12:55 | Martes 17 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 06-02-2026 / 11:02

LA LIBERTARIA DELEGACIÓN ARGENTINA EN LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY (CARU) SOSPECHADA POR GRAVES SITUACIONES DE CORRUPCIÓN

Escándalo internacional: graves denuncias por irregularidades en la Comisión Administradora del Río Uruguay

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional encargado de la gestión compartida del río que divide a la Argentina y Uruguay, quedó sumida en una serie de denuncias por presuntas irregularidades administrativas y financieras que salpican, en realidad, a los delegados argentinos.

Según documentación en poder de los delegados orientales que fue enviada al diario Clarín, se reflejan las molestias uruguayas por una serie de conflictos que, como mínimo, son considerados irregularidades.

El primero apunta a la delegación argentina, a la que se le cuestiona que, pese a haber sido nombrada "ad honorem" por el gobierno de Javier Milei en el marco del plan de ahorro y "motosierra"-es decir, que sus integrantes cobran sus sueldos originales en los cargos que ocupaban y se desempeñan en la CARU sin remuneración-, cobren y reclamen gastos de representación que ascenderían a unos 8.000 dólares por delegado, publicó el diario Clarín y que previamente lo había reflejado el diario El Telégrafo de Paysandú (en el Uruguay) y ANÁLISIS (en Argentina).

Pero, además, lo que más malestar generó en torno al manejo de la "caja" de la CARU -históricamente opaca y objeto de denuncias de uno y otro lado por el volumen de gastos comparado con el nivel de dedicación de quienes representan a los Estados, basta con recordar los escándalos que surgieron durante el conflicto bilateral por las Pasteras- es que, pese a que la Argentina se quedó con cuatro delegados tras la renuncia de uno, pretenden seguir cobrando el monto total correspondiente a cinco. Ello sin rendir cuentas sobre por qué se debe pagar un total de cinco integrantes cuando realmente cuatro. Ese monto asciende a casi 50.000 dólares mensuales, resaltó el diario Clarín.

Funcionarios uruguayos elevaron notas oficiales informando esos pedidos y expresando su preocupación por el uso discrecional de los fondos y por la falta de criterios claros y consensuados en la asignación de esos gastos, en un ente que, por su naturaleza binacional, requiere decisiones acordadas entre ambas partes. La situación también movilizó a los diputados opositores en la Argentina, donde evalúan hacer un pedido de informe sobre la situación.

Según consta en el Boletín Oficial, la delegación argentina estaba integrada por Luis Montero, su presidente, y por los delegados Francisco Mansanta; Agustina Piñeiro, (todos de origen político) y la diplomática de carrera de la Cancillería, María Laura Ojeda (aún no llegó al rango de embajadora) además de Ingrid Jetter, quien renunció en julio de 2025 para incorporarse al Ministerio de Seguridad. Todos ellos fueron designados "ad honorem", lo que implicaba que continuaran percibiendo sus salarios en sus organismos de origen, y que, por definición, quedaran excluidos de la percepción de gastos de representación financiados por la CARU, según la interpretación que se hizo del asunto y que Clarín intentó sin éxito dilucidar con voceros oficiales. Afirman que Ojeda manifestó incomodidad con los pedidos de los otros delegados argentinos, pero este diario no lo pudo confirmar con ella al derivar la consulta a los voceros.

Sin embargo, de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso Clarín, en una nota de la CARU correspondiente a noviembre de 2025 quedó por escrito un proyecto de resolución que reconoce la existencia de montos percibidos por los delegados de la Comisión -argentinos y uruguayos- en concepto de "gastos de representación". En Uruguay, la figura del "ad honorem" no está establecida, pero en la Argentina fue una decisión adoptada por el actual Gobierno. Incluso el equipo de Diana Mondino, ex canciller, había trabajado sobre bases destinadas a dar mayor transparencia y reducir gastos, algo que ahora parecería ir en sentido contrario.

En esa nota de noviembre de 2025 se dejó asentado que la delegación argentina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto solicitó a la Comisión, mediante la Nota CARU N° 93/24, que los importes correspondientes al rubro Gastos de Representación, que correspondería percibir a la totalidad de los integrantes, "se depositen en la cuenta N° 0122773 del Banco de la Nación Argentina, con sede en Montevideo, cuya titularidad es de la delegación argentina".

En el texto, los argentinos recordaron que, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto, son cinco los integrantes de la Comisión por cada parte, pese a que la Argentina lleva meses funcionando con cuatro. Y sostuvieron que, "en el marco de la contención del gasto establecido por el Gobierno argentino, la Delegación Argentina estima necesario que, sin perjuicio de la cantidad de delegados que se encuentren designados por su Gobierno, sean depositados en la cuenta mencionada en el considerando II los gastos de representación de los cinco delegados que la componen, a fin de afrontar gastos de funcionamiento de la misma".

Las notas de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en donde se ven los pedidos de los delgados argentinos que los delegados uruguayos rechazaron.

El proyecto de resolución -que los uruguayos no aceptaron tratar, según pudo saber el diario Clarín- establecía en su artículo primero "depositar los gastos de representación de los cinco delegados que componen la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay en la cuenta N° 0122773 del Banco de la Nación Argentina".

Los argentinos son cuatro. Los uruguayos cobran por delegado y no de manera global.

Otro punto de conflicto

Otra comunicación formal de la delegación uruguaya advierte sobre un pedido de financiamiento presentado por representantes argentinos para una obra vial del lado entrerriano, con un costo estimado en 15 millones de dólares.

Las obras solicitadas por la delegación argentina estarían focalizadas sobre la Ruta Nacional 136, que, según los vecinos, se encuentra en un "estado calamitoso" y es epicentro de los últimos accidentes fatales. Se trata de una de las rutas que conecta al territorio nacional con Uruguay -Gualeguaychú con Fray Bentos- y el pedido argentino aludía, con fondos de la CARU, a la "repavimentación de calzada, de banquinas y recaudación de intersección con la Ruta Provincial 42", además de la "conservación y mantenimiento" de la traza.

Los uruguayos, según indicaron fuentes consultadas, dijeron que no. Argumentaron que la solicitud contradice el espíritu y las normas de la CARU, un organismo habilitado exclusivamente para financiar obras de carácter compartido, y no proyectos de infraestructura que beneficien a una sola de las márgenes del río. "Es como si nosotros les pidiéramos plata a la CARU para que nos arreglen la Avenida de las Américas", señalaron. "La CARU no es un banco de obras nacionales", deslizó una fuente cercana a la delegación uruguaya.

Las tensiones se producen en un contexto en el que Argentina y Uruguay han reducido su habitual diálogo bilateral. La embajada en Montevideo, hoy conducida por Alan Beraud, solía ser epicentro de una intensa actividad diplomática, y lo mismo ocurría en Buenos Aires, donde la relación está a cargo de Diego Cánepa. Actualmente, nadie comunica con claridad cuáles son los entendimientos en materia ambiental, de navegación e infraestructura, ejes que históricamente han sido sensibles en la relación bilateral.

Fuente: Análisis Digital

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El miserable ofrecimiento de aumento salarial de Frigerio

El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.

Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.

El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.

Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.

En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.

Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.

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ATE protagonizó un abrazo simbólico al Masvernat en rechazo a la miserable oferta salarial de Frigerio