23:05 | Martes 03 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 19-11-2025 / 11:11

EX SENADOR NACIONAL PERONISTA QUE SE PASÓ, POR UN PUÑADO DE DÓLARES, A LOS LIBERTARIOS

La Causa Kueider llega a la Corte Suprema para dirimir un conflicto entre dos juzgados sobre quién lo investiga

El máximo tribunal definirá si la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex senador queda a cargo de la justicia federal de San Isidro o del fuero provincial en Entre Ríos.

El máximo tribunal definirá si la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex senador queda a cargo de la justicia federal de San Isidro o del fuero provincial en Entre Ríos.

La jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió al máximo tribunal que resuelva la puja que tiene con la Justicia de Entre Ríos. En ambos se investiga a Edgardo Kueider por enriquecimiento ilícito. La defensa del ex legislador dice no tener preferencia.

La magistrada elevó a la Corte la contienda positiva de competencia que mantiene con el juez de Garantías N° 2 de Concordia, Ives Bastián. Ahora, el máximo tribunal deberá darle entrada. Luego, pedirá opinión al Procurador General Eduardo Casal. Y recién entonces fallará.

Fuentes tribunalicias indicaron a Infobae que es imposible que el trámite concluya antes de la feria judicial de verano. Lo más probable, arriesgaron, es que pase para el 2026.

La disputa comenzó tras el incidente de Kueider en Paraguay, a pesar de que las causas ya estaban abiertas en San Isidro y en Concordia. El 17 de diciembre del año pasado, Arroyo Salgado pidió a Bastián que se inhiba y le remita las actuaciones. Habían transcurrido dos semanas desde la detención del ex senador por tener USD 200 mil sin declarar.

Tres meses después, el 10 de marzo, el magistrado entrerriano le respondió que no. Se declaró competente e invitó a su colega federal a llevar la cuestión ante la Corte. Sin embargo, la defensa de Kueider recurrió el fallo. Dos meses más tarde, la Cámara de Apelaciones ratificó la decisión de Bastián.

14 mil fojas de investigación

En el resolutorio de Arroyo Salgado, firmado el pasado lunes 3 de noviembre, hay cuatro argumentos principales para sostener la causa en San Isidro. Dos son materiales y los restantes más formales.

En el primer conjunto, planteó la conexidad del enriquecimiento ilícito con el lavado (un delito federal), y la vinculación con el caso Securitas, ya que el accionar de Kueider se relaciona con un entramado delictivo mayor. Esta otra causa indaga el pago de coimas a entes y empresas públicas nacionales y provinciales. La meta era quedarse con contratos de seguridad privada. Una de ellas es la distribuidora eléctrica entrerriana Enersa.

Arroyo Salgado le puso números a la maniobra de "Securitas". Entre 2013 y 2018, los pagos indebidos habrían sumado USD 7.600.000. A esto se sumaría la evasión de una cifra entre los 12 y los 36 millones de dólares. El mecanismo utilizado sería el de proveedores fraudulentos.

En el segundo, puso sobre el tapete que la causa por enriquecimiento ilícito que se lleva adelante en su Juzgado tiene un grado de desarrollo mayor. En Securitas ya se acumulan más de 50 cuerpos (cada uno con 200 fojas) y 118 incidentes. Por otro lado, en la investigación sobre Kueider se han reunido 20 cuerpos, 80 incidentes y ya hay 15 imputados.

A esto, sumó la existencia de jurisprudencia de la Corte. Los antecedentes marcan que cuando hay sospechas de lavado de activos vinculado al ejercicio de cargos públicos, la competencia corresponde a la justicia federal. El principio rige incluso si parte de los hechos ocurrieron en el ámbito provincial.

Dos fiscales, un camino

"No nos interesa quién resuelva ni quién lleve adelante la investigación", dijo a este medio el abogado Juan Martín Cerolini, defensor de Kueider, ante la consulta acerca de la intervención de la Corte.

Sin embargo, en el entorno personal del ex político sí existen preferencias sobre el destino de las investigaciones. Los procesos se parecen, pero no son iguales. En San Isidro la lupa está puesta en el período 2015/2019, cuando fue secretario General de la Gobernación y luego senador nacional electo. En Concordia, la ventana de tiempo es más amplia: comienza en 1999, cuando fue edil de la ciudad.

Con recaudos, evalúan que es conveniente que se centre en manos de Arroyo Salgado. Las salvedades que hacen apuntan al fiscal federal que interviene. Se trata de Fernando Domínguez.

Irónicamente, Kueider se considera una víctima del kirchnerismo que no le perdona su voto favorable a la Ley Bases, lo que habría arruinado, según dijo el ex legislador, la caída del Gobierno de Javier Milei que buscaban los K. En ese relato, Domínguez entra como ex integrante de Justicia Legítima. El colectivo de magistrados y funcionarios judiciales se forjó hace una década. Desde siempre se le endosó simpatías con el poder político de aquel entonces.

La percepción que tienen de Domínguez muchos de sus colegas es distinta. Lo consideran un funcionario íntegro, honesto y muy serio. "Es una máquina de laburar", lo catalogó otro fiscal federal que compartió tareas con él.

Si la causa no va a San Isidro, se concentrará en Concordia. Ahí el círculo del ex senador abandona las dudas y esgrime certezas particulares. El foco está en el fiscal José Arias, responsable de la investigación dado que en Entre Ríos rige el sistema acusatorio. Argumentan que tiene, sin tapujos, animadversión hacia todo lo que huela a peronismo. "Es gorila", simplificaron.

Como respaldo, citaron que la Cámara de Casación apartó a Arias de tres causas por pérdida de la imparcialidad. En todas investigaba al ex intendente justicialista de Concordia, Enrique Cresto, un ex aliado político de Kueider.

El fiscal pertenece a una familia ligada al integrismo religioso católico. Su padre, Alberto Arias, tuvo sus 15 minutos de fama en 2010. Como titular del Registro Civil de Concordia se negó a celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo. Alegó razones de conciencia y ser abogado canónico.

Fuente: Infobae

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El miserable ofrecimiento de aumento salarial de Frigerio

El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.

Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.

El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.

Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.

En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.

Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.

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ATE protagonizó un abrazo simbólico al Masvernat en rechazo a la miserable oferta salarial de Frigerio