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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Entre Ríos - 09-02-2026 / 10:02
EX PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE EN DOS GESTIONES MUNICIPALES. EX DIPUTADO PROVINCIAL (2011-2015)

Luis Edgardo Jakimchuk: Azcué y la fábula de la eficiencia, el presupuesto, la mentira y la crueldad como método

Luis Edgardo Jakimchuk: Azcué y la fábula de la eficiencia, el presupuesto, la mentira y la crueldad como método
Bajo el discurso de la eficiencia, la equidad y la transparencia, el intendente Francisco Azcué expone un corrimiento político cada vez más explícito hacia la lógica libertaria, con un presupuesto municipal que consolida el ajuste, debilita lo social y traslada a Concordia las consecuencias del modelo económico nacional. Ingresos dependientes de la coparticipación, salarios atados a una inflación irreal, recortes en políticas sociales y promesas de inversión sujetas a deuda y condicionamientos financieros conforman un esquema donde el relato de la planificación choca con una realidad de desigualdad persistente.
 
Bajo el discurso de la eficiencia, la equidad y la transparencia, el intendente Francisco Azcué expone un corrimiento político cada vez más explícito hacia la lógica libertaria, con un presupuesto municipal que consolida el ajuste, debilita lo social y traslada a Concordia las consecuencias del modelo económico nacional. Ingresos dependientes de la coparticipación, salarios atados a una inflación irreal, recortes en políticas sociales y promesas de inversión sujetas a deuda y condicionamientos financieros conforman un esquema donde el relato de la planificación choca con una realidad de desigualdad persistente.
 
Entre números, narrativas y silencios, el presupuesto deja al descubierto no solo una forma de administrar, sino una concepción de Estado que desprecia el diálogo, los consensos y la ciudadanía como sujeto político.
 
En las últimas intervenciones públicas, el intendente Francisco Azcué exhibe, sin rodeos, un corrimiento político hacia perfiles esquizofrénicos libertarios y más crueles de lo que prometía en campaña. Utiliza a menudo los conceptos de eficiencia, equidad, transparencia y racionalidad. No obstante, estos criterios, tan frecuentemente utilizados, se han vuelto ambiguos. De tal manera que se prestan a múltiples interpretaciones.
 
La eficiencia y eficacia en el contexto de la gobernanza se traducen en la capacidad de escuchar y asistir con efectividad las demandas ciudadanas, garantizando una adecuada dirección y respuesta a intereses colectivos aceptables y, por lo tanto, desde ese punto de vista resulta ser un problema si no hay diálogos y consensos.
 
En una Concordia tan desigual, lo que ha mostrado hasta ahora el intendente es que desprecia el diálogo y los consensos políticos. Lejos de matizar, usa el escenario del "duro", del "disruptivo", del "planificador". Hay un deseo permanente de "demostrar" una mentalidad innovadora en materia de liderazgo político. No demostró nada. Solo muestra narcisismo, megalomanía. Un simple charanguero de la lógica libertaria que cree que la política no crea orden sino que lo perturba. Qué lejos está del ethos de la UCR que dice representar.
 
Hay que prestar mucha atención al principio ordenador cuando plantea eficiencia, eficacia, equidad y transparencia. La planificación, que es un sistema de decisiones, se plasma en el presupuesto aprobado. Pero lo más interesante es observar las construcciones narrativas que acompañan a la planificación.
 
No se puede hablar del presupuesto sin hablar previamente del proceso de planificación. La planificación permite modelar un futuro deseado mediante la definición de objetivos. Eso tiene un costo y esos costos son la base de los recursos que se habrán de adquirir o generar para asignar a las responsabilidades del Estado.
 
Del lenguaje a los hechos
 
Los ingresos municipales estimados son 124 mil millones, es decir, de cada 100 pesos que ingresarían, 57 pesos son de origen coparticipable: provincia y Nación. Solo 37 pesos son propios. La estimación se basó en lo que proyectan Frigerio y Milei. Recordemos que los ingresos del año pasado, en la Nación y la provincia, fueron los peores de los últimos años y es de esperar que este año sigan en baja sin una recuperación genuina del consumo y la actividad productiva.
 
El equilibrio fiscal, que tanto defiende con fanatismo Azcué, seguirá dependiendo exclusivamente de la poda sobre la seguridad social, los servicios públicos y de los ingresos coparticipables, que tuvieron una mayor caída que los no coparticipables el año pasado, según informó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
 
Por esa razón, el intendente dice que estima con prudencia los ingresos. Esa prudencia del intendente, que no lo dice, es por la transferencia de recursos a los más ricos. El año pasado el Estado perdió recursos por 2,5 billones de pesos. Desde que asumió Milei se acumula un desfinanciamiento de 12 billones de pesos. Esto inevitablemente se traslada a recortar recursos para los más postergados en las provincias y los municipios. El apoyo a la política económica libertaria le vuelve, otro año más, a dar una bofetada a la fantasía de «atacar la estigmatización de la pobreza de nuestra ciudad». Una de las tantas chantadas electorales de Frigerio-Azcué.
 
"Las rodillas gastadas" del intendente y del gobernador, apoyando leyes que los desfinancian, encuentran la salida: el mercado de deuda, el costo que hunde cada vez más el futuro de los entrerrianos y concordienses en particular. De esto el gobernador Frigerio ha dejado una huella indeleble en la gestión Macri.
Discurso, por un lado; realidad, por otro. Ilusiones y promesas
 
Al observar la estructura y composición del gasto público, se destina la mitad de todos los ingresos anuales a sueldos del trabajador. Azcué lo proyecta en base al 10,1 % de inflación anual estimado por el presupuesto nacional 2026, un número que da risa. Mientras el trabajador siente que sus ingresos pierden contra la inflación, el intendente se fija como objetivo que "no pierdan el poder adquisitivo", pero, a renglón seguido, aclara que está sujeto a la evolución de la recaudación y a las posibilidades financieras, no constituyendo de ninguna manera una obligación de otorgar los aumentos. Lo que dice, con música de bandoneón, es: no se ilusionen, trabajadores. En tanto, la discusión de la pérdida del salario tras dos años de su gestión va a parar al arcón del olvido.
 
La planta de empleados municipales está compuesta por 1.910 empleados de planta; 585 contratados con aportes; 184 sin aportes y 173 funcionarios (muchos que no funcionan). Si miramos la relación empleados/habitantes para cumplir con todos los servicios, es baja. El intendente dispone de un asesor en Buenos Aires, ¿qué aporta a la comunidad? Este rubro del gasto público es lo que demoniza Azcué. Los trabajadores despedidos serían el origen de todos los males del Estado municipal: un promedio de 600 mil pesos de paga por cada uno, un número casi insignificante si medimos el costo social de 140 familias a la deriva.
 
El mal no es otro que el modelo que él apoya, que estanca, que funde pymes y comercios, que despide trabajadores y profundiza la pobreza y la marginación estructural.
 
El Ejecutivo municipal sostiene que va mejorando la distribución de los recursos fortaleciendo los gastos en inversiones productivas, mejorando los servicios públicos, proyectando para eso el 15 %  del presupuesto (18.850 millones de pesos), de lo cual está previsto que el 70 % correspondan a recursos propios. Pero remarca el Ejecutivo que dicha promesa está condicionada a si recauda más y consigue financiamiento. TODO ES POTENCIAL, TODO ES CONDICIONAL, NADA ES UN COMPROMISO REAL. También promete que está buscando diversas fuentes de financiación (deuda) para infraestructura productiva. Sorprende ese término porque lo productivo no está en su lenguaje, ni lo social.
 
En el rubro de Bienes y Servicios No Personales, que representa el 20,97 % del presupuesto, 26 mil millones de pesos. Para estimar este monto se proyectó en base a lo presupuestado en 2025. Este rubro engloba, entre tantos gastos, combustibles, medicamentos, alimentos, servicios de limpieza y todos los gastos para el funcionamiento del Estado. Si nos atenemos a lo que el intendente pregona permanentemente -transparencia, eficiencia y eficacia-, sería interesante que especifique cuánto destina para los sectores más vulnerables: cuánto de ayuda dineraria para la infancia, cuánto es el monto que se paga a las cooperativas de trabajo, cuánto para atender el funcionamiento del Estado.
 
Vale recordar que en el presupuesto 2025 se destinó para la ayuda alimentaria a los pobres e indigentes, medidos por el INDEC: 260 pesos por día. Vergüenza total.
 
Con el argumento de la "eficiencia y transparencia", mientras desfinanciaba comedores y programas sociales y además reducía personal por falta de recursos, Azcué firmó un convenio hasta junio de 2026 por más de 54 millones de pesos con una "franquicia solidaria" de la Fundación Maximiliano Kolbe, presidida por Stella Maris Micucci, esposa del funcionario de Desarrollo Humano, Roberto Niez. La Fundación mencionó una entidad dirigida por el pediatra Abel Albino, célebre por su pertenencia al Opus Dei y sus polémicas afirmaciones sobre salud sexual y pobreza. El convenio tiene como fin realizar un relevamiento social-nutricional dirigido a niños y embarazadas. Hasta ahora no se transparentaron los resultados parciales del relevamiento ni cómo se utiliza ese dinero de las arcas municipales.
 
Hay que decir, además, que no llama la atención ni escandaliza lo suficiente cuando habla con total cinismo de la participación de los vecinos y del presupuesto participativo, instrumento que permite al ciudadano participar activamente en la toma de decisiones, elaboración, gestión y control del presupuesto. Esto ayuda a "la asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos", lo titula el intendente Azcué, sin embargo, destina el 0,24 % al presupuesto participativo, lo que significa 30 millones de pesos anuales, es decir que si realmente participan los vecinos de los 100 barrios, son 25 mil pesos por mes y por barrio. Según Azcué, esto avanza en reducir la brecha territorial, mejorando la calidad de vida con un criterio de equidad y sostenibilidad. Da un poquito de vergüenza cómo lo anuncia.
 
No hay dudas sobre la legitimidad de origen del intendente, pero la democracia no se agota en el acto electoral. El voto es condición necesaria, aunque nunca suficiente, para garantizar políticas públicas que no profundicen desigualdades ni consoliden retrocesos sociales. La experiencia histórica demuestra que también desde gobiernos formalmente legítimos pueden desarrollarse procesos de regresión económica, social y democrática.
 
El intendente no es el único ordenador de la vida colectiva. La sociedad no funciona como un software que se actualiza por decreto ni como una planilla de Excel que se ajusta con tijera. Gobernar implica diálogo, construcción de consensos y reconocimiento de la ciudadanía como sujeto político activo, no como una variable de costo. Naturalizar el relato de la eficiencia sin discutir sus consecuencias reales es una forma de convalidar un modelo que traslada el ajuste a quienes menos tienen.
 
En Concordia, cada vez más vecinos y militantes comienzan a interpelar el contenido real de la gestión libertaria local, que se presenta como el camino hacia "una ciudad normal, con parámetros normales". Frente a ese discurso, la tarea política y ciudadana es seguir de cerca no solo la planificación presupuestaria, sino también su ejecución concreta: qué se cumple, qué se posterga y qué directamente se abandona.
 
Este informe es apenas una primera aproximación. En una segunda parte, que se publicará próximamente, seguiremos analizando en detalle la ejecución de los fondos municipales de la gestión libertaria, el destino real de las partidas sociales y productivas, el impacto del endeudamiento proyectado y las herramientas institucionales -como la banca del pueblo- que distintos sectores evalúan utilizar para visibilizar las urgencias económicas y sociales que el relato oficial intenta minimizar.
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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