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Entre Ríos - 28-01-2026 / 11:01
LA INACCIÓN POLÍTICA DEL GOBERNADOR GENERA ESTAS SITUACIONES

Fuertes críticas al operativo represivo contra los trabajadores en lucha en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuertes críticas al operativo represivo contra los trabajadores en lucha en el Puerto de Concepción del Uruguay
El conflicto gremial en el Puerto de Concepción del Uruguay que se generó a partir de las protestas del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) en reclamo de derechos laborales y reconocimiento sindical, escaló hacia un escenario de violencia.
 
El conflicto gremial en el Puerto de Concepción del Uruguay que se generó a partir de las protestas del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) en reclamo de derechos laborales y reconocimiento sindical, escaló hacia un escenario de violencia.
 
Un fuerte operativo conjunto entre la Policía de Entre Ríos y Prefectura Naval terminó con el uso de balas de goma, heridos y seis personas detenidas, lo que desató una ola de críticas inmediatas desde distintos sectores de la oposición provincial.
 
Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado nacional Guillermo Michel, quien vinculó los hechos directamente con la falta de respuestas políticas. "Cuando no hay gestión ni presencia del gobernador ante los problemas que atraviesan los entrerrianos, suceden hechos lamentables de violencia como lo ocurrido en el Puerto de Concepción del Uruguay, enfrentando a trabajadores portuarios y de las fuerzas de seguridad".
 
"Todos los días vemos cómo se profundizan los conflictos laborales en la provincia y la inacción política del gobernador genera estas situaciones", sostuvo en su cuenta de X.
 
En la misma línea, su par Blanca Osuna también cuestionó duramente el uso de la fuerza: "Repudiamos la represión hacia las trabajadoras y los trabajadores en el Puerto de Concepción del Uruguay".
 
"El gobierno intenta disuadir el derecho a huelga y reclamo con el uso de la fuerza: balas de goma intentaron disciplinar un reclamo legítimo", sostuvo.
 
"En una provincia atravesada por conflictos laborales, salarios adeudados y plantas paralizadas, la respuesta no puede ser la violencia ni la criminalización de la protesta social", apuntó.
 
Luego se preguntó "¿Dónde está el gobernador Frigerio cuando hay que garantizar derechos, diálogo y soluciones reales?"
 
En tanto, el presidente del PJ Paraná, Jorge "Kinoto" Vázquez hizo una lectura fue más allá de la frontera provincial, vinculando la represión con las políticas de ajuste de Javier Milei. Calificó la situación como una "crisis planificada" y apuntó contra la reforma laboral como el trasfondo de la violencia. "Es la única respuesta que conocen para intentar silenciar las demandas", afirmó.
 
En tanto, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores denunció que el operativo buscó beneficiar a las empresas portuarias y garantizar sus negocios a costa del ataque a los trabajadores: "La represión en el puerto se inscribe en el marco de la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, orientada a debilitar a los sindicatos y a imponer mayor precarización. El objetivo es sentar un precedente: que toda organización obrera que enfrente los intereses empresariales sea reprimida".
 
Fuente: El Entre Ríos
 
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La reforma en el sistema de desayunos y meriendas escolares impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio sumó un contundente rechazo desde la propia memoria institucional de la provincia. La exsenadora nacional y expresidenta del Consejo General de Educación (CGE), Graciela Bar, destrozó el nuevo esquema al tildarlo de «preocupante» y asegurar tajantemente que «no es una buena medida». Bar denunció que el gobierno pretende homogeneizar la alimentación de la infancia entrerriana imponiendo una dieta empobrecida y rígida a base de «galletitas y bizcochuelos», eliminando la diversidad de insumos frescos como frutas, yogures y dulces que requiere la salud en la etapa de crecimiento.
 
La exfuncionaria enfatizó que el Ejecutivo provincial utilizó fallas aisladas en un reducido grupo de escuelas como pretexto para imponer una sanción colectiva e inconsulta. Remarcó con dureza que «no por eso podemos tomar una medida tan general perjudicando no solo el tipo de alimentación que se otorgaba en las escuelas, sino también al comercio local», al tiempo que cuestionó la falta de sensibilidad oficial por haber avanzado a espaldas de la comunidad educativa y sin convocar ni consultar al Colegio de Nutricionistas.
 
Asimismo, la extitular del CGE alertó sobre el impacto socioeconómico que significa desmantelar el circuito de compras de cercanía que sostenía a pequeños almaceneros, verduleros y proveedores locales en cada pueblo. En un contexto atravesado por una severa crisis donde «la cantidad de negocios que se han cerrado es grande» en ciudades como Paraná o Victoria, privar al comercio de barrio del abastecimiento escolar representa una doble embestida del gobierno: la degradación del plato de comida de los estudiantes y la asfixia económica directa al tejido productivo provincial.
 

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