La Opinión Popular
                  13:09  |  Lunes 13 de Julio de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
Recomendar Imprimir
Entre Ríos - 29-12-2025 / 11:12
DENUNCIAS INSOSTENIBLES

No existen causales algunas para llevar a Susana Medina a juicio político

No existen causales algunas para llevar a Susana Medina a juicio político
Radio La Voz tuvo la posibilidad de acceder al dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes y Reglamentos tras haberse dado iniciado al tratamiento de dos expedientes administrativos donde se solicitaba el juicio político contra la doctora Susana Medina, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En el mismo queda demostrado que no hay causales de mal desempeño por parte de la Magistrada.
 
Radio La Voz tuvo la posibilidad de acceder al dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes y Reglamentos tras haberse dado iniciado al tratamiento de dos expedientes administrativos donde se solicitaba el juicio político contra la doctora Susana Medina, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En el mismo queda demostrado que no hay causales de mal desempeño por parte de la Magistrada.
 
Los Diputados Gabriela Lena, Andrea Zoff, Bruno Sarubi, Julia Calleros, Juan José Bahillo, Fabián Rogel, Silvio Gallay, Gladys Salinas, Laura Stratta, Marcelo López, María Elena Romero, Roque Fleitas, Enrique Cresto, Carolina Streintenberger y Susana Pérez, tras haber recibido los expedientes administrativos Nº 3400 H.C.D caratulado "JACQUEMAIN EUGENIO ALEJANDRO S/ SOLICITUD JUICIO POLITICO PARA SUSANA ESTER MEDINA"; y expediente administrativo N°3432 H.C.D., caratulado "CIAN MARIA FABIANA Y HARARI MARIA VALERIA S/ SOLICITUD JUICIO POLITICO PARA SUSANA ESTER MEDINA", resolvieron rechazar el pedido de juicio político a la doctora Susana Medina por no existir mérito para la acusación.
 
De acuerdo al dictamen, que aún no ha sido firmado, se pudo conocer que los señores legisladores, tras el análisis exhaustivo, integral y razonable de las denuncias promovidas, de los hechos invocados, de la prueba acompañada, "Y ESPECIALMENTE DE LA PRUEBA INEXISTENTE", así como del plexo constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial aplicable, concluyeron "NO ADMITE MATICES NI AMBIGÜEDADES: LAS PRESENTACIONES BAJO EXAMEN NO SOLO CARECEN DE CONTEXTO, SUSTENTO FÁCTICO Y ASIDERO JURÍDICO, SINO QUE CONSTITUYEN UN INTENTO MANIFIESTAMENTE IMPROCEDENTE DE INSTRUMENTALIZAR EL JUICIO POLÍTICO COMO HERRAMIENTA DE PRESIÓN Y PERSECUCIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA INDEPENDENCIA DE UNA JUEZA".
 
Como ya se señalara desde RADIO VOZ y su página web, los legisladores remarcaron que: "LAS IMPUTACIONES FORMULADAS NO DESCRIBEN HECHOS CONCRETOS, NO INDIVIDUALIZAN ACTOS JURÍDICAMENTE REPROCHABLES, NO IDENTIFICAN NORMAS VULNERADAS NI ACREDITAN DAÑO ALGUNO AL SERVICIO DE JUSTICIA", consideraron enfáticamente además que las mismas son "UNA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA ARTIFICIOSA, FRAGMENTARIA Y CONJETURAL, APOYADA EN NOTAS PERIODÍSTICAS, INFERENCIAS SUBJETIVAS Y LECTURAS PARCIALES DEL ORDEN NORMATIVO" que solo intentan desnaturalizar burdamente el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho.
 
Para que no quepan dudas de la inexistencia de causales para llevar a la doctora Susana Medina a juicio político, se enfatiza en que el accionar de la misma "NO EXISTE DAÑO INSTITUCIONAL, NO EXISRE AFECTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA, NO EXISTE RETARDO, NEGLIGENCIA, ABANDONO DEL CARGO NI INCUMPLIMIENTO FUNCIONAL ALGUNO".
 
Esto no es una valoración subjetiva de los legisladores, sino que se encuentra objetivamente acreditada mediante informes oficiales, estadísticas funcionales, memorias institucionales y constancias administrativas que dan cuenta de un desempeño regular, continuo y eficiente de la función jurisdiccional por parte de la doctora Susana Medina.
 
Las decisiones del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en materia de gobierno judicial, organización interna, licencias, comisiones, acuerdos y acordadas son actos institucionales adoptados de manera colegiada, expresión de la voluntad orgánica del cuerpo, por lo que, como señalan los legisladores en su escrito, "PRETENDER ENDILGAR RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL POR ACTOS QUE SON, POR DEFINICIÓN, COLEGIADOS E INSTITUCIONALES, REVELA UN DESCONOCIMIENTO INADMISIBILE DEL FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS PRINCIPIOS REPUBLICANOS QUE LO SUSTENTAN".
 
En definitiva, las denuncias que han sido examinadas por los legisladores no formulan cargos jurídicos, sino juicios de valor; no acreditan irregularidades, sino sospechas; no aportan pruebas, sino opiniones.
 
Fuente: Radio La Voz
 

Agreganos como amigo a Facebook
11-07-2026 / 16:07
La avanzada del gobierno de Rogelio Frigerio sobre el sistema previsional entrerriano entra en su fase más crítica tras la firma exprés del dictamen de mayoría en el Senado, desatando una contundente e inmediata reacción del arco gremial y social. Ante la convocatoria a una sesión especial este miércoles 15 de julio para sancionar el proyecto oficial, la Multisectorial declaró una huelga general con movilización hacia la Casa de Gobierno en Paraná. La jornada de lucha expone la profundidad del conflicto político y social, interpelando de forma directa a los legisladores provinciales a asumir el costo político y las consecuencias de convalidar el ajuste sobre el sector pasivo.
 
Las objeciones al proyecto oficial apuntan al corazón de un diseño normativo que, bajo la pantalla de un ordenamiento técnico, instrumenta una armonización encubierta con el régimen nacional y un severo recorte de derechos adquiridos. Entre los puntos más cuestionados se destacan la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo mediante la declaración de la emergencia económica, el aumento de la edad jubilatoria, y la imposición de mayores aportes que los jubilados pagarán a perpetuidad, diluyendo de hecho el histórico principio del 82% móvil. Para los sectores movilizados, la reforma de Frigerio configura una intervención real sobre la Caja de Jubilaciones y un saqueo directo al poder adquisitivo tanto de los trabajadores activos como de los actuales beneficiarios del sistema.

09-07-2026 / 09:07
09-07-2026 / 09:07
El proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos ha encendido las alarmas en diversos sectores sociales al poner en jaque conquistas laborales históricas con perspectiva de género. En su análisis, Lucy Grimalt advierte de manera tajante que “la reforma previsional es inconstitucional y atenta contra la vida y salud de las mujeres y disidencias sexuales”, señalando de forma puntual que la propuesta, en su artículo 18, “deroga el derecho de las mujeres a acceder a jubilarse con 30 años de aportes y cinco años menos de edad que los varones”. Lejos de tratarse de un beneficio infundado, la autora defiende que esta diferenciación cronológica responde a una “acción afirmativa o discriminación positiva” indispensable para “compensar desigualdades históricas estructurales” dentro de un mercado laboral fuertemente precarizado y desigual.
 
Asimismo, la publicación enfatiza el flagrante desapego del texto oficial frente a las normativas vigentes en la provincia, las cuales protegen las trayectorias de vida signadas por las tareas de cuidado no remuneradas. Grimalt recuerda de forma unívoca que la propia Carta Magna entrerriana de 2008 “instituye la equidad de género con carácter constitucional en el artículo 17”, donde textualmente “reconoce el valor social del trabajo en el ámbito del hogar”. En este sentido, la articulista denuncia que equiparar la edad jubilatoria bajo una falsa premisa de simetría o aplicar un criterio de “ajuste selectivo” no hace más que profundizar la vulnerabilidad socioeconómica de las trabajadoras, ignorando el mandato constitucional de compensar el impacto económico y social de la división sexual del trabajo.

06-07-2026 / 15:07
Detrás de los discursos oficiales de ordenamiento fiscal y un dócil alineamiento con el ajuste nacional, la realidad socioeconómica de Entre Ríos se traduce en una alarmante parálisis que golpea de lleno la mesa de las familias. El reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expone un derrumbe dramático y estructural del consumo masivo: las ventas en supermercados acumuladas a abril de 2026 arrastran una estrepitosa caída del 26,6% en comparación con los niveles de 2023, afectando de manera severa a rubros de primera necesidad como almacén (-28,9%), carnes (-22,5%) y lácteos (-18,1%).
 
Esta alarmante retracción descalza el relato oficial y desnuda la total desprotección en la que la gestión de Rogelio Frigerio ha dejado a la provincia, permitiendo que una recesión sin freno devore la calidad de vida de los entrerrianos bajo una pasividad gubernamental alarmante. La explicación de este vaciamiento de las góndolas locales radica en la pulverización del bolsillo popular, donde los trabajadores registrados sufren una pérdida real de hasta el 10,1% de su poder adquisitivo en una economía provincial que ya ha visto evaporarse más de 300.000 millones de pesos del circuito comercial desde fines de 2023.
 
Mientras el Ejecutivo entrerriano ensaya justificaciones macroeconómicas y se desentiende de los efectos destructivos de la recesión, la asfixia del mercado interno no solo destruye el comercio local, sino que consolida un modelo de empobrecimiento planificado. El "cambio" prometido por Frigerio se revela así en su versión más cruda: una administración obsesionada con cumplir las exigencias ordenadas ante el poder central, pero dolorosamente indiferente ante las mesas vacías y los ingresos licuados de su propio pueblo.
 
De la redacción de La Opinión Popular

06-07-2026 / 15:07
La gestión de Rogelio Frigerio en Entre Ríos cruzó un límite ético: exigirle un ajuste feroz a los de abajo mientras la dirigencia política se salva sola. Bajo la bandera de una supuesta "sustentabilidad financiera", el oficialismo provincial avanza con una reforma previsional implacable que pretende estirar la edad de retiro, subir los aportes y licuar el histórico 82% móvil. Para el laburante común —el docente, el enfermero o el empleado estatal cuyos salarios ya perdieron más del 40% de su poder de compra bajo este mandato—, la propuesta gubernamental no es otra cosa que una condena a la pobreza legalizada; un manotazo al bolsillo popular para maquillar el déficit de una caja que los trabajadores no vaciaron.
 
La bofetada definitiva a la dignidad de los entrerrianos quedó en evidencia con el escandaloso doble estándar en el Senado, donde legisladores del propio bloque oficialista se apuraron a tramitar sus retiros en medio del debate para blindar sus privilegios antes de que caiga el hachazo de la nueva ley. Este oportunismo político despoja por completo de autoridad moral al gobierno de Frigerio, desnudando un esquema obsceno donde el sacrificio y la austeridad son obligaciones exclusivas para el pueblo trabajador, mientras que el "sálvese quien pueda" y las jubilaciones de privilegio siguen siendo el reglamento interno de la casta gobernante.
 
El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, expresó que: “los dos senadores que tienen responsabilidad muy importante en el proyecto ya iniciaron los trámites de jubilación. Eso también es una bofetada a cada uno de los laburantes, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque ni ellos creen en lo que ellos mismos están legislando y están llevando adelante”.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar