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Nacionales - 17-02-2026 / 08:02
LA FAMILIA ES LO PRIMERO
Para la casta si hay plata: Cancillería le pagará $114 millones a la esposa de Sturzenegger por dar cursos de inglés
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.
Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.
La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
La Opinión Popular
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.
Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.
La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
La Opinión Popular
SE CONOCIÓ LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO EN CANCILLERÍA A LA ESPOSA DE STURZENEGGER
Motosierra para todos, menos para su esposa
La esposa del ministro de Desregulación -el ejecutor de los recortes y despidos estatales- tiene asignado un contrato sin licitación en Cancillería.
Por Melisa Molina
Mientras el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger dice que trabaja para "destruir el Estado desde adentro", este domingo salió a la luz que la Cancillería le adjudicó un contrato por $114.044.133 a su esposa, directora ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Como si fuese poco, el contrato es para enseñarle inglés al personal del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, mientras que uno de los requisitos para ingresar a un puesto en el ISEN, es, justamente, saber a la perfección el idioma.
El ministro, además, estuvo en el centro de la escena la semana pasada cuando salió a justificar el capítulo de la reforma laboral por el cuál, cuando un trabajador se enferme, su empleador le podrá pagar hasta 50 por ciento menos de su salario.
Según la propia página web de la Cancillería argentina, para entrar al ISEN es necesario poseer alguno de los siguientes certificados de conocimiento de inglés: "Sistema Cambridge: First Certificate of English, Certificate in Advanced English o Certificate of Proficiency in English; Certificado TOEFL con un puntaje mínimo de 550 puntos del PBT o 79 puntos del IBT; Certificado IELTS con un puntaje mínimo de 6.0; Certificado CILE de nivel 4 o 5, emitido por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA o el Certificado CUI-ING nivel B2, emitido por la Facultad de Agronomía de la UBA".
La contratación, además, no se ganó por una licitación. Sino que se tramitó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad. Debido al vínculo entre Rouillet y Sturzenegger, por más que pusieron que el contrato sea de 9 meses para no levantar sospechas, se activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La Cancillería avanzó igual, y en los considerandos de la disposición, puntualizó que, al analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el Decreto 202/2017, surgió un "vínculo positivo" entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional.
Llama la atención que, mientras el gobierno habla de la "libre competencia", y del "libre mercado", no hayan abierto una licitación para que los distintos interesados en brindar ese servicio al estado puedan competir.
El domingo por la tarde, una vez que el escándalo había escalado tras un cable que publicó la Agencia de Noticias NA con información de la resolución, el titular del ministerio de Relaciones Exteriores Pablo Quirno salió a intentar justificar la adjudicación simple a la esposa de Sturzenegger, para la que no hubo licitación.
Él aseguró que el instituto de María Josefina Rouillet hace negocios con el Estado ininterrumpidamente desde el año 2018. La primera adjudicación, según relató el propio Quirno, fue en ese año, cuando gobernaba Mauricio Macri y Sturzenegger era funcionario, se desempeñaba como presidente del Banco Central. Según aseguran desde el entorno del ministro, Rouillet habría recibido plata del estado también durante el gobierno de Alberto Fernández.
"No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario. La Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal. En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN quién revisó todo", escribió el titular del ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, Quirno dedicó unas palabras a este diario: "Página/12 escribió la nota que generó las dudas desde el título aunque leyendo la propia nota te das cuenta que ha sido todo manejado de manera correcta", subrayó.
Lo que decía la nota publicada en la web de Página/12 era que, bajo la gestión de Javier Milei, la adjudicación al instituto de Rouillet quedó formalizada a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR.
El contrato, además, tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual. Algo que habrían realizado para que, al ser un plazo menor a los 12 meses, no haya problemas legales con que ella sea esposa de un funcionario.
El servicio fue requerido por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025-2027.
En el expediente se argumentó que la AACI, cuya directora es la esposa de Sturzenegger, resultaba el "único prestador capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio". Algo extraño porque se trata de cursos del idioma inglés, que también brindan otros institutos en el país y en la Ciudad de Buenos Aires.
Al momento de la apertura, detallan, se registró "una única oferta" (la realizada por Rouillet), por el monto total que luego fue adjudicado. Respecto al pago, el contrato prevé un esquema escalonado.
El pliego habilita a la entidad adjudicataria a solicitar un adelanto de hasta el 40% del monto total, una vez perfeccionado el contrato, contra factura y contragarantía. El 60% restante, dice, se abonará en dos tramos del 30%: Uno contra la presentación de resultados de exámenes intermedios y el último contra las calificaciones finales y el listado de aprobados al cierre del ciclo.
El ISEN lo conducen diplomáticos de trayectoria. En 2024 la adjudicación la había realizado el entonces director, Carlos Sersale, exembajador de Macri en el Reino Unido.
Según cuentan fuentes de Cancillería, también habría tenido el visto bueno de Claudio Gutiérrez, Director General de Recursos Humanos. Gutiérrez fue responsable por firmar 83 traslados diplomáticos en octubre de 2025, poco antes de la renuncia de este último. Una medida que generó polémica y revisiones por parte del gobierno. Desde diciembre de 2025 Gutiérrez es embajador en Tailandia.
Quien firmó la disposición, en tanto, es la Subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior Cristina Dellepiane, esposa del embajador argentino en Uruguay nombrado por Milei, Alan Claudio Beraud.
Fuente: Página 12
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