adelante sus exposiciones.
 
 
Más voces en contra
  
Sergio Palazzo, que defendió en el recinto la propuesta de Reforma Laboral de Unión por la Patria, cuestionó que dentro de los 26 títulos y de los 213 artículos de la Ley del oficialismo no se mejore la vida de los empleados. "No hay una sola línea que beneficie a los trabajadores, pero sí beneficios para los empresarios".
 
Entre los puntos que el bancario consideró más negativos, enumeró los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, en la de Convenios Colectivos, la de Asociaciones Sindicales y llamó "antirreglamentario" a "meter por la ventana" el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se encargó de corregir el erróneo argumento libertario al explicar que la ley que se esta tratando tiene 50 años, pero "tuvo más de 200 reformas".
 
Sobre el Fondo de Asistencia Laboral, el titular de La Bancaria explicó que busca financiar el pago de indemnizaciones afectando al ANSES y permitiendo que el costo directo del despido no salga del bolsillo inmediato del empleador: "Con la plata del abuelo le van a pagar la indemnización al nieto".
 
Máximo Kirchner fue otro de los que cuestionó el FAL por estar pensado para "subsidiar despidos de hombres y mujeres de nuestro país", y le auguró a la ley exigida por el Fondo Monetario Internacional un mal pronóstico al advertir que "no habrá excusas para el fracaso que vendrá". "Están haciendo lo que quieren y lo están haciendo mal", dijo al apuntar contra el gobierno de Javier Milei.
 
El diputado Miguel Ángel Pichetto también se pronunció en el mismo sentido al advertir que el FAL "se va a financiar con la plata de los jubilados". El diputado de Encuentro Federal cuestionó la naturaleza de la reforma porque "siempre va a favor del empresario".
 
Horacio Pietragalla, diputado de UP, decidió simbolizar con cadenas - que le entregó a Martín Memen- lo que la ley significará para los trabajadores. "Esta ley es una ley que nos retrotrae a la esclavitud y te voy a hacer entrega del símbolo de esta ley hoy, que es claramente un retroceso para nuestros derechos laborales, para nuestros derechos históricos y para nuestra Constitución, que defiende por sobre todas las cosas a los trabajadores", apuntó durante su exposición.
 
Mónica Frade, de la Coalición Cívica se enfocó en la derogación de alguno de los incisos de la Ley 24.460, que habilita el peculio a los presos. "El peculio, es lo que se le paga a los internos por el trabajo. Eso sirve para que los internos puedan sobrevivir cuando el servicio penitenciario se come la carne que es para ellos, también para subsidiar a sus familias que están afuera", especificó. A su vez, detalló que la ley contempla que un 10 por ciento de ese peculio sea destinado para reparar a las víctimas de delitos. "Ustedes que defendían a las victimas ahora nos ponen a derogar esto", gritó Frade.
 
Otros cuestionamientos que sobrevolaron el recinto fueron aquellos que señalaron que la ley viola el principio de progresividad, que supone que los Estados están comprometidos a legislar de manera no regresiva en materia de derechos. Es decir, una vez que el Estado reconoció y garantizó un derecho social, no debería volver atrás salvo circunstancias excepcionales. Pero esta norma no solo pasa por alto tratados Internacionales, sino que es contraria a lo que manda el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
 
En este sentido, la diputada peronista Teresa García, se refirió a la ley como a una norma que en realidad "está muerta" porque "va a ser cuestionada constitucionalmente, va a ser cuestionada judicialmente, y es inaplicable". Será entonces, la vía judicial el camino para frenar una ley que consiguió pasar ambas cámaras con escasísimo debate y pocos argumentos que pudieran sostener el brutal retroceso, pero a medida del FMI.
 
 
Los principales puntos de la Ley
  
Entre los puntos más polémicos se encuentra la baja de las indemnizaciones por despido, que plantea que el sueldo que se va a tomar para el cálculo no es el mejor sino el sueldo básico. Se excluyen así conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. A su vez, establece la creación del cuestionado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financia a las empresas para que puedan despedir empleados y que fue fuertemente criticado por la oposición en el Senado.
 
Por otro lado, la reforma habilita ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, y crea el banco de horas, que permitiría que las horas extra en vez de ser pagas sean "compensadas" en otra jornada laboral.
 
También se limitará el derecho a huelga y a realizar asambleas en horario laboral. Además, se declaran decenas de servicios como esenciales para limitar los paros, y restringir así la capacidad de lucha de los trabajadores.
 
La reforma crea un régimen específico para los servicios de reparto y movilidad a través de plataformas digitales que, en los hechos, establece que quienes realizan esas tareas sean considerados "prestadores independientes" y no trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo.
 
Otro punto sensible del proyecto es la derogación de la Ley de Teletrabajo, vigente desde 2021. Esa norma regula el trabajo a distancia mediante el uso de tecnologías y garantiza que quienes realizan tareas desde su domicilio tengan los mismos derechos que el personal que trabaja de forma presencial.
 
Se derogan estatutos como el del Periodista, el del Peluquero y el del Viajante de Comercio, lo que busca eliminar regulaciones particulares que durante décadas establecieron condiciones propias para cada sector. También se afecta al Incaa, porque se elimina el fondo que financia y sostiene a la industria audiovisual argentina.
 
La reforma, igualmente ataca la prioridad que tenían los convenios por empresa sobre los convenios de actividad. Actualmente, un sindicato nacional negocia un piso de derechos para toda la rama, pero con la reforma, cada empresa puede negociar condiciones inferiores a ese piso nacional.
 
Por Eva Moreira
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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