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Entre Ríos - 04-12-2025 / 17:12
LLEVA ADELANTE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN LA OFERTA DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ENTRE RÍOS

Exintegrante de AGMER que asistió a marchas de Bullrich en favor del covid, detrás del reordenamiento de los profesorados

Exintegrante de AGMER que asistió a marchas de Bullrich en favor del covid, detrás del reordenamiento de los profesorados
Eugenio Medrano, director de Educación Superior del Consejo General de Educación (CGE), proviene de las filas de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Fue secretario general de la seccional Nogoyá y supo militar en la Agrupación Rojo y Negro, de la que se distanció en 2021 luego de haber sido cuestionado por su participación en una marcha que promocionó Cambiemos, y la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra las medidas de aislamiento por la pandemia.
 
Eugenio Medrano, director de Educación Superior del Consejo General de Educación (CGE), proviene de las filas de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Fue secretario general de la seccional Nogoyá y supo militar en la Agrupación Rojo y Negro, de la que se distanció en 2021 luego de haber sido cuestionado por su participación en una marcha que promocionó Cambiemos, y la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra las medidas de aislamiento por la pandemia.
 
La piedra del escándalo fue la adhesión de Agmer Nogoyá a la denominada "Caravana por la República", en octubre de 2020, en el momento más cerrado del aislamiento. Enterados de la adhesión de Nogoyá, la conducción provincial de la Rojo y Negro -que hasta entonces mantenía 5 de las 17 seccionales de Agmer: Federación, Nogoyá, Paraná, Tala y Villaguay- emitió un duro comunicado y reprochó la decisión del titular de Agmer Nogoyá, Eugenio Medrano, de sumarse a la "Caravana por la República".
 
Ahora, en su rol de funcionario, Medrano lleva adelante la política del Gobierno en reordenamiento de la oferta de los Institutos de Formación Superior en Entre Ríos.
 
"Esto lo supimos a comienzo de año, cuando quien hoy se desempeña como director de Educación Superior, Eugenio Medrano, había hecho un recorrido territorial por los diferentes departamentos, haciendo de alguna manera un relevamiento sobre las diferentes matrículas que existían en los profesorados. En base a lo que venía anunciando este funcionario, había una alerta sobre la posibilidad de no apertura o de cierre de carreras de cara al ciclo 2026. Por lo tanto, ya se estaba instalando un poco esta iniciativa por parte del Gobierno. Y lo último que tenemos es que está la decisión, comunicada por Medrano, a partir de una reunión con los equipos directivos de cada instituto, en la que se habló de déficit y superávit de matrícula. Y se instaló la noticia de que las carreras que son de planta temporaria podían no tener continuidad de cara al año 2026. Incluso, las que son de planta permanente tampoco la podían tener de cara al año 2027. Por lo tanto, estamos hablando de un claro plan de ajuste", señaló Abel Antivero, secretario general electo de Agmer en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
 
El dirigente sostuvo que "nuevamente este Gobierno vuelva a demostrar que la calidad educativa pasa por una planilla Excel, con números que cierran y números que no cierran".
 
-Lo paradójico es que Eugenio Medrano fue dirigente de Agmer: fue secretario general de la seccional Nogoyá. ¿Qué criterios utilizan para disponer los cierres?
 
-Hay una ausencia total de humanidad sobre lo que son las carreras docentes y las posibilidades de proyección, de concretar un proyecto de vida. Para nada estamos de acuerdo con esta definición del Gobierno, en este caso a través de la Dirección de Educación Superior y por supuesto lo repudiamos.
 
-¿Tienen datos de algún relevamiento respecto de cuántos son los institutos que podrían cerrar?
 
-No. No tenemos datos específicos. Pero es lo que viene anunciando el director de Educación Superior desde que asumió.
 
-Este jueves hay congreso de Agmer en San Salvador. ¿El salario es tema excluyente de agenda?
 
-Si bien el acuerdo salarial va hasta diciembre, es decir hasta este mes, nosotros planteamos sentarnos desde ya, desde este mes, con tal de dar este tiempo de cara al inicio del ciclo lectivo, y poder iniciar con una propuesta salarial acorde, que recupere el salario docente, y no arrancar con medidas de fuerza, pensando que los chicos deben iniciar el ciclo lectivo en la escuela. Nosotros siempre sostenemos que los chicos deben estar en las escuelas. Ahora, cuando llega el momento del nuevo inicio del ciclo lectivo, siempre de alguna manera se instala de que la responsabilidad del no inicio es de los sindicatos docentes. Pero nosotros decimos que siempre planteamos con mucho margen para discutir, y no siempre el gobierno responde. Muchas veces el gobierno va tirando la pelota para adelante, y no avanza concretamente en una propuesta salaria. Y eso nos lleva a un cuello de botella a fines de febrero, y muchas veces llegamos a determinaciones drásticas. En este sentido, nosotros estamos diciendo, ya desde el mes de diciembre, que queremos sentarnos a discutir salario, para no tener que avanzar con medidas de fuerza.
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 
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09-07-2026 / 09:07
09-07-2026 / 09:07
El proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos ha encendido las alarmas en diversos sectores sociales al poner en jaque conquistas laborales históricas con perspectiva de género. En su análisis, Lucy Grimalt advierte de manera tajante que “la reforma previsional es inconstitucional y atenta contra la vida y salud de las mujeres y disidencias sexuales”, señalando de forma puntual que la propuesta, en su artículo 18, “deroga el derecho de las mujeres a acceder a jubilarse con 30 años de aportes y cinco años menos de edad que los varones”. Lejos de tratarse de un beneficio infundado, la autora defiende que esta diferenciación cronológica responde a una “acción afirmativa o discriminación positiva” indispensable para “compensar desigualdades históricas estructurales” dentro de un mercado laboral fuertemente precarizado y desigual.
 
Asimismo, la publicación enfatiza el flagrante desapego del texto oficial frente a las normativas vigentes en la provincia, las cuales protegen las trayectorias de vida signadas por las tareas de cuidado no remuneradas. Grimalt recuerda de forma unívoca que la propia Carta Magna entrerriana de 2008 “instituye la equidad de género con carácter constitucional en el artículo 17”, donde textualmente “reconoce el valor social del trabajo en el ámbito del hogar”. En este sentido, la articulista denuncia que equiparar la edad jubilatoria bajo una falsa premisa de simetría o aplicar un criterio de “ajuste selectivo” no hace más que profundizar la vulnerabilidad socioeconómica de las trabajadoras, ignorando el mandato constitucional de compensar el impacto económico y social de la división sexual del trabajo.

06-07-2026 / 15:07
Detrás de los discursos oficiales de ordenamiento fiscal y un dócil alineamiento con el ajuste nacional, la realidad socioeconómica de Entre Ríos se traduce en una alarmante parálisis que golpea de lleno la mesa de las familias. El reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expone un derrumbe dramático y estructural del consumo masivo: las ventas en supermercados acumuladas a abril de 2026 arrastran una estrepitosa caída del 26,6% en comparación con los niveles de 2023, afectando de manera severa a rubros de primera necesidad como almacén (-28,9%), carnes (-22,5%) y lácteos (-18,1%).
 
Esta alarmante retracción descalza el relato oficial y desnuda la total desprotección en la que la gestión de Rogelio Frigerio ha dejado a la provincia, permitiendo que una recesión sin freno devore la calidad de vida de los entrerrianos bajo una pasividad gubernamental alarmante. La explicación de este vaciamiento de las góndolas locales radica en la pulverización del bolsillo popular, donde los trabajadores registrados sufren una pérdida real de hasta el 10,1% de su poder adquisitivo en una economía provincial que ya ha visto evaporarse más de 300.000 millones de pesos del circuito comercial desde fines de 2023.
 
Mientras el Ejecutivo entrerriano ensaya justificaciones macroeconómicas y se desentiende de los efectos destructivos de la recesión, la asfixia del mercado interno no solo destruye el comercio local, sino que consolida un modelo de empobrecimiento planificado. El "cambio" prometido por Frigerio se revela así en su versión más cruda: una administración obsesionada con cumplir las exigencias ordenadas ante el poder central, pero dolorosamente indiferente ante las mesas vacías y los ingresos licuados de su propio pueblo.
 
De la redacción de La Opinión Popular

06-07-2026 / 15:07
La gestión de Rogelio Frigerio en Entre Ríos cruzó un límite ético: exigirle un ajuste feroz a los de abajo mientras la dirigencia política se salva sola. Bajo la bandera de una supuesta "sustentabilidad financiera", el oficialismo provincial avanza con una reforma previsional implacable que pretende estirar la edad de retiro, subir los aportes y licuar el histórico 82% móvil. Para el laburante común —el docente, el enfermero o el empleado estatal cuyos salarios ya perdieron más del 40% de su poder de compra bajo este mandato—, la propuesta gubernamental no es otra cosa que una condena a la pobreza legalizada; un manotazo al bolsillo popular para maquillar el déficit de una caja que los trabajadores no vaciaron.
 
La bofetada definitiva a la dignidad de los entrerrianos quedó en evidencia con el escandaloso doble estándar en el Senado, donde legisladores del propio bloque oficialista se apuraron a tramitar sus retiros en medio del debate para blindar sus privilegios antes de que caiga el hachazo de la nueva ley. Este oportunismo político despoja por completo de autoridad moral al gobierno de Frigerio, desnudando un esquema obsceno donde el sacrificio y la austeridad son obligaciones exclusivas para el pueblo trabajador, mientras que el "sálvese quien pueda" y las jubilaciones de privilegio siguen siendo el reglamento interno de la casta gobernante.
 
El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, expresó que: “los dos senadores que tienen responsabilidad muy importante en el proyecto ya iniciaron los trámites de jubilación. Eso también es una bofetada a cada uno de los laburantes, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque ni ellos creen en lo que ellos mismos están legislando y están llevando adelante”.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

04-07-2026 / 10:07
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