08:17 | Domingo 15 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 23-01-2026 / 18:01

PAPELÓN DEL GOBIERNO FRIGERISTA POR EL PRESUNTO ESPIONAJE QUE NO FUE

Cámaras en despachos oficiales: José Cáceres reclama explicaciones y exige disculpas públicas

Las revelaciones de la investigación periodística de ANÁLISIS, motivó a José Cáceres a pedir explicaciones claras, mayor transparencia y un pedido de disculpas al Gobierno provincial por la denuncia de presunto espionaje.

Las revelaciones surgidas de una investigación periodística de ANÁLISIS reconfiguraron el escenario político de esta semana por la denuncia de presunto espionaje en dependencias oficiales del Gobierno de Entre Ríos. Según ese informe, los dispositivos de audio y video hallados en oficinas provinciales no habrían sido instalados recientemente ni responderían a maniobras clandestinas en curso, sino que formarían parte de un sistema colocado en 2018, durante la gestión anterior, y que dejó de operar en febrero de 2019. A partir de esta información, comenzaron a alzarse voces que reclaman mayor claridad, rigor comunicacional y responsabilidades políticas por parte de la administración que encabeza Rogelio Frigerio.

Uno de los pronunciamientos más firmes fue el del presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Orlando Cáceres, quien utilizó la red social X para exigir explicaciones oficiales y un pedido de disculpas. "Ante los hechos de público conocimiento sobre la fallida denuncia de espionaje que realizó el gobernador Frigerio y Mauricio Colello, es imprescindible una comunicación desde Gobierno, tal como se hizo en la denuncia, que aclare la situación y lleve tranquilidad a la población", expresó.

La investigación de ANÁLISIS aportó detalles técnicos que modifican sustancialmente la interpretación inicial del hallazgo. De acuerdo con fuentes consultadas, el sistema estaba compuesto por cámaras analógicas básicas, disimuladas en sensores de movimiento y conectadas mediante cableado a un DVR ubicado en una oficina contigua a la Secretaría General de la Gobernación. "Son cámaras analógicas, de esas que van cableadas. Para instalarlas hay que levantar zócalo, agujerear paredes, pero no tenían conexión a internet, sino que iban directo a un disco rígido", explicó una fuente vinculada al caso.

El mismo testimonio remarcó un punto central: el sistema dejó de funcionar en febrero de 2019, luego de que el entonces secretario de Gobernación, Edgardo Kueider, fuera víctima de un hackeo. "Después que lo hackearon a Kueider, desconectamos todo. Eso quedó ahí desconectado, por siempre", sostuvo la fuente, quien precisó además que el DVR fue retirado por el propio exfuncionario. Desde entonces, las cámaras permanecieron físicamente instaladas, pero sin conexión eléctrica ni capacidad operativa. "No hay imágenes, no tienen corriente directamente, no funcionan", aseguró la fuente consultada.

Estos datos reabrieron el debate político y comunicacional en torno a la denuncia original presentada por el Gobierno provincial, que había generado un inmediato repudio transversal y expresiones de solidaridad institucional ante lo que se consideró, en un primer momento, un ataque a la democracia y a la institucionalidad. Para Cáceres, ese contexto vuelve imprescindible una aclaración pública del Ejecutivo.

En su posteo difundido también a través de X, el titular del PJ entrerriano profundizó su postura y fue más allá de la mera solicitud de explicaciones. "Entiendo que además de la aclaración se hace necesario un pedido de disculpas a quienes rápidamente reaccionamos como corresponde en democracia frente a una denuncia de espionaje y expresamos el debido repudio y nos solidarizamos con los supuestos damnificados", planteó.

El dirigente peronista sostuvo que las reacciones políticas iniciales se produjeron en función de la gravedad institucional que implicaba la denuncia, y que, a la luz de la nueva información, corresponde un gesto político reparador por parte del Gobierno. En ese sentido, cuestionó el modo en que se construyó el relato oficial del hallazgo.

Cáceres también recordó que, al inicio de la gestión de Frigerio, el propio Ejecutivo había informado sobre controles exhaustivos en Casa de Gobierno. "Sobre todo, si tenemos en cuenta que al inicio de la gestión anunciaron que estaban revisando las oficinas con perros entrenados, detectores de metal, registrando paredes, alfombras, etc., y luego aparecieron con la denuncia orientando las declaraciones hacia la gestión del peronismo", señaló, en un reproche directo al enfoque político que -según su mirada- tuvo la comunicación oficial.

Para el presidente del PJ, la cuestión excede la disputa partidaria y se vincula de manera directa con la confianza ciudadana en las instituciones. En ese marco, enfatizó que el pedido de disculpas debería estar dirigido, principalmente, a la sociedad entrerriana. "Principalmente, el Gobierno debe pedirles disculpas a los entrerrianos. Todos tomamos con la seriedad que merece una denuncia de tal gravedad", afirmó.

Cáceres advirtió además que la aclaración oficial debe estar respaldada por documentación concreta. "Eso debe hacerse exhibiendo toda la documentación oficial, de lo contrario, habrá sido una estafa a la credibilidad de las instituciones", concluyó, elevando el tono de su crítica y poniendo el foco en el impacto institucional del episodio.

El planteo del dirigente peronista se inscribe en un contexto sensible, donde el uso político de denuncias vinculadas a prácticas ilegales puede erosionar rápidamente la confianza pública. La investigación periodística de ANÁLISIS que reconstruyó el origen y el estado real de los dispositivos obliga ahora al Gobierno provincial a redefinir su estrategia comunicacional y a ofrecer precisiones que despejen dudas.

Más allá de las responsabilidades administrativas o penales que pudieran corresponder por la instalación original del sistema, el eje del debate parece haberse desplazado hacia la forma en que se informó el hallazgo y las consecuencias políticas de esa comunicación. En ese terreno, la demanda de claridad, disculpas y documentación planteada por Cáceres interpela al Ejecutivo entrerriano sobre la necesidad de actuar con la máxima transparencia cuando están en juego la institucionalidad y la credibilidad democrática.

Fuente: Análisis Digital

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El miserable ofrecimiento de aumento salarial de Frigerio

El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.

Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.

El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.

Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.

En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.

Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.

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ATE protagonizó un abrazo simbólico al Masvernat en rechazo a la miserable oferta salarial de Frigerio