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Entre Ríos - 03-01-2026 / 18:01
EL INTENDENTE DE CONCORDIA DEMUESTRA ASÍ SU TOTAL ALINEAMIENTO CON LA BRUTAL POLÍTICA DE AJUSTE DE MILEI Y FRIGERIO

María de los Ángeles Petit: los contratos municipales caídos son una mentira política y administrativa de Azcué

María de los Ángeles Petit: los contratos municipales caídos son una mentira política y administrativa de Azcué
María de los Ángeles Petit, abogada y dirigente peronista, dio su visión acerca de la "no renovación" de contratos de locación de obras por parte del intendente Francisco Azcué. Bajo el título "Despidos: una mentira política y administrativa", quien fuera coordinadora de Gabinete de la Municipalidad de Concordia durante la gestión de Enrique Cresto analiza y cuestiona el discurso oficial en torno a los contratos caídos en la ciudad.
 
María de los Ángeles Petit, abogada y dirigente peronista, dio su visión acerca de la "no renovación" de contratos de locación de obras por parte del intendente Francisco Azcué. Bajo el título "Despidos: una mentira política y administrativa", quien fuera coordinadora de Gabinete de la Municipalidad de Concordia durante la gestión de Enrique Cresto analiza y cuestiona el discurso oficial en torno a los contratos caídos en la ciudad.
 
A continuación, se reproduce textualmente el artículo de opinión, firmado por la también exdiputada provincial.
 
 
Despidos: una mentira política y administrativa
  
La no renovación de los contratos de locación de obras por parte de la gestión de Francisco Azcué se ha convertido en normalidad, ya que cada 6 meses desde diciembre de 2023, el Intendente de Concordia pretende demostrar el ajuste, la baja del gasto público y su alineamiento con la política nacional y provincial, a través de la no renovación de contratos, que en su mayoría se convierten en despidos indirectos con la consecuente responsabilidad de indemnización.
 
Desde antes de su asunción, Azcué contó con los números muy claros en cuanto a la planta de personal municipal que nunca superó los 2000 agentes, número coherente y coincidente con estudios municipales especializados, para una ciudad que supera los 200.000 habitantes.
 
Desde el 2015 al 2023, la planta se mantuvo en ese promedio, con distintas modalidades de contratación, las que fueron mutando de acuerdo a la antigüedad de cada agente, dentro de la administración pública, ya sea como contratado de locación de servicios y servicios continuados a través de programas de empleo propio o bien ingresados por concurso público , realizándose en tiempo y forma la re categorización del personal de planta, lo que en esta gestión todavía no se ha realizado y lleva , mínimo, un trabajo previo de 6 a 8 meses.
 
La regularización del personal en los años 2022 y 2023 con pase a contratado con aportes, fue un trabajo realizado coordinadamente entre las diferentes áreas municipales, entre ellas la de Recursos Humanos, con información de la antigüedad de cada agente y Liquidaciones, para constatar la continuidad del pago, fundamental para la determinación de la relación laboral.
 
Cada agente que hoy se despide, tiene su historia laboral con el municipio, algunos poseen años de contratación o liquidación de servicios, que hoy, simplemente con pedir un resumen histórico de su cuenta bancaria, se demuestra.
 
Estas embestidas del Intendente, que se ejecutan cada 6 meses, no analizan ni consideran las consecuencias de sus decisiones, no solo a nivel social- económico y lo que esto causa a la ya inexistente existencia de empleos en la ciudad, sino aquellas que recaerán sobre el municipio, que se producirán, y que deberán ser afrontadas dentro de un promedio de 2 años, duración mínima de un proceso contencioso administrativo contra el Estado.
 
Pero más allá del análisis jurídico, el despido de trabajadores del estado, no es por lograr eficiencia, eficacia, transparencia y baja del gasto público, como se pregona, sino que tiene un objetivo más terrenal, que es el ingreso a mansalva de monotributistas en todas las áreas municipales, por personal ideológicamente afín con la gestión. El Intendente comienza a blindar su frente interno, preparando su campaña del 2027 por la reelección y lo hace a través de la distribución de ingresos a través de los recursos públicos.
 
La determinación del número exacto de monotributistas ingresados desde el 10/12/2023 es difícil de establecer por la modalidad de pago a través de expedientes y el sistema de liquidación de pagos , imposible de rastrear sin una orden judicial que permita reunir toda la información, adecuadamente diseminada, sin ningún control interno ni externo.
 
Esta metodología de baja del gasto público es la más fácil administrativamente. Tomar el listado de liquidaciones, mirar quienes pasaron a contratación por aportes y marcar una línea desde el primer pago y dar la orden y comunicar, a través de formas totalmente irregulares.
 
Lo inexplicable es que presupuestariamente, el gran costo social que trae consigo dejar a cientos de familias sin ingresos, no se refleja. Los números se mantienen en igual forma, distribuidos y perdidos en las diferentes secretarias o áreas como servicios a terceros, o enmascarados a través de la contratación de ONGs alguna de ella presididas por familiares directos de funcionarios municipales o Universidades que asesoran desde sus cómodos claustros sin conocer aquello cuyo destino están marcando. Típico, por otro lado, de políticas liberales de extrema derecha.
 
Como se ve, todas las explicaciones son quizás, para los que no conocen la administración pública o quieren todavía creer que esa gestión significa un cambio de paradigma para la ciudad. Una ciudad sucia, rota, con un nivel de falta de gestión alarmante y un alineamiento político que se trata de emular, pero que no se consigue en ningún momento.
 
Lo cierto, lo real es que, desde diciembre de 2023, más de 300 familias de Concordia han quedado sin trabajo, y para la política municipal, son solo números.
 
Fuente: El Entre Ríos
 

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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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