05:56 | Miercoles 04 de Marzo de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 04-01-2026 / 20:01
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL
En 2027, Milei vendrá por Entre Ríos: ¿Frigerio ya lo sabe?
El punto de inflexión llegó con el resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado. Allí, ¿el gobernador Rogelio Frigerio terminó de convencerse de que, así como el presidente Javier Milei decidió poblar el Congreso con legisladores propios, el año próximo avanzará sobre Entre Ríos para sentar a un dirigente libertario en el sillón principal de la Casa Gris? En la madrugada triunfal del 27, durante una reunión con su círculo más íntimo, Milei se envalentonó. "Para cambiar definitivamente este país, además de legisladores nacionales, el proyecto también necesita de gobernadores propios, sobre todo en las provincias más importantes", habría dicho el presidente.
El punto de inflexión llegó con el resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado. Allí, ¿el gobernador Rogelio Frigerio terminó de convencerse de que, así como el presidente Javier Milei decidió poblar el Congreso con legisladores propios, el año próximo avanzará sobre Entre Ríos para sentar a un dirigente libertario en el sillón principal de la Casa Gris? En la madrugada triunfal del 27, durante una reunión con su círculo más íntimo, Milei se envalentonó. "Para cambiar definitivamente este país, además de legisladores nacionales, el proyecto también necesita de gobernadores propios, sobre todo en las provincias más importantes", habría dicho el presidente.
Y fue más preciso todavía. Enumeró las seis provincias en las que quiere tener gobernadores anarco capitalistas con sintonía fina. Estos distritos concentran el 72% del electorado nacional, y más del 80% de la producción del país: la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. Frigerio tendrá que gobernar con el PRO nacional diluido y La Libertad Avanza al acecho.
Los libertarios entrerrianos no tienen certezas sobre su candidato entrerriano a la gobernación, aunque el dato político relevante es otro: Milei y su hermana Karina -principal armadora de La Libertad Avanza- tienen a Entre Ríos en agenda sin mediación ni influencia del armado libertario local. Milei irá por la gobernación entrerriana en 2027, y ¿Frigerio lo sabe? Buena parte de las decisiones que deberá tomar el gobernador en los próximos meses deben partir de esa certeza: su principal rival será un candidato con el respaldo explícito del presidente.
En ese maco, Frigerio debería ver que el ajuste de Milei complica sus posibilidades de reelección. El reciente Presupuesto nacional aprobado presenta complicaciones para el gobernador, quien busca aumentar los fondos para la Caja de Jubilaciones. Tras modificaciones en Diputados, el oficialismo en el Senado no pudo revertirlas, lo que afecta partidas clave.
Frigerio enfrenta un escenario adverso después de declaraciones de funcionarios nacionales que niegan la deuda de Entre Ríos. Acordó una transferencia provisional de $2.000 millones mensuales, pero su objetivo es incrementar esa cifra significativamente. Sin embargo, el ajuste fiscal promovido por Milei complica esta gestión, generando pesimismo en el entorno provincial.
En la última sesión del año pasado, el Senado convirtió en ley el primer Presupuesto nacional de esta era libertaria. Sin embargo, la sanción dejó un sabor agridulce en la Casa Rosada: en Diputados, la oposición logró sostener partidas sensibles, como las destinadas al sector de discapacidad, el financiamiento universitario y los subsidios para las denominadas "zonas frías". Con el recorte de subsidios, Milei le traslada el costo del ajuste a los gobernadores.
El apuro por tener el Presupuesto aprobado antes del final de las sesiones extraordinarias obligó al oficialismo a aceptar los cambios que impusieron los diputados. Tras esos cambios introducidos en la Cámara Baja, la primera reacción en la Casa Rosada fue anunciar que se revertiría en el Senado para volver al texto original. Esa estrategia implicaba que el proyecto debía regresar a Diputados, pero el tiempo le jugó en contra y los libertarios no pudieron en el Senado tocar una coma del texto que salió con media sanción de la Cámara Baja.
Los fondos restituidos para la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, que habían sido eliminados del Presupuesto 2026, representan un costo fiscal cercano al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto. El veto fue descartado en la Rosada. Desde el Ministerio de Economía, de Luis Caputo, admiten en privado que el ajuste tendría un destinatario concreto: las provincias.
Esta decisión de la gestión libertaria de volver a apuntar la motosierra a las provincias también funcionaría como una suerte de castigo político. En la Casa Rosada recuerdan que varios gobernadores -especialmente del norte del país- habían prometido acompañar el proyecto como salió del Ejecutivo, pero luego sus diputados votaron modificaciones. ¿Por qué Milei habría de facilitarles recursos?
Y fue más preciso todavía. Enumeró las seis provincias en las que quiere tener gobernadores anarco capitalistas con sintonía fina. Estos distritos concentran el 72% del electorado nacional, y más del 80% de la producción del país: la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. Frigerio tendrá que gobernar con el PRO nacional diluido y La Libertad Avanza al acecho.
Los libertarios entrerrianos no tienen certezas sobre su candidato entrerriano a la gobernación, aunque el dato político relevante es otro: Milei y su hermana Karina -principal armadora de La Libertad Avanza- tienen a Entre Ríos en agenda sin mediación ni influencia del armado libertario local. Milei irá por la gobernación entrerriana en 2027, y ¿Frigerio lo sabe? Buena parte de las decisiones que deberá tomar el gobernador en los próximos meses deben partir de esa certeza: su principal rival será un candidato con el respaldo explícito del presidente.
En ese maco, Frigerio debería ver que el ajuste de Milei complica sus posibilidades de reelección. El reciente Presupuesto nacional aprobado presenta complicaciones para el gobernador, quien busca aumentar los fondos para la Caja de Jubilaciones. Tras modificaciones en Diputados, el oficialismo en el Senado no pudo revertirlas, lo que afecta partidas clave.
Frigerio enfrenta un escenario adverso después de declaraciones de funcionarios nacionales que niegan la deuda de Entre Ríos. Acordó una transferencia provisional de $2.000 millones mensuales, pero su objetivo es incrementar esa cifra significativamente. Sin embargo, el ajuste fiscal promovido por Milei complica esta gestión, generando pesimismo en el entorno provincial.
En la última sesión del año pasado, el Senado convirtió en ley el primer Presupuesto nacional de esta era libertaria. Sin embargo, la sanción dejó un sabor agridulce en la Casa Rosada: en Diputados, la oposición logró sostener partidas sensibles, como las destinadas al sector de discapacidad, el financiamiento universitario y los subsidios para las denominadas "zonas frías". Con el recorte de subsidios, Milei le traslada el costo del ajuste a los gobernadores.
El apuro por tener el Presupuesto aprobado antes del final de las sesiones extraordinarias obligó al oficialismo a aceptar los cambios que impusieron los diputados. Tras esos cambios introducidos en la Cámara Baja, la primera reacción en la Casa Rosada fue anunciar que se revertiría en el Senado para volver al texto original. Esa estrategia implicaba que el proyecto debía regresar a Diputados, pero el tiempo le jugó en contra y los libertarios no pudieron en el Senado tocar una coma del texto que salió con media sanción de la Cámara Baja.
Los fondos restituidos para la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, que habían sido eliminados del Presupuesto 2026, representan un costo fiscal cercano al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto. El veto fue descartado en la Rosada. Desde el Ministerio de Economía, de Luis Caputo, admiten en privado que el ajuste tendría un destinatario concreto: las provincias.
Esta decisión de la gestión libertaria de volver a apuntar la motosierra a las provincias también funcionaría como una suerte de castigo político. En la Casa Rosada recuerdan que varios gobernadores -especialmente del norte del país- habían prometido acompañar el proyecto como salió del Ejecutivo, pero luego sus diputados votaron modificaciones. ¿Por qué Milei habría de facilitarles recursos?
Como sea, todo este debate encendió las alarmas en la Casa Gris. El gobernador, que mantiene expectativas de obtener más recursos para la Caja de Jubilaciones en una nueva negociación con la Nación, ahora enfrenta un clima político desfavorable para conseguir su objetivo. Desde el entorno del mandatario provincial reconocen que la posibilidad de conseguir más fondos de la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) para la Caja de Jubilaciones se ve cada vez más lejana.
El panorama se tensó aún más a mediados del mes pasado, cuando el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, durante una de las reuniones de comisión en el Senado, lo dijo sin rodeos. "La deuda que las provincias reclaman por la Caja de Jubilaciones no cuenta con ninguna validación por parte de la Anses". Es decir, sin grises, el funcionario que responde a Caputo desconoció la deuda, que ya supera varios billones de pesos, sumando capital e intereses.
En el marco de una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia por las demandas que Entre Ríos mantiene contra la Anses, Frigerio firmó un acuerdo "provisorio" con el organismo nacional. Ese entendimiento estableció que, "a cuenta" de la deuda que se deberá determinarse mediante auditorías cruzadas entre ambas administraciones, la Anses transfiera a la Caja de Jubilaciones $ 2.000 millones mensuales, hasta completar lo pactado, en 12 cuotas.
El acuerdo vence en los próximos meses. Para entonces, se espera que las auditorías ya hayan definido el monto final de la deuda que la Anses mantiene con la Caja. Sin embargo, esa acreencia no se saldará en efectivo. Todo indica que sería absorbida por el Régimen de Obligaciones Recíprocas impulsado por el Gobierno libertario, una estrategia para compensar deudas entre la Nación y las provincias.
En ese contexto, el plan de Frigerio en la negociación con la Nación no pasa por el cobro inmediato de la deuda, sino por aumentar el flujo mensual de fondos que la Anses envía a la Caja de Jubilaciones. La meta del gobernador es duplicar o triplicar las transferencias actuales. Pero esa aspiración choca de frente con la nueva etapa de ajuste que promete Milei para compensar las partidas destinadas a discapacidad, universidades y subsidios para el gas.
El clima de optimismo que predominaba meses atrás en la Casa Gris, ahora dio paso al pesimismo. Hoy ven complicado lograr un incremento en esos giros mensuales. Si las negociaciones con la Nación no avanzan, apuestan entonces a un fallo favorable de la Corte Suprema. Aun así, incluso con una sentencia favorable, el escenario no sería del todo alentador en lo inmediato para las aspiraciones reeleccionistas de Frigerio, teniendo en cuenta que el rojo de la Caja de Jubilaciones para este 2026 será enorme y complicará su gestión.
Seguramente el Gobierno nacional incluirá la deuda, ante un eventual fallo desfavorable de la Corte Suprema, en el mencionado Régimen de Obligaciones Recíprocas, lo que impediría el ingreso de fondos frescos a la Caja de Jubilaciones. Ese rojo busca achicarse con el ajuste derivado de la reforma previsional impulsada por Frigerio.
Mientras tanto, en el Gobierno provincial mantendrán abierta la vía de negociación con la Nación, con la intermediación de la Corte Suprema, aunque reconocen que las expectativas de incrementar los envíos nacionales se redujeron sensiblemente, en un contexto de ajuste que el presidente Milei vuelve a poner en el centro de su agenda, en su áspera y cambiante relación con los gobernadores.
La pregunta es si ¿los entrerrianos están dispuestos a seguir defendiendo el modelo libertario? una ola nacional de cambio ultraderechista de la que ya tenemos sobradas muestras de fracaso, apoyada por Frigerio, y al que en 2027 piensan dejar afuera. Habrá que ver cómo continuará esta historia. Si podremos resistir o si dejamos que nos pasen por encima. El pueblo entrerriano tiene la respuesta.
La Opinión Popular
Trump y la geopolítica de la vieja escuela
Sostiene Rafael Cortes, columnista de Misiones Online, que Donald Trump sacudió al mundo con una intervención militar directa orientada a derrocar a Nicolás Maduro y a posibilitar que empresas yanquis recuperen el dominio del petróleo venezolano. Recientes fracasos en Irak y Afganistán siembran dudas respecto a la estabilidad en la región. Entre analistas hay temor de que el ejemplo cunda entre otras potencias con aspiraciones geopolíticas similares a las de EE.UU.
El mundo fue testigo de un nuevo evento que sacude las bases del orden internacional: Estados Unidos dejó el terreno de las amenazas y pasó a la acción. El presidente Trump ordenó una intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela, volviendo a los tiempos de la diplomacia del «gran garrote» de Roosevelt y de la doctrina Monroe. El secuestro de Maduro confirma el regreso de las operaciones clandestinas de la siniestra CIA en Latinoamérica. Milei no perdió el tiempo, corrió a chuparle las medias a Trump y avaló el bombardeo a civiles en Venezuela. Y evitó cualquier referencia a soberanía o derecho internacional.
Se llevaron a cabo ataques aéreos y operaciones especiales que culminaron en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa. De paso, tomaron control la principal reserva petrolera del mundo. Trump justificó la acción como una medida necesaria para combatir el narcotráfico y restaurar la democracia, pero enfatizó explícitamente el beneficio para las compañías petroleras yanquis que se encargarían de la explotación de los campos venezolanos.
El mandatario del país del norte aseguró que su gobierno acompañaría una "transición ordenada" en Venezuela, pero aclaró que EE.UU. se haría cargo de la situación "por un tiempo indeterminado".
Esta intervención no es un hecho aislado, sino el clímax de tensiones acumuladas durante años. Venezuela fue un foco de inestabilidad desde la década de 2010, cuando la caída en los precios internacionales del petróleo redujo el principal ingreso de divisas del país, sumiéndolo en una crisis económica que fue acompañada con un progresivo deterioro de la calidad institucional.
Acusaciones por violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas y elecciones dudosas incrementaron las presiones diplomáticas y sanciones internacionales. Nada de ello impidió que el hasta hoy presidente Maduro mantuviera el control con apoyo de Rusia, China e Irán. En los meses previos a 2026, la escalada fue evidente. Reportes indican al menos 35 ataques previos contra objetivos venezolanos, culminando hoy en una "gran escala de strikes".
Desde una perspectiva geopolítica, Venezuela representa un premio estratégico: posee las mayores reservas probadas de petróleo convencional del mundo (aproximadamente 300 mil millones de barriles) un jugoso botín para un presidente como Trump que se propone reducir la dependencia de proveedores hostiles y controlar recursos estratégicos.
Derecho internacional decorativo
El derecho internacional público, regido principalmente por la Carta de las Naciones Unidas (1945), prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, salvo excepciones específicas. Establece que "los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado".
Desde esa óptica, la invasión a Venezuela representa un eslabón más de una larga cadena de incumplimientos flagrantes a la Carta de la ONU y a sus resoluciones. Y esa misma vía de derecho no fue obstáculo para que una potencia recurriera a una intervención militar de hecho para satisfacer sus aspiraciones geopolíticas so pretexto de derrocar a un «narcodictador».
EE.UU. podría argumentar que la intervención responde a una "amenaza inminente" por narcotráfico o inestabilidad regional. Sin embargo, no hay nada remotamente parecido a una evidencia de un posible ataque armado directo contra EE.UU. o contra algunos sus aliados. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en casos como Nicaragua vs. EE.UU. (1986) ha rechazado interpretaciones amplias de autodefensa para intervenciones preventivas. Aquí, la captura de Maduro y el control de recursos parecen exceder cualquier noción de defensa proporcional.
Tampoco hubo resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobando la acción. Intervenciones sin aprobación, como la de Irak en 2003, han sido consideradas ilegales por muchos juristas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la situación en Venezuela. Su secretario general António Guterres indicó un estado de alarma sobre la situación y sostuvo que "independientemente, estos acontecimientos sientan un precedente peligroso".
El ente compartió un comunicado de su web en su cuenta de X, con una declaración de Guterres en la que indicó que "está profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, que culminó con la acción militar de Estados Unidos hoy en el país, lo que tiene posibles implicaciones preocupantes para la región".
Allí, en palabras del portavoz Stéphane Dujarric, el secretario general sostuvo que "independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos sientan un precedente peligroso": "El Secretario General insiste en la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas".
Por otra parte, la captura de un jefe de Estado en territorio soberano viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y principios de inmunidad. Además, el control de recursos naturales contraviene el principio de soberanía permanente sobre recursos (Resolución ONU 1803, 1962).
Reacciones internacionales refuerzan la ilegalidad: países de Europa, China, Rusia, Brasil, Uruguay y condenaron la intervención como una violación flagrante, aunque otros países más alineados ideológicamente con Trump celebraron la intervención.
Desde el derecho internacional, la intervención es unilateral e ilegal, estableciendo un precedente peligroso que erosiona el multilateralismo y podría incentivar acciones similares por otras potencias. Como China, por ejemplo, que entiende la presencia de un gobierno independiente en Taiwán como una afrenta a su integridad territorial.
Juego de intereses
La geopolítica ofrece una lente para entender los motivos subyacentes más allá de la retórica oficial. Venezuela no es solo un Estado fallido, es un casillero clave en el tablero global. Trump fue explícito: "Las compañías petroleras estadounidenses tomarán el control de toda la infraestructura petrolera".
Esto asegura suministros baratos, reduce la dependencia de Oriente Medio y debilita a competidores como Rusia (que dependía de Venezuela para evadir sanciones). Geopolíticamente, controla el "oro negro" en el hemisferio occidental, alineado con la Doctrina Monroe (1823), que propone a América Latina como el patio trasero de EE.UU.
También ayuda a Estados Unidos a contrarrestar influencia de su principal rival, China, que invirtió miles de millones de dólares en Venezuela a cambio de petróleo y de Rusia, que proporcionó armas y apoyo militar. La intervención expulsa estos actores, reafirmando la hegemonía yanqui en América Latina.
De allí que no sorprenda que justamente Rusia y China hayan denunciado la acción como "agresión imperialista". Rusia tiene intereses en PDVSA (la petrolera estatal), al igual que China, que es el principal acreedor de Venezuela, ve amenazada su estrategia de "Ruta de la Seda" en la región.
Otra de las dudas entre los analistas de la política internacional es el impacto que pudiera tener esta intervención en la región. Las experiencias de Irak y Afganistán, donde la presencia yanqui decantó en insurgencias y guerras civiles, sientan un precedente preocupante.
La falta de precisión de Trump a la hora de explicar los objetivos, los planes y los plazos de la intervención yanqui en Venezuela remiten inmediatamente a los casos citados, en los que la ausencia de una hoja de ruta que indique los pasos a seguir tras una primera intervención militar exitosa llevaron, por ejemplo, a que hoy Afganistán esté nuevamente gobernada por el régimen Talibán.
En definitiva, se trata de un evento que subraya la tensión entre poder unilateral y normas colectivas. Mientras EE.UU. afirma que busca "restaurar la democracia" en un país sometido por un régimen dictatorial, resulta difícil no interpretar esta nueva aventura militar como un ejemplo de neocolonialismo.
El futuro depende de cómo se maneje la transición que podría ir hacia una Venezuela soberana o a un protectorado estadounidense cuyo único objetivo sea preservar los intereses económicos y geopolíticos de la gran potencia. El tiempo dará la respuesta, mientras tanto las repercusiones ya resuenan en foros globales, desde la ONU hasta las calles de Caracas.
Milei prepara el terreno para las reformas
El año pasado dejó un saldo negativo para el Gobierno nacional en el Congreso: apenas se aprobaron 11 leyes y solo dos de ellas fueron impulsadas por el oficialismo. En 2025 la oposición manejó la agenda legislativa, en parte por la posición de minoría de LLA pero también por falencias en el manejo político de la fuerza gobernante que mostró poca vocación de construcción política.
La lógica del "todo o nada" y la constante invocación al "principio de revelación", llevaron al oficialismo a perder la mayoría de las votaciones, lo que llevó al Ejecutivo a recurrir al veto en siete oportunidades y a observar como los legisladores revertían tres de esos vetos.
Con la nueva composición del Congreso, Milei, el alcahuete de Trump, consiguió revertir esa dinámica y ya logró aprobar dos leyes que considera fundamentales para el FMI: el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal. Aunque en el camino sufrió la caída del polémico capítulo XI del Presupuesto, mayormente por mala praxis política.
El Gobierno parece haber tomado nota del traspié y postergó para febrero el debate de los restantes proyectos que envió para que fueran tratados en sesiones extraordinarias. La reforma laboral, los cambios a la ley de Glaciares, la reforma penal (de la cual todavía no se conocen detalles) y la nueva regla fiscal que apunta a prohibir el déficit fiscal, están en el temario.
Para avanzar en una agenda propositiva que lo saque de la postura defensiva a la que se vio obligado durante todo 2025, el oficialismo cambió su estrategia política y ahora se muestra mucho más propenso a negociar en la ley de la rosca política con gobernadores y demás representantes del arco político no libertario, incluso con el peronismo y hasta con el kirchnerismo.
Prueba de ello fue la sorpresiva designación de tres auditores de la AGN, entre gallos y medianoche y con el acompañamiento de la bancada de Unión por la Patria, o la catarata de ATN que repartió en diciembre entre las provincias necesitadas de fondos en un momento clave del año donde a los gastos corrientes habituales hay que sumar el pago del aguinaldo.
El panorama para los libertarios cambió no solo porque la victoria electoral de octubre le permitió revertir su situación de minoría parlamentaria -pasó de 37 a 95 diputados y de 6 a 21 senadores-, sino porque la derrota por margen inesperado dejó a la oposición desarticulada y sin referentes.
El peronismo se debate en una interna entre liderazgos gastados y en declive, como el de Cristina y el de Kicillof, y un sector no kirchnerista que nunca encontró a una figura con capacidad de aglutinar.
El oficialismo en cambio logró afianzar un nuevo esquema de negociación política, encabezado por Patricia Bullrich, Diego Santilli y Martín Menem, que hasta trajo buenos resultados y en febrero tendrá su prueba de fuego.
La mesa está servida para que finalmente se sancione la tan demorada reforma laboral, que está orientada a bajar los costos empresariales relacionados al empleo y reducir también los riesgos de juicios laborales.
En consenso entre los analistas es que la norma podría establecer un marco legal más favorable para la contratación de empleados, pero que difícilmente eso se traduzca en un incremento de la cantidad de trabajadores registrados, en tanto eso depende más de la actividad económica que del marco legal. Y los datos de la capacidad instalada son peores que en la pandemia.
La Opinión Popular
El panorama se tensó aún más a mediados del mes pasado, cuando el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, durante una de las reuniones de comisión en el Senado, lo dijo sin rodeos. "La deuda que las provincias reclaman por la Caja de Jubilaciones no cuenta con ninguna validación por parte de la Anses". Es decir, sin grises, el funcionario que responde a Caputo desconoció la deuda, que ya supera varios billones de pesos, sumando capital e intereses.
En el marco de una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia por las demandas que Entre Ríos mantiene contra la Anses, Frigerio firmó un acuerdo "provisorio" con el organismo nacional. Ese entendimiento estableció que, "a cuenta" de la deuda que se deberá determinarse mediante auditorías cruzadas entre ambas administraciones, la Anses transfiera a la Caja de Jubilaciones $ 2.000 millones mensuales, hasta completar lo pactado, en 12 cuotas.
El acuerdo vence en los próximos meses. Para entonces, se espera que las auditorías ya hayan definido el monto final de la deuda que la Anses mantiene con la Caja. Sin embargo, esa acreencia no se saldará en efectivo. Todo indica que sería absorbida por el Régimen de Obligaciones Recíprocas impulsado por el Gobierno libertario, una estrategia para compensar deudas entre la Nación y las provincias.
En ese contexto, el plan de Frigerio en la negociación con la Nación no pasa por el cobro inmediato de la deuda, sino por aumentar el flujo mensual de fondos que la Anses envía a la Caja de Jubilaciones. La meta del gobernador es duplicar o triplicar las transferencias actuales. Pero esa aspiración choca de frente con la nueva etapa de ajuste que promete Milei para compensar las partidas destinadas a discapacidad, universidades y subsidios para el gas.
El clima de optimismo que predominaba meses atrás en la Casa Gris, ahora dio paso al pesimismo. Hoy ven complicado lograr un incremento en esos giros mensuales. Si las negociaciones con la Nación no avanzan, apuestan entonces a un fallo favorable de la Corte Suprema. Aun así, incluso con una sentencia favorable, el escenario no sería del todo alentador en lo inmediato para las aspiraciones reeleccionistas de Frigerio, teniendo en cuenta que el rojo de la Caja de Jubilaciones para este 2026 será enorme y complicará su gestión.
Seguramente el Gobierno nacional incluirá la deuda, ante un eventual fallo desfavorable de la Corte Suprema, en el mencionado Régimen de Obligaciones Recíprocas, lo que impediría el ingreso de fondos frescos a la Caja de Jubilaciones. Ese rojo busca achicarse con el ajuste derivado de la reforma previsional impulsada por Frigerio.
Mientras tanto, en el Gobierno provincial mantendrán abierta la vía de negociación con la Nación, con la intermediación de la Corte Suprema, aunque reconocen que las expectativas de incrementar los envíos nacionales se redujeron sensiblemente, en un contexto de ajuste que el presidente Milei vuelve a poner en el centro de su agenda, en su áspera y cambiante relación con los gobernadores.
La pregunta es si ¿los entrerrianos están dispuestos a seguir defendiendo el modelo libertario? una ola nacional de cambio ultraderechista de la que ya tenemos sobradas muestras de fracaso, apoyada por Frigerio, y al que en 2027 piensan dejar afuera. Habrá que ver cómo continuará esta historia. Si podremos resistir o si dejamos que nos pasen por encima. El pueblo entrerriano tiene la respuesta.
La Opinión Popular
Trump y la geopolítica de la vieja escuela
Sostiene Rafael Cortes, columnista de Misiones Online, que Donald Trump sacudió al mundo con una intervención militar directa orientada a derrocar a Nicolás Maduro y a posibilitar que empresas yanquis recuperen el dominio del petróleo venezolano. Recientes fracasos en Irak y Afganistán siembran dudas respecto a la estabilidad en la región. Entre analistas hay temor de que el ejemplo cunda entre otras potencias con aspiraciones geopolíticas similares a las de EE.UU.
El mundo fue testigo de un nuevo evento que sacude las bases del orden internacional: Estados Unidos dejó el terreno de las amenazas y pasó a la acción. El presidente Trump ordenó una intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela, volviendo a los tiempos de la diplomacia del «gran garrote» de Roosevelt y de la doctrina Monroe. El secuestro de Maduro confirma el regreso de las operaciones clandestinas de la siniestra CIA en Latinoamérica. Milei no perdió el tiempo, corrió a chuparle las medias a Trump y avaló el bombardeo a civiles en Venezuela. Y evitó cualquier referencia a soberanía o derecho internacional.
Se llevaron a cabo ataques aéreos y operaciones especiales que culminaron en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa. De paso, tomaron control la principal reserva petrolera del mundo. Trump justificó la acción como una medida necesaria para combatir el narcotráfico y restaurar la democracia, pero enfatizó explícitamente el beneficio para las compañías petroleras yanquis que se encargarían de la explotación de los campos venezolanos.
El mandatario del país del norte aseguró que su gobierno acompañaría una "transición ordenada" en Venezuela, pero aclaró que EE.UU. se haría cargo de la situación "por un tiempo indeterminado".
Esta intervención no es un hecho aislado, sino el clímax de tensiones acumuladas durante años. Venezuela fue un foco de inestabilidad desde la década de 2010, cuando la caída en los precios internacionales del petróleo redujo el principal ingreso de divisas del país, sumiéndolo en una crisis económica que fue acompañada con un progresivo deterioro de la calidad institucional.
Acusaciones por violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas y elecciones dudosas incrementaron las presiones diplomáticas y sanciones internacionales. Nada de ello impidió que el hasta hoy presidente Maduro mantuviera el control con apoyo de Rusia, China e Irán. En los meses previos a 2026, la escalada fue evidente. Reportes indican al menos 35 ataques previos contra objetivos venezolanos, culminando hoy en una "gran escala de strikes".
Desde una perspectiva geopolítica, Venezuela representa un premio estratégico: posee las mayores reservas probadas de petróleo convencional del mundo (aproximadamente 300 mil millones de barriles) un jugoso botín para un presidente como Trump que se propone reducir la dependencia de proveedores hostiles y controlar recursos estratégicos.
Derecho internacional decorativo
El derecho internacional público, regido principalmente por la Carta de las Naciones Unidas (1945), prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, salvo excepciones específicas. Establece que "los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado".
Desde esa óptica, la invasión a Venezuela representa un eslabón más de una larga cadena de incumplimientos flagrantes a la Carta de la ONU y a sus resoluciones. Y esa misma vía de derecho no fue obstáculo para que una potencia recurriera a una intervención militar de hecho para satisfacer sus aspiraciones geopolíticas so pretexto de derrocar a un «narcodictador».
EE.UU. podría argumentar que la intervención responde a una "amenaza inminente" por narcotráfico o inestabilidad regional. Sin embargo, no hay nada remotamente parecido a una evidencia de un posible ataque armado directo contra EE.UU. o contra algunos sus aliados. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en casos como Nicaragua vs. EE.UU. (1986) ha rechazado interpretaciones amplias de autodefensa para intervenciones preventivas. Aquí, la captura de Maduro y el control de recursos parecen exceder cualquier noción de defensa proporcional.
Tampoco hubo resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobando la acción. Intervenciones sin aprobación, como la de Irak en 2003, han sido consideradas ilegales por muchos juristas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la situación en Venezuela. Su secretario general António Guterres indicó un estado de alarma sobre la situación y sostuvo que "independientemente, estos acontecimientos sientan un precedente peligroso".
El ente compartió un comunicado de su web en su cuenta de X, con una declaración de Guterres en la que indicó que "está profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, que culminó con la acción militar de Estados Unidos hoy en el país, lo que tiene posibles implicaciones preocupantes para la región".
Allí, en palabras del portavoz Stéphane Dujarric, el secretario general sostuvo que "independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos sientan un precedente peligroso": "El Secretario General insiste en la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas".
Por otra parte, la captura de un jefe de Estado en territorio soberano viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y principios de inmunidad. Además, el control de recursos naturales contraviene el principio de soberanía permanente sobre recursos (Resolución ONU 1803, 1962).
Reacciones internacionales refuerzan la ilegalidad: países de Europa, China, Rusia, Brasil, Uruguay y condenaron la intervención como una violación flagrante, aunque otros países más alineados ideológicamente con Trump celebraron la intervención.
Desde el derecho internacional, la intervención es unilateral e ilegal, estableciendo un precedente peligroso que erosiona el multilateralismo y podría incentivar acciones similares por otras potencias. Como China, por ejemplo, que entiende la presencia de un gobierno independiente en Taiwán como una afrenta a su integridad territorial.
Juego de intereses
La geopolítica ofrece una lente para entender los motivos subyacentes más allá de la retórica oficial. Venezuela no es solo un Estado fallido, es un casillero clave en el tablero global. Trump fue explícito: "Las compañías petroleras estadounidenses tomarán el control de toda la infraestructura petrolera".
Esto asegura suministros baratos, reduce la dependencia de Oriente Medio y debilita a competidores como Rusia (que dependía de Venezuela para evadir sanciones). Geopolíticamente, controla el "oro negro" en el hemisferio occidental, alineado con la Doctrina Monroe (1823), que propone a América Latina como el patio trasero de EE.UU.
También ayuda a Estados Unidos a contrarrestar influencia de su principal rival, China, que invirtió miles de millones de dólares en Venezuela a cambio de petróleo y de Rusia, que proporcionó armas y apoyo militar. La intervención expulsa estos actores, reafirmando la hegemonía yanqui en América Latina.
De allí que no sorprenda que justamente Rusia y China hayan denunciado la acción como "agresión imperialista". Rusia tiene intereses en PDVSA (la petrolera estatal), al igual que China, que es el principal acreedor de Venezuela, ve amenazada su estrategia de "Ruta de la Seda" en la región.
Otra de las dudas entre los analistas de la política internacional es el impacto que pudiera tener esta intervención en la región. Las experiencias de Irak y Afganistán, donde la presencia yanqui decantó en insurgencias y guerras civiles, sientan un precedente preocupante.
La falta de precisión de Trump a la hora de explicar los objetivos, los planes y los plazos de la intervención yanqui en Venezuela remiten inmediatamente a los casos citados, en los que la ausencia de una hoja de ruta que indique los pasos a seguir tras una primera intervención militar exitosa llevaron, por ejemplo, a que hoy Afganistán esté nuevamente gobernada por el régimen Talibán.
En definitiva, se trata de un evento que subraya la tensión entre poder unilateral y normas colectivas. Mientras EE.UU. afirma que busca "restaurar la democracia" en un país sometido por un régimen dictatorial, resulta difícil no interpretar esta nueva aventura militar como un ejemplo de neocolonialismo.
El futuro depende de cómo se maneje la transición que podría ir hacia una Venezuela soberana o a un protectorado estadounidense cuyo único objetivo sea preservar los intereses económicos y geopolíticos de la gran potencia. El tiempo dará la respuesta, mientras tanto las repercusiones ya resuenan en foros globales, desde la ONU hasta las calles de Caracas.
Milei prepara el terreno para las reformas
El año pasado dejó un saldo negativo para el Gobierno nacional en el Congreso: apenas se aprobaron 11 leyes y solo dos de ellas fueron impulsadas por el oficialismo. En 2025 la oposición manejó la agenda legislativa, en parte por la posición de minoría de LLA pero también por falencias en el manejo político de la fuerza gobernante que mostró poca vocación de construcción política.
La lógica del "todo o nada" y la constante invocación al "principio de revelación", llevaron al oficialismo a perder la mayoría de las votaciones, lo que llevó al Ejecutivo a recurrir al veto en siete oportunidades y a observar como los legisladores revertían tres de esos vetos.
Con la nueva composición del Congreso, Milei, el alcahuete de Trump, consiguió revertir esa dinámica y ya logró aprobar dos leyes que considera fundamentales para el FMI: el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal. Aunque en el camino sufrió la caída del polémico capítulo XI del Presupuesto, mayormente por mala praxis política.
El Gobierno parece haber tomado nota del traspié y postergó para febrero el debate de los restantes proyectos que envió para que fueran tratados en sesiones extraordinarias. La reforma laboral, los cambios a la ley de Glaciares, la reforma penal (de la cual todavía no se conocen detalles) y la nueva regla fiscal que apunta a prohibir el déficit fiscal, están en el temario.
Para avanzar en una agenda propositiva que lo saque de la postura defensiva a la que se vio obligado durante todo 2025, el oficialismo cambió su estrategia política y ahora se muestra mucho más propenso a negociar en la ley de la rosca política con gobernadores y demás representantes del arco político no libertario, incluso con el peronismo y hasta con el kirchnerismo.
Prueba de ello fue la sorpresiva designación de tres auditores de la AGN, entre gallos y medianoche y con el acompañamiento de la bancada de Unión por la Patria, o la catarata de ATN que repartió en diciembre entre las provincias necesitadas de fondos en un momento clave del año donde a los gastos corrientes habituales hay que sumar el pago del aguinaldo.
El panorama para los libertarios cambió no solo porque la victoria electoral de octubre le permitió revertir su situación de minoría parlamentaria -pasó de 37 a 95 diputados y de 6 a 21 senadores-, sino porque la derrota por margen inesperado dejó a la oposición desarticulada y sin referentes.
El peronismo se debate en una interna entre liderazgos gastados y en declive, como el de Cristina y el de Kicillof, y un sector no kirchnerista que nunca encontró a una figura con capacidad de aglutinar.
El oficialismo en cambio logró afianzar un nuevo esquema de negociación política, encabezado por Patricia Bullrich, Diego Santilli y Martín Menem, que hasta trajo buenos resultados y en febrero tendrá su prueba de fuego.
La mesa está servida para que finalmente se sancione la tan demorada reforma laboral, que está orientada a bajar los costos empresariales relacionados al empleo y reducir también los riesgos de juicios laborales.
En consenso entre los analistas es que la norma podría establecer un marco legal más favorable para la contratación de empleados, pero que difícilmente eso se traduzca en un incremento de la cantidad de trabajadores registrados, en tanto eso depende más de la actividad económica que del marco legal. Y los datos de la capacidad instalada son peores que en la pandemia.
La Opinión Popular
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