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Nacionales - 24-12-2025 / 11:12
ENEMIGOS ÍNTIMOS: GARBELLINI ACUSA AL ABOGADO DE MILEI Y LO SEÑALA COMO EL MANDAMÁS DE LAS IRREGULARIDADES

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

 
COIMAS EN LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
 
Enemigos íntimos: Spagnuolo y Garbellini se acusan mutuamente
 
Primero fue el extitular de ANDIS que acusó a su segundo de ser el responsable de las irregularidades. Ahora este le respondió y aseguró que el exdirector tenía la suma del poder en la agencia.
 
"El Dr. Spagnuolo asumió la suma del poder en la ANDIS, quedándose para sí con la facultad de hacer y deshacer siguiendo su criterio en todo lo relativo al manejo de la agencia...", dice el texto que presentó Garbellini ante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
Como otros imputados, Garbellini se había negado a responder preguntas el día de la indagatoria, esperó a tener algunos elementos más a la vista, y a que otros hablaran, e hizo su presentación. En el escrito no hace referencia a los famosos audios que tienen como protagonista a Spagnuolo ni niega posibles hechos de corrupción.
 
Sólo intenta despegarse a sí mismo, en relación a las actividades de las que, dice, era responsable y por las que se lo incrimina. Desarrolla una teoría para justificar las "compulsas especiales" que se hacían en forma expeditiva y donde las beneficiarias eran siempre el mismo puñado de droguerías, según mostró el fiscal Picardi en el dictamen donde pidió las primeras indagatorias.
 
 
La caja
  
En las grabaciones filtradas quienes conocen la ANDIS dieron por hecho que Garbellini era la persona aludida por la que sería la voz de Spagnuolo cuando decía: "A mí me pusieron a un tipo que maneja todo lo que es la caja mía: un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue". Agregaba que se lo había advertido a Javier Milei y que había frenado otras designaciones. Pero decía que Eduardo "Lule" Menem "me metió al más importante de todos. Por Karina. Para chorear". También aludía al reparto de porcentajes entre los que incluía a la hermana del Presidente.
 
Una curiosidad, frente a ese relato, es que Garbellini cuenta que quien lo convocó para el cargo que ocupó desde el 23 de julio de 2024 fue el propio Spagnuolo. Dijo que recibió una llamada de él. "Tras decirme que había visto mi currículum, me ofreció entrevistarme ese mismo día a las 15.30..." Según su relato el extitular del organismo le comentó que tenía buenas referencias suyas y que le interesaba su experiencia.
 
Para refutar la afirmación que le atribuye haber hecho "caja" desde su cargo, Garbellini alega que desde la creación de ANDIS fue el único director sin autorización para ordenar pagos. "Solo el Director Ejecutivo (Spagnuolo) y otras áreas dependientes", pero no la suya, "tenían la firma autorizada en el Sistema integrado de Información Financiera Internet para poder realizar pagos". Agregó que él era usuario pero que quien podía administrar el sistema era Spagnuolo, de quien dependía la Dirección de Modernización Informática que implementó el sistema en cuestión.
 
 
Ramificaciones
  
Garbellini niega haber sido el responsable del Programa Incluir Salud (destinado a personas sin cobertura médica y titulares de pensiones no contributivas, entre otros). En este punto mete en la escena al Ministerio de Salud que, aclara, recibía la información de todos los pagos cada semana. Explica que esa cartera delegó "la conducción, fiscalización y toma de decisiones" a la dirección Ejecutiva de ANDIS, otra vez, Spagnuolo.
 
No a él quien, aclara, si debía dar asistencia a beneficiarios de ese plan. Sus propias responsabilidades, dijo, incluían -por caso- garantizar la cobertura del Plan Médico Obligatorio, diseñar acciones no contempladas en él, asegurar el acceso a servicios de salud de personas con asignaciones económicas, asistir a beneficiarios en estado crítico y que requieran asistencia inmediata o urgente en todo el país.
 
En un tramo se jacta de haber trabajado para hacer el sistema más transparente. Sin embargo, no explica algunas cuestiones puntuales que le adjudica el fiscal Picardi, como haberle facilitado un usuario y clave del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS), mediante el cual se gestiona la compra de las prestaciones llamadas PACBI (de alto costo y baja incidencia) a Luciana Ferrari, quien había trabajado en ANDIS en 2018-2019 pero al momento de los hechos trabajaba en el laboratorio Roche.
 
Según Picardi eso le permitía a ella tener información anticipada sobre las compulsas de compras y compartía información sobre las droguerías con Garbellini.
 
Ambos se vinculaban con Pablo Atchabahian (quien había ocupado el lugar del Garbellini en el macrismo) y está imputado por la fiscalía como parte del mismo armado. Entre ellos hay mensajes donde Atchabahian, por ejemplo, sin ser funcionario, le decía a Garbellini: "Frená y dormí los pagos de Dhiemo. Están jugando mal". Y la respuesta era: "comprendido". El día que salieron los audios de Spagnuolo a la luz tuvieron una conversación de 12 minutos.
 
Garbellini había sido el creador del grupo de Whatsapp llamado "Grupo Museo" en febrero de 2022, en el que estaban Atchabahian y otros hombres vinculados a Miguel Angel Calvete, clave en la causa, y un grupo de droguerías. Allí Atchabahian había escrito en diciembre de 2022: "Muchachos se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias a todos por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife".
 
La imputación de la fiscalía contra Garbellini afirma que "recibía órdenes y las ejecutaba -o hacía ejecutar a través de los empleados del organismo bajo su dependencia- sobre el direccionamiento de compulsas de precios y sobreprecios, a cambio de beneficios económicos indebidos".
 
 
¿Controles?
  
Garbellini reconoce que él participaba en el comienzo de los procesos de pago, enviado una "providencia administrativa", pero insiste en que no podía ordenarlos ni firmarlos, algo que además de Spagnuolo aclara que tenían atribuciones para hacer la Directora de Contabilidad, Mercedes Copandegui y la subdirectora Ejecutiva, Romina Nuñez.
 
A la vez explica que los fondos eran solicitados a través de la cartera de Salud, en este caso de la secretaría de Gestión Administrativa que estaba a cargo de Cecilia Loccisano (exviceministra, esposa de Jorge Triaca) a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
 
Así multiplica nombres y dependencias y pide pruebas, algo que -más allá de que pudiera haber otras responsabilidades ciertas- parece apuntar a extender los plazos, cuando pronto podría haber una resolución sobre las situaciones procesales de quienes fueron indagados. A la vez sugiere que Spagnuolo "no abrió las contrataciones de ANDIS al control y acceso público, pudiendo hacerlo". Aun así, sostiene, al auditoría interna de la agencia "nunca observó irregularidades" ni lo hizo el Ministerio de Salud.
 
Una de las medidas que pide es que se releven las medidas cautelares contra ANDIS porque, según su argumento, las "compulsas especiales" que se hacían con un trámite veloz estaban destinadas a cumplir con órdenes judiciales y otras a satisfacer la entrega urgente de medicamentos o prestaciones. La versión de Garbellini es que donde el fiscal ve un direccionamiento -que reconstruye de conversaciones, encuentros, laboratorios repetidos y sumas siderales- lo que hay es "una adquisición urgente".
 
Alega que en estos casos no se puede hacer un procedimiento de compra común, que se hace una "compulsa abreviada" donde se invita a proveedores en el corto plazo, que no son comparables los precios con las adquisiciones en forma mayorista y que hay que agregar la logística de reparto en todo el país. Cuestiona, con esa postura, que se hable de sobreprecios.
 
 
Nervioso, desconfiado y amigo de Milei
  
"Con respecto al trato que yo mantenía con Spagnuolo debo manifestar que siempre fue laboral y cordial, aun cuando se mostrara siempre ocupado, nervioso y apurado", describe Garbellini. "Nunca me manifestó ni personalmente, ni informalmente, ni formalmente la existencia de algún tipo de problema o disconformidad con las tareas que llevaba adelante. Por el contrario, siempre elogió los avances y logros alcanzados. Tampoco me pidió que hiciera nada fuera de lugar o contrario a derecho", sigue el descargo.
 
"Lo que sí puedo referir -agrega- es que siempre manifestaba su temor a que lo estuvieran operando para perjudicarlo en su relación personal con el presidente de la Nación, a raíz de lo que pedía constantemente informes con el objeto de mostrarse en los medios de comunicación. Su inseguridad lo llevaba a formular comentarios acerca de sentirse fuera de la gestión o, diametralmente opuesto, a decir que estaba para seis años más".
 
Garbellini dice que se lamenta por no haberle dado importancia a esos "cambios de humor". "Se jactaba de concurrir con asiduidad a Olivos a escuchar ópera (...) hacía sentir que tenía mucho poder y resultaba evidente que desconfiaba de todos".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
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23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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