07:27 | Martes 09 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 08-12-2025 / 20:12
PANORAMA POLÍTICO ENTRERRIANO
Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias
Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.
Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.
Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.
El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.
Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.
La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.
Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.
En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.
El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.
Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.
El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.
Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.
La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.
Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.
En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.
El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.
En la foto de corto plazo, Milei ofrece las promesas de siempre a los gobernadores para asegurar la aprobación de las reformas estructurales (laboral, impositiva y previsional). "Pactar con la Nación es negocio en la actualidad", señalan entusiasmados los "dialoguistas". En la película de largo plazo estas alianzas institucionales podrían ser transitorias, extendiéndose solo hasta fines de 2026 o principios de 2027, momento en que las diferenciaciones propias de los años electorales volverán a aflorar.
Diego Santilli, nuevo ministro de Interior, es el operador clave de Milei para negociar, de a uno, con gobernadores y conseguir el apoyo necesario para sus reformas anti populares. La estrategia es clara: anular cualquier oposición en el Congreso para avanzar con leyes que benefician a los grandes empresarios y al FMI. El trasfondo es claro: prometer a los gobernadores que acuerden las leyes a cambio de fondos para sus provincias. Por estas horas se concentra en horadar los bloques en el Congreso. No pasaron ni tres semanas y muchos que compitieron por fuera de La Libertad Avanza, siguiendo el "ejemplo" de Kueider, ya se preparan para correr a los brazos de Milei.
En política, nada es gratis. "A los gobernadores hay que verlos de a uno; se les cobra al contado y se les paga en cuotas", decía Carlos Menem. Milei busca aprovechar el momento para imponer sus reformas, mientras los gobernadores intentan obtener el mayor provecho de esta "armonía institucional". Es obligación del gobernador Frigerio exigir sin temores lo que les corresponde a los entrerrianos. El objetivo principal debe ser recuperar el flujo de recursos retenidos y retomar la actividad de obras estratégicas para la provincia.
¿Se unirá Frigerio a una alianza con otros mandatarios provinciales? Esta unidad podría aportar equilibrio y sensatez en la disputa actual, y lograr la tan necesaria cuota de federalismo para un país inmenso e históricamente ignorado por los poderes centrales. Mandatarios que, pese a la desatención de Milei en áreas clave como infraestructura, educación y salud, han aportado trabajo y creatividad para sostener las necesidades de sus territorios.
La permanente apelación al federalismo declamada por Frigerio no deben ser las perogrulladas habituales, sino traducirse en señales concretas de que se avanza para modificar los desequilibrios generados en el interior federal por la prepotencia política libertaria. El objetivo es recuperar el flujo de recursos y retomar la actividad de obras estratégicas para la provincia. Exigiendo, nada más ni nada menos, lo que corresponde.
La Opinión Popular
La destrucción que celebra Milei y las reservas que no aparecen
Sostiene Rafael Cortes, columnista de Misiones Online, que mientras los Popes de la industria reclaman políticas sectoriales que detengan la destrucción del aparato productivo nacional, el presidente Javier Milei les responde con una insólita teoría que destaca los supuestos beneficios de la desaparición de empresas y su ministro de economía se aboca a los que mejor le sale: tomar deuda. En diciembre de 2015, la deuda externa argentina era, en números redondos, de 64 mil millones de dólares (14 por ciento del PBI). En junio de 2019 había pasado a 168 mil millones de dólares (40 por ciento del PBI).
La política antiinflacionaria atada al dólar y el esquema cambiario conspiran contra la acumulación de reservas y el establishment internacional advierte volatilidad en el mediano plazo. Contrastes de una economía dual con sectores beneficiados -finanzas, energía, minería- con otros castigados -industria, comercio, construcción- que se traduce en enfriamiento de la actividad, cierres y despidos no compensados con nuevas contrataciones.
El experimento económico anarco capitalista que impulsa el gobierno de los Hermanos Milei y su lugarteniente en Economía, Luis Caputo, acumula señalamientos cada vez más reiterados y desesperados, no ya por parte de zurdos empobrecedores o mandriles kukardos, sino de voces que son referencia para la ortodoxia capitalista liberal en Argentina y el mundo.
Las políticas de apertura comercial, desregulación y atraso cambiario que este gobierno nacional presenta como novedad están generando los mismos efectos que todas las experiencias neoliberales anteriores que transitaron el mismo camino a la ruina, pero más rápidamente.
El ajuste está provocando una caída en la demanda de casi todo, la importación combinada con atraso cambiario está destruyendo a la producción y a la industria nacional, mientras que utilizar al dólar como ancla para la inflación conspira contra la posibilidad de acumular reservas. Asunto relevante para un país endeudado y con pésimos antecedentes crediticios.
La ausencia de una política para la producción y la industria en un contexto de apertura comercial indiscriminada en Argentina que contrasta con un mundo cada vez más proteccionista y la escasa vocación para la acumulación de reservas, son los dos cuestionamientos más reiterados que hacen empresarios y analistas de raigambre liberal al programa económico anarco capitalista.
Industria en rojo
¿Cómo marcha la economía? Los números se resisten a ser atrapados en una sola interpretación. Un economista ortodoxo como Carlos Melconian cree que el Tesoro, de mínima, debería estar comprando los dólares que necesita para pagar los intereses de la deuda. Le preocupa, además, la debilidad de la demanda, como factor principal de una actividad industrial apagada, y la canilla abierta de dólares para atesoramiento y "Punta Cana" (turismo).
Paolo Rocca, dueño del grupo Techint, la empresa más grande del país en el rubro industrial, habló en nombre de la industria nacional y pidió que el Estado adopte una política activa de apoyo al sector para detener la ola de cierres y despidos. "No somos un país que nos tenemos que incorporar al contexto internacional solo por nuestros recursos naturales. Tenemos que tener una política industrial", reclamó.
El primero en responder fue el ministro Caputo, que con un dejo de desdén consideró que "la mejor política para la industria es la estabilidad". Milei fue un paso más lejos y afirmó que la destrucción, no ya de empresas sino de sectores completos de la economía, no representaría un problema, al contrario, sería un beneficio.
El presidente esbozó un argumento parecido al de la destrucción creativa de Schumpeter: "si se abre la economía y determinado sector quiebra es porque el bien que se está trayendo de afuera es de mejor calidad y/o más barato. Cuando pasa eso, tienen un ahorro que lo van a gastar en otro bien, que además es más productivo y lo quiere la gente. No se genera pérdida de empleo y cómo van a un sector más productivo, la economía gana en productividad, y además como los individuos disponen de mayor calidad de bienes, son más felices".
Para que se cumpliera el círculo virtuoso que imagina Milei, sería necesario que el dinero que el consumidor se ahorra sustituyendo producción nacional por importados, sea destinado a un sector que genere empleo y que sume productividad. Si ese ahorro termina comprando más productos importados, que es lo más probable, no habría mejora alguna en la productividad nacional, tampoco generación de empleo.
Mientras el presidente y su ministro de Economía ensayan respuestas rebuscadas frente a problemas reales y concretos, las empresas siguen cerrando y cada vez más gente se queda sin trabajo. El sector automotor, con una producción en retroceso por el acelere de las unidades importadas, tuvo una caída de casi el 20 por ciento en noviembre respecto de octubre y, contra el mismo período del año anterior, el descenso es de 30 por ciento.
Solo esta semana Whirlpool confirmó el cierre de su planta modelo en Pilar -inaugurada a fines de 2022 con 460 empleos directos-, la multinacional Mondelez (con marcas como Oreo, Terrabusi y Milka) suspendió a sus 2.300 empleados por 21 días, la santafesina Essen avanzó con despidos que ya alcanzan al 40% del personal y Cramaco anunció que dejará de fabricar para dedicarse a importar generadores y alternadores eléctricos.
Según estadística oficial, desde que asumió Milei hasta agosto último, 19.164 empresas cerraron sus puertas y se perdieron 276.292 empleos registrados, la mayoría de ellos en el sector privado. Según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) que se conoció esta semana, en octubre 40,3% de las empresas disminuyó su nivel de producción frente al promedio del tercer trimestre.
El 47,4% de las firmas registró una caída en ventas internas -14 puntos más que en octubre del 2024-, contra el 21% que mostró un crecimiento. En cuanto a exportaciones, el 25,1% informó disminuciones y el 18,2% reportó incrementos.
El empleo también sufrió retrocesos importantes. El 21% de las empresas redujo su dotación de personal, mientras que solo el 10,6% lo expandió. Asimismo, el porcentaje de empresas que adoptó reducción de turnos laborales ascendió al 23,5%, mientras el 7,7% aplicó suspensiones. Estos movimientos afectaron por igual a Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes.
El 47,5% de las empresas reportó dificultades para cumplir al menos uno de los pagos principales: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. La contracción del consumo interno representó el principal eje de preocupación para el 40% del total.
Reservas y dólar
Para quienes analizan la actualidad desde la óptica de la macro, la mayor preocupación pasa por la reticencia del Gobierno libertario a acumular reservas. Respecto a esa cuestión se había manifestado recientemente el padre de convertibilidad, Domingo Cavallo, y esta semana lo hizo la vocera del FMI, Julie Kozack, quien expresó que "las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear reservas adecuadas en la Argentina".
En otras palabras, compren dólares porque si no podrían tener otra crisis como la que los llevó a ir de rodillas al propio FMI, primero, y después al Tesoro de los Estados Unidos
Barclays, uno de los bancos más grandes de Europa, distribuyó esta semana un informe en el que señala que las reservas netas son hoy más bajas que cuando asumió Milei. El banco inglés advierte el riesgo de no emprender un fortalecimiento de las arcas del Tesoro ante un shock externo y critica el corset del actual sistema de bandas. La advertencia se sumó a las de otros bancos importantes como UBS, JP Morgan, Santander, BBVA, además del FMI.
Milei justifica su desdén por la acumulación de reservas ensayando argumentos de la escuela austríaca que intentan ocultar una realidad que resulta evidente para todos los que analizan la economía nacional: el Gobierno usa al dólar como ancla para desacelerar la inflación. Eso le impide sostener un ritmo constante de acumulación de reservas porque ello obligaría a convalidar un tipo de cambio más alto al actual.
El sistema que adoptó el Gobierno para administrar el tipo de cambio es otro escollo. Porque el dólar se mantiene apenas por debajo del techo de la banda de flotación, muy lejos de la cotización que tendría que tener para que el Banco Central saliera a comprar. Con el dólar tan cerca del techo, si la autoridad monetaria adoptara una postura compradora rápidamente la divisa superaría ese límite superior, lo que la obligaría a vender para cumplir con la regla cambiaria.
Es decir que para ir hacia un modelo que fuera capaz de acumular reservas, habría que modificar el esquema cambiario o al menos actualizar los límites de las bandas a un ritmo superior, ya que con la política actual de levantar el techo a razón de 1% mensual en contexto en el que la inflación dibujada supera los 2 puntos porcentuales, el dólar se atrasa todos los meses un poco más.
La autoridad monetaria repite la estrategia de priorizar la desaceleración inflacionaria de corto plazo por sobre la consecución de una mayor estabilidad estructural a mediano y largo plazo que resultaría del fortalecimiento de las reservas.
El equipo que encabeza Caputo busca resolver el dilema con endeudamiento, lo que permitiría ingresar dólares sin necesidad de comprarlos en el mercado local. De allí que el mencionado ministro anunciara como un enorme éxito la vuelta de Argentina a los mercados de crédito, aunque este retorno se produzca pagando tasas de interés muy superiores a los que pagan los demás países de la región.
Deuda para pagar más deuda, con un bono a cuatro años, es un manotazo archiconocido que el ministro de Economía disfrazó bajo el ardid de que "no es deuda nueva", sino una que se usa "para pagar deuda vieja". La dialéctica de la frase es fenomenal, sin siquiera contar que ese viejo endeudamiento corresponde al que contrajo el propio Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los mercados financieros tienen una mirada diferente, entienden que Argentina debería primero acumular reservas, lo que daría mayor certidumbre respecto a su capacidad de pago hoy limitada a salvatajes de última hora, y después salir a los mercados de crédito con una mejor calificación de riesgo.
Aún con el "riesgo kuka" en retirada y las múltiples loas oficiales a la libertad económica y al cumplimiento de las obligaciones, el riesgo país sigue sin perforar los 600 puntos, número que refleja una desconfianza que solo cederá cuando el Gobierno se allane a las expectativas del "mercado".
Para mayor preocupación, esta política de ancla cambiaria está dando muestras de agotamiento. Después de tocar un piso de 1,5% en mayo, la inflación aumentó en cuatro de los cinco meses posteriores, tendencia que se mantendría en noviembre de acuerdo a los relevamientos privados que señalan una inflación del orden del 2,5%.
Eso sin contar que los costos reales de los hogares aumentan bastante más de lo que marcan los indicadores que subestiman el peso real que tienen en la economía de las familias los sucesivos aumentos en las tarifas de los servicios públicos, el combustible y los alquileres.
De paso: se opine lo que se quiera, nunca sucedió que el peronismo debiera refinanciar deudas propias. La que le quedó a Néstor Kirchner fue liquidada por completo en enero de 2006. Y Juan Perón la había cancelado también enteramente en 1952, para que la Fusiladora diera después el paso de reintroducirla a su antojo. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, el peronismo siempre se hizo cargo de las deudas de sus enemigos.
Álvaro Gabás cuestionó Colello y su falacia de deuda buena
El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, ha realizado una serie de declaraciones, un poco temerarias, al dividir la deuda pública entre "mala" -heredada- y "buena" -gestionada por la administración Frigerio. La clasificación, resultaría eficaz como recurso comunicacional, pero carece de todo sustento técnico. En materia de finanzas públicas no existen deudas buenas o malas: existen deudas sostenibles o insostenibles.
El mismo funcionario reconoce que Entre Ríos "no tiene capacidad financiera para afrontar los vencimientos con recursos propios" y que se debe reperfilar la deuda. Ese reconocimiento es, en sí mismo, la evidencia de que la provincia no está ordenada fiscalmente, a contramano del relato oficial. Un Estado que necesita postergar pagos no exhibe solidez: exhibe estrés financiero. Pero con un agravante, desde que llegaron al gobierno, su política fiscal se asienta en el ajuste real de salarios y obra pública.
Colello asegura que el gobierno recibió una "deuda ociosa" de 517 millones de dólares, tomada supuestamente para obras "que no se encuentran". Hay que refrescarle la memoria, ya que las dos únicas obras públicas inauguradas por la gestión de Frigerio - Aeropuerto de Concordia y Miradortec -, fueron obras heredaras del Gobierno anterior. Por lo pronto, hay que tener un poco de decoro y respeto hacia los entrerrianos.
La llamada "deuda buena" -350 millones de dólares que la gestión Frigerio busca obtener de mercado internacional-, en este contexto, expone a la provincia a riesgos cambiarios severos, compromete presupuestos futuros y aumenta la fragilidad externa.
Más aún, cuando, no se conocen en detalle los proyectos estratégicos que justificarían semejante endeudamiento. No hay cartera de obras publicada, ni estudios de impacto socioeconómico, ni evaluaciones de costo-beneficio, requisitos básicos de toda política de financiamiento responsable. A priori, resultaría ser, un oxígeno para que lo resta del mandato.
También, llama la atención, la afirmación de que Entre Ríos pasó "del penúltimo puesto fiscal a mitad de tabla". La supuesta mejora fiscal no se condice con los datos económicos provinciales: caída estrepitosa del salario real, ajuste en todas las áreas de gobierno, pérdida de calidad de vida y obra pública casi paralizada. Y, asimismo, tuvo la valentía, de sostener que, la provincia "reactivó el 100% de la obra pública", no solo que resulta inverosímil, sino ofende la inteligencia de los entrerrianos.
Colello apela, además, a una comparación simplista al señalar que "para tener un presupuesto serio, tiene que entrar lo mismo que sale, como en cualquier familia". Pero el presupuesto provincial no es una libreta doméstica: es una herramienta macroeconómica que debe considerar ciclos, amortiguadores fiscales, inversiones estratégicas, prestación de servicios esenciales, políticas de compensatorias y distributivas, regímenes tributarios, necesidades sanitarias y educacionales.
Reducir la política fiscal a una economía hogareña es una simplificación discursiva ajena de cualquier raciocinio, pero, sobre todo, es no entender en materia de política económica. El desafío fiscal de la provincia exige realismo, no slogans. Tienen que reconocer que la sostenibilidad financiera no se construye con declaraciones radiales, sino con políticas públicas coherentes, responsables y verificables.
La Opinión Popular
Diego Santilli, nuevo ministro de Interior, es el operador clave de Milei para negociar, de a uno, con gobernadores y conseguir el apoyo necesario para sus reformas anti populares. La estrategia es clara: anular cualquier oposición en el Congreso para avanzar con leyes que benefician a los grandes empresarios y al FMI. El trasfondo es claro: prometer a los gobernadores que acuerden las leyes a cambio de fondos para sus provincias. Por estas horas se concentra en horadar los bloques en el Congreso. No pasaron ni tres semanas y muchos que compitieron por fuera de La Libertad Avanza, siguiendo el "ejemplo" de Kueider, ya se preparan para correr a los brazos de Milei.
En política, nada es gratis. "A los gobernadores hay que verlos de a uno; se les cobra al contado y se les paga en cuotas", decía Carlos Menem. Milei busca aprovechar el momento para imponer sus reformas, mientras los gobernadores intentan obtener el mayor provecho de esta "armonía institucional". Es obligación del gobernador Frigerio exigir sin temores lo que les corresponde a los entrerrianos. El objetivo principal debe ser recuperar el flujo de recursos retenidos y retomar la actividad de obras estratégicas para la provincia.
¿Se unirá Frigerio a una alianza con otros mandatarios provinciales? Esta unidad podría aportar equilibrio y sensatez en la disputa actual, y lograr la tan necesaria cuota de federalismo para un país inmenso e históricamente ignorado por los poderes centrales. Mandatarios que, pese a la desatención de Milei en áreas clave como infraestructura, educación y salud, han aportado trabajo y creatividad para sostener las necesidades de sus territorios.
La permanente apelación al federalismo declamada por Frigerio no deben ser las perogrulladas habituales, sino traducirse en señales concretas de que se avanza para modificar los desequilibrios generados en el interior federal por la prepotencia política libertaria. El objetivo es recuperar el flujo de recursos y retomar la actividad de obras estratégicas para la provincia. Exigiendo, nada más ni nada menos, lo que corresponde.
La Opinión Popular
La destrucción que celebra Milei y las reservas que no aparecen
Sostiene Rafael Cortes, columnista de Misiones Online, que mientras los Popes de la industria reclaman políticas sectoriales que detengan la destrucción del aparato productivo nacional, el presidente Javier Milei les responde con una insólita teoría que destaca los supuestos beneficios de la desaparición de empresas y su ministro de economía se aboca a los que mejor le sale: tomar deuda. En diciembre de 2015, la deuda externa argentina era, en números redondos, de 64 mil millones de dólares (14 por ciento del PBI). En junio de 2019 había pasado a 168 mil millones de dólares (40 por ciento del PBI).
La política antiinflacionaria atada al dólar y el esquema cambiario conspiran contra la acumulación de reservas y el establishment internacional advierte volatilidad en el mediano plazo. Contrastes de una economía dual con sectores beneficiados -finanzas, energía, minería- con otros castigados -industria, comercio, construcción- que se traduce en enfriamiento de la actividad, cierres y despidos no compensados con nuevas contrataciones.
El experimento económico anarco capitalista que impulsa el gobierno de los Hermanos Milei y su lugarteniente en Economía, Luis Caputo, acumula señalamientos cada vez más reiterados y desesperados, no ya por parte de zurdos empobrecedores o mandriles kukardos, sino de voces que son referencia para la ortodoxia capitalista liberal en Argentina y el mundo.
Las políticas de apertura comercial, desregulación y atraso cambiario que este gobierno nacional presenta como novedad están generando los mismos efectos que todas las experiencias neoliberales anteriores que transitaron el mismo camino a la ruina, pero más rápidamente.
El ajuste está provocando una caída en la demanda de casi todo, la importación combinada con atraso cambiario está destruyendo a la producción y a la industria nacional, mientras que utilizar al dólar como ancla para la inflación conspira contra la posibilidad de acumular reservas. Asunto relevante para un país endeudado y con pésimos antecedentes crediticios.
La ausencia de una política para la producción y la industria en un contexto de apertura comercial indiscriminada en Argentina que contrasta con un mundo cada vez más proteccionista y la escasa vocación para la acumulación de reservas, son los dos cuestionamientos más reiterados que hacen empresarios y analistas de raigambre liberal al programa económico anarco capitalista.
Industria en rojo
¿Cómo marcha la economía? Los números se resisten a ser atrapados en una sola interpretación. Un economista ortodoxo como Carlos Melconian cree que el Tesoro, de mínima, debería estar comprando los dólares que necesita para pagar los intereses de la deuda. Le preocupa, además, la debilidad de la demanda, como factor principal de una actividad industrial apagada, y la canilla abierta de dólares para atesoramiento y "Punta Cana" (turismo).
Paolo Rocca, dueño del grupo Techint, la empresa más grande del país en el rubro industrial, habló en nombre de la industria nacional y pidió que el Estado adopte una política activa de apoyo al sector para detener la ola de cierres y despidos. "No somos un país que nos tenemos que incorporar al contexto internacional solo por nuestros recursos naturales. Tenemos que tener una política industrial", reclamó.
El primero en responder fue el ministro Caputo, que con un dejo de desdén consideró que "la mejor política para la industria es la estabilidad". Milei fue un paso más lejos y afirmó que la destrucción, no ya de empresas sino de sectores completos de la economía, no representaría un problema, al contrario, sería un beneficio.
El presidente esbozó un argumento parecido al de la destrucción creativa de Schumpeter: "si se abre la economía y determinado sector quiebra es porque el bien que se está trayendo de afuera es de mejor calidad y/o más barato. Cuando pasa eso, tienen un ahorro que lo van a gastar en otro bien, que además es más productivo y lo quiere la gente. No se genera pérdida de empleo y cómo van a un sector más productivo, la economía gana en productividad, y además como los individuos disponen de mayor calidad de bienes, son más felices".
Para que se cumpliera el círculo virtuoso que imagina Milei, sería necesario que el dinero que el consumidor se ahorra sustituyendo producción nacional por importados, sea destinado a un sector que genere empleo y que sume productividad. Si ese ahorro termina comprando más productos importados, que es lo más probable, no habría mejora alguna en la productividad nacional, tampoco generación de empleo.
Mientras el presidente y su ministro de Economía ensayan respuestas rebuscadas frente a problemas reales y concretos, las empresas siguen cerrando y cada vez más gente se queda sin trabajo. El sector automotor, con una producción en retroceso por el acelere de las unidades importadas, tuvo una caída de casi el 20 por ciento en noviembre respecto de octubre y, contra el mismo período del año anterior, el descenso es de 30 por ciento.
Solo esta semana Whirlpool confirmó el cierre de su planta modelo en Pilar -inaugurada a fines de 2022 con 460 empleos directos-, la multinacional Mondelez (con marcas como Oreo, Terrabusi y Milka) suspendió a sus 2.300 empleados por 21 días, la santafesina Essen avanzó con despidos que ya alcanzan al 40% del personal y Cramaco anunció que dejará de fabricar para dedicarse a importar generadores y alternadores eléctricos.
Según estadística oficial, desde que asumió Milei hasta agosto último, 19.164 empresas cerraron sus puertas y se perdieron 276.292 empleos registrados, la mayoría de ellos en el sector privado. Según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) que se conoció esta semana, en octubre 40,3% de las empresas disminuyó su nivel de producción frente al promedio del tercer trimestre.
El 47,4% de las firmas registró una caída en ventas internas -14 puntos más que en octubre del 2024-, contra el 21% que mostró un crecimiento. En cuanto a exportaciones, el 25,1% informó disminuciones y el 18,2% reportó incrementos.
El empleo también sufrió retrocesos importantes. El 21% de las empresas redujo su dotación de personal, mientras que solo el 10,6% lo expandió. Asimismo, el porcentaje de empresas que adoptó reducción de turnos laborales ascendió al 23,5%, mientras el 7,7% aplicó suspensiones. Estos movimientos afectaron por igual a Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes.
El 47,5% de las empresas reportó dificultades para cumplir al menos uno de los pagos principales: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. La contracción del consumo interno representó el principal eje de preocupación para el 40% del total.
Reservas y dólar
Para quienes analizan la actualidad desde la óptica de la macro, la mayor preocupación pasa por la reticencia del Gobierno libertario a acumular reservas. Respecto a esa cuestión se había manifestado recientemente el padre de convertibilidad, Domingo Cavallo, y esta semana lo hizo la vocera del FMI, Julie Kozack, quien expresó que "las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear reservas adecuadas en la Argentina".
En otras palabras, compren dólares porque si no podrían tener otra crisis como la que los llevó a ir de rodillas al propio FMI, primero, y después al Tesoro de los Estados Unidos
Barclays, uno de los bancos más grandes de Europa, distribuyó esta semana un informe en el que señala que las reservas netas son hoy más bajas que cuando asumió Milei. El banco inglés advierte el riesgo de no emprender un fortalecimiento de las arcas del Tesoro ante un shock externo y critica el corset del actual sistema de bandas. La advertencia se sumó a las de otros bancos importantes como UBS, JP Morgan, Santander, BBVA, además del FMI.
Milei justifica su desdén por la acumulación de reservas ensayando argumentos de la escuela austríaca que intentan ocultar una realidad que resulta evidente para todos los que analizan la economía nacional: el Gobierno usa al dólar como ancla para desacelerar la inflación. Eso le impide sostener un ritmo constante de acumulación de reservas porque ello obligaría a convalidar un tipo de cambio más alto al actual.
El sistema que adoptó el Gobierno para administrar el tipo de cambio es otro escollo. Porque el dólar se mantiene apenas por debajo del techo de la banda de flotación, muy lejos de la cotización que tendría que tener para que el Banco Central saliera a comprar. Con el dólar tan cerca del techo, si la autoridad monetaria adoptara una postura compradora rápidamente la divisa superaría ese límite superior, lo que la obligaría a vender para cumplir con la regla cambiaria.
Es decir que para ir hacia un modelo que fuera capaz de acumular reservas, habría que modificar el esquema cambiario o al menos actualizar los límites de las bandas a un ritmo superior, ya que con la política actual de levantar el techo a razón de 1% mensual en contexto en el que la inflación dibujada supera los 2 puntos porcentuales, el dólar se atrasa todos los meses un poco más.
La autoridad monetaria repite la estrategia de priorizar la desaceleración inflacionaria de corto plazo por sobre la consecución de una mayor estabilidad estructural a mediano y largo plazo que resultaría del fortalecimiento de las reservas.
El equipo que encabeza Caputo busca resolver el dilema con endeudamiento, lo que permitiría ingresar dólares sin necesidad de comprarlos en el mercado local. De allí que el mencionado ministro anunciara como un enorme éxito la vuelta de Argentina a los mercados de crédito, aunque este retorno se produzca pagando tasas de interés muy superiores a los que pagan los demás países de la región.
Deuda para pagar más deuda, con un bono a cuatro años, es un manotazo archiconocido que el ministro de Economía disfrazó bajo el ardid de que "no es deuda nueva", sino una que se usa "para pagar deuda vieja". La dialéctica de la frase es fenomenal, sin siquiera contar que ese viejo endeudamiento corresponde al que contrajo el propio Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los mercados financieros tienen una mirada diferente, entienden que Argentina debería primero acumular reservas, lo que daría mayor certidumbre respecto a su capacidad de pago hoy limitada a salvatajes de última hora, y después salir a los mercados de crédito con una mejor calificación de riesgo.
Aún con el "riesgo kuka" en retirada y las múltiples loas oficiales a la libertad económica y al cumplimiento de las obligaciones, el riesgo país sigue sin perforar los 600 puntos, número que refleja una desconfianza que solo cederá cuando el Gobierno se allane a las expectativas del "mercado".
Para mayor preocupación, esta política de ancla cambiaria está dando muestras de agotamiento. Después de tocar un piso de 1,5% en mayo, la inflación aumentó en cuatro de los cinco meses posteriores, tendencia que se mantendría en noviembre de acuerdo a los relevamientos privados que señalan una inflación del orden del 2,5%.
Eso sin contar que los costos reales de los hogares aumentan bastante más de lo que marcan los indicadores que subestiman el peso real que tienen en la economía de las familias los sucesivos aumentos en las tarifas de los servicios públicos, el combustible y los alquileres.
De paso: se opine lo que se quiera, nunca sucedió que el peronismo debiera refinanciar deudas propias. La que le quedó a Néstor Kirchner fue liquidada por completo en enero de 2006. Y Juan Perón la había cancelado también enteramente en 1952, para que la Fusiladora diera después el paso de reintroducirla a su antojo. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, el peronismo siempre se hizo cargo de las deudas de sus enemigos.
Álvaro Gabás cuestionó Colello y su falacia de deuda buena
El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, ha realizado una serie de declaraciones, un poco temerarias, al dividir la deuda pública entre "mala" -heredada- y "buena" -gestionada por la administración Frigerio. La clasificación, resultaría eficaz como recurso comunicacional, pero carece de todo sustento técnico. En materia de finanzas públicas no existen deudas buenas o malas: existen deudas sostenibles o insostenibles.
El mismo funcionario reconoce que Entre Ríos "no tiene capacidad financiera para afrontar los vencimientos con recursos propios" y que se debe reperfilar la deuda. Ese reconocimiento es, en sí mismo, la evidencia de que la provincia no está ordenada fiscalmente, a contramano del relato oficial. Un Estado que necesita postergar pagos no exhibe solidez: exhibe estrés financiero. Pero con un agravante, desde que llegaron al gobierno, su política fiscal se asienta en el ajuste real de salarios y obra pública.
Colello asegura que el gobierno recibió una "deuda ociosa" de 517 millones de dólares, tomada supuestamente para obras "que no se encuentran". Hay que refrescarle la memoria, ya que las dos únicas obras públicas inauguradas por la gestión de Frigerio - Aeropuerto de Concordia y Miradortec -, fueron obras heredaras del Gobierno anterior. Por lo pronto, hay que tener un poco de decoro y respeto hacia los entrerrianos.
La llamada "deuda buena" -350 millones de dólares que la gestión Frigerio busca obtener de mercado internacional-, en este contexto, expone a la provincia a riesgos cambiarios severos, compromete presupuestos futuros y aumenta la fragilidad externa.
Más aún, cuando, no se conocen en detalle los proyectos estratégicos que justificarían semejante endeudamiento. No hay cartera de obras publicada, ni estudios de impacto socioeconómico, ni evaluaciones de costo-beneficio, requisitos básicos de toda política de financiamiento responsable. A priori, resultaría ser, un oxígeno para que lo resta del mandato.
También, llama la atención, la afirmación de que Entre Ríos pasó "del penúltimo puesto fiscal a mitad de tabla". La supuesta mejora fiscal no se condice con los datos económicos provinciales: caída estrepitosa del salario real, ajuste en todas las áreas de gobierno, pérdida de calidad de vida y obra pública casi paralizada. Y, asimismo, tuvo la valentía, de sostener que, la provincia "reactivó el 100% de la obra pública", no solo que resulta inverosímil, sino ofende la inteligencia de los entrerrianos.
Colello apela, además, a una comparación simplista al señalar que "para tener un presupuesto serio, tiene que entrar lo mismo que sale, como en cualquier familia". Pero el presupuesto provincial no es una libreta doméstica: es una herramienta macroeconómica que debe considerar ciclos, amortiguadores fiscales, inversiones estratégicas, prestación de servicios esenciales, políticas de compensatorias y distributivas, regímenes tributarios, necesidades sanitarias y educacionales.
Reducir la política fiscal a una economía hogareña es una simplificación discursiva ajena de cualquier raciocinio, pero, sobre todo, es no entender en materia de política económica. El desafío fiscal de la provincia exige realismo, no slogans. Tienen que reconocer que la sostenibilidad financiera no se construye con declaraciones radiales, sino con políticas públicas coherentes, responsables y verificables.
La Opinión Popular
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