06:53 | Martes 03 de Marzo de 2013 | Entre Ríos
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Nacionales - 03-12-2025 / 10:12
VOTARON CONTRA UNA RESOLUCIÓN DE LA ONU QUE CONDENABA LA TORTURA “EN TODO TIEMPO Y LUGAR”, ES UN ATAQUE SIN RETORNO A LOS DERECHOS HUMANOS
Donald Trump, el genocida Benjamín Netanyahu y Javier Milei avalan la tortura
No fue solo un giro diplomático: por primera vez desde el retorno de la democracia, Argentina votó en esta materia junto con EEUU e Israel, dos países cuestionados por graves violaciones a los derechos humanos y hasta genocidio, posicionándose, así como los tres únicos Estados en el mundo que se niegan a condenar el uso de la tortura.
No fue solo un giro diplomático: por primera vez desde el retorno de la democracia, Argentina votó en esta materia junto con EEUU e Israel, dos países cuestionados por graves violaciones a los derechos humanos y hasta genocidio, posicionándose, así como los tres únicos Estados en el mundo que se niegan a condenar el uso de la tortura.
El posicionamiento argentino desnuda la verdadera esencia del gobierno de Javier "el Loco" Milei, al cual la calificación de fascista no resulta exagerada, pues hubo incluso gobiernos de extrema derecha, que por vergüenza o compromiso, votaron afirmativamente condenando la tortura.
La resolución rechazada por Argentina fue promovida por el Comité contra la Tortura (CAT), órgano que días antes había publicado un informe crítico sobre la situación del país. Ese informe expresó su "profunda preocupación" por la persistencia de detenciones prolongadas en comisarías, prácticas policiales violentas, falta de controles judiciales efectivos y condiciones inhumanas en lugares de encierro.
El Comité recordó que los jueces y juezas penales son garantes últimos de la legalidad y dignidad de toda detención, y que el Estado argentino viola sus obligaciones cuando tolera celdas sin ventilación, superpobladas, sin colchones, sin agua potable, o cuando naturaliza golpizas, hostigamientos y traslados arbitrarios.
Nada de esto es nuevo: hace décadas que organismos de DDHH como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros, advierten y condenan las prácticas sistemáticas que se dan en los contextos de encierro, que encuadran dentro de los "Tratos crueles, inhumanos o degradantes" tal como se define en el derecho internacional en materia de DDHH.
Sin embargo, lejos de reconocer la legitimidad de estas observaciones, el gobierno argentino reaccionó con un ataque político. El mismo día que se conoció el informe del CAT, se publicó en el sitio "Argentina.gob" la respuesta oficial, calificando al informe como "sesgado", bajo la acusación de haber omitido "graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández".
Para el gobierno de Milei, el documento emitido por el CAT está "abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista" y "exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos".
Resultaría gracioso, si no fuera tan trágico, que se etiquete de esa forma a un organismo técnico en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero esa es la lógica del gobierno de La Libertad Avanza: quien denuncia abusos policiales o defiende garantías constitucionales es automáticamente sospechado de "zurdo" o "kuka".
El posicionamiento argentino desnuda la verdadera esencia del gobierno de Javier "el Loco" Milei, al cual la calificación de fascista no resulta exagerada, pues hubo incluso gobiernos de extrema derecha, que por vergüenza o compromiso, votaron afirmativamente condenando la tortura.
La resolución rechazada por Argentina fue promovida por el Comité contra la Tortura (CAT), órgano que días antes había publicado un informe crítico sobre la situación del país. Ese informe expresó su "profunda preocupación" por la persistencia de detenciones prolongadas en comisarías, prácticas policiales violentas, falta de controles judiciales efectivos y condiciones inhumanas en lugares de encierro.
El Comité recordó que los jueces y juezas penales son garantes últimos de la legalidad y dignidad de toda detención, y que el Estado argentino viola sus obligaciones cuando tolera celdas sin ventilación, superpobladas, sin colchones, sin agua potable, o cuando naturaliza golpizas, hostigamientos y traslados arbitrarios.
Nada de esto es nuevo: hace décadas que organismos de DDHH como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros, advierten y condenan las prácticas sistemáticas que se dan en los contextos de encierro, que encuadran dentro de los "Tratos crueles, inhumanos o degradantes" tal como se define en el derecho internacional en materia de DDHH.
Sin embargo, lejos de reconocer la legitimidad de estas observaciones, el gobierno argentino reaccionó con un ataque político. El mismo día que se conoció el informe del CAT, se publicó en el sitio "Argentina.gob" la respuesta oficial, calificando al informe como "sesgado", bajo la acusación de haber omitido "graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández".
Para el gobierno de Milei, el documento emitido por el CAT está "abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista" y "exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos".
Resultaría gracioso, si no fuera tan trágico, que se etiquete de esa forma a un organismo técnico en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero esa es la lógica del gobierno de La Libertad Avanza: quien denuncia abusos policiales o defiende garantías constitucionales es automáticamente sospechado de "zurdo" o "kuka".
Tradición
Lo sucedido es gravísimo, teniendo en consideración la tradición histórica de Argentina en DDHH, porque hemos sido un país pionero en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de nuestra propia dictadura militar-cívica, al haber impulsado los Juicios por los crímenes cometidos durante la vigencia del terrorismo de Estado, haber incorporado a la legislación penal la imprescriptibilidad de esos crímenes y emitir condenas por el delito de genocidio.
Incluso la creación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), es motivo de admiración en todo el mundo, por su labor científica en la identificación de víctimas de dictaduras, guerras y genocidios no solo en Argentina, sino en otros países. La identificación de los restos de Ernesto "Che" Guevara en Bolivia, 30 años después de su asesinato por militares de ese país a las órdenes de la CIA, fue obra de nuestros profesionales del EAAF.
Ese legado internacional de Argentina está siendo hoy destruido por un gobierno que pretende instaurar el negacionismo, y lo que es peor, avalar la tortura, acompañando a dos Estados que son repudiados en todo el mundo por su agresión imperialista, colonialista y genocida (EEUU e Israel).
Negacionismo
La intervención reciente de Alberto Baños, subsecretario de DD.HH., quien expuso ante el CAT, fue elocuente en este sentido negacionista. En su discurso, cuestionó la legitimidad de los organismos de DDHH y relativizó la cifra de 30.000 desaparecidos, recurriendo a la conocida fórmula de "memoria completa" que el gobierno de Milei pretende instalar como versión oficial. Ese planteo no es inocuo: se trata del núcleo duro de su teoría negacionista, que desconoce que en Argentina hubo terrorismo de Estado.
No es casual que en ese mismo ámbito, otros dos funcionarios del riñón de Patricia Bullrich: Julián Curi (Asuntos Penitenciarios) y Diego Goldman (Legales del Ministerio de Seguridad) defendieran el protocolo antipiquetes vigente desde diciembre de 2023, describiéndolo como un avance en "seguridad" cuando, en realidad, ha sido instrumento de represión sistemática: trabajadores despedidos, jubilados, personas con discapacidad, periodistas agredidos, estudiantes y hasta infancias, han sido golpeados y gaseados en las calles de Buenos Aires y otras ciudades.
Las imágenes de agrupaciones de jubilados rodeados por fuerzas de seguridad; reporteros gráficos detenidos y lesionados, como el fotógrafo Pablo Grillo, en grave estado; de organizaciones sociales hostigadas por participar de una marcha; o movilizaciones de trabajadores, militantes ambientalistas o pueblos originarios reprimidas por la Gendarmería, ya forman parte del paisaje cotidiano.
A esta ofensiva se suma un Poder Judicial que en numerosos casos es cómplice de esas prácticas. Jueces que convalidan detenciones arbitrarias, permiten que personas pasen días hacinadas en comisarías sin condiciones mínimas, miran hacia otro lado ante golpizas, abusos, amenazas o condiciones degradantes en cárceles colapsadas, etc, son responsables por mandato constitucional (art. 18 de la Carta Magna).
Ante esta situación, de avance represivo de las fuerzas de seguridad, avalado por la mayoría del Poder Judicial, de un Congreso que no es capaz de frenar esas políticas, de una prensa hegemónica que baila al ritmo del gobierno, no resulta una sorpresa que el gobierno de Milei se niegue a condenar la tortura en el seno de Naciones Unidas.
Por Irina Santesteban
Fuente: La Arena
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