12:30 | Lunes 19 de Enero de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 19-01-2026 / 09:01
PANORAMA POLÍTICO ENTRERRIANO
De prepo y sin dialogar con nadie: Milei empuja la reforma laboral, aunque desfinancie a las provincias
Un punto clave en esta pelea es la estrategia legislativa de las próximas sesiones extraordinarias, con la reforma laboral como prioridad absoluta. Lejos de mostrar señales de apertura, Milei decidió avanzar con el proyecto sin cambios, pese a los reclamos de gobernadores y aliados por el impacto fiscal negativo que tendrá en las provincias.
Javier Milei encabeza un proyecto político que coincide con el de su gestión en la permanencia en el poder. En cambio, Rogelio Frigerio busca su segundo mandato con el condicionante de que sería el consecutivo para su fuerza partidaria. Por eso, entre otras cosas, los caminos para intentar las reelecciones en algún punto se rozan. En especial el de Frigerio, que depende del grado de apuesta que hagan Milei y su La Libertad Avanza en la elección provincial de 2027.
En el frigerismo hay quienes dicen que están bastante encaminados en lograr un acuerdo con Milei, pero están los que sostienen que no hay ni miras de un pacto de ese estilo y los que consideran que, aun existiendo el entendimiento de cúpulas, el voto está en manos de los ciudadanos. El tema es que la suerte de Frigerio está atada a la de Milei, y no así a la inversa. Si al Presidente le va bien, aspirará a consolidar su proyecto propio en el interior provincial, pero si le va mal, Frigerio y los gobernadores sufrirán las secuelas de la crisis.
A Karina Milei le salió redonda la arriesgada apuesta de competir con candidatos propios, en las elecciones de octubre. El resultado fortaleció una convicción que hoy se impone en el oficialismo nacional. Con esa lógica, en la Casa Gris razonan desde el pragmatismo puro: si con los propios les fue muy bien, por qué los libertarios van a cambiar de estrategia cuando lo que se pondrá en juego será nada más y nada menos que poder real: los ejecutivos, Presidencia, gobernaciones e intendencias.
En el oficialismo provincial es muy lenta la digestión de los profundos cambios que los libertarios instalaron en la acción política de todas las jurisdicciones. Hay dirigentes de Juntos por Entre Ríos que resisten esos cambios. No los une el afecto, tampoco el odio. Lo que hay es desconfianza, una mirada hosca, tensa, como la de dos boxeadores que se estudian antes de subir al ring. Ambos están convencidos de que en 2027 se enfrentarán por el poder en Entre Ríos.
No es el caso de Frigerio: tras el resultado electoral de octubre, el gobernador aceptó que se modificaron las condiciones de gobernabilidad y también las posibilidades de construcción política. La relación de las administraciones de la Región Centro con Milei es muy similar: los gobiernos provinciales están especialmente marginados del reparto de recursos, mientras que los territorios son especialmente apetecidos por Milei para 2027. Frigerio deberá agudizar aún más el ingenio para hacer política con la escasez, otra actitud de inspiración libertaria.
Tanto es así que el 2026 encuentra a Frigerio despersonalizando la publicidad oficial; con cautela extrema en las críticas a los libertarios; gestos sobreactuados de achicamiento de la estructura gubernamental; puesta en línea de un ejército de activistas pagos en las redes sociales y medidas de ajuste de personal y reformas en las jubilaciones que pusieron en pie de guerra a los gremios estatales y docentes. Tras la feria judicial se podrá observar si ese esquema es legalmente sostenible o no.
Un punto clave en esta pelea es la estrategia legislativa de las próximas sesiones extraordinarias, con la reforma laboral como prioridad absoluta. Lejos de mostrar señales de apertura, Milei decidió avanzar con el proyecto sin cambios, pese a los reclamos de gobernadores y aliados por el impacto fiscal negativo que tendrá en las provincias.
Ratificaron que las sesiones extraordinarias comenzarán a principios de febrero y que el objetivo es lograr la media sanción de la reforma laboral el 11 de febrero. Aunque LLA reconoce que recibió advertencias de bloques aliados y de varios gobernadores por la caída de recaudación que provocaría la modificación del Impuesto a las Ganancias para sociedades, la decisión política es sostener el texto tal como está.
En el frigerismo hay quienes dicen que están bastante encaminados en lograr un acuerdo con Milei, pero están los que sostienen que no hay ni miras de un pacto de ese estilo y los que consideran que, aun existiendo el entendimiento de cúpulas, el voto está en manos de los ciudadanos. El tema es que la suerte de Frigerio está atada a la de Milei, y no así a la inversa. Si al Presidente le va bien, aspirará a consolidar su proyecto propio en el interior provincial, pero si le va mal, Frigerio y los gobernadores sufrirán las secuelas de la crisis.
A Karina Milei le salió redonda la arriesgada apuesta de competir con candidatos propios, en las elecciones de octubre. El resultado fortaleció una convicción que hoy se impone en el oficialismo nacional. Con esa lógica, en la Casa Gris razonan desde el pragmatismo puro: si con los propios les fue muy bien, por qué los libertarios van a cambiar de estrategia cuando lo que se pondrá en juego será nada más y nada menos que poder real: los ejecutivos, Presidencia, gobernaciones e intendencias.
En el oficialismo provincial es muy lenta la digestión de los profundos cambios que los libertarios instalaron en la acción política de todas las jurisdicciones. Hay dirigentes de Juntos por Entre Ríos que resisten esos cambios. No los une el afecto, tampoco el odio. Lo que hay es desconfianza, una mirada hosca, tensa, como la de dos boxeadores que se estudian antes de subir al ring. Ambos están convencidos de que en 2027 se enfrentarán por el poder en Entre Ríos.
No es el caso de Frigerio: tras el resultado electoral de octubre, el gobernador aceptó que se modificaron las condiciones de gobernabilidad y también las posibilidades de construcción política. La relación de las administraciones de la Región Centro con Milei es muy similar: los gobiernos provinciales están especialmente marginados del reparto de recursos, mientras que los territorios son especialmente apetecidos por Milei para 2027. Frigerio deberá agudizar aún más el ingenio para hacer política con la escasez, otra actitud de inspiración libertaria.
Tanto es así que el 2026 encuentra a Frigerio despersonalizando la publicidad oficial; con cautela extrema en las críticas a los libertarios; gestos sobreactuados de achicamiento de la estructura gubernamental; puesta en línea de un ejército de activistas pagos en las redes sociales y medidas de ajuste de personal y reformas en las jubilaciones que pusieron en pie de guerra a los gremios estatales y docentes. Tras la feria judicial se podrá observar si ese esquema es legalmente sostenible o no.
Un punto clave en esta pelea es la estrategia legislativa de las próximas sesiones extraordinarias, con la reforma laboral como prioridad absoluta. Lejos de mostrar señales de apertura, Milei decidió avanzar con el proyecto sin cambios, pese a los reclamos de gobernadores y aliados por el impacto fiscal negativo que tendrá en las provincias.
Ratificaron que las sesiones extraordinarias comenzarán a principios de febrero y que el objetivo es lograr la media sanción de la reforma laboral el 11 de febrero. Aunque LLA reconoce que recibió advertencias de bloques aliados y de varios gobernadores por la caída de recaudación que provocaría la modificación del Impuesto a las Ganancias para sociedades, la decisión política es sostener el texto tal como está.
El artículo 190 del proyecto reduce las alícuotas en los tramos dos y tres, bajando del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, lo que impacta directamente en los recursos coparticipables. Las provincias perderían alrededor del 0,15% del Producto Bruto Interno, pero apuestan a convencer a los mandatarios de que esa merma se compensará con un eventual crecimiento económico derivado de la supuesta "modernización laboral", un efecto que, incluso para el propio Gobierno, recién se vería en 2027.
Diego Santilli, ministro del Interior, sostuvo que, con la incorporación de trabajadores al empleo formal, se podría recuperar rápidamente la recaudación perdida, aunque ese argumento no convence a nadie ni alcanza para calmar la preocupación de los gobernadores, que enfrentan presupuestos ajustados y demandas sociales crecientes en pleno 2026.
Algunos mandatarios mostraron una postura más cercana al oficialismo tras reunirse con el ministro del Interior. Sin embargo, la mayoría sigue reclamando algún tipo de compensación para atravesar el próximo año. Por ahora, no hay propuestas concretas sobre la mesa, lo que profundiza el malestar en las provincias.
Dentro del propio espacio que acompaña a Milei también hay voces que advierten que ignorar los reclamos puede poner en riesgo no solo esta ley, sino el bloque de 44 senadores que hoy sostiene al oficialismo junto a los llamados "dialoguistas", clave para las reformas que el Ejecutivo planea enviar más adelante.
Durante el debate en comisión, además, se cuestionó la falta de precisiones sobre el tres por ciento destinado a los Fondos de Asistencia Laboral, que impactan en la Administración Nacional de la Seguridad Social, y las múltiples derogaciones de estatutos y leyes laborales que propone la norma, consideradas por legisladores como un avance sin consenso y con efectos difíciles de revertir.
Pese a las advertencias, el mensaje de Milei es claro: la reforma laboral se vota como está. Si se aprueba, el costo lo pagarán las provincias en el corto plazo; si se cae, el Ejecutivo ya prepara el discurso de responsabilizar al Congreso. En el medio, quedan los trabajadores y los gobiernos provinciales, otra vez empujados a soportar el ajuste sin margen de discusión real.
En este contexto, resulta difícil imaginar una negociación personal entre el Presidente de la Nación y el cauteloso gobernador entrerriano. El diálogo directo parece improbable. Sin embargo, no está descartada una negociación más silenciosa, a través de funcionarios de ambas administraciones.
Del otro lado del mostrador, por ahora, los funcionarios y operadores libertarios buscan votos entre los mandatarios más cercanos a la Casa Rosada. Pero los funcionarios nacionales no quieren abrir una negociación formal con los gobernadores: saben que el costo fiscal sería alto. Los mandatarios reclaman compensaciones por lo que perderán con la rebaja del Impuesto a las Ganancias.
Los gobernadores también quieren sumar a la negociación otro punto sensible: los fondos para las cajas previsionales provinciales, una cifra igualmente suculenta que el ministro de Economía, Luis Caputo, no está dispuesto a resignar. Ei "Toto" solo quiere usar su lapicera para habilitar endeudamientos provinciales. De girar fondos nacionales, no quiere saber nada.
Milei ya lo dijo sin matices. Luego de que, en el Presupuesto 2026, la oposición eliminara un artículo que quitaba financiamiento a discapacidad, universidades y subsidios al gas en las denominadas "zonas frías", el Presidente advirtió que habrá una "reasignación de partidas" y que los fondos para las provincias serán los afectados.
El Gobierno nacional está dispuesto a hacer algunas concesiones, como ocurrió con el Presupuesto, pero también fija un límite frente a las demandas opositoras. El margen para negociar es estrecho. Con la aprobación de la reforma laboral, Milei busca enviar otra señal al FMI y a los inversores extranjeros, más que al empresariado local, que también reclama una actualización de las normas laborales.
Frigerio, por ahora, se concentra en la gestión provincial. Pero si llegan menos recursos nacionales, sus planes locales de reelección también se verán afectados. Por eso evitará una confrontación directa con Milei, al menos mientras el Presidente conserve una imagen positiva. En su estrategia de buscar la reelección, el gobernador intenta tapar el sol con la mano.
La Opinión Popular
Honestidad brutal de Trump
Sostiene Rafael Cortes, columnista de Misiones Online, que Donald Trump inaugura una nueva etapa en la diplomacia yanqui que ya no se molesta en construir relatos para justificar sus ambiciones geopolíticas. El acuerdo UE-Mercosur abre oportunidades de este lado del mundo, pero también enciende alarmas. La economía nacional transita un período de pax cambiaria pero a costa de una sequía de pesos que repercute en las empresas y en el empleo.
Lo que comenzó en 2019 como una bravuconada que en los pasillos de Bruselas tildaron de absurda, se transformó en las últimas semanas en la crisis diplomática más aguda entre Estados Unidos y Europa desde tiempos de la guerra fría. La insistencia de la administración de Trump en anexar Groenlandia que derivó en la posterior imposición de sanciones económicas a Dinamarca y otros socios de la UE tras su negativa, marca un punto de inflexión en el orden mundial: el retorno a una realpolitik cruda donde la soberanía tiene precio y el territorio es un activo transferible.
Este escenario inédito plantea interrogantes urgentes sobre la vigencia del derecho internacional y expone un cambio radical en la narrativa de la política exterior yanqui. Trump no ve a Groenlandia como una nación constitutiva del Reino de Dinamarca con autonomía propia, sino como un activo infrautilizado con una ubicación estratégica premium.
Para Estados Unidos, Groenlandia es el portaaviones natural más importante del hemisferio norte. Controlar la isla implica dominar las nuevas rutas marítimas y bloquear el acceso de Rusia y China al patio delantero (el trasero sería América Latina) de América del Norte.
Es además una fuente de recursos estratégicos que posee importantes reservas no explotadas de tierras raras, uranio y petróleo. En la guerra comercial contra China, asegurar estos suministros es vital para la independencia tecnológica de EE.UU.
Insólitamente, Trump pretende presentar su oferta de compra de Groenlandia como una suerte de ayuda financiera para Dinamarca, que anualmente destina unos 700 millones de dólares al año en subsidios a la isla, carga que dejaría de pesar sobre los hombros de Copenhague.
El fin de la diplomacia
Quizás el aspecto más perturbador de esta crisis no es la oferta en sí, sino la ausencia total de la retórica que históricamente ha lubricado las intervenciones estadounidenses. Durante décadas, ya fuera en Vietnam, Irak o las expansiones de la OTAN, Washington justificaba sus acciones bajo el paraguas de valores universales: la "defensa de la democracia", la "protección de los derechos humanos" o la "libertad de los pueblos".
En el caso de Groenlandia ni siquiera un intento de construir una retórica de ese tipo. No hay alegaciones de que el gobierno local sea tiránico, ni de que los inuit estén siendo oprimidos. La administración Trump no ha intentado fabricar un casus belli moral. El mensaje es brutalmente honesto y transaccional: "Lo queremos, es estratégico, tenemos el dinero, véndanlo".
Esta desfachatez diplomática ha descolocado a las cancillerías europeas. Es difícil contraargumentar diplomáticamente cuando la otra parte no habla de valores, sino de precios. Al eliminar el componente moral, EE. UU. ha reducido la relación transatlántica a una mera negociación mercantil, donde las sanciones económicas actuales (aranceles al acero alemán, al queso danés y al vino francés) actúan como una técnica de presión comercial extorsiva, no como una herramienta de justicia política.
El rechazo europeo se cimenta en una interpretación del Derecho Internacional del siglo XXI, que choca frontalmente con la visión decimonónica de Trump. Legalmente, una «compra» de territorio habitado, al estilo de la compra de Luisiana en 1803 o de las Islas Vírgenes Danesas en 1917, es hoy una aberración jurídica. Implicaría tratar a los 56.000 habitantes de Groenlandia como bienes muebles adjuntos a la tierra, una noción incompatible con los derechos humanos contemporáneos.
Sin embargo, los juristas de la Casa Blanca argumentan que, bajo acuerdos de defensa existentes (como el tratado de 1951) y la dependencia económica de la isla, existe un marco para una "transferencia de soberanía asistida", ignorando deliberadamente la voluntad de Nuuk.
La geopolítica del garrote
La respuesta de Trump ante la negativa europea fue imponer sanciones económicas a aliados de la OTAN. Al utilizar el poderío económico del dólar y el acceso al mercado yanqui como arma contra sus propios socios de seguridad, EE.UU. está debilitando la estructura de la alianza occidental más que cualquier maniobra rusa o china.
Europa se encuentra en una encrucijada imposible: si cede y negocia valida la idea de que la soberanía europea está en venta y sienta un precedente peligroso para otras regiones disputadas. Si resiste se enfrenta a una guerra comercial con su principal socio en un momento de fragilidad económica global y se resiste a la posibilidad real de enfrentar una intervención militar directa del ejército más poderoso del mundo.
La crisis de Groenlandia simboliza el fin del orden liberal internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha dejado claro que bajo la doctrina "America First", los aliados son prescindibles si se interponen en el camino de los intereses estratégicos tangibles.
Al prescindir de la justificación de la "defensa de la democracia", Trump ha inaugurado una era de honestidad brutal que resulta aterradora: un mundo donde los territorios son mercancía y donde el derecho internacional es solo una sugerencia que puede ser revocada por una sanción económica suficiente. Groenlandia, con su hielo y su silencio, se ha convertido en el campo de batalla donde se decide si el futuro de las naciones se vota o se compra.
A pedir de China y de Rusia
Al tratar de forzar la compra de Groenlandia mediante asfixia económica y al establecer lo que en la práctica opera como un "protectorade administrativo" sobre Venezuela -donde la Casa Blanca ha asumido competencias ejecutivas directas bajo la premisa de la seguridad regional-, la administración Trump no solo ha redefinido su patio trasero. Involuntariamente, ha enviado una carta de invitación a Xi Jinping y Vladimir Putin.
La premisa es devastadora para el derecho internacional: Si Estados Unidos puede reclamar soberanía absoluta sobre su hemisferio por razones de «seguridad nacional» y «necesidad estratégica», ¿bajo qué argumento moral puede prohibir a China y Rusia hacer lo mismo en sus propias fronteras?
La Doctrina Monroe (1823) nació como una advertencia defensiva: "América para los americanos". Sin embargo, las acciones combinadas en el Ártico (Groenlandia) y el Caribe (Venezuela) han mutado esta doctrina en una política ofensiva imperialista de posesión.
Estados Unidos está comunicando al mundo que la soberanía de las naciones más pequeñas (Dinamarca/Groenlandia o Venezuela) es irrelevante cuando choca con los intereses existenciales de la superpotencia vecina. Este es exactamente el lenguaje que Pekín y Moscú llevan años esperando escuchar de Washington para legitimar sus propias agendas expansionistas.
Para el Partido Comunista Chino, la crisis de Groenlandia es un regalo diplomático. La narrativa yanqui sobre Taiwán se ha basado históricamente en la defensa de la democracia y la autodeterminación de la isla. Pero, ¿cómo puede Washington defender la autodeterminación de Taipéi mientras ignora la de Nuuk en Groenlandia?
El precedente estadounidense habilita a China para reformular su reclamo sobre Taiwán y el Mar de China Meridional. El argumento de la indivisibilidad de la seguridad al que recurre EE.UU. cuando dice que no puede tolerar siquiera la posibilidad de que potencias extranjeras tengan algún tipo de injerencia en territorios cercanos como Venezuela o Groenlandia, es el mismo que plantea China para avanzar sobre Taiwán.
Para Vladimir Putin este escenario es la validación final de su tesis sobre Ucrania. El Kremlin siempre ha sostenido que Ucrania no es simplemente un país vecino, sino parte integral de la esfera de seguridad rusa, una suerte de zona de amortiguación contra la OTAN.
La lógica aplicada por Trump en Venezuela (intervención directa por inestabilidad y riesgo geopolítico) es simétrica a la lógica rusa en el Donbás y Crimea. Si Washington puede declararse "presidente a cargo" de Venezuela para ordenar la casa, Rusia argumenta que tiene el mismo derecho y deber de intervenir en Kiev para proteger su flanco sur.
La hipocresía occidental se convierte en el escudo de Moscú. Ante cualquier futura sanción por avanzar sobre territorio ucraniano, el Kremlin simplemente señalará al Ártico y al Caribe.
La UE y el Mercosur finalmente abren sus puertas
Tras más de dos décadas de negociaciones intermitentes, avances tímidos y retrocesos frustrantes, el acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) está a punto de concretarse. Como todo ejercicio de apertura económica, este acuerdo presenta oportunidades enormes para Argentina, pero también es una prueba de fuego para un tejido productivo nacional históricamente protegido y poco competitivo.
Para quienes ven el vaso medio lleno, el acuerdo ofrece la llave maestra para desbloquear el potencial exportador argentino. La eliminación gradual de aranceles para el 82% de las importaciones agrícolas del Mercosur es música para los oídos agroexportadores.
Argentina obtendrá cuotas preferenciales para carne bovina, aviar, miel, maíz y azúcar. Sectores de economías regionales, como el vitivinícola en Cuyo o el citrícola en el NOA, verán caer las barreras que hoy frenan su entrada a Europa.
Más allá de las commodities, el acuerdo funciona como un sello de calidad. Al adoptar estándares europeos en propiedad intelectual, compras públicas y servicios, Argentina envía una señal de seguridad jurídica que podría atraer inversión extranjera directa (IED) en sectores clave como la energía (Vaca Muerta) y la minería (litio), buscando socios que quieran diversificar sus cadenas de suministro lejos de Asia.
Para la industria, golpeada por la apertura de exportaciones, este nuevo acuerdo podría traer más dolores de cabeza porque profundizaría la asimetría estructural entre ambos bloques en materia de productividad.
La industria manufacturera argentina, especialmente la metalmecánica y automotriz, enfrenta el desafío de competir con gigantes alemanes o franceses. Si bien la desgravación es gradual (hasta 15 años para sectores sensibles), el riesgo de quiebras en el conurbano bonaerense y en los polos industriales de Córdoba y Santa Fe es real si no se implementan reformas de competitividad interna (impositivas y logísticas) antes de la apertura total.
Hoja de ruta
Aunque la voluntad política está sobre la mesa y los textos cerrados, el camino hacia la implementación efectiva es un campo minado burocrático y político. El acuerdo no entra en vigencia mañana.
Queda pendiente la revisión legal (legal scrubbing) para la que juristas de ambos bloques deberán revisar las miles de páginas del texto para asegurar la coherencia legal y eliminar ambigüedades técnicas, después debe ser traducido a los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea.
Lo siguiente será buscar la aprobación del Consejo Europeo integrado por los gobiernos de los 27 países miembros de la UE. Aquí reside el mayor peligro político a raíz del poder de lobby de la agroindustria de países como Francia, Irlanda o Polonia que podrían intentar vetar o dilatar el proceso. Luego la ratificación del Parlamento Europeo.
Finalmente, para la vigencia plena cada congreso nacional de los países del Mercosur y los parlamentos nacionales de la UE deben ratificarlo.
La Opinión Popular
Diego Santilli, ministro del Interior, sostuvo que, con la incorporación de trabajadores al empleo formal, se podría recuperar rápidamente la recaudación perdida, aunque ese argumento no convence a nadie ni alcanza para calmar la preocupación de los gobernadores, que enfrentan presupuestos ajustados y demandas sociales crecientes en pleno 2026.
Algunos mandatarios mostraron una postura más cercana al oficialismo tras reunirse con el ministro del Interior. Sin embargo, la mayoría sigue reclamando algún tipo de compensación para atravesar el próximo año. Por ahora, no hay propuestas concretas sobre la mesa, lo que profundiza el malestar en las provincias.
Dentro del propio espacio que acompaña a Milei también hay voces que advierten que ignorar los reclamos puede poner en riesgo no solo esta ley, sino el bloque de 44 senadores que hoy sostiene al oficialismo junto a los llamados "dialoguistas", clave para las reformas que el Ejecutivo planea enviar más adelante.
Durante el debate en comisión, además, se cuestionó la falta de precisiones sobre el tres por ciento destinado a los Fondos de Asistencia Laboral, que impactan en la Administración Nacional de la Seguridad Social, y las múltiples derogaciones de estatutos y leyes laborales que propone la norma, consideradas por legisladores como un avance sin consenso y con efectos difíciles de revertir.
Pese a las advertencias, el mensaje de Milei es claro: la reforma laboral se vota como está. Si se aprueba, el costo lo pagarán las provincias en el corto plazo; si se cae, el Ejecutivo ya prepara el discurso de responsabilizar al Congreso. En el medio, quedan los trabajadores y los gobiernos provinciales, otra vez empujados a soportar el ajuste sin margen de discusión real.
En este contexto, resulta difícil imaginar una negociación personal entre el Presidente de la Nación y el cauteloso gobernador entrerriano. El diálogo directo parece improbable. Sin embargo, no está descartada una negociación más silenciosa, a través de funcionarios de ambas administraciones.
Del otro lado del mostrador, por ahora, los funcionarios y operadores libertarios buscan votos entre los mandatarios más cercanos a la Casa Rosada. Pero los funcionarios nacionales no quieren abrir una negociación formal con los gobernadores: saben que el costo fiscal sería alto. Los mandatarios reclaman compensaciones por lo que perderán con la rebaja del Impuesto a las Ganancias.
Los gobernadores también quieren sumar a la negociación otro punto sensible: los fondos para las cajas previsionales provinciales, una cifra igualmente suculenta que el ministro de Economía, Luis Caputo, no está dispuesto a resignar. Ei "Toto" solo quiere usar su lapicera para habilitar endeudamientos provinciales. De girar fondos nacionales, no quiere saber nada.
Milei ya lo dijo sin matices. Luego de que, en el Presupuesto 2026, la oposición eliminara un artículo que quitaba financiamiento a discapacidad, universidades y subsidios al gas en las denominadas "zonas frías", el Presidente advirtió que habrá una "reasignación de partidas" y que los fondos para las provincias serán los afectados.
El Gobierno nacional está dispuesto a hacer algunas concesiones, como ocurrió con el Presupuesto, pero también fija un límite frente a las demandas opositoras. El margen para negociar es estrecho. Con la aprobación de la reforma laboral, Milei busca enviar otra señal al FMI y a los inversores extranjeros, más que al empresariado local, que también reclama una actualización de las normas laborales.
Frigerio, por ahora, se concentra en la gestión provincial. Pero si llegan menos recursos nacionales, sus planes locales de reelección también se verán afectados. Por eso evitará una confrontación directa con Milei, al menos mientras el Presidente conserve una imagen positiva. En su estrategia de buscar la reelección, el gobernador intenta tapar el sol con la mano.
La Opinión Popular
Honestidad brutal de Trump
Sostiene Rafael Cortes, columnista de Misiones Online, que Donald Trump inaugura una nueva etapa en la diplomacia yanqui que ya no se molesta en construir relatos para justificar sus ambiciones geopolíticas. El acuerdo UE-Mercosur abre oportunidades de este lado del mundo, pero también enciende alarmas. La economía nacional transita un período de pax cambiaria pero a costa de una sequía de pesos que repercute en las empresas y en el empleo.
Lo que comenzó en 2019 como una bravuconada que en los pasillos de Bruselas tildaron de absurda, se transformó en las últimas semanas en la crisis diplomática más aguda entre Estados Unidos y Europa desde tiempos de la guerra fría. La insistencia de la administración de Trump en anexar Groenlandia que derivó en la posterior imposición de sanciones económicas a Dinamarca y otros socios de la UE tras su negativa, marca un punto de inflexión en el orden mundial: el retorno a una realpolitik cruda donde la soberanía tiene precio y el territorio es un activo transferible.
Este escenario inédito plantea interrogantes urgentes sobre la vigencia del derecho internacional y expone un cambio radical en la narrativa de la política exterior yanqui. Trump no ve a Groenlandia como una nación constitutiva del Reino de Dinamarca con autonomía propia, sino como un activo infrautilizado con una ubicación estratégica premium.
Para Estados Unidos, Groenlandia es el portaaviones natural más importante del hemisferio norte. Controlar la isla implica dominar las nuevas rutas marítimas y bloquear el acceso de Rusia y China al patio delantero (el trasero sería América Latina) de América del Norte.
Es además una fuente de recursos estratégicos que posee importantes reservas no explotadas de tierras raras, uranio y petróleo. En la guerra comercial contra China, asegurar estos suministros es vital para la independencia tecnológica de EE.UU.
Insólitamente, Trump pretende presentar su oferta de compra de Groenlandia como una suerte de ayuda financiera para Dinamarca, que anualmente destina unos 700 millones de dólares al año en subsidios a la isla, carga que dejaría de pesar sobre los hombros de Copenhague.
El fin de la diplomacia
Quizás el aspecto más perturbador de esta crisis no es la oferta en sí, sino la ausencia total de la retórica que históricamente ha lubricado las intervenciones estadounidenses. Durante décadas, ya fuera en Vietnam, Irak o las expansiones de la OTAN, Washington justificaba sus acciones bajo el paraguas de valores universales: la "defensa de la democracia", la "protección de los derechos humanos" o la "libertad de los pueblos".
En el caso de Groenlandia ni siquiera un intento de construir una retórica de ese tipo. No hay alegaciones de que el gobierno local sea tiránico, ni de que los inuit estén siendo oprimidos. La administración Trump no ha intentado fabricar un casus belli moral. El mensaje es brutalmente honesto y transaccional: "Lo queremos, es estratégico, tenemos el dinero, véndanlo".
Esta desfachatez diplomática ha descolocado a las cancillerías europeas. Es difícil contraargumentar diplomáticamente cuando la otra parte no habla de valores, sino de precios. Al eliminar el componente moral, EE. UU. ha reducido la relación transatlántica a una mera negociación mercantil, donde las sanciones económicas actuales (aranceles al acero alemán, al queso danés y al vino francés) actúan como una técnica de presión comercial extorsiva, no como una herramienta de justicia política.
El rechazo europeo se cimenta en una interpretación del Derecho Internacional del siglo XXI, que choca frontalmente con la visión decimonónica de Trump. Legalmente, una «compra» de territorio habitado, al estilo de la compra de Luisiana en 1803 o de las Islas Vírgenes Danesas en 1917, es hoy una aberración jurídica. Implicaría tratar a los 56.000 habitantes de Groenlandia como bienes muebles adjuntos a la tierra, una noción incompatible con los derechos humanos contemporáneos.
Sin embargo, los juristas de la Casa Blanca argumentan que, bajo acuerdos de defensa existentes (como el tratado de 1951) y la dependencia económica de la isla, existe un marco para una "transferencia de soberanía asistida", ignorando deliberadamente la voluntad de Nuuk.
La geopolítica del garrote
La respuesta de Trump ante la negativa europea fue imponer sanciones económicas a aliados de la OTAN. Al utilizar el poderío económico del dólar y el acceso al mercado yanqui como arma contra sus propios socios de seguridad, EE.UU. está debilitando la estructura de la alianza occidental más que cualquier maniobra rusa o china.
Europa se encuentra en una encrucijada imposible: si cede y negocia valida la idea de que la soberanía europea está en venta y sienta un precedente peligroso para otras regiones disputadas. Si resiste se enfrenta a una guerra comercial con su principal socio en un momento de fragilidad económica global y se resiste a la posibilidad real de enfrentar una intervención militar directa del ejército más poderoso del mundo.
La crisis de Groenlandia simboliza el fin del orden liberal internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha dejado claro que bajo la doctrina "America First", los aliados son prescindibles si se interponen en el camino de los intereses estratégicos tangibles.
Al prescindir de la justificación de la "defensa de la democracia", Trump ha inaugurado una era de honestidad brutal que resulta aterradora: un mundo donde los territorios son mercancía y donde el derecho internacional es solo una sugerencia que puede ser revocada por una sanción económica suficiente. Groenlandia, con su hielo y su silencio, se ha convertido en el campo de batalla donde se decide si el futuro de las naciones se vota o se compra.
A pedir de China y de Rusia
Al tratar de forzar la compra de Groenlandia mediante asfixia económica y al establecer lo que en la práctica opera como un "protectorade administrativo" sobre Venezuela -donde la Casa Blanca ha asumido competencias ejecutivas directas bajo la premisa de la seguridad regional-, la administración Trump no solo ha redefinido su patio trasero. Involuntariamente, ha enviado una carta de invitación a Xi Jinping y Vladimir Putin.
La premisa es devastadora para el derecho internacional: Si Estados Unidos puede reclamar soberanía absoluta sobre su hemisferio por razones de «seguridad nacional» y «necesidad estratégica», ¿bajo qué argumento moral puede prohibir a China y Rusia hacer lo mismo en sus propias fronteras?
La Doctrina Monroe (1823) nació como una advertencia defensiva: "América para los americanos". Sin embargo, las acciones combinadas en el Ártico (Groenlandia) y el Caribe (Venezuela) han mutado esta doctrina en una política ofensiva imperialista de posesión.
Estados Unidos está comunicando al mundo que la soberanía de las naciones más pequeñas (Dinamarca/Groenlandia o Venezuela) es irrelevante cuando choca con los intereses existenciales de la superpotencia vecina. Este es exactamente el lenguaje que Pekín y Moscú llevan años esperando escuchar de Washington para legitimar sus propias agendas expansionistas.
Para el Partido Comunista Chino, la crisis de Groenlandia es un regalo diplomático. La narrativa yanqui sobre Taiwán se ha basado históricamente en la defensa de la democracia y la autodeterminación de la isla. Pero, ¿cómo puede Washington defender la autodeterminación de Taipéi mientras ignora la de Nuuk en Groenlandia?
El precedente estadounidense habilita a China para reformular su reclamo sobre Taiwán y el Mar de China Meridional. El argumento de la indivisibilidad de la seguridad al que recurre EE.UU. cuando dice que no puede tolerar siquiera la posibilidad de que potencias extranjeras tengan algún tipo de injerencia en territorios cercanos como Venezuela o Groenlandia, es el mismo que plantea China para avanzar sobre Taiwán.
Para Vladimir Putin este escenario es la validación final de su tesis sobre Ucrania. El Kremlin siempre ha sostenido que Ucrania no es simplemente un país vecino, sino parte integral de la esfera de seguridad rusa, una suerte de zona de amortiguación contra la OTAN.
La lógica aplicada por Trump en Venezuela (intervención directa por inestabilidad y riesgo geopolítico) es simétrica a la lógica rusa en el Donbás y Crimea. Si Washington puede declararse "presidente a cargo" de Venezuela para ordenar la casa, Rusia argumenta que tiene el mismo derecho y deber de intervenir en Kiev para proteger su flanco sur.
La hipocresía occidental se convierte en el escudo de Moscú. Ante cualquier futura sanción por avanzar sobre territorio ucraniano, el Kremlin simplemente señalará al Ártico y al Caribe.
La UE y el Mercosur finalmente abren sus puertas
Tras más de dos décadas de negociaciones intermitentes, avances tímidos y retrocesos frustrantes, el acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) está a punto de concretarse. Como todo ejercicio de apertura económica, este acuerdo presenta oportunidades enormes para Argentina, pero también es una prueba de fuego para un tejido productivo nacional históricamente protegido y poco competitivo.
Para quienes ven el vaso medio lleno, el acuerdo ofrece la llave maestra para desbloquear el potencial exportador argentino. La eliminación gradual de aranceles para el 82% de las importaciones agrícolas del Mercosur es música para los oídos agroexportadores.
Argentina obtendrá cuotas preferenciales para carne bovina, aviar, miel, maíz y azúcar. Sectores de economías regionales, como el vitivinícola en Cuyo o el citrícola en el NOA, verán caer las barreras que hoy frenan su entrada a Europa.
Más allá de las commodities, el acuerdo funciona como un sello de calidad. Al adoptar estándares europeos en propiedad intelectual, compras públicas y servicios, Argentina envía una señal de seguridad jurídica que podría atraer inversión extranjera directa (IED) en sectores clave como la energía (Vaca Muerta) y la minería (litio), buscando socios que quieran diversificar sus cadenas de suministro lejos de Asia.
Para la industria, golpeada por la apertura de exportaciones, este nuevo acuerdo podría traer más dolores de cabeza porque profundizaría la asimetría estructural entre ambos bloques en materia de productividad.
La industria manufacturera argentina, especialmente la metalmecánica y automotriz, enfrenta el desafío de competir con gigantes alemanes o franceses. Si bien la desgravación es gradual (hasta 15 años para sectores sensibles), el riesgo de quiebras en el conurbano bonaerense y en los polos industriales de Córdoba y Santa Fe es real si no se implementan reformas de competitividad interna (impositivas y logísticas) antes de la apertura total.
Hoja de ruta
Aunque la voluntad política está sobre la mesa y los textos cerrados, el camino hacia la implementación efectiva es un campo minado burocrático y político. El acuerdo no entra en vigencia mañana.
Queda pendiente la revisión legal (legal scrubbing) para la que juristas de ambos bloques deberán revisar las miles de páginas del texto para asegurar la coherencia legal y eliminar ambigüedades técnicas, después debe ser traducido a los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea.
Lo siguiente será buscar la aprobación del Consejo Europeo integrado por los gobiernos de los 27 países miembros de la UE. Aquí reside el mayor peligro político a raíz del poder de lobby de la agroindustria de países como Francia, Irlanda o Polonia que podrían intentar vetar o dilatar el proceso. Luego la ratificación del Parlamento Europeo.
Finalmente, para la vigencia plena cada congreso nacional de los países del Mercosur y los parlamentos nacionales de la UE deben ratificarlo.
La Opinión Popular
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