16:05 | Sabado 17 de Enero de 2013 | Entre Ríos
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Nacionales - 22-12-2025 / 10:12
MÁS DE 180 LOTES E INMUEBLES LISTOS PARA SER VENDIDOS A GRANDES CORPORACIONES “COLABORADORAS”
Las joyas de la abuela que remata el gobierno a los “amigos” hasta agotar stock
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
Así y todo, esas tierras se quedan cortas en tamaño, en relación a otras que la AABE ya incluyó en la lista de 140 bienes para "subasta futura", todavía sin fecha ni precio definido, aunque ya publicados en la web de la Agencia. Entre ellos se destacan los que están catalogados con destino a "grandes proyectos urbanos", léase desarrollos inmobiliarios como barrios privados o proyectos hoteleros de lujo.
Tal vez el más impactante al ojo humano sea un terreno de 13 hectáreas que la AABE busca vender en Mendoza. Impactante, porque la primera imagen que aparece al ingresar a la web de la futura subasta es directamente una fotografía satelital de un pedazo de montaña. Ubicadas a la vera de la Ruta Provincial 226 a la altura del Arroyo Las Torres, las tierras se encuentran formalmente dentro del Departamento Malargüe, a pocos kilómetros de la frontera con Chile y cerca del complejo Las Leñas.
El terreno tiene un largo historial de polémicas ya que allí, a 2.400 metros de altura, se había avanzado en 2021 con la construcción de un centro de esquí de lujo llamado El Azufre a partir de una cesión que hizo el gobierno de la Provincia de Mendoza. A mediados de 2023, este diario informó que el Estado nacional había conseguido recuperar los terrenos que en realidad son propiedad de Nación. Ahora, sin embargo, el trozo de montaña aparece nuevamente disponible para el interés privado, aunque ahora con la posibilidad de una venta definitiva.
De los terrenos destinados a vender fuera de la Ciudad, el más grande por lejos es el que se encuentra en Tandil, en terrenos cercanos a la Base Aérea. Ese lote incluye casi 360 hectáreas con destino de "desarrollo productivo", pero además presenta un aspecto no menor: en el medio del predio se encuentra el edificio del exCentro Clandestino de Detención La Huerta, con el macabro detalle de que la imagen del ingreso al actual espacio de memoria aparece en la web promocional de la subasta futura.
En noviembre del año pasado, se informó que son cuatro los terrenos a vender que incluyen sedes de espacios de memoria en el medio: La Perla chica, en Córdoba, Puerta 8, en Campo de Mayo, y el Regimiento de Infantería número 9 "Coronel Pagola", en Corrientes, además del predio de Tandil. Desde el Gobierno aseguran que las tierras a vender no involucran a los edificios en sí, sino a sus entornos.
En la zona sur de Chapadmalal, a orillas del mar y llegando a El Marquesado, donde empiezan a florecer los barrios privados sobre la costa, está ubicado el segundo terreno más grande de la lista. A la altura del kilómetro 553 de la Ruta Provincial 11, el predio que cuenta con 140 hectáreas es el terreno del que en 2023 fueron desalojadas las organizaciones sociales que intentaban realizar un Complejo Productivo Agroecológico en convenio con la AABE. A más de dos años del desalojo, las tierras ahora se ofertarán con destino para un gran desarrollo urbano.
Mismo destino tendrá el lote de la lista que le sigue en tamaño, ubicado en las inmediaciones de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Se trata de un paquete de tierras de 970 mil metros cuadrados, es decir casi cien hectáreas, ubicadas en el predio del ex Batallón de Logística N°3 del Ejército. Le sigue un lote de 496 mil metros cuadrados, casi 50 hectáreas, en la localidad de Río Grande, Tierra del Fuego, en terrenos de la Base Aeronaval de esa ciudad. En la misma provincia, pero en su capital Ushuaia, se venderá un predio de 9 hectáreas de la Armada ubicado a orillas del canal de Beagle en la llamada Bahía Golondrina.
"Saqueo sistemático"
Desde que comenzaron las ventas, el Observatorio del Derecho a la Ciudad viene haciendo un seguimiento continuo del proceso de enajenaciones y advirtiendo que las subastas no respetan la Constitución: en todos los casos fueron iniciadas mediante decreto y sin pasar por el Congreso: "Corresponde al Congreso disponer del uso y la enajenación de las tierras de propiedad nacional".
"Al evitar el Congreso, se anula la posibilidad de discutir qué destino social podrían tener esos predios, se nos niega el derecho a decidir si esas tierras deben ser parques para mitigar la crisis climática, escuelas para nuestros hijos o soluciones habitacionales", señala el abogado y titular de la organización, Jonatan Baldiviezo, que agrega que "gobernar por decreto para vender la tierra pública no es libertad, es autoritarismo de mercado".
En la misma línea, la ingeniera María Eva Koutsovitis apunta que "bajo la retórica de la libertad y la eficiencia del Estado, el gobierno puso en marcha uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
"Estamos frente a un saqueo sistemático de los bienes comunes para alimentar la especulación inmobiliaria que responde a una lógica clara: transferir riqueza de toda la sociedad a un puñado de desarrolladores y corporaciones financieras. Cada metro cuadrado de tierra pública que se vende es un metro cuadrado que el Estado pierde para siempre como herramienta de planificación", añade la integrante del movimiento La Ciudad somos quienes la habitamos.
Desde el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), Pablo Mesa, coordinador del Área de Territorio y Acceso a Derechos, coincide en que "la tierra pública es un activo estratégico" y que "venderla a privados para cualquier destino, desde un edificio de viviendas, hasta dejarla baldía a la espera de revalorización, es ni más ni menos que cederles toda iniciativa de planificación territorial cuando los terrenos se podrían utilizar para generar stock de vivienda pública, equipamiento urbano como escuelas, hospitales o espacios verdes".
Puntualizando en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta ahora encabeza el listado de terrenos vendidos, Mesa subraya que el proceso de subastas "es una buena definición de extractivismo urbano".
El ordenamiento ambiental del territorio, instrumento esencial para la planificación de ciudades sostenibles y resilientes, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, no es considerado por quienes deciden el uso del suelo en la Ciudad Autónoma. Al mismo tiempo los escenarios climáticos son alarmantes en cuanto al incremento de olas de calor y precipitaciones extremas, y la Ciudad ostenta menos de seis metros cuadrados de espacios verdes por habitante", sostiene.
La lista de tierras nacionales para grandes desarrollos inmobiliarios sigue también en la Provincia de Buenos Aires. Allí destacan dos terrenos a vender entre los que aparece el resonante caso del predio del Parque de la Costa en el Partido de Tigre con cinco hectáreas de superficie. Mucho más grande es el terreno ofertado junto al Aeropuerto de Ezeiza, a un costado de la Autopista Ezeiza-Cañuelas con 34 hectáreas de extensión en tierras del actual Instituto Nacional del Agua.
Ese caso despertó la resistencia de los y las trabajadoras del instituto, que en septiembre alertaron que la futura venta incluirá los terrenos donde se encuentran las naves de trabajo en las que se ensayan desarrollos estratégicos del país. Es el caso de la Nave Yaciretá, donde "se verificó el diseño con un modelo físico hidráulico de la obra pública más importante de la historia del país", o de la de Grandes Modelos Marítimos en la que "se ensayaron grandes obras nacionales e internacionales como las de la Esclusa de Navegación Paraná Medio y el Canal de Panamá".
Además del terreno en plena montaña, Mendoza será escenario de otras dos grandes subastas: de tierras ferroviarias, una dentro de la capital provincial y otra en el Departamento de Guaymallén. La primera es el cuadro entero de la estación Mendoza Cargas, en pleno centro de la ciudad y con 20 hectáreas, mientras que la segunda es el cuadro de la estación del exferrocarril San Martín en Guaymallén con 25 hectáreas.
Por Santiago Brunetto
Fuente: Página 12
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