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Entre Ríos - 25-12-2025 / 18:12
“SE SEGUIRÁ LUCHANDO POR MEJORES CONDICIONES LABORALES Y SALARIALES PARA LOS DOCENTES ENTRERRIANOS, Y EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA”

Asume Abel Antivero, electo secretario General de AGMER

Asume Abel Antivero, electo secretario General de AGMER
El electo secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, asumirá este viernes 26 de diciembre en Colón, aunque su mandato comienza formalmente el 2 de enero de 2026. El gremio "insistirá al gobierno para discutir el salario, ya que el pedido de reapertura de paritarias fue un mandato del Congreso y corrieron los tiempos legales en los que el Ejecutivo tenía que responder", afirmaron.
 
El electo secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, asumirá este viernes 26 de diciembre en Colón, aunque su mandato comienza formalmente el 2 de enero de 2026. El gremio "insistirá al gobierno para discutir el salario, ya que el pedido de reapertura de paritarias fue un mandato del Congreso y corrieron los tiempos legales en los que el Ejecutivo tenía que responder", afirmaron.
 
En ese marco, aseguró que desde la nueva conducción de Agmer "se seguirá luchando por mejores condiciones laborales y salariales para los docentes entrerrianos, en defensa de la educación pública".
 
En diálogo con esta Agencia, manifestó la preocupación y se declaró en estado de alerta por el borrador de la Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei. El proyecto "atenta contra los derechos sociales a la educación, la escuela pública y las organizaciones sindicales", advirtió.
 
Agmer, como sindicato docente y entidad de base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), "se declaró en alerta ante la circulación del borrador del proyecto de Libertad Educativa de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación", afirmó a esta Agencia Antivero. En ese sentido, apuntó que la iniciativa del gobierno de Javier Milei "va contra de los derechos sociales a la educación, a la escuela pública y de las organizaciones sindicales, entre otros".
 
El texto, que busca derogar la Ley Nacional de Educación 26.206 enciende las alarmas, porque esa norma, que cumplirá 20 años en 2026, "es de avanzada y es consecuencia de aportes de diferentes sectores sociales incluida la Ctera, en representación de los trabajadores de la educación", dijo.
 
En ese marco, precisó que la propuesta del Ejecutivo Nacional "busca eliminar al Estado como garante del derecho a la educación e impone la figura de la familia como responsable, es decir, el chico va a ir a la escuela si quiere o no y la familia va a definir la trayectoria a seguir, si es a través de la virtualidad o la presencialidad, particularidades que atentarán contra la calidad educativa que demasiado vapuleada se ve a través de la falta de inversión de los Estados provincial y nacional".
 
Además, detalló que otra de las características "es que vuelve a introducir la religión en escuela pública, que es otro grave retroceso que nos lleva al siglo XIX, previo a la Ley 1420 sancionada en 1884, que es origen de la proyección política en el marco educativo por parte de Domingo Faustino Sarmiento".
 
Ante este escenario, el docente aseguró que si el programa del gobierno nacional se presenta en el Congreso y avanza "será un grave retroceso que va a tener consecuencias sociales irreparables, por eso rechazamos y buscamos que todos los trabajadores de la educación tomen conciencia sobre el riesgo que implicará, porque, también, estaría en juego la estabilidad de los trabajadores en la educación pública".
 
Fuente: AIM
 
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10-06-2026 / 14:06
El inicio del debate por la reforma previsional en el Senado entrerriano dejó en evidencia lo que ya se anticipaba en los pasillos de la Legislatura: un tratamiento exprés, opaco y plagado de cruces que demuestra la fragilidad de los argumentos oficiales. Bajo la pantalla de una supuesta "armonización" con el sistema nacional, el oficialismo intenta forzar un ajuste severo sobre las espaldas de las y los trabajadores provinciales, recurriendo a diagnósticos sesgados que omiten deliberadamente las verdaderas causas del desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
 
De acuerdo con lo consignado por el medio especializado Sociedad Política en su artículo "El debate por la reforma previsional comenzó con cruces entre funcionarios y senadores de la oposición", la primera reunión de comisión se convirtió en un escenario de fuertes tensiones. Los funcionarios provinciales desembarcaron en el Senado con un libreto rígido y justificaciones netamente matemáticas sobre la relación entre activos y pasivos, pretendiendo clausurar una discusión profunda. La oposición legislativa y las representaciones gremiales no tardaron en desnudar las falencias del proyecto: se cuestionó con dureza el apuro oficialista por imponer modificaciones estructurales y la preocupante discrecionalidad que la declaración de "emergencia previsional" le otorgaría al Poder Ejecutivo.
 
El nudo del conflicto radica en las recetas que el oficialismo pretende aplicar, las cuales repiten viejos dogmas neoliberales. La iniciativa de Frigerio contempla una unificación progresiva de los requisitos de edad —llegando a proponer un esquema que eleva la edad jubilatoria a los 68 años para los nuevos ingresantes, una de las más altas a nivel global—, lo que constituye un ataque directo a las conquistas históricas del movimiento obrero. Peor aún, el proyecto introduce un brutal sesgo de género al no reconocer el valor de las tareas de reproducción y cuidado que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Mientras tanto, las corporaciones empresarias y los sectores más concentrados de la economía provincial —los grandes beneficiados de siempre— miran desde afuera sin aportar un solo centavo extraordinario, ya que toda la carga del desequilibrio financiero se traslada de forma directa a los bolsillos pulverizados de los activos y pasivos mediante "aportes extraordinarios".
 
De la redacción de La Opinión Popular

09-06-2026 / 22:06
09-06-2026 / 21:06
08-06-2026 / 14:06
El demoledor informe "Hogares bajo tensión", elaborado por el dirigente Sergio Benítez (Siatrasag) para el Cisper, deja al descubierto las consecuencias del brutal ajuste coordinado entre el gobierno nacional de Javier Milei y la gestión provincial de Rogelio Frigerio. Entre febrero de 2024 y abril de 2026, la tarifa eléctrica en Entre Ríos sufrió un incremento desorbitado del 606%, superando ampliamente la inflación y pulverizando el poder adquisitivo de los trabajadores, cuyos sueldos en el sector público apenas aumentaron un 118%. Esta transferencia de recursos profundiza la pérdida del poder de compra y condena a las familias entrerrianas a una situación de vulnerabilidad extrema, donde un docente debe destinar casi dos días enteros de su salario solo para abonar una factura estándar de luz.

La investigación devela, además, una alarmante contradicción que desnuda la insensibilidad de la administración de Frigerio: mientras los usuarios residenciales son sometidos a tramos tarifarios altamente regresivos y se ven imposibilitados de pagar sus boletas, la empresa estatal Enersa registró ganancias netas superiores a los 42.000 millones de pesos (unos 40 millones de dólares). Lejos de cumplir con las promesas oficiales de alivio económico, la pasividad de la provincia ante la quita de subsidios dispuesta por Milei demuestra que el acceso a la energía dejó de ser considerado un derecho humano básico en Entre Ríos para convertirse en una caja de recaudación política a costa del sacrificio del pueblo.
 
De la redacción de La Opinión Popular
 

08-06-2026 / 14:06
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