10:46 | Martes 09 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 09-12-2025 / 09:12

LA EDUCACIÓN ARGENTINA FRENTE A SU HORA MÁS CRÍTICA

Blanca Osuna hace un llamado a defender lo que construimos entre todos

La diputada nacional Blanca Osuna hace "un llamado a defender lo que construimos entre todos". Repasa algunos indicadores que dan cuenta del impacto de la motosierra en el sistema educativo nacional. En este contexto llama a "levantar la voz y sumar compromisos" ante la transformación en marcha que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Está finalizando el ciclo lectivo 2025. Las escuelas se preparan para despedir a sus egresados y egresadas; las familias reciben carpetas cargadas de trabajos y aprendizajes; maestras, maestros y profes ordenan materiales, cierran notas y planifican lo que vendrá. En cada una de las más de 60 mil escuelas de nuestro país se repite esta escena de compromiso y presencia pedagógica. Allí, donde transitan 11 millones de estudiantes, se pone en acto el derecho a la educación que el Estado tiene la obligación de garantizar: un derecho humano respaldado por la Constitución y los tratados internacionales.

Sin embargo, este cierre de año llega atravesado por un deterioro deliberado y profundo de la política educativa nacional. La ejecución semestral acumulada de la Secretaría de Educación muestra una caída de 47,6 puntos reales respecto del mismo período de 2023, todo en el marco de un presupuesto prorrogado, administrado con discrecionalidad y sin debate parlamentario. El Gobierno decidió no tratar el presupuesto 2024 ni 2025.

Los últimos dos años estuvieron marcados por la desinversión. Este ajuste extremo tuvo consecuencias directas: incumplimiento de la paritaria docente; cierre de programas como Conectar Igualdad; desaparición del FONID; cero obras de infraestructura y construcción de jardines de infantes. Los ingresos docentes están en un piso histórico, equivalentes a valores previos a 2005.

Estas medidas se justificaron trasladando responsabilidades a las provincias bajo un falso "federalismo", cuando en realidad significaron incumplir leyes y fragmentar el sistema educativo nacional, debilitando su capacidad para garantizar igualdad, inclusión y calidad.

Los golpes más duros recaen sobre quienes más necesitan del acompañamiento del Estado: las y los jóvenes que buscan sostener su escolaridad o comenzar estudios superiores.

Las becas Progresar -reguladas por la Ley 27.726- sufrieron un recorte dramático:

* En el 4.º trimestre de 2024 sus recursos cayeron 27,3 %.
* Se perdieron 500.000 becas en un año.
* El monto quedó congelado mientras la inflación anual fue del 236 %.
* El aumento a $35.000 llegó tarde y fue insuficiente.
* En 2025 no hubo incrementos y se redujo nuevamente el universo de becarios.

Este ajuste no solo afecta bolsillos: afecta vidas, trayectorias y oportunidades que tardan generaciones en construirse.

Las universidades nacionales -donde estudian más de 2 millones de estudiantes- están en serio riesgo. El Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y otras normas.
El presupuesto es insuficiente para cubrir servicios básicos; los salarios docentes y no docentes cayeron entre 25 % y 30 %; más de 10.000 docentes universitarios dejaron sus cargos porque ya no podían sostenerse.

Un proyecto para retroceder décadas

El Presupuesto 2026 profundiza este rumbo: propone derogar artículos que fijan metas de inversión educativa, incluida la obligación de destinar el 6 % del PBI a educación y el financiamiento de la Educación Técnico Profesional. Es decir, el Gobierno renuncia explícitamente a su responsabilidad constitucional.

A esto se suma la circulación -sin autoría clara- del presunto proyecto "Libertad Educativa", asociado al secretario Carlos Torrendell y al CEO Paolo Rocca. Su contenido apunta a borrar responsabilidades del Estado y a debilitar a la escuela pública como institución que sostiene comunidad, ciudadanía y democracia.

La defensa de la Ley de Educación Nacional

Para avanzar sin límites, el Gobierno necesita eliminar la Ley de Educación Nacional (26.206). Esta ley fue fruto de un debate amplio y federal impulsado por el presidente Néstor Kirchner. Miles de ciudadanos y ciudadanas participaron con compromiso para definir un horizonte educativo común.

Su núcleo duro -que hoy se busca desmantelar- incluye:
* La educación como bien público.
* La educación como derecho personal y social.
* La obligación del Estado de garantizarla.
* La integración federal del sistema.
* La igualdad y la justicia educativa.
* La responsabilidad compartida entre Nación y provincias.

El neoliberalismo necesita destruir este núcleo para mercantilizar la educación. Y como condición, debe debilitar a las escuelas y al rol docente, empoderando "particulares" que pretendan convertir la educación en negocio. Eso empuja a docentes, familias y estudiantes hacia el abismo de la desigualdad.

Transformar sí, retroceder jamás

El sistema educativo necesita transformaciones, como toda institución viva. Pero solo son sostenibles si se apoyan en leyes democráticas, con participación real de escuelas, docentes, estudiantes, comunidades y familias; y con financiamiento estable.

El proyecto educativo que la Argentina necesita debe ser soberano, inclusivo y capaz de enfrentar los desafíos tecnológicos, productivos y sociales. Debe sostener y formar a sus docentes. Debe ampliar derechos, no restringirlos.

Por eso, frente al intento del Gobierno de dinamitar el sistema educativo público, es urgente levantar la voz y sumar compromisos. No aceptamos que la Argentina retroceda a tiempos previos a la Ley 1420. No lo merecen los millones de estudiantes y docentes que cada día enseñan y aprenden, ni las familias que sostienen ese esfuerzo. La educación pública argentina es identidad y conquista histórica. Es la base del proyecto de país justo y democrático que merecemos. Una utopía en construcción permanente, a la que no vamos a renunciar jamás. Defenderla es defender nuestro presente y nuestro futuro común.

Fuente: Página Política

09-12-2025 / 09:12

Blanca Osuna hace un llamado a defender lo que construimos entre todos

08-12-2025 / 20:12

Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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