13:57 | Viernes 06 de Febrero de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 06-02-2026 / 11:02
DIPUTADA NACIONAL POR EL PERONISMO ENTRERRIANO
Marianela Marclay cuestiona el proyecto de Ley de Libertad Educativa y advierte por un retroceso en el rol del Estado
Marclay cuestionó el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el gobierno nacional y advirtió que la iniciativa implica "un retroceso en el rol del Estado como garante del derecho a la educación". Lo hizo tras participar el último viernes de una reunión en Paraná con la conducción de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), junto a otros legisladores nacionales y provinciales.
Marclay cuestionó el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el gobierno nacional y advirtió que la iniciativa implica "un retroceso en el rol del Estado como garante del derecho a la educación". Lo hizo tras participar el último viernes de una reunión en Paraná con la conducción de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), junto a otros legisladores nacionales y provinciales.
Del encuentro también formaron parte los diputados Guillermo Michel y Blanca Osuna, así como el senador Adán Bahl, quienes ratificaron su postura a favor de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, sancionada con amplio consenso y considerada una herramienta clave para revertir la fragmentación del sistema educativo y la desfinanciación heredada de la Ley Federal de Educación.
En ese marco, Marclay señaló la necesidad de analizar el proyecto oficial en comparación con la normativa vigente. "En diversos aspectos del sistema educativo, la nueva iniciativa plantea un retroceso en cuanto al rol del Estado como garante del derecho a la educación", afirmó.
La actual Ley de Educación Nacional define a la educación como un derecho fundamental y un bien público, asegurado por el Estado como política estatal. En cambio, el proyecto de Ley de Libertad Educativa establece el derecho preferente de los tutores a elegir la educación de sus hijos e introduce el concepto de "educación abierta", incluso sin certificación oficial. "Con esta ley, el Estado deja de ser garante y pasa a cumplir un rol secundario, delegando la mayor responsabilidad en las familias", sostuvo la legisladora.
Otro de los puntos cuestionados es la descentralización de los contenidos curriculares, ya que el proyecto habilita a que cada escuela elabore sus propios planes de estudio. Actualmente, estos contenidos son definidos por las autoridades educativas de cada provincia, en articulación con el Consejo Federal de Educación.
Además, Marclay advirtió sobre la definición de la educación como un "servicio esencial", lo que -según explicó- podría avanzar sobre el derecho a huelga de los trabajadores del sector. "La iniciativa habla de continuidad mínima del servicio educativo, lo que implica una limitación a derechos laborales", señaló.
Enseñanza alternativa y financiamiento
La legisladora también expresó su preocupación por la inclusión de modalidades como la educación en el hogar, a cargo de los padres o de personas designadas por ellos, así como por la habilitación de entornos virtuales de aprendizaje, incluso de instituciones no radicadas en Argentina.
En este esquema de "educación abierta", el proyecto otorga a cualquier persona humana o jurídica la posibilidad de organizar, ofrecer o recibir enseñanza por fuera del sistema formal.
En materia de financiamiento, recordó que la norma vigente establece que la inversión educativa no puede ser inferior al 6 por ciento del Producto Bruto Interno. "El proyecto del gobierno menciona vales, bonos, becas y créditos fiscales, pero no queda claro qué ocurriría con ese porcentaje hoy garantizado", advirtió.
Fuente: El Entre Ríos
Del encuentro también formaron parte los diputados Guillermo Michel y Blanca Osuna, así como el senador Adán Bahl, quienes ratificaron su postura a favor de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, sancionada con amplio consenso y considerada una herramienta clave para revertir la fragmentación del sistema educativo y la desfinanciación heredada de la Ley Federal de Educación.
En ese marco, Marclay señaló la necesidad de analizar el proyecto oficial en comparación con la normativa vigente. "En diversos aspectos del sistema educativo, la nueva iniciativa plantea un retroceso en cuanto al rol del Estado como garante del derecho a la educación", afirmó.
La actual Ley de Educación Nacional define a la educación como un derecho fundamental y un bien público, asegurado por el Estado como política estatal. En cambio, el proyecto de Ley de Libertad Educativa establece el derecho preferente de los tutores a elegir la educación de sus hijos e introduce el concepto de "educación abierta", incluso sin certificación oficial. "Con esta ley, el Estado deja de ser garante y pasa a cumplir un rol secundario, delegando la mayor responsabilidad en las familias", sostuvo la legisladora.
Otro de los puntos cuestionados es la descentralización de los contenidos curriculares, ya que el proyecto habilita a que cada escuela elabore sus propios planes de estudio. Actualmente, estos contenidos son definidos por las autoridades educativas de cada provincia, en articulación con el Consejo Federal de Educación.
Además, Marclay advirtió sobre la definición de la educación como un "servicio esencial", lo que -según explicó- podría avanzar sobre el derecho a huelga de los trabajadores del sector. "La iniciativa habla de continuidad mínima del servicio educativo, lo que implica una limitación a derechos laborales", señaló.
Enseñanza alternativa y financiamiento
La legisladora también expresó su preocupación por la inclusión de modalidades como la educación en el hogar, a cargo de los padres o de personas designadas por ellos, así como por la habilitación de entornos virtuales de aprendizaje, incluso de instituciones no radicadas en Argentina.
En este esquema de "educación abierta", el proyecto otorga a cualquier persona humana o jurídica la posibilidad de organizar, ofrecer o recibir enseñanza por fuera del sistema formal.
En materia de financiamiento, recordó que la norma vigente establece que la inversión educativa no puede ser inferior al 6 por ciento del Producto Bruto Interno. "El proyecto del gobierno menciona vales, bonos, becas y créditos fiscales, pero no queda claro qué ocurriría con ese porcentaje hoy garantizado", advirtió.
Fuente: El Entre Ríos
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