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Nacionales - 13-02-2026 / 10:02
EL PROYECTO DE LA LIBERTAD AVANZA ATACA LO INDIVIDUAL, LO GREMIAL Y LA JUSTICIA LABORAL

Los derechos con los que arrasa la miserable reforma laboral esclavista de Milei

Los derechos con los que arrasa la miserable reforma laboral esclavista de Milei
La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.
Con un discurso que es música para los oídos de los ricos empresarios, el gobierno ultra derechista de Javier "el Loco" Milei aprobó en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral esclavista que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora remata con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas de justicia social obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.
 
La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.
 
Una encerrona a la que la administración del fascista Milei pretende llevar a los empleados formales, pero también a los informales, a los que deja tanto o más desprotegidos de lo que estaban hasta ahora. Ni trabajadores de aplicaciones ni monotributistas, el proyecto libertario no tiene beneficiarios entre la masa trabajadora.
 
"Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver". La frase del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resume el argumento libertario para romper con un derecho histórico: las licencias por enfermedad. Si la ley se sanciona, aquella persona que tenga una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de las tareas laborales cobrará solo el 50 por ciento del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses o 6 si tiene personas a cargo.
 
Los libertarios fueron un poco más generosos con aquellos que padezcan "enfermedades no voluntarias", es decir, que no sean consecuencia de actividades voluntarias riesgosas. En ese caso, el empleado tendrá derecho a percibir el 75 por ciento del salario. Una situación a la que la senadora de Fuerza Patria Cristina López calificó como "esclavitud laboral". "Si te enfermás, perdés. Si tu cuerpo no da más perdés, igual que en el siglo XIX", dijo.
 
El proyecto que Bullrich logró sancionar en el Senado habla de una "negociación dinámica" del salario, es decir, que los gremios o los trabajadores particulares pueden acordar con las empresas extras como bonos o compensaciones que estén vinculados a niveles de productividad o de objetivos. También habilita el "banco de horas", que hace que el empleado sume las extras y acumule una especie de saldo para después canjear por días libres o jornadas de trabajo reducidas.
 
Es decir, pone a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones para poder negociar en una relación que es desigual, en la que las fuerzas son distintas. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, "la ley lo que hace es volver a desequilibrar la balanza en favor de los empresarios". Al modificar la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno busca que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días (antes eran por 15) y que el trabajador tenga, al menos, un período de vacaciones en verano cada 3 años. Una complicación a la hora de combinar con el ritmo escolar en los casos de quienes tienen hijos.
 
Su aprobación es una dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo, sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.
 
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"Les da a los trabajadores la potestad de negociar con el empresario una jornada distinta, de fraccionar vacaciones, pero en el fondo le quita una serie de resortes y de herramientas que hoy tiene para oponerse a cambios que sean abusivos. Se liman una serie de equilibrios que fue encontrando la legislación laboral justamente para desequilibrar la balanza en favor del empleado", le dijo Cremonte a Página/12.
 
La "libertad" para acordar también abre la posibilidad a jornadas laborales de 12 horas según lo que determine el "banco de extras", aunque la ley advierte que se deben respetar los descansos mínimos entre jornada y jornada de 12 horas y de descanso semanal de 35 horas.
 
Los trabajadores que sufran despidos van a perder aún más porque las indemnizaciones van a ser más bajas: ya no incluirán en los cálculos aguinaldo, vacaciones, premios y otros beneficios. Solo se contabilizará el pago mensual. Pero el impacto no será solo sobre las condiciones actuales, la destrucción será también hacia adelante.
 
El Gobierno impulsa la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de cese laboral que se va a financiar con un aporte que hace el empleador y con el que se pagarán los futuros despidos. Al mismo tiempo, las empresas van a recibir ese mismo monto que ponen en el FAL como descuento en las cargas patronales.
 
El abogado laboralista y profesor de Derecho Colectivo del Trabajo de la UBA, Julián Hofele, sostuvo que hacia el "futuro es un desfinanciamiento del sistema jubilatorio". "Que se haya establecido un porcentaje de los fondos de la seguridad social, que actualmente son contribuciones patronales de los empleadores y que eso se derive a un fondo de asistencia para despidos, indudablemente implica un impacto en la vida de los trabajadores", le dijo a este diario.
 
El senador peronista Mariano Recalde calificó al FAL como un "escándalo" y denunció que se trata de "un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP". En ese sentido, Cremonte indicó que lo único que busca generar es un gran negocio financiero porque es un "fondo que va a ser administrado por aseguradoras, por bancos, que va a ser invertido en fondos fiduciarios y en cualquier tipo de instrumentos para generar un negocio en esas aseguradoras".
 
En cuanto a la organización sindical, el ataque es a través del derecho a huelga y los sectores que se denominan esenciales, que no pueden brindar una prestación menor al 75% de su funcionamiento normal. En esos se suman a los que ya estaban incluidos (salud, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo) otros como las telecomunicaciones, los servicios aduaneros y migratorios y la educación en todos sus niveles, excepto las universidades.
 
También crearon la categoría de "servicios de importancia trascendental", que no pueden brindar una prestación menor al 50% de su funcionamiento normal.
 
Además, los trabajadores tendrán que pedir permiso para hacer asambleas y que no podrán afectar el normal desarrollo de la empresa, además de que el empleado no cobrará por el tiempo que participe en las reuniones gremiales.
 
También elimina la "ultraactividad", que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento. "Lo que está buscando el Gobierno es tratar de desarmar algunos acuerdos que se establecen entre los sindicatos y las cámaras empresarias", dijo Hofele.
 
Para los monotributistas también habrá retrocesos, ya no se presupondrá que existe un vínculo laboral en los casos en los que están integrados al funcionamiento de una empresa, pero que facturan un salario mes a mes sin tener un contrato.
 
Para Cremonte la gran falacia de llamar a esta ley de modernización laboral queda expuesta en el caso de los trabajadores de aplicaciones, que están siendo regulados en otros países. En cambio, en Argentina la que hace el proyecto es excluirlos directamente de la ley laboral. "No les dicen trabajadores, los llaman repartidores independientes, no son trabajadores y por lo tanto no se aplica la legislación laboral y no les dan ninguna protección".
 
A pesar de este retroceso gigantesco para el presente y el futuro de las y los trabajadores, la ley ya tiene media sanción. Bullrich trabajó para eso e hizo los cambios que le pidieron los aliados, los gobernadores y la CGT. Ahora, el mundo del trabajo tal y como lo conocíamos dependerá de lo que pase en Diputados.
 
Por Celeste del Bianco
 
Fuente: Página 12
 

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31-03-2026 / 16:03
29-03-2026 / 15:03
La gestión de Javier Milei atraviesa un momento muy complejo, atrapada en una tenaza que combina corrupción sistémica y degradación económica. La narrativa de austeridad se ha quebrado frente a pruebas judiciales contundentes: por un lado, el Caso $LIBRA, donde el peritaje técnico confirma un esquema de promoción de estafas piramidales que involucra directamente al Presidente y a Karina Milei por presuntos cobros millonarios; por otro, el escándalo de Manuel Adorni, cuya utilización de vuelos privados y un crecimiento patrimonial injustificado -que incluye mansiones y gastos de lujo- lo colocan como el nuevo emblema de los privilegios que el Gobierno prometió desterrar.

Sin embargo, el factor que transforma estos escándalos en un veneno letal para el oficialismo es el contexto de asfixia social. La paciencia popular, que hasta hace poco funcionaba como un cheque en blanco, se está agotando ante una realidad incontrastable marcada por la pobreza récord Con indicadores que ya superan el 55%, el ajuste ha dejado de caer sobre la política para ensañarse con la clase media y los sectores vulnerables; la inflación persistente, la cual, a pesar del discurso oficial, el costo de vida -especialmente en alimentos y servicios públicos- sigue demoliendo el poder adquisitivo de los salarios. A esto se le suma la crisis de expectativas: El contraste entre el "no hay plata" para comedores escolares y el despliegue de recursos en el entorno de Adorni ha roto el vínculo de confianza con su base electoral.


En definitiva, la caída en las encuestas no es solo producto de los tribunales; es el resultado de un modelo que pide sacrificios extremos a la población mientras sus máximos referentes se ven cercados por causas de corrupción que huelen a vieja política. La "libertad" parece haberse convertido, para el círculo íntimo del poder, en la libertad de gozar de privilegios mientras el resto del país cae en la indigencia.


De la redacción de La Opinión Popular

28-03-2026 / 07:03
La historia, caprichosa pero justa, suele poner las cosas en su lugar. El reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que rechaza de plano la demanda de los fondos buitres contra la República Argentina por la recuperación de YPF, no es solo un alivio para las cuentas públicas; es la partida de nacimiento de una verdad que el relato libertario intentó asfixiar: la soberanía nacional no fue un error, sino el acierto estratégico más importante del siglo XXI.


Este veredicto no constituye únicamente una victoria jurídica, sino que representa una reivindicación política total para Axel Kicillof. En 2012, el entonces ministro de Economía comprendió que un país sin el control de su propia energía es un país sin destino. El tiempo, ese juez implacable, terminó por darle la razón: hoy, Vaca Muerta no es una entelequia, sino una realidad que bate récords de producción y sostiene el andamiaje de una Argentina que, de otro modo, estaría de rodillas.

 
En este escenario, es imperativo apelar a la memoria y desenmascarar el cinismo. El hoy presidente no fue un observador neutral en esta disputa; fue un militante activo y un lobbista desfachatado del bando buitre. Javier Milei, el mismo hombre que ahora intenta "caranchear" miserablemente un triunfo judicial ajeno, construyó su carrera mediática descalificando sistemáticamente la recuperación de YPF como un "robo" y un "atropello a la propiedad privada". Su alineamiento con el capital especulativo fue tan obsceno que llegó a proponer la creación de un humillante "Impuesto Kicillof": una tasa destinada a esquilmar al pueblo argentino para pagarle a los fondos buitres una deuda que, hoy lo sabemos, era ilegítima. Como bien señaló el gobernador bonaerense ante la contundencia del fallo: "Es lamentable que el presidente de la Nación haya defendido a los fondos buitres en lugar de defender los intereses del país".

 
La contundencia de la sentencia dictada en Nueva York se traduce en una victoria multidimensional. En el plano fiscal, la Argentina logra un alivio monumental al evitar el desembolso de una cifra astronómica fabricada por la voracidad especuladora. En lo estratégico, el fallo ratifica la legalidad internacional de la expropiación, blindando la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Finalmente, en el terreno político, el veredicto desmantela el relato de la "mala praxis" esgrimido por Milei, validando la solvencia técnica y el coraje de una defensa que priorizó el patrimonio nacional por sobre los dictados de los mercados financieros internacionales.


De la redacción de La Opinión Popular
27-03-2026 / 19:03
24-03-2026 / 13:03
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