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Entre Ríos - 09-12-2025 / 09:12
LA EDUCACIÓN ARGENTINA FRENTE A SU HORA MÁS CRÍTICA

Blanca Osuna hace un llamado a defender lo que construimos entre todos

Blanca Osuna hace un llamado a defender lo que construimos entre todos
La diputada nacional Blanca Osuna hace "un llamado a defender lo que construimos entre todos". Repasa algunos indicadores que dan cuenta del impacto de la motosierra en el sistema educativo nacional. En este contexto llama a "levantar la voz y sumar compromisos" ante la transformación en marcha que impulsa el gobierno de Javier Milei.
 
La diputada nacional Blanca Osuna hace "un llamado a defender lo que construimos entre todos". Repasa algunos indicadores que dan cuenta del impacto de la motosierra en el sistema educativo nacional. En este contexto llama a "levantar la voz y sumar compromisos" ante la transformación en marcha que impulsa el gobierno de Javier Milei.
 
Está finalizando el ciclo lectivo 2025. Las escuelas se preparan para despedir a sus egresados y egresadas; las familias reciben carpetas cargadas de trabajos y aprendizajes; maestras, maestros y profes ordenan materiales, cierran notas y planifican lo que vendrá. En cada una de las más de 60 mil escuelas de nuestro país se repite esta escena de compromiso y presencia pedagógica. Allí, donde transitan 11 millones de estudiantes, se pone en acto el derecho a la educación que el Estado tiene la obligación de garantizar: un derecho humano respaldado por la Constitución y los tratados internacionales.
 
Sin embargo, este cierre de año llega atravesado por un deterioro deliberado y profundo de la política educativa nacional. La ejecución semestral acumulada de la Secretaría de Educación muestra una caída de 47,6 puntos reales respecto del mismo período de 2023, todo en el marco de un presupuesto prorrogado, administrado con discrecionalidad y sin debate parlamentario. El Gobierno decidió no tratar el presupuesto 2024 ni 2025.
 
Los últimos dos años estuvieron marcados por la desinversión. Este ajuste extremo tuvo consecuencias directas: incumplimiento de la paritaria docente; cierre de programas como Conectar Igualdad; desaparición del FONID; cero obras de infraestructura y construcción de jardines de infantes. Los ingresos docentes están en un piso histórico, equivalentes a valores previos a 2005.
 
Estas medidas se justificaron trasladando responsabilidades a las provincias bajo un falso "federalismo", cuando en realidad significaron incumplir leyes y fragmentar el sistema educativo nacional, debilitando su capacidad para garantizar igualdad, inclusión y calidad.
 
Los golpes más duros recaen sobre quienes más necesitan del acompañamiento del Estado: las y los jóvenes que buscan sostener su escolaridad o comenzar estudios superiores.
 
Las becas Progresar -reguladas por la Ley 27.726- sufrieron un recorte dramático:
 
* En el 4.º trimestre de 2024 sus recursos cayeron 27,3 %.
* Se perdieron 500.000 becas en un año.
* El monto quedó congelado mientras la inflación anual fue del 236 %.
* El aumento a $35.000 llegó tarde y fue insuficiente.
* En 2025 no hubo incrementos y se redujo nuevamente el universo de becarios.
 
Este ajuste no solo afecta bolsillos: afecta vidas, trayectorias y oportunidades que tardan generaciones en construirse.
 
Las universidades nacionales -donde estudian más de 2 millones de estudiantes- están en serio riesgo. El Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y otras normas.
El presupuesto es insuficiente para cubrir servicios básicos; los salarios docentes y no docentes cayeron entre 25 % y 30 %; más de 10.000 docentes universitarios dejaron sus cargos porque ya no podían sostenerse.
 
 
Un proyecto para retroceder décadas
  
El Presupuesto 2026 profundiza este rumbo: propone derogar artículos que fijan metas de inversión educativa, incluida la obligación de destinar el 6 % del PBI a educación y el financiamiento de la Educación Técnico Profesional. Es decir, el Gobierno renuncia explícitamente a su responsabilidad constitucional.
 
A esto se suma la circulación -sin autoría clara- del presunto proyecto "Libertad Educativa", asociado al secretario Carlos Torrendell y al CEO Paolo Rocca. Su contenido apunta a borrar responsabilidades del Estado y a debilitar a la escuela pública como institución que sostiene comunidad, ciudadanía y democracia.
 
 
La defensa de la Ley de Educación Nacional
 
Para avanzar sin límites, el Gobierno necesita eliminar la Ley de Educación Nacional (26.206). Esta ley fue fruto de un debate amplio y federal impulsado por el presidente Néstor Kirchner. Miles de ciudadanos y ciudadanas participaron con compromiso para definir un horizonte educativo común.
 
Su núcleo duro -que hoy se busca desmantelar- incluye:
* La educación como bien público.
* La educación como derecho personal y social.
* La obligación del Estado de garantizarla.
* La integración federal del sistema.
* La igualdad y la justicia educativa.
* La responsabilidad compartida entre Nación y provincias.
 
El neoliberalismo necesita destruir este núcleo para mercantilizar la educación. Y como condición, debe debilitar a las escuelas y al rol docente, empoderando "particulares" que pretendan convertir la educación en negocio. Eso empuja a docentes, familias y estudiantes hacia el abismo de la desigualdad.
 
 
Transformar sí, retroceder jamás
  
El sistema educativo necesita transformaciones, como toda institución viva. Pero solo son sostenibles si se apoyan en leyes democráticas, con participación real de escuelas, docentes, estudiantes, comunidades y familias; y con financiamiento estable.
 
El proyecto educativo que la Argentina necesita debe ser soberano, inclusivo y capaz de enfrentar los desafíos tecnológicos, productivos y sociales. Debe sostener y formar a sus docentes. Debe ampliar derechos, no restringirlos.
 
Por eso, frente al intento del Gobierno de dinamitar el sistema educativo público, es urgente levantar la voz y sumar compromisos. No aceptamos que la Argentina retroceda a tiempos previos a la Ley 1420. No lo merecen los millones de estudiantes y docentes que cada día enseñan y aprenden, ni las familias que sostienen ese esfuerzo. La educación pública argentina es identidad y conquista histórica. Es la base del proyecto de país justo y democrático que merecemos. Una utopía en construcción permanente, a la que no vamos a renunciar jamás. Defenderla es defender nuestro presente y nuestro futuro común.
 
Fuente: Página Política 
 
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03-03-2026 / 11:03
02-03-2026 / 11:03
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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