00:31 | Martes 03 de Marzo de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 14-12-2025 / 20:12
PANORAMA POLÍTICO ENTRERRIANO
Caja de Jubilaciones: Milei no paga y Frigerio no reclama
El resultado electoral de octubre muestra, dos meses después, toda su magnitud en la provincia de Entre Ríos. Mientras el presidente Javier Milei empieza a dejar en claro que su apuesta a futuro irá por la senda de los libertarios "puros", el gobernador Rogelio Frigerio pretende reaccionar en todos los frentes -y en sentidos a veces contradictorios- en el intento por retomar la iniciativa y apurar en 2026 las decisiones difíciles, con el objetivo de despejar el camino hacia su reelección en 2027.
El resultado electoral de octubre muestra, dos meses después, toda su magnitud en la provincia de Entre Ríos. Mientras el presidente Javier Milei empieza a dejar en claro que su apuesta a futuro irá por la senda de los libertarios "puros", el gobernador Rogelio Frigerio pretende reaccionar en todos los frentes -y en sentidos a veces contradictorios- en el intento por retomar la iniciativa y apurar en 2026 las decisiones difíciles, con el objetivo de despejar el camino hacia su reelección en 2027.
En una particular manera de admitir esta realidad, el gobernador imitará al agrandado Milei, su futuro adversario, y acelerará en las curvas. La reacción es a las apuradas y con un libreto con frecuencia errático. Frigerio cambió de discurso antes de las elecciones y de rumbo tras el resultado electoral y ahora en el oficialismo predomina la sensación de que el tiempo para mejorar la gestión es tan escaso como lo son los recursos.
Con un déficit estructural importante en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos y sin margen fiscal, Frigerio ya asume que Milei no pagará lo que debe, obligando al Tesoro provincial a subsidiar cada mes, y habilitará un accionar de alto voltaje: aumento de la edad, topes a jubilaciones, más aportes de activos y hasta la posible transferencia a la Nación. Cree que el clima social cambió y que hoy hay margen para llevar adelante estas cuestiones.
Sí existen otras medidas en estudio, pero en la Casa Gris no son conscientes de que si pasarán el aval de la Justicia o implicarán un altísimo costo político que las vuelva inviables. Sin embargo, el mandatario cree que el humor social hoy le da margen para plantear en la discusión pública debates que, si bien años atrás acaloraban, hoy se volverían tribales, según él.
Esa "intolerancia social" a lo que podrían rotularse como prerrogativas -cree el gobernador- le permitirían avanzar sobre propuestas extremadamente reaccionarias. ¿Y si la Justicia las frena? "Bueno, iremos a la Corte Suprema de Justicia y le diremos que resuelva primero nuestra demanda a la Nación por incumplimiento de las leyes firmadas", explican.
En el fondo, lo que Frigerio decidió es no defender más la Caja de Jubilaciones. Quiere poner menos plata, para que esos fondos vayan a reforzar la gestión, con miras a su reelección en el 2027. Será año de vacas flacas, pretende hacer anuncios de rebaja de impuestos y la Caja es un agujero gigantesco: un tercio de la recaudación de Ingresos Brutos de todo el año.
Desde 1999 hasta acá, el argumento oficial es que el sistema es de los entrerrianos y Entre Ríos lo va a defender, que Anses tiene que comportarse con este sistema (y los otros 12 no transferidos a Nación) como sí se hubieran traspasado y enviarle a cada provincia lo mismo que les pone a los jubilados provinciales que están en Anses. Hace más de una década que se firmaron rigurosamente todas las leyes para que Anses se comporte justamente con todas las provincias y no lo hizo. ¿Le falta amor? Posiblemente, pero hoy dice que no le da el cuero.
Frigerio asumió que la plata que corresponde por ley no va a estar y que tampoco puede plantear el discurso opositor de que la Nación tiene la culpa. Si bien él puede estar convencido de eso, los entrerrianos que votaron a Milei no. Cree entonces que están dadas las condiciones para patear el tablero provincial para no tener la obligación de ir a reclamarle a Milei.
¿Cuáles son los planes de Frigerio? El concepto general de las medidas que el oficialismo pretende aplicar en el 2026 es que tanto los jubilados como los activos tienen que hacer un esfuerzo adicional. Los primeros, cobrar menos. Y los segundos, poner más plata. Una alternativa es que se les pongan topes a las jubilaciones. "Así funcionan las cajas de profesionales, aseguran un mínimo para todos en función de la plata que hay y ponen un tope para las más altas", murmuran en la Casa Gris.
En una particular manera de admitir esta realidad, el gobernador imitará al agrandado Milei, su futuro adversario, y acelerará en las curvas. La reacción es a las apuradas y con un libreto con frecuencia errático. Frigerio cambió de discurso antes de las elecciones y de rumbo tras el resultado electoral y ahora en el oficialismo predomina la sensación de que el tiempo para mejorar la gestión es tan escaso como lo son los recursos.
Con un déficit estructural importante en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos y sin margen fiscal, Frigerio ya asume que Milei no pagará lo que debe, obligando al Tesoro provincial a subsidiar cada mes, y habilitará un accionar de alto voltaje: aumento de la edad, topes a jubilaciones, más aportes de activos y hasta la posible transferencia a la Nación. Cree que el clima social cambió y que hoy hay margen para llevar adelante estas cuestiones.
Sí existen otras medidas en estudio, pero en la Casa Gris no son conscientes de que si pasarán el aval de la Justicia o implicarán un altísimo costo político que las vuelva inviables. Sin embargo, el mandatario cree que el humor social hoy le da margen para plantear en la discusión pública debates que, si bien años atrás acaloraban, hoy se volverían tribales, según él.
Esa "intolerancia social" a lo que podrían rotularse como prerrogativas -cree el gobernador- le permitirían avanzar sobre propuestas extremadamente reaccionarias. ¿Y si la Justicia las frena? "Bueno, iremos a la Corte Suprema de Justicia y le diremos que resuelva primero nuestra demanda a la Nación por incumplimiento de las leyes firmadas", explican.
En el fondo, lo que Frigerio decidió es no defender más la Caja de Jubilaciones. Quiere poner menos plata, para que esos fondos vayan a reforzar la gestión, con miras a su reelección en el 2027. Será año de vacas flacas, pretende hacer anuncios de rebaja de impuestos y la Caja es un agujero gigantesco: un tercio de la recaudación de Ingresos Brutos de todo el año.
Desde 1999 hasta acá, el argumento oficial es que el sistema es de los entrerrianos y Entre Ríos lo va a defender, que Anses tiene que comportarse con este sistema (y los otros 12 no transferidos a Nación) como sí se hubieran traspasado y enviarle a cada provincia lo mismo que les pone a los jubilados provinciales que están en Anses. Hace más de una década que se firmaron rigurosamente todas las leyes para que Anses se comporte justamente con todas las provincias y no lo hizo. ¿Le falta amor? Posiblemente, pero hoy dice que no le da el cuero.
Frigerio asumió que la plata que corresponde por ley no va a estar y que tampoco puede plantear el discurso opositor de que la Nación tiene la culpa. Si bien él puede estar convencido de eso, los entrerrianos que votaron a Milei no. Cree entonces que están dadas las condiciones para patear el tablero provincial para no tener la obligación de ir a reclamarle a Milei.
¿Cuáles son los planes de Frigerio? El concepto general de las medidas que el oficialismo pretende aplicar en el 2026 es que tanto los jubilados como los activos tienen que hacer un esfuerzo adicional. Los primeros, cobrar menos. Y los segundos, poner más plata. Una alternativa es que se les pongan topes a las jubilaciones. "Así funcionan las cajas de profesionales, aseguran un mínimo para todos en función de la plata que hay y ponen un tope para las más altas", murmuran en la Casa Gris.
Según informes periodísticos sobre un acuerdo con el Gobierno Nacional (diciembre de 2024), las cifras son las siguientes: La provincia solicitó una suma estimada de 9 mil millones de pesos por mes para cubrir el déficit mensual de la caja previsional. El monto que ANSES efectivamente acordó enviar (como anticipo mensual) es de 2 mil millones de pesos mensuales. El gobernador prepara el terreno, además, por temor a que la administración Milei interrumpa el envío de esos 2 mil millones. Ese flujo representa apenas una cuarta parte de lo que le corresponde a Entre Ríos por no transferir el sistema a la Nación.
La consultora Equilibra planteó que todas las provincias tuvieron un deterioro fiscal este año por un fuerte aumento del gasto, muy por encima de los ingresos. Ocho provincias que el año pasado no tenían déficit, este año cayeron en desequilibrio. Una alternativa es trasferir la Caja a la Nación, pero el problema es que Anses no la quiere. ¿Quién querría asumir un pasivo importante para el 2026, cuando el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, está planteando rebaja de aportes patronales a las jubilaciones, con el costo fiscal que eso supone? Parte de los apoyos políticos que negocia Milei en el Congreso pueden estar atados a esta negociación.
Milei inaugurará la semana su nueva etapa en el Congreso con una doble prueba de fuego. Por un lado, buscará aprobar en tiempo récord el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, con ayuda de gobernadores afines, como Frigerio. Por otro, intentará apurar el dictamen de la controvertida contra reforma laboral en el Senado, aunque choca con el rechazo conjunto del peronismo y la CGT, los reparos de legisladores dialoguistas que se rehúsan a un tratamiento exprés, y el lobby sindical en las provincias.
La fuerte dependencia de las provincias de los recursos nacionales hace que resulte clave que la Nación resuelva su vínculo con las administraciones locales. La coparticipación federal representa una parte importante de los recursos presupuestarios de las provincias. Por esa razón, preocupan, en el Presupuesto 2026, los cambios en el régimen impositivo que podría eliminar tributos o modificarlos con impacto directo negativo en las arcas provinciales.
Por su parte, la iniciativa laboral introduce numerosos cambios de fondo: reduce la base de cálculo de las indemnizaciones por despido; permite fraccionar las vacaciones; habilita la extensión de la jornada laboral y el "banco de horas"; autoriza a pagar salarios en pesos, dólares o especies, y a aumentarlos por productividad; restringe las cuotas que cobran los sindicatos; elimina la renovación automática de los convenios colectivos; y limita el derecho a huelga al ampliar los "servicios esenciales", entre los principales puntos. Todo lo que los grandes empresarios, que redactaron el proyecto, pretenden.
Alrededor de la mitad de la población económicamente activa está en negro, en el monotributo, en los circuitos marginales. ¿De qué sentirán que les hablan cuando se mencionan derechos laborales, jornadas de 12 horas siendo que ya trabajan 14 o más, reconocimientos vacacionales, cómputos de aguinaldo o despidos arbitrarios? ¿Por qué no tendría lógica que muchos acuerden con blanquear lo que ya les ocurre, a ver si en una de ésas se accede por lo menos a un contrato precario?
El debate revive el espectro de la Ley Bases, la nefasta norma fundacional del gobierno de los ricos que gerencia Milei. En un clima de agrande similar al que viven hoy los libertarios por el triunfo en las urnas, el Gobierno envió un proyecto con más de 600 artículos, pero el Congreso lo sancionó con 238, después de seis meses de idas y vueltas donde el oficialismo tuvo que ceder mucho para llevarse la ley. ¿Pasará lo mismo con la reforma anti obrera y pro patronal?
El peronismo nacional, por su parte, ya prepara una estrategia de bloqueo y dilación: a los cuestionamientos constitucionales por el ingreso del expediente por el Senado (advierten que debía enviarse a Diputados porque modifica impuestos) sumarán pedidos para llevar a decenas de invitados al plenario. Y el jueves el reclamo se trasladará a las calles, con la movilización popular convocada por la CGT a Plaza de Mayo. Será multitudinaria.
La Opinión Popular
La flexibilización laboral de Milei
Sostiene Rafael Cortes, columnista de Misiones Online, que con la asunción de los diputados y senadores electos en octubre inicia la maratón legislativa diseñada por el Gobierno de Javier Milei para entrar de lleno en la etapa de las reformas. Finalmente se conoció el proyecto oficial para modificar la legislación laboral y algunos puntos desataron polémica.
Ya está funcionando a pleno el Congreso con su nueva configuración, resultado de las elecciones de octubre pasado. Ahora sí el Gobierno de Milei tiene un contexto mucho más amigable para avanzar en la agenda de reformas que propuso como eje de la segunda mitad de su mandato.
La primera meta para el oficialismo será la aprobación de una ley de Presupuesto 2026, que sería la primera en la era libertaria. Después de una serie de reuniones con gobernadores y dirigentes "sin territorio" de la oposición dialoguista, desde el oficialismo aseguran que tienen los números para cantar la primera victoria.
Pero las topadas más difíciles son las que vendrán después. Mientras se debate el Presupuesto, el Gobierno espera avanzar también con una reforma laboral diseñada para abaratar costos a los empresarios.
Ni bien se conoció el proyecto oficial, se plantearon varias polémicas, entre ellas la retroactividad. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió a aclarar que las condiciones que establezca la nueva ley regirán para todos, no solo para las relaciones laborales que se inicien con posterioridad a la sanción de dicha ley.
Uno de los puntos centrales que plantea el proyecto es el reemplazar el actual régimen de indemnizaciones, que con la nueva ley dejarían de ser pagadas por los empresarios y serían afrontadas por un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) conformado con dinero que ahora va a Anses. Es decir, a los jubilados.
El empleador deberá aportar 3% de su masa salarial al FAL, pero en contraprestación se reducirá en igual proporción los aportes patronales que efectúe a la ANSES. Es decir que a los efectos prácticos será la ANSES quien aporte al fondo de despidos.
De acuerdo con estimaciones de especialistas en la materia, la instrumentación de este fondo implicará un desfinanciamiento de la ANSES del orden de los 3.000 millones de dólares por año, dinero de las jubilaciones que será transferido al sector privado.
En este punto se puede señalar una contradicción gigante por parte del Gobierno nacional que sistemáticamente rechaza todos los proyectos que impliquen un costo fiscal, pero impulsa una reforma laboral que acarrea un enorme costo fiscal para el sistema jubilatorio.
Desde la oposición señalan que uno de los objetivos ocultos de esta reforma sería justamente el de desfinanciar al sistema de previsión social y así preparar el terreno para el retorno de las AFJP.
El proyecto también prevé reducir el monto de las indemnizaciones mediante una modificación en los conceptos que se toman en cuenta para calcular el salario promedio, unidad que determina el monto de cada indemnización.
Además, se otorga a las empresas flexibilidad para fraccionar vacaciones en períodos no menores a siete días y para reconfigurar la jornada laboral de sus empleados. Se permitirán jornadas diarias de hasta 12 horas a través de un mecanismo denominado "banco de horas" a través del cual se podrán acumular horas extra para luego compensarlas con francos o días de descanso en el futuro.
Desde el Gobierno libertario se empeñan en destacar que tanto el fraccionamiento de las vacaciones como la modificación de las jornadas de trabajo bajo el esquema del banco de horas deberán practicarse "de común acuerdo" entre empleado y empleador, omitiendo que la relación entre un trabajador y su jefe es asimétrica por naturaleza y que el primero suele tener poco margen para no prestarse "de común acuerdo" a lo que decida su jefe.
El objetivo del proyecto en definitiva es abaratar el costo que deben afrontar las empresas para despedir personal y dotarlas de mayor flexibilidad para organizar sus actividades. Desde el Gobierno anarco capitalista argumentan que de esa manera se generan condiciones más propicias para la generación de empleo.
El razonamiento es similar al planteado cuando se aprobó la flexibilización laboral durante el gobierno de la Alianza, con la recordada "ley Banelco". Desde este punto de vista, se supone que si se reducen o directamente se eliminan los costos que implica despedir a un empleado, el empresario tendrá menos reticencia a contratar nuevo personal.
Lo que muestra la historia reciente es que ningún cambio en la legislación laboral motoriza por sí mismo la creación de empleo, sino que eso depende del crecimiento de la actividad en los sectores que son demandantes de mano de obra.
Vale como antecedente, la mencionada reforma laboral del año 2000 que no sirvió ni siquiera para desacelerar la destrucción del empleo, que sí se recuperó años más tarde gracias a la reactivación de la economía que inició en 2003, bajo los gobiernos peronistas de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. De hecho, los períodos de mayor crecimiento del empleo no coindicen con los años de flexibilización laboral sino con los años de crecimiento de la economía, incluso bajo imperio de regulaciones como la doble indemnización.
Y este nuevo intento de reforma laboral llega en otro momento de caída del empleo en todo el país. Según estadística oficial, desde que asumió Milei hasta agosto último, 19.164 empresas cerraron sus puertas y se perdieron 276.292 empleos registrados, la mayoría de ellos en el sector privado.
Según datos oficiales del INDEC, el uso de la capacidad instalada de la industria cayó a 61% en octubre y en el sector textil ya está por debajo del 35%. En esta situación de caída de la demanda y de la producción, la gran mayoría de las empresas espera la reforma laboral no para contratar sino para despedir personal.
Sincericidio oficial y patronal
Sostiene Eduardo Aliverti, columnista de Página 12, que el sincericidio de uno de los principales asesores del Gobierno, acerca de que el proyecto de reforma laboral no aportará nada hacia la creación de trabajo genuino, debería contarse entre los hechos más didácticos del año. Milei quiere un país de esclavos.
Julián de Diego (foto) no es "cualquier" abogado laboralista. Es, de largo tiempo a esta parte, una de las voces más caracterizadas del universo patronal. Un lobista de alto nivel. Cada vez que hay alguna polémica o instalación temática sobre disputas de trabajadores y empleadores, De Diego está en primera fila mediática a fines de defender y presionar por los intereses corporativos. Ahora, aunque no en soledad sino con el equipo de Techint y otros estudios jurídicos, fue uno de los redactores del borrador laboral "reformista".
De paso: ese término también quedó incorporado a las victorias semánticas del neoliberalismo, como en su momento lo fue la "flexibilización" que acaba de mudar a "modernización". Excepciones aparte, ¿quién no tiene el impulso primario, instintivo, de adherir a que algo se reforme, flexibilice o modernice aun cuando consista en proyectos profundamente conservadores o, peor, de ideas que acentúan la desigualdad social?
La cuestión es que, De Diego, en diálogo con Noelia Barral Grigera en Radio con Vos, afirmó creer en el crecimiento de una economía sustentable como única fórmula para generar empleo. Relativizó virtualmente por completo que vaya a haber nuevos puestos de trabajo cambiando la legislación laboral.
El asesor del Presidente certificó así la inutilidad práctica de lo que él mismo contribuyó a escribir como proyecto de ley si es, claro, por las intenciones de creación de trabajo que declama el Gobierno. Ante la obvia e imprescindible repregunta de para qué, entonces, cree necesario modificar la legislación, se remitió en lo central a que hace falta "una bocanada de aire fresco" relacionada con las nuevas tecnologías.
La Opinión Popular
La consultora Equilibra planteó que todas las provincias tuvieron un deterioro fiscal este año por un fuerte aumento del gasto, muy por encima de los ingresos. Ocho provincias que el año pasado no tenían déficit, este año cayeron en desequilibrio. Una alternativa es trasferir la Caja a la Nación, pero el problema es que Anses no la quiere. ¿Quién querría asumir un pasivo importante para el 2026, cuando el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, está planteando rebaja de aportes patronales a las jubilaciones, con el costo fiscal que eso supone? Parte de los apoyos políticos que negocia Milei en el Congreso pueden estar atados a esta negociación.
Milei inaugurará la semana su nueva etapa en el Congreso con una doble prueba de fuego. Por un lado, buscará aprobar en tiempo récord el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, con ayuda de gobernadores afines, como Frigerio. Por otro, intentará apurar el dictamen de la controvertida contra reforma laboral en el Senado, aunque choca con el rechazo conjunto del peronismo y la CGT, los reparos de legisladores dialoguistas que se rehúsan a un tratamiento exprés, y el lobby sindical en las provincias.
La fuerte dependencia de las provincias de los recursos nacionales hace que resulte clave que la Nación resuelva su vínculo con las administraciones locales. La coparticipación federal representa una parte importante de los recursos presupuestarios de las provincias. Por esa razón, preocupan, en el Presupuesto 2026, los cambios en el régimen impositivo que podría eliminar tributos o modificarlos con impacto directo negativo en las arcas provinciales.
Por su parte, la iniciativa laboral introduce numerosos cambios de fondo: reduce la base de cálculo de las indemnizaciones por despido; permite fraccionar las vacaciones; habilita la extensión de la jornada laboral y el "banco de horas"; autoriza a pagar salarios en pesos, dólares o especies, y a aumentarlos por productividad; restringe las cuotas que cobran los sindicatos; elimina la renovación automática de los convenios colectivos; y limita el derecho a huelga al ampliar los "servicios esenciales", entre los principales puntos. Todo lo que los grandes empresarios, que redactaron el proyecto, pretenden.
Alrededor de la mitad de la población económicamente activa está en negro, en el monotributo, en los circuitos marginales. ¿De qué sentirán que les hablan cuando se mencionan derechos laborales, jornadas de 12 horas siendo que ya trabajan 14 o más, reconocimientos vacacionales, cómputos de aguinaldo o despidos arbitrarios? ¿Por qué no tendría lógica que muchos acuerden con blanquear lo que ya les ocurre, a ver si en una de ésas se accede por lo menos a un contrato precario?
El debate revive el espectro de la Ley Bases, la nefasta norma fundacional del gobierno de los ricos que gerencia Milei. En un clima de agrande similar al que viven hoy los libertarios por el triunfo en las urnas, el Gobierno envió un proyecto con más de 600 artículos, pero el Congreso lo sancionó con 238, después de seis meses de idas y vueltas donde el oficialismo tuvo que ceder mucho para llevarse la ley. ¿Pasará lo mismo con la reforma anti obrera y pro patronal?
El peronismo nacional, por su parte, ya prepara una estrategia de bloqueo y dilación: a los cuestionamientos constitucionales por el ingreso del expediente por el Senado (advierten que debía enviarse a Diputados porque modifica impuestos) sumarán pedidos para llevar a decenas de invitados al plenario. Y el jueves el reclamo se trasladará a las calles, con la movilización popular convocada por la CGT a Plaza de Mayo. Será multitudinaria.
La Opinión Popular
La flexibilización laboral de Milei
Sostiene Rafael Cortes, columnista de Misiones Online, que con la asunción de los diputados y senadores electos en octubre inicia la maratón legislativa diseñada por el Gobierno de Javier Milei para entrar de lleno en la etapa de las reformas. Finalmente se conoció el proyecto oficial para modificar la legislación laboral y algunos puntos desataron polémica.
Ya está funcionando a pleno el Congreso con su nueva configuración, resultado de las elecciones de octubre pasado. Ahora sí el Gobierno de Milei tiene un contexto mucho más amigable para avanzar en la agenda de reformas que propuso como eje de la segunda mitad de su mandato.
La primera meta para el oficialismo será la aprobación de una ley de Presupuesto 2026, que sería la primera en la era libertaria. Después de una serie de reuniones con gobernadores y dirigentes "sin territorio" de la oposición dialoguista, desde el oficialismo aseguran que tienen los números para cantar la primera victoria.
Pero las topadas más difíciles son las que vendrán después. Mientras se debate el Presupuesto, el Gobierno espera avanzar también con una reforma laboral diseñada para abaratar costos a los empresarios.
Ni bien se conoció el proyecto oficial, se plantearon varias polémicas, entre ellas la retroactividad. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió a aclarar que las condiciones que establezca la nueva ley regirán para todos, no solo para las relaciones laborales que se inicien con posterioridad a la sanción de dicha ley.
Uno de los puntos centrales que plantea el proyecto es el reemplazar el actual régimen de indemnizaciones, que con la nueva ley dejarían de ser pagadas por los empresarios y serían afrontadas por un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) conformado con dinero que ahora va a Anses. Es decir, a los jubilados.
El empleador deberá aportar 3% de su masa salarial al FAL, pero en contraprestación se reducirá en igual proporción los aportes patronales que efectúe a la ANSES. Es decir que a los efectos prácticos será la ANSES quien aporte al fondo de despidos.
De acuerdo con estimaciones de especialistas en la materia, la instrumentación de este fondo implicará un desfinanciamiento de la ANSES del orden de los 3.000 millones de dólares por año, dinero de las jubilaciones que será transferido al sector privado.
En este punto se puede señalar una contradicción gigante por parte del Gobierno nacional que sistemáticamente rechaza todos los proyectos que impliquen un costo fiscal, pero impulsa una reforma laboral que acarrea un enorme costo fiscal para el sistema jubilatorio.
Desde la oposición señalan que uno de los objetivos ocultos de esta reforma sería justamente el de desfinanciar al sistema de previsión social y así preparar el terreno para el retorno de las AFJP.
El proyecto también prevé reducir el monto de las indemnizaciones mediante una modificación en los conceptos que se toman en cuenta para calcular el salario promedio, unidad que determina el monto de cada indemnización.
Además, se otorga a las empresas flexibilidad para fraccionar vacaciones en períodos no menores a siete días y para reconfigurar la jornada laboral de sus empleados. Se permitirán jornadas diarias de hasta 12 horas a través de un mecanismo denominado "banco de horas" a través del cual se podrán acumular horas extra para luego compensarlas con francos o días de descanso en el futuro.
Desde el Gobierno libertario se empeñan en destacar que tanto el fraccionamiento de las vacaciones como la modificación de las jornadas de trabajo bajo el esquema del banco de horas deberán practicarse "de común acuerdo" entre empleado y empleador, omitiendo que la relación entre un trabajador y su jefe es asimétrica por naturaleza y que el primero suele tener poco margen para no prestarse "de común acuerdo" a lo que decida su jefe.
El objetivo del proyecto en definitiva es abaratar el costo que deben afrontar las empresas para despedir personal y dotarlas de mayor flexibilidad para organizar sus actividades. Desde el Gobierno anarco capitalista argumentan que de esa manera se generan condiciones más propicias para la generación de empleo.
El razonamiento es similar al planteado cuando se aprobó la flexibilización laboral durante el gobierno de la Alianza, con la recordada "ley Banelco". Desde este punto de vista, se supone que si se reducen o directamente se eliminan los costos que implica despedir a un empleado, el empresario tendrá menos reticencia a contratar nuevo personal.
Lo que muestra la historia reciente es que ningún cambio en la legislación laboral motoriza por sí mismo la creación de empleo, sino que eso depende del crecimiento de la actividad en los sectores que son demandantes de mano de obra.
Vale como antecedente, la mencionada reforma laboral del año 2000 que no sirvió ni siquiera para desacelerar la destrucción del empleo, que sí se recuperó años más tarde gracias a la reactivación de la economía que inició en 2003, bajo los gobiernos peronistas de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. De hecho, los períodos de mayor crecimiento del empleo no coindicen con los años de flexibilización laboral sino con los años de crecimiento de la economía, incluso bajo imperio de regulaciones como la doble indemnización.
Y este nuevo intento de reforma laboral llega en otro momento de caída del empleo en todo el país. Según estadística oficial, desde que asumió Milei hasta agosto último, 19.164 empresas cerraron sus puertas y se perdieron 276.292 empleos registrados, la mayoría de ellos en el sector privado.
Según datos oficiales del INDEC, el uso de la capacidad instalada de la industria cayó a 61% en octubre y en el sector textil ya está por debajo del 35%. En esta situación de caída de la demanda y de la producción, la gran mayoría de las empresas espera la reforma laboral no para contratar sino para despedir personal.
Sincericidio oficial y patronal
Sostiene Eduardo Aliverti, columnista de Página 12, que el sincericidio de uno de los principales asesores del Gobierno, acerca de que el proyecto de reforma laboral no aportará nada hacia la creación de trabajo genuino, debería contarse entre los hechos más didácticos del año. Milei quiere un país de esclavos.
Julián de Diego (foto) no es "cualquier" abogado laboralista. Es, de largo tiempo a esta parte, una de las voces más caracterizadas del universo patronal. Un lobista de alto nivel. Cada vez que hay alguna polémica o instalación temática sobre disputas de trabajadores y empleadores, De Diego está en primera fila mediática a fines de defender y presionar por los intereses corporativos. Ahora, aunque no en soledad sino con el equipo de Techint y otros estudios jurídicos, fue uno de los redactores del borrador laboral "reformista".
De paso: ese término también quedó incorporado a las victorias semánticas del neoliberalismo, como en su momento lo fue la "flexibilización" que acaba de mudar a "modernización". Excepciones aparte, ¿quién no tiene el impulso primario, instintivo, de adherir a que algo se reforme, flexibilice o modernice aun cuando consista en proyectos profundamente conservadores o, peor, de ideas que acentúan la desigualdad social?
La cuestión es que, De Diego, en diálogo con Noelia Barral Grigera en Radio con Vos, afirmó creer en el crecimiento de una economía sustentable como única fórmula para generar empleo. Relativizó virtualmente por completo que vaya a haber nuevos puestos de trabajo cambiando la legislación laboral.
El asesor del Presidente certificó así la inutilidad práctica de lo que él mismo contribuyó a escribir como proyecto de ley si es, claro, por las intenciones de creación de trabajo que declama el Gobierno. Ante la obvia e imprescindible repregunta de para qué, entonces, cree necesario modificar la legislación, se remitió en lo central a que hace falta "una bocanada de aire fresco" relacionada con las nuevas tecnologías.
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