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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Entre Ríos - 21-11-2025 / 18:11
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Roberto Schunk: En Entre Ríos, tocar a los de arriba es una obligación política, moral y constitucional

Roberto Schunk: En Entre Ríos, tocar a los de arriba es una obligación política, moral y constitucional
El informe del Comité de Expertos del G20 sobre desigualdad global confirma algo que en Argentina conocemos mejor que nadie. La riqueza no "gotea", se acumula. Y se acumula arriba. Los grandes patrimonios en el mundo crecieron durante dos décadas por encima de cualquier indicador económico real, mientras los salarios, las jubilaciones y pensiones, la producción regional y las políticas sociales van quedando rezagadas.
 
El informe del Comité de Expertos del G20 sobre desigualdad global confirma algo que en Argentina conocemos mejor que nadie. La riqueza no "gotea", se acumula. Y se acumula arriba. Los grandes patrimonios en el mundo crecieron durante dos décadas por encima de cualquier indicador económico real, mientras los salarios, las jubilaciones y pensiones, la producción regional y las políticas sociales van quedando rezagadas.
 
Qué plantea el G20 y por qué nos sirve a los entrerrianos. El informe del Comité de Expertos del G20 es contundente:
 
-La desigualdad es global y está creciendo a un ritmo incompatible con la democracia. A nivel mundial, entre 2000 y 2024, el 1% más rico poseía el 41% de la totalidad de la nueva riqueza generada, mientras que la mitad más empobrecida de la población solamente el 1%.
 
La desigualdad de la riqueza es mucho mayor que la desigualdad de los ingresos. El 1% más rico ha registrado un aumento de su riqueza promedio de 1,3 millones de dólares estadounidense desde el año 2000, mientras que la riqueza de una persona perteneciente a la mitad más empobrecida del planeta solamente aumentó en un promedio de 585 dólares durante el mismo período (en dólares constantes de 2024).
 
Una de cada cuatro personas en el mundo (2300 millones) sufre inseguridad alimentaria moderada o grave (es decir, se ve obligada a saltarse algunas comidas de forma regular). Desde 2019, esta cifra ha aumentado en 335 millones.
 
-Los Estados necesitan nuevas fuentes de financiamiento, no más ajustes.
 
-Los países deben avanzar en impuestos progresivos sobre grandes patrimonios, impuesto a la herencia y mayor autonomía fiscal de los estados subnacionales. Esto es exactamente lo que Entre Ríos necesita. No porque lo diga el G20, sino porque la provincia no puede sostener su desarrollo con la estructura tributaria actual, en donde de cada $100 que recaudamos, $84 provienen de impuestos indirectos que graven el consumo y las transacciones y solamente $16 de impuestos directos, perjudicando a los pequeños y medianos productores, a las PYMES en general, y al consumo interno de amplias franjas de nuestro pueblo, golpeando siempre a los mismos.
 
Mientras tanto, las familias con campos de millones de dólares, con patrimonios extraordinarios y con herencias que consolidan fortunas de generación en generación, permanecen prácticamente sin tocar.  
 
Esto no es casualidad, es la estructura misma del sistema tributario. Un sistema que castiga el consumo popular y deja prácticamente intactas las grandes fortunas. Por eso hay que decirlo con todas las letras: La desigualdad se combate con poder político, con decisión y con impuestos a los que más tienen.
 
La Constitución entrerriana no sólo habilita esta reforma: la ordena. El artículo 79 de la Constitución de Entre Ríos no es un adorno jurídico ni una sugerencia blanda, es un mandato:
 
-Establece que el sistema impositivo debe basarse en impuestos directos, es decir, sobre la riqueza real y no sobre el consumo.
-Ordena gravar con mayor intensidad lo superfluo y proteger lo esencial.
-Invita a que la provincia diseñe su propio esquema fiscal sin esperar a la Nación.
 
La Constitución ya dijo lo que hay que hacer. Lo que falta es voluntad política. Aldo Ferrer tenía razón: sin densidad nacional no hay desarrollo
 
La densidad nacional implica:
 
-La cohesión social.
-La calidad de los liderazgos
-la estabilidad institucional y política
-la existencia de un pensamiento crítico y propio sobre la interpretación de la realidad.
-políticas propicias al desarrollo económico.
 
Ferrer lo explicó mejor que nadie: un país -y una provincia- sólo se desarrolla cuando tiene la capacidad de decidir sobre sus recursos. Autonomía económica, proyecto propio y un Estado fuerte que pueda planificar.
 
¿Puede Entre Ríos planificar con un Estado que no recauda lo que corresponde? ¿Puede soñar una provincia con justicia social (como manda la Constitución en el artículo 67 segundo párrafo) si sostiene todo con impuestos al laburo y al consumo?
 
Sin densidad fiscal, no hay densidad nacional y sin densidad nacional, no hay desarrollo. Los ultrarricos, los grandes patrimonios y las herencias millonarias: ahí está la clave. La militancia tiene que asumirlo con claridad estratégica:
 
-los millonarios pueden aportar más.
-las grandes herencias deben tributar.
-los patrimonios extraordinarios no pueden seguir siendo intocables.
 
Porque cuando no aportan los de arriba, pagan los de abajo, cuando no pagan los grandes, ajustan los chicos. Cuando no tributan los dueños de fortunas heredadas, cae el peso sobre el docente, los enfermeros, el comerciante y el productor pequeño y mediano.
 
Esto no es redistribución, es equilibrio básico. ¿Quién tiene que impulsar esto? Nosotros. Ahora. El gobierno provincial puede y debe tomar la iniciativa. La Legislatura tiene el marco constitucional.
 
Pero la política no avanza sola: avanza cuando la sociedad empuja. La militancia, los sindicatos, los movimientos sociales, las organizaciones territoriales, los centros comunitarios, la dirigencia estudiantil y toda persona que crea en la justicia social deben convertir esta agenda en un clamor. Porque si no se toca la riqueza concentrada, todo lo demás es simulacro.
 
La desigualdad no se corrige con discursos, se corrige, entre otros, con impuestos a quienes más tienen, con leyes claras, con un Estado fuerte, con conductas irreprochables y con decisión política. Entre Ríos tiene la obligación -legal, económica y moral- de hacerlo. Y el momento es ahora. No dentro de diez años. Ahora.
 
Fuente: Análisis Digital
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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