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Entre Ríos - 09-12-2025 / 09:12
LA EDUCACIÓN ARGENTINA FRENTE A SU HORA MÁS CRÍTICA

Blanca Osuna hace un llamado a defender lo que construimos entre todos

Blanca Osuna hace un llamado a defender lo que construimos entre todos
La diputada nacional Blanca Osuna hace "un llamado a defender lo que construimos entre todos". Repasa algunos indicadores que dan cuenta del impacto de la motosierra en el sistema educativo nacional. En este contexto llama a "levantar la voz y sumar compromisos" ante la transformación en marcha que impulsa el gobierno de Javier Milei.
 
La diputada nacional Blanca Osuna hace "un llamado a defender lo que construimos entre todos". Repasa algunos indicadores que dan cuenta del impacto de la motosierra en el sistema educativo nacional. En este contexto llama a "levantar la voz y sumar compromisos" ante la transformación en marcha que impulsa el gobierno de Javier Milei.
 
Está finalizando el ciclo lectivo 2025. Las escuelas se preparan para despedir a sus egresados y egresadas; las familias reciben carpetas cargadas de trabajos y aprendizajes; maestras, maestros y profes ordenan materiales, cierran notas y planifican lo que vendrá. En cada una de las más de 60 mil escuelas de nuestro país se repite esta escena de compromiso y presencia pedagógica. Allí, donde transitan 11 millones de estudiantes, se pone en acto el derecho a la educación que el Estado tiene la obligación de garantizar: un derecho humano respaldado por la Constitución y los tratados internacionales.
 
Sin embargo, este cierre de año llega atravesado por un deterioro deliberado y profundo de la política educativa nacional. La ejecución semestral acumulada de la Secretaría de Educación muestra una caída de 47,6 puntos reales respecto del mismo período de 2023, todo en el marco de un presupuesto prorrogado, administrado con discrecionalidad y sin debate parlamentario. El Gobierno decidió no tratar el presupuesto 2024 ni 2025.
 
Los últimos dos años estuvieron marcados por la desinversión. Este ajuste extremo tuvo consecuencias directas: incumplimiento de la paritaria docente; cierre de programas como Conectar Igualdad; desaparición del FONID; cero obras de infraestructura y construcción de jardines de infantes. Los ingresos docentes están en un piso histórico, equivalentes a valores previos a 2005.
 
Estas medidas se justificaron trasladando responsabilidades a las provincias bajo un falso "federalismo", cuando en realidad significaron incumplir leyes y fragmentar el sistema educativo nacional, debilitando su capacidad para garantizar igualdad, inclusión y calidad.
 
Los golpes más duros recaen sobre quienes más necesitan del acompañamiento del Estado: las y los jóvenes que buscan sostener su escolaridad o comenzar estudios superiores.
 
Las becas Progresar -reguladas por la Ley 27.726- sufrieron un recorte dramático:
 
* En el 4.º trimestre de 2024 sus recursos cayeron 27,3 %.
* Se perdieron 500.000 becas en un año.
* El monto quedó congelado mientras la inflación anual fue del 236 %.
* El aumento a $35.000 llegó tarde y fue insuficiente.
* En 2025 no hubo incrementos y se redujo nuevamente el universo de becarios.
 
Este ajuste no solo afecta bolsillos: afecta vidas, trayectorias y oportunidades que tardan generaciones en construirse.
 
Las universidades nacionales -donde estudian más de 2 millones de estudiantes- están en serio riesgo. El Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y otras normas.
El presupuesto es insuficiente para cubrir servicios básicos; los salarios docentes y no docentes cayeron entre 25 % y 30 %; más de 10.000 docentes universitarios dejaron sus cargos porque ya no podían sostenerse.
 
 
Un proyecto para retroceder décadas
  
El Presupuesto 2026 profundiza este rumbo: propone derogar artículos que fijan metas de inversión educativa, incluida la obligación de destinar el 6 % del PBI a educación y el financiamiento de la Educación Técnico Profesional. Es decir, el Gobierno renuncia explícitamente a su responsabilidad constitucional.
 
A esto se suma la circulación -sin autoría clara- del presunto proyecto "Libertad Educativa", asociado al secretario Carlos Torrendell y al CEO Paolo Rocca. Su contenido apunta a borrar responsabilidades del Estado y a debilitar a la escuela pública como institución que sostiene comunidad, ciudadanía y democracia.
 
 
La defensa de la Ley de Educación Nacional
 
Para avanzar sin límites, el Gobierno necesita eliminar la Ley de Educación Nacional (26.206). Esta ley fue fruto de un debate amplio y federal impulsado por el presidente Néstor Kirchner. Miles de ciudadanos y ciudadanas participaron con compromiso para definir un horizonte educativo común.
 
Su núcleo duro -que hoy se busca desmantelar- incluye:
* La educación como bien público.
* La educación como derecho personal y social.
* La obligación del Estado de garantizarla.
* La integración federal del sistema.
* La igualdad y la justicia educativa.
* La responsabilidad compartida entre Nación y provincias.
 
El neoliberalismo necesita destruir este núcleo para mercantilizar la educación. Y como condición, debe debilitar a las escuelas y al rol docente, empoderando "particulares" que pretendan convertir la educación en negocio. Eso empuja a docentes, familias y estudiantes hacia el abismo de la desigualdad.
 
 
Transformar sí, retroceder jamás
  
El sistema educativo necesita transformaciones, como toda institución viva. Pero solo son sostenibles si se apoyan en leyes democráticas, con participación real de escuelas, docentes, estudiantes, comunidades y familias; y con financiamiento estable.
 
El proyecto educativo que la Argentina necesita debe ser soberano, inclusivo y capaz de enfrentar los desafíos tecnológicos, productivos y sociales. Debe sostener y formar a sus docentes. Debe ampliar derechos, no restringirlos.
 
Por eso, frente al intento del Gobierno de dinamitar el sistema educativo público, es urgente levantar la voz y sumar compromisos. No aceptamos que la Argentina retroceda a tiempos previos a la Ley 1420. No lo merecen los millones de estudiantes y docentes que cada día enseñan y aprenden, ni las familias que sostienen ese esfuerzo. La educación pública argentina es identidad y conquista histórica. Es la base del proyecto de país justo y democrático que merecemos. Una utopía en construcción permanente, a la que no vamos a renunciar jamás. Defenderla es defender nuestro presente y nuestro futuro común.
 
Fuente: Página Política 
 
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10-06-2026 / 14:06
El inicio del debate por la reforma previsional en el Senado entrerriano dejó en evidencia lo que ya se anticipaba en los pasillos de la Legislatura: un tratamiento exprés, opaco y plagado de cruces que demuestra la fragilidad de los argumentos oficiales. Bajo la pantalla de una supuesta "armonización" con el sistema nacional, el oficialismo intenta forzar un ajuste severo sobre las espaldas de las y los trabajadores provinciales, recurriendo a diagnósticos sesgados que omiten deliberadamente las verdaderas causas del desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
 
De acuerdo con lo consignado por el medio especializado Sociedad Política en su artículo "El debate por la reforma previsional comenzó con cruces entre funcionarios y senadores de la oposición", la primera reunión de comisión se convirtió en un escenario de fuertes tensiones. Los funcionarios provinciales desembarcaron en el Senado con un libreto rígido y justificaciones netamente matemáticas sobre la relación entre activos y pasivos, pretendiendo clausurar una discusión profunda. La oposición legislativa y las representaciones gremiales no tardaron en desnudar las falencias del proyecto: se cuestionó con dureza el apuro oficialista por imponer modificaciones estructurales y la preocupante discrecionalidad que la declaración de "emergencia previsional" le otorgaría al Poder Ejecutivo.
 
El nudo del conflicto radica en las recetas que el oficialismo pretende aplicar, las cuales repiten viejos dogmas neoliberales. La iniciativa de Frigerio contempla una unificación progresiva de los requisitos de edad —llegando a proponer un esquema que eleva la edad jubilatoria a los 68 años para los nuevos ingresantes, una de las más altas a nivel global—, lo que constituye un ataque directo a las conquistas históricas del movimiento obrero. Peor aún, el proyecto introduce un brutal sesgo de género al no reconocer el valor de las tareas de reproducción y cuidado que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Mientras tanto, las corporaciones empresarias y los sectores más concentrados de la economía provincial —los grandes beneficiados de siempre— miran desde afuera sin aportar un solo centavo extraordinario, ya que toda la carga del desequilibrio financiero se traslada de forma directa a los bolsillos pulverizados de los activos y pasivos mediante "aportes extraordinarios".
 
De la redacción de La Opinión Popular

09-06-2026 / 22:06
09-06-2026 / 21:06
08-06-2026 / 14:06
El demoledor informe "Hogares bajo tensión", elaborado por el dirigente Sergio Benítez (Siatrasag) para el Cisper, deja al descubierto las consecuencias del brutal ajuste coordinado entre el gobierno nacional de Javier Milei y la gestión provincial de Rogelio Frigerio. Entre febrero de 2024 y abril de 2026, la tarifa eléctrica en Entre Ríos sufrió un incremento desorbitado del 606%, superando ampliamente la inflación y pulverizando el poder adquisitivo de los trabajadores, cuyos sueldos en el sector público apenas aumentaron un 118%. Esta transferencia de recursos profundiza la pérdida del poder de compra y condena a las familias entrerrianas a una situación de vulnerabilidad extrema, donde un docente debe destinar casi dos días enteros de su salario solo para abonar una factura estándar de luz.

La investigación devela, además, una alarmante contradicción que desnuda la insensibilidad de la administración de Frigerio: mientras los usuarios residenciales son sometidos a tramos tarifarios altamente regresivos y se ven imposibilitados de pagar sus boletas, la empresa estatal Enersa registró ganancias netas superiores a los 42.000 millones de pesos (unos 40 millones de dólares). Lejos de cumplir con las promesas oficiales de alivio económico, la pasividad de la provincia ante la quita de subsidios dispuesta por Milei demuestra que el acceso a la energía dejó de ser considerado un derecho humano básico en Entre Ríos para convertirse en una caja de recaudación política a costa del sacrificio del pueblo.
 
De la redacción de La Opinión Popular
 

08-06-2026 / 14:06
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