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Entre Ríos - 29-12-2025 / 11:12
DENUNCIAS INSOSTENIBLES

No existen causales algunas para llevar a Susana Medina a juicio político

No existen causales algunas para llevar a Susana Medina a juicio político
Radio La Voz tuvo la posibilidad de acceder al dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes y Reglamentos tras haberse dado iniciado al tratamiento de dos expedientes administrativos donde se solicitaba el juicio político contra la doctora Susana Medina, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En el mismo queda demostrado que no hay causales de mal desempeño por parte de la Magistrada.
 
Radio La Voz tuvo la posibilidad de acceder al dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes y Reglamentos tras haberse dado iniciado al tratamiento de dos expedientes administrativos donde se solicitaba el juicio político contra la doctora Susana Medina, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En el mismo queda demostrado que no hay causales de mal desempeño por parte de la Magistrada.
 
Los Diputados Gabriela Lena, Andrea Zoff, Bruno Sarubi, Julia Calleros, Juan José Bahillo, Fabián Rogel, Silvio Gallay, Gladys Salinas, Laura Stratta, Marcelo López, María Elena Romero, Roque Fleitas, Enrique Cresto, Carolina Streintenberger y Susana Pérez, tras haber recibido los expedientes administrativos Nº 3400 H.C.D caratulado "JACQUEMAIN EUGENIO ALEJANDRO S/ SOLICITUD JUICIO POLITICO PARA SUSANA ESTER MEDINA"; y expediente administrativo N°3432 H.C.D., caratulado "CIAN MARIA FABIANA Y HARARI MARIA VALERIA S/ SOLICITUD JUICIO POLITICO PARA SUSANA ESTER MEDINA", resolvieron rechazar el pedido de juicio político a la doctora Susana Medina por no existir mérito para la acusación.
 
De acuerdo al dictamen, que aún no ha sido firmado, se pudo conocer que los señores legisladores, tras el análisis exhaustivo, integral y razonable de las denuncias promovidas, de los hechos invocados, de la prueba acompañada, "Y ESPECIALMENTE DE LA PRUEBA INEXISTENTE", así como del plexo constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial aplicable, concluyeron "NO ADMITE MATICES NI AMBIGÜEDADES: LAS PRESENTACIONES BAJO EXAMEN NO SOLO CARECEN DE CONTEXTO, SUSTENTO FÁCTICO Y ASIDERO JURÍDICO, SINO QUE CONSTITUYEN UN INTENTO MANIFIESTAMENTE IMPROCEDENTE DE INSTRUMENTALIZAR EL JUICIO POLÍTICO COMO HERRAMIENTA DE PRESIÓN Y PERSECUCIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA INDEPENDENCIA DE UNA JUEZA".
 
Como ya se señalara desde RADIO VOZ y su página web, los legisladores remarcaron que: "LAS IMPUTACIONES FORMULADAS NO DESCRIBEN HECHOS CONCRETOS, NO INDIVIDUALIZAN ACTOS JURÍDICAMENTE REPROCHABLES, NO IDENTIFICAN NORMAS VULNERADAS NI ACREDITAN DAÑO ALGUNO AL SERVICIO DE JUSTICIA", consideraron enfáticamente además que las mismas son "UNA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA ARTIFICIOSA, FRAGMENTARIA Y CONJETURAL, APOYADA EN NOTAS PERIODÍSTICAS, INFERENCIAS SUBJETIVAS Y LECTURAS PARCIALES DEL ORDEN NORMATIVO" que solo intentan desnaturalizar burdamente el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho.
 
Para que no quepan dudas de la inexistencia de causales para llevar a la doctora Susana Medina a juicio político, se enfatiza en que el accionar de la misma "NO EXISTE DAÑO INSTITUCIONAL, NO EXISRE AFECTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA, NO EXISTE RETARDO, NEGLIGENCIA, ABANDONO DEL CARGO NI INCUMPLIMIENTO FUNCIONAL ALGUNO".
 
Esto no es una valoración subjetiva de los legisladores, sino que se encuentra objetivamente acreditada mediante informes oficiales, estadísticas funcionales, memorias institucionales y constancias administrativas que dan cuenta de un desempeño regular, continuo y eficiente de la función jurisdiccional por parte de la doctora Susana Medina.
 
Las decisiones del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en materia de gobierno judicial, organización interna, licencias, comisiones, acuerdos y acordadas son actos institucionales adoptados de manera colegiada, expresión de la voluntad orgánica del cuerpo, por lo que, como señalan los legisladores en su escrito, "PRETENDER ENDILGAR RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL POR ACTOS QUE SON, POR DEFINICIÓN, COLEGIADOS E INSTITUCIONALES, REVELA UN DESCONOCIMIENTO INADMISIBILE DEL FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS PRINCIPIOS REPUBLICANOS QUE LO SUSTENTAN".
 
En definitiva, las denuncias que han sido examinadas por los legisladores no formulan cargos jurídicos, sino juicios de valor; no acreditan irregularidades, sino sospechas; no aportan pruebas, sino opiniones.
 
Fuente: Radio La Voz
 

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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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