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Entre Ríos - 27-01-2026 / 11:01
DENUNCIAN UN COMPLOT ENTRE LA JUSTICIA Y LAS EMPRESAS DE EXPORTACIÓN

Paro de trabajadores, represión libertaria y conciliación obligatoria en el puerto uruguayense

Paro de trabajadores, represión libertaria y conciliación obligatoria en el puerto uruguayense
Una manifestación de estibadores de Concepción del Uruguay fue reprimida violentamente con balas de goma, palos y detenidos durante un reclamo a la empresa uruguaya Urcel SA. La violencia ejercida por las autoridades policiales federales sucedió por orden de la fiscalía a cargo de la Dra. Marina Albertina Chichi, con apoyo de Urcel SA y FeMPINRA incluso cuando se acordaba una conciliación obligatoria dictada por la Provincia de Entre Ríos.
 
Una manifestación de estibadores de Concepción del Uruguay fue reprimida violentamente con balas de goma, palos y detenidos durante un reclamo a la empresa uruguaya Urcel SA. La violencia ejercida por las autoridades policiales federales sucedió por orden de la fiscalía a cargo de la Dra. Marina Albertina Chichi, con apoyo de Urcel SA y FeMPINRA incluso cuando se acordaba una conciliación obligatoria dictada por la Provincia de Entre Ríos.
 
El Puerto de Concepción del Uruguay fue escenario este lunes de un grave episodio de represión policial contra trabajadores estibadores que reclamaban el reconocimiento de su organización sindical y la defensa del trabajo local. La intervención de las fuerzas de seguridad dejó como saldo varios detenidos y heridos, en un operativo que se produjo en el marco de un conflicto laboral aún no resuelto. Cabe recordar que los jornales para estibadores en los puertos de Entre Ríos son los más bajos del país.
 
Autoridades gremiales responsabilizan por la violenta y sangrienta represión directamente a la empresa Urcel SA, a las autoridades del puerto, a la Fiscalía a cargo de la Dra. Marina Albertina Chichi y señala con especial gravedad el rol de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que a través de su delegado gremial acompañó y avaló el accionar represivo, alineándose en contra del sindicato local.
 
 
Violencia en medio de una conciliación obligatoria
  
El pacifico pedido de respuestas fue encabezado por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Concepción del Uruguay -legalmente constituido y con autoridades recientemente electas- que denuncia a la empresa de capitales uruguayos Urcel SA por desconocer la legislación laboral argentina y extorsionar con amenazas directas a los trabajadores locales con personal de otras localidades en condiciones de explotación.
 
"Lo que ocurrió en Concepción del Uruguay es inadmisible. En medio de una conciliación obligatoria dictada por la Provincia, se desató una violenta e ilegal contra un reclamo justo. Acá hay una empresa uruguaya que no respeta la ley argentina, la FeMPINRA que avala ese atropello y un Estado que, en lugar de garantizar derechos, reprime a los trabajadores". señalaron los estibadores de Concepción.
 
 
Las contradicciones de la FeMPINRA
  
En el centro del conflicto aparece además el rol de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), señalada por los estibadores por motivar el accionar policial a través de su delegado gremial, alineándose con la empresa uruguaya Urcel SA y desconociendo a los estibadores locales. Esta posición llevó violencia a una pacífica respuesta de trabajadores que dependen de la estiba portuaria.
 
El accionar de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) expone una contradicción difícil de explicar. Meses atrás, la FeMPINRA participó activamente de bloqueos y medidas de fuerza en el puerto de Bahía Blanca, denunciando condiciones laborales y salariales, en una terminal que, paradójicamente, cuenta con los mejores salarios del mundo portuario argentino y con sindicatos plenamente reconocidos.
 
Sin embargo, en Concepción del Uruguay el escenario es diametralmente opuesto. Los estibadores se encuentran entre los peores pagos del país, denuncian extorsión con amenazas directas con personal de otras localidades en condiciones de explotación, precarización, violaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales y el desconocimiento de un sindicato legalmente constituido. A pesar de ello, la FeMPINRA no solo guarda silencio, sino que según denuncias de los propios trabajadores habría acompañado el accionar de la empresa uruguaya Urcel SA, la represión policial y las decisiones de la fiscalía durante los hechos.
 
Esta diferencia de criterios deja al descubierto una selectividad política y gremial de la FeMPINRA que hoy es cuestionada por amplios sectores del movimiento portuario, incluso por sindicatos miembros que tendrían decidido irse de la FeMPINRA .
 
El SUPA Concepción del Uruguay, conducido por su Secretario General Martín Soto, goza de inscripción gremial otorgada por Resolución N° 812, inscripta bajo el Registro N° 2166, Legajo 7572, con carácter de entidad gremial de primer grado, lo que le otorga plena legitimidad para representar a los trabajadores del puerto. Mientras tanto, el paro nacional de puertos en todo el país continúa y el conflicto amenaza con escalar a nivel nacional si no hay respuestas políticas que garanticen y reconozcan a los estibadores locales y al SUPA Concepción.
 
Fuente: Jeremías Pierini
 
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El gobernador Rogelio Frigerio, el títere entrerriano de Javier Milei, reunido con el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de las rondas que realiza el Ejecutivo Nacional para lograr, mediante extorsión, los votos necesarios para aprobar el polémico proyecto, le dio su apoyo a la reforma laboral esclavista, que no crea empleo y es inconstitucional. Frigerio lo hizo con la falsa excusa de que estaría "orientada a promover el empleo formal". Es el verso patronal de que esta reforma va a generar empleo y blanquear trabajadores, de lo que no hay ni un antecedente. Porqué seguir quitando derechos laborales empeora las condiciones de vida del conjunto, deteriora la economía, destruye el consuno, genera desempleos y sólo engrosa los bolsillos empresarios.
 
Frente a esta iniciativa libertaria que promueve bajar el costo salarial para beneficiar a las grandes empresas, precarizando, flexibilizando y esclavizando a las y los trabajadores, el Partido Justicialista de Entre Ríos rechazó enfáticamente el proyecto de reforma laboral anarco capitalista de Milei, llamó a los legisladores nacionales entrerrianos a que voten en contra y cuestionó el acompañamiento obsecuente y acrítico del gobernador Frigerio, manifestado ante la prensa en la conferencia junto al ministro Santilli.

El proyecto de Milei, con la complicidad de Frigerio, se impulsa en medio de la caída del consumo, cierre de empresas, reducción y despido de personal, turnos de trabajo más cortos, endeudamiento récord de familias, mora en pagos de pymes, obra pública nacional extinta, salarios y jubilaciones por el piso, una inflación todavía alta para una actividad económica muy retraída, quita de subsidios al transporte, el gas y la electricidad y aumento de combustibles... 
Y la baja de contribuciones patronales, el fondo para bancar los despidos privados y los recortes impositivos previstos desfinancian a las provincias.


"El proyecto de reforma laboral de Javier Milei es otra iniciativa destinada a beneficiar exclusivamente a los más ricos del país, quitarles derechos a los trabajadores, generar más pobreza e indigencia y hacer crecer los índices de desempleo en el pueblo argentino", destacó el PJ de Entre Ríos. "Del repaso del proyecto de Ley se advierte que prácticamente todas las reformas son lisa y llanamente quita o retroceso en materia de derechos laborales, beneficios a los empleadores -en particular a las grandes empresas- y derogaciones de legislaciones que fueron conquistas de largas luchas obreras en nuestro país. No es una reforma laboral, es un nuevo proyecto de flexibilización de los derechos de los trabajadores".

"Como peronistas es imposible acompañar este atropello al legado histórico de Juan Perón y el Peronismo, que hicieron efectivos estos derechos que hoy son atacados por el gobierno ultraderechista y neoliberal de Milei", agregaron desde el PJ entrerriano.
 
"La legislación sobre el banco de horas solo condicionará a los trabajadores para que extiendan su jornada laboral resignando su tiempo personal y familiar de vida. La indemnización por despido convertida en un Fondo de Cese Laboral facilitará echar trabajadores, haciendo los despidos más baratos para las empresas más poderosas. La extensión del periodo de prueba para las trabajadoras de casas particulares, sumada a la eliminación de las multas por falta de registración, dará luz verde al trabajo en negro en el empleo doméstico", enumeraron desde el PJ de Entre Ríos en su documento.
 
Luego, añadieron: "La regulación del empleo de las plataformas tecnológicas, -como Pedidos Ya, Rappi o Uber por dar ejemplos-, permitiendo que las empresas que controlan las plataformas no estén obligadas a proveer a los trabajadores de elementos de seguridad, ni a pagar seguros de accidentes de trabajo, es un abuso de poder injustificable".
 
"A estos puntos se deben sumar el fin de la ultra actividad de los Convenios Colectivos de Trabajo, la imposición de límites a asambleas y tutelas gremiales limitando el derecho a huelga, la nueva forma de cálculo de las indemnizaciones con la finalidad de achicar, aún más, el monto de la indemnización, etc. No hay nada bueno para los trabajadores. Todo el proyecto es contrario al Art. 14 bis de la Constitución Nacional y confiamos que muchas de las reformas, en caso de ser aprobadas, serán cuestionadas en la Justicia".
 

 

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