15:16 | Lunes 22 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 22-12-2025 / 11:12
DESPUÉS SEGUIRÍAN CON LOS OTROS JUECES DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RÍOS HASTA CONSEGUIR UNA CORTE ADICTA, COMO HIZO MACRI
¿El oficialismo quiere echar a la jueza Medina para remplazarla por la macrista Goyeneche?
La jueza Susana Medina, denunciada por mal desempeño con argumentos inconsistente y una fuerte campaña de los medios adictos al oficialismo provincial, vive horas críticas. Si hace una semana tenía un pie afuera de tribunales, hoy el escenario ha cambiado y está convencida de que la tercera denuncia y la difusión de un informe que revela sus viajes al exterior son un manotazo de ahogado de quienes piden su cabeza. Encrucijadas, reuniones entre distintos actores y rumores a la orden del día en una semana clave.
La jueza Susana Medina, denunciada por mal desempeño con argumentos inconsistente y una fuerte campaña de los medios adictos al oficialismo provincial, vive horas críticas. Si hace una semana tenía un pie afuera de tribunales, hoy el escenario ha cambiado y está convencida de que la tercera denuncia y la difusión de un informe que revela sus viajes al exterior son un manotazo de ahogado de quienes piden su cabeza. Encrucijadas, reuniones entre distintos actores y rumores a la orden del día en una semana clave.
La suerte de Susana Medina se juega minuto a minuto. Si hasta hace unos días todo indicaba que tenía un pie afuera de tribunales, al menos mientras se escriben estas líneas el escenario parece haber cambiado.
La vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) prepara por estas horas su descargo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), y con mayoría del oficialismo.
La magistrada enfrenta tres denuncias por mal desempeño. Sobre ella pesan varios cargos, pero esencialmente se le cuestiona haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días, equivalentes a tres años judiciales completos, entre 2016 y 2025; y, como consecuencia de ello, se le atribuye un atraso en la tramitación de causas. Ella ha negado demoras en su despacho, asegura que los viajes han sido autorizados y están dentro de la normativa y, por lo tanto, solicitó que las denuncias sean rechazadas.
Mientras tanto, en forma subterránea, se mantienen abiertos distintos canales de negociación y se tejen estrategias para evitar algo que se oye a ambos lados de Plaza Mansilla: un circo romano, un apelativo sin padre que repiten propios y extraños.
El sistema de enjuiciamiento político en Entre Ríos pone la pelota en los pies del oficialismo para decidir la suerte de un magistrado. Tiene mayoría en la comisión y en la Cámara de Diputados, pero requiere de acuerdos para llegar a los dos tercios que se necesitan para formular una acusación. Ante ese escenario, el peronismo espera en su campo, agazapado. En cuanto a los libertarios, son un gran signo de interrogación.
Una cronología de los hechos
En un principio, el oficialismo propiciaba por un proceso "lo más técnico posible", aunque esa postura distaba de la decisión que exhibían los legisladores oficialistas de avanzar en una investigación sobre la conducta de Medina: se pidieron informes al STJ y hasta registros migratorios sobre días y horarios de salidas del país que hubiera registrado de Medina en los últimos nueve años.
El tono iba escalando, encendiendo alarmas y algunos ya empezaban a trazar hipótesis sobre quién estaba detrás de las denuncias y, sobre todo, de los denunciantes. ¿Será por eso que los vocales Germán Carlomagno y Daniel Carubia, referentes de la vieja guardia del STJ, cruzaron por esos días a Casa de Gobierno? Enigma.
A los cinco días de abierto el proceso, Medina presentó su descargo. Lo firmaron sus abogados, pero desde atrás de bambalinas apareció el constitucionalista Diego Armesto, a quien convocó para que la asesore en la defensa.
Según pudo saber Página Judicial, previo a la reunión de la comisión legislativa, Armesto y Ladislao Uzín Olleros, defensor de la suprema, mantuvieron un encuentro con el ministro Manuel Troncoso y la diputada Lena.
Esa tarde, la Comisión de Juicio Político comenzó a analizar el descargo de Medina y hubo legisladores oficialistas sorprendidos, y lo manifestaron abiertamente, por la solvencia técnica y la robustez de los argumentos que expuso la suprema para responder a las acusaciones.
En respuesta a un punto sensible, Medina introdujo un elemento que no aparecía en las denuncias: dijo que los vocales del alto cuerpo tienen un régimen especial de licencias, diferente del que rige para jueces y camaristas inferiores, por su rol de ejercer el gobierno del Poder Judicial. La comisión legislativa acusó el golpe.
En una entrevista con el programa En el dos mil también (Radio Costa Paraná), la única que ha dado desde el inicio del proceso, planteó lo complejo que resulta tener que explicarle a un ciudadano común "algunos privilegios que tiene el Poder Judicial, en reglamentaciones especiales que manejan respecto de sus inasistencias y el régimen de licencias que puedan tener, que dista bastante de los otros dos poderes de la provincia de Entre Ríos".
Palabras más, palabras menos, la discusión parecía haber sido reorientada a si Medina exprime un sistema de licencias que podría ser considerado privilegiado y hasta abusivo o está por fuera de ese régimen.
Entonces, sorpresivamente, el cielo volvió a ennegrecerse. La Dirección Nacional de Migraciones, en un acto que podría celar a cualquier fiscal, respondió en tiempo récord a los requerimientos de la Comisión de Juicio Político develando que Medina había concretado sesenta viajes al exterior entre 2016 y 2025 y que al menos cuatro de ellos habían sido en aviones privados, tres a España y uno a Colombia; dos por vacaciones (feria o compensaciones de feria), uno por motivos personales y el restante para un encuentro sobre perspectiva de género. En ningún caso el cruce de datos indica que haya utilizado viáticos; pero, otra vez: cómo explicárselo al ciudadano común.
Al otro día, cayó una tercera denuncia en su contra, promovida por una empleada judicial que la acusa de haberla trasladado compulsivamente de oficina, hostigamiento laboral y de haberle iniciado un sumario, todo en un contexto de violencia laboral.
La magistrada está convencida de que la tercera denuncia, confusa en su redacción, representa un manotazo de ahogado ante la certeza, dice ella, de que las otras dos serían desestimadas. Conjeturas.
Como fuera, la denuncia pone en aprietos a la Comisión de Juicio Político, ya que invoca nuevas causales, distintas de las anteriores, de las cuales habría que correr vista a la jueza para que se defienda y podría estirar los plazos hasta mediados de enero.
Una película sin final escrito
Mientras tanto, la sucesión de reuniones es incesante y los teléfonos arden en la búsqueda de una salida a tema tan delicado como sensible: los diputados peronistas le pidieron una reunión a Rosario Romero, una de las principales de la oposición, quien estuvo en Casa de Gobierno en modo asesora de los legisladores; y el gobernador Rogelio Frigerio se reunió con los propios para analizar las marchas, contramarchas y pruebas que acumula el proceso. Por lo pronto, la única certeza es que ninguna bancada tiene posturas unificadas.
Por el lado de Medina, está enfocada en su defensa. En limpiar su imagen. Por lo bajo, no descarta una opción que ya tomaron otros magistrados en su lugar: acogerse a la jubilación, aunque no ha iniciado ningún trámite. ¿Está sobre la mesa como moneda de negociación política? Es una incógnita.
Algunos, sin embargo, hicieron notar que está preparada para una pelea hasta el final. Acaso sutilmente lo expresó en su descargo cuando invocó jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando entrever que podría llevar el caso hasta tribunales internacionales, si fuera necesario.
A esta hora, el escenario sigue siendo incierto; y aquel que pretenda convencerse por una foto puede incurrir en un error. Es necesario seguir la trama de una película, una película con un guion que todavía está escribiéndose y que tiene final abierto.
(Informe de Juan Cruz Varela, para el sitio Página Judicial)
Fuente: Página Política
La suerte de Susana Medina se juega minuto a minuto. Si hasta hace unos días todo indicaba que tenía un pie afuera de tribunales, al menos mientras se escriben estas líneas el escenario parece haber cambiado.
La vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) prepara por estas horas su descargo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), y con mayoría del oficialismo.
La magistrada enfrenta tres denuncias por mal desempeño. Sobre ella pesan varios cargos, pero esencialmente se le cuestiona haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días, equivalentes a tres años judiciales completos, entre 2016 y 2025; y, como consecuencia de ello, se le atribuye un atraso en la tramitación de causas. Ella ha negado demoras en su despacho, asegura que los viajes han sido autorizados y están dentro de la normativa y, por lo tanto, solicitó que las denuncias sean rechazadas.
Mientras tanto, en forma subterránea, se mantienen abiertos distintos canales de negociación y se tejen estrategias para evitar algo que se oye a ambos lados de Plaza Mansilla: un circo romano, un apelativo sin padre que repiten propios y extraños.
El sistema de enjuiciamiento político en Entre Ríos pone la pelota en los pies del oficialismo para decidir la suerte de un magistrado. Tiene mayoría en la comisión y en la Cámara de Diputados, pero requiere de acuerdos para llegar a los dos tercios que se necesitan para formular una acusación. Ante ese escenario, el peronismo espera en su campo, agazapado. En cuanto a los libertarios, son un gran signo de interrogación.
Una cronología de los hechos
En un principio, el oficialismo propiciaba por un proceso "lo más técnico posible", aunque esa postura distaba de la decisión que exhibían los legisladores oficialistas de avanzar en una investigación sobre la conducta de Medina: se pidieron informes al STJ y hasta registros migratorios sobre días y horarios de salidas del país que hubiera registrado de Medina en los últimos nueve años.
El tono iba escalando, encendiendo alarmas y algunos ya empezaban a trazar hipótesis sobre quién estaba detrás de las denuncias y, sobre todo, de los denunciantes. ¿Será por eso que los vocales Germán Carlomagno y Daniel Carubia, referentes de la vieja guardia del STJ, cruzaron por esos días a Casa de Gobierno? Enigma.
A los cinco días de abierto el proceso, Medina presentó su descargo. Lo firmaron sus abogados, pero desde atrás de bambalinas apareció el constitucionalista Diego Armesto, a quien convocó para que la asesore en la defensa.
Según pudo saber Página Judicial, previo a la reunión de la comisión legislativa, Armesto y Ladislao Uzín Olleros, defensor de la suprema, mantuvieron un encuentro con el ministro Manuel Troncoso y la diputada Lena.
Esa tarde, la Comisión de Juicio Político comenzó a analizar el descargo de Medina y hubo legisladores oficialistas sorprendidos, y lo manifestaron abiertamente, por la solvencia técnica y la robustez de los argumentos que expuso la suprema para responder a las acusaciones.
En respuesta a un punto sensible, Medina introdujo un elemento que no aparecía en las denuncias: dijo que los vocales del alto cuerpo tienen un régimen especial de licencias, diferente del que rige para jueces y camaristas inferiores, por su rol de ejercer el gobierno del Poder Judicial. La comisión legislativa acusó el golpe.
En una entrevista con el programa En el dos mil también (Radio Costa Paraná), la única que ha dado desde el inicio del proceso, planteó lo complejo que resulta tener que explicarle a un ciudadano común "algunos privilegios que tiene el Poder Judicial, en reglamentaciones especiales que manejan respecto de sus inasistencias y el régimen de licencias que puedan tener, que dista bastante de los otros dos poderes de la provincia de Entre Ríos".
Palabras más, palabras menos, la discusión parecía haber sido reorientada a si Medina exprime un sistema de licencias que podría ser considerado privilegiado y hasta abusivo o está por fuera de ese régimen.
Entonces, sorpresivamente, el cielo volvió a ennegrecerse. La Dirección Nacional de Migraciones, en un acto que podría celar a cualquier fiscal, respondió en tiempo récord a los requerimientos de la Comisión de Juicio Político develando que Medina había concretado sesenta viajes al exterior entre 2016 y 2025 y que al menos cuatro de ellos habían sido en aviones privados, tres a España y uno a Colombia; dos por vacaciones (feria o compensaciones de feria), uno por motivos personales y el restante para un encuentro sobre perspectiva de género. En ningún caso el cruce de datos indica que haya utilizado viáticos; pero, otra vez: cómo explicárselo al ciudadano común.
Al otro día, cayó una tercera denuncia en su contra, promovida por una empleada judicial que la acusa de haberla trasladado compulsivamente de oficina, hostigamiento laboral y de haberle iniciado un sumario, todo en un contexto de violencia laboral.
La magistrada está convencida de que la tercera denuncia, confusa en su redacción, representa un manotazo de ahogado ante la certeza, dice ella, de que las otras dos serían desestimadas. Conjeturas.
Como fuera, la denuncia pone en aprietos a la Comisión de Juicio Político, ya que invoca nuevas causales, distintas de las anteriores, de las cuales habría que correr vista a la jueza para que se defienda y podría estirar los plazos hasta mediados de enero.
Una película sin final escrito
Mientras tanto, la sucesión de reuniones es incesante y los teléfonos arden en la búsqueda de una salida a tema tan delicado como sensible: los diputados peronistas le pidieron una reunión a Rosario Romero, una de las principales de la oposición, quien estuvo en Casa de Gobierno en modo asesora de los legisladores; y el gobernador Rogelio Frigerio se reunió con los propios para analizar las marchas, contramarchas y pruebas que acumula el proceso. Por lo pronto, la única certeza es que ninguna bancada tiene posturas unificadas.
Por el lado de Medina, está enfocada en su defensa. En limpiar su imagen. Por lo bajo, no descarta una opción que ya tomaron otros magistrados en su lugar: acogerse a la jubilación, aunque no ha iniciado ningún trámite. ¿Está sobre la mesa como moneda de negociación política? Es una incógnita.
Algunos, sin embargo, hicieron notar que está preparada para una pelea hasta el final. Acaso sutilmente lo expresó en su descargo cuando invocó jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando entrever que podría llevar el caso hasta tribunales internacionales, si fuera necesario.
A esta hora, el escenario sigue siendo incierto; y aquel que pretenda convencerse por una foto puede incurrir en un error. Es necesario seguir la trama de una película, una película con un guion que todavía está escribiéndose y que tiene final abierto.
(Informe de Juan Cruz Varela, para el sitio Página Judicial)
Fuente: Página Política
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