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Entre Ríos - 03-02-2026 / 12:02
PERSECUCIÓN POLÍTICA: SE DESEMPEÑABA DENTRO DEL SISTEMA Y FUE SANCIONADA Y DESPLAZADA DE SU CARGO

Una profesional denunció sanciones en la OSER tras advertir sobre irregularidades en la disolución del IOSPER

Una profesional denunció sanciones en la OSER tras advertir sobre irregularidades en la disolución del IOSPER
A más de seis meses de la disolución del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), una profesional que se desempeñaba dentro del sistema denunció haber sido sancionada y desplazada de su cargo tras haber realizado aportes técnicos en el marco del debate sobre la transformación del organismo.
 
A más de seis meses de la disolución del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), una profesional que se desempeñaba dentro del sistema denunció haber sido sancionada y desplazada de su cargo tras haber realizado aportes técnicos en el marco del debate sobre la transformación del organismo.
 
Según relató Mariela Udrizar en un extenso texto público, la creación de la OSER fue el resultado de una decisión política que, a su entender, se tomó sin los avales técnicos, legales y administrativos que una reforma de esa magnitud requería. En ese sentido, sostuvo que quienes trabajaban dentro de la obra social intentaron desde un primer momento cumplir con el rol que corresponde en una democracia: analizar, advertir, proponer y mejorar.
 
"La intención nunca fue ir contra nadie, sino sumar conocimiento y lograr la mejor decisión posible para los afiliados y para la provincia", expresó. Sin embargo, advirtió que con el correr del tiempo quedó en evidencia que los objetivos del proceso eran otros y que la intervención derivó en un vaciamiento y una destrucción institucional guiados por intereses previamente definidos.
 
La profesional remarcó que la ley que dio origen a la OSER se aprobó sin informes técnicos previos y que, pese a las advertencias realizadas ante legisladores provinciales, se avanzó igualmente con la disolución del IOSPER.
 
"Si se pudo disolver un organismo y crear otro sin demostrar nada ni responder preguntas básicas, era previsible que el resultado fuera el que hoy viven miles de afiliados", señaló. En su testimonio también apuntó contra el accionar de autoridades de la actual obra social, entre ellas el vicepresidente Ricardo García, quien -según indicó- la habría acusado públicamente en distintos medios de comunicación de "boicotear" la gestión. Afirmó que esas declaraciones fueron realizadas sin pruebas ni sustento, afectando su honor y su trayectoria profesional.
 
Pero lo más grave, denunció, fue que esas descalificaciones se tradujeron en hechos concretos: tanto ella como los compañeros y compañeras que avalaron los planteos técnicos fueron removidos de sus cargos. En ese marco, interpretó lo ocurrido como una acción deliberada de castigo y disciplinamiento, destinada a dejar en claro que no se tolera la disidencia técnica ni el pensamiento crítico.
 
"No se trata de una pelea personal ni política. Es una defensa del bienestar social, de los afiliados y de un derecho esencial como es la salud", subrayó, al tiempo que rechazó que señalar errores, exigir transparencia o aportar información técnica pueda ser considerado un acto de boicot o conspiración.
 
Finalmente, recordó su trayectoria dentro de la obra social, a la que ingresó como pasante siendo estudiante de Ciencias Económicas, y donde se formó profesionalmente durante años. "Defender derechos no es boicotear. Señalar errores no es atacar. Exigir transparencia es ejercer ciudadanía", concluyó.
 
Fuente: Análisis Digital
 
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03-02-2026 / 12:02
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La relación de subordinación total de Rogelio Frigerio para con el Gobierno de Javier Milei solo reporta para la Provincia nuevos avales para emitir endeudamiento, que le permitirán concretar una emisión internacional de U$S 500 millones. Todo lo demás son costos crecientes y pérdidas constantes. Enero fue el séptimo mes de coparticipación en baja, la actividad económica no muestra reacción, la negociación por los fondos de la Caja de Jubilaciones está completamente paralizada, el colapso del sector industrial vaticina consecuencias laborales provinciales dramáticas y hay una reforma laboral en ciernes que el Gobierno de Milei diseñó con precisión quirúrgica para arrebatarles más recursos a las provincias: Entre Ríos perdería unos $ 80 mil millones más. Las provincias serán las que solventen la parte mayoritaria de la reducción de Ganancias a 145 grandes empresas. Un gobierno solo para los más ricos.
 
Varios gobernadores, sin la participación de Frigerio, se reúnen para exigirle a Milei que saque el capítulo de Ganancias de la reforma laboral. Entraron en alerta cuando detectaron que Nación introdujo un capítulo impositivo que dispone una rebaja de Ganancias a 145 grandes empresas que tendría un costo fiscal de 130 mil millones de pesos mensuales para las provincias. Si Milei no saca ese capítulo no apoyarán la reforma laboral amenazan, aunque no es el único reclamo. También están pidiendo que Nación pague diferentes deudas que mantiene con esas provincias, vinculadas a la atención de afiliados del PAMI, de Anses y de obras que eran conjuntas y que terminaron pagando los gobernadores porque Milei las abandonó.
 
En el interior federal hay alerta por la caída de la coparticipación nacional y porque observan que la recaudación no se recupera. Entre los mandatarios provinciales coinciden en que viene un año muy duro. En ese marco, el gobierno de Frigerio se expone, en 2026, a mayores recortes presupuestarios antes las necesidades financieras coyunturales y la caída de fondos federales. Las preocupaciones crecen porque los problemas no dejan de brotar. "Nos comimos la alcancía para llegar, con relativa tranquilidad, a fin de año", indica uno de los colaboradores del gobernador. De ahora en adelante, el recorte de partidas será más por obligación que por convicción.
 
De allí la necesidad del mandatario para recuperar parte de las acreencias que Entre Ríos ha acumulado y que tiene como deudor nada menos que al gobierno de Milei. Si no es este año, ¿entonces cuándo?, es la pregunta que flota en varias oficinas de la Casa Gris. El temor es llegar a marzo más que ajustados, ya que estos meses suelen ser de baja recaudación, más aún cuando la actividad económica no ha mostrado signos de recuperación. Ahogar más al sector privado provincial no es la salida. Las dificultades son crecientes y no se ajustan sólo a la carga fiscal. Un claro ejemplo es lo que sucede con las industrias, que tuvieron que bajar sus niveles de producción porque las importaciones la devoraron.
 
Se ha cerrado un 2025 para el olvido, con cientos de suspensiones de personal privado y con la amenaza latente de bajar las persianas en empresas y comercios. Algunos patrones comunicaron que pueden aguantar un poco más pero que, en el camino, necesitan que el presidente Milei sea más gradualista a la hora de abrir las importaciones. El jefe de Estado está totalmente alineado con su par yanqui, Donald Trump, pero no frena la embestida vendedora que llega de Asia. Los chinos son aliados comerciales estratégicos, según definió en Davos.
 
La Argentina, en general, y Entre Ríos, en particular, no están en condiciones de soportar que cambie el clima y que las tensiones sociales se acrecienten. El pesimismo sobre el rumbo económico abarca a más de la mitad de la población, según varias encuestas realizadas por las consultoras privadas. El Gobierno libertario sigue acomodando la macroeconomía, pero hacia abajo no se evidencia la lluvia que alivia, sino que se recrudece la tormenta que agobia.
 
Por caso, el 74,7% de las personas que participaron en un sondeo realizado por Zentrix Consultora afirma que su salario está perdiendo contra la inflación, un indicador de malestar económico extendido en la vida cotidiana. El endeudamiento familiar está en niveles históricos y la tarjeta de crédito está explotada.
 

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