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Nacionales - 29-10-2025 / 09:10
LA PRECARIZACIÓN AVANZA: TODO PARA LAS PATRONALES, NADA PARA LOS TRABAJADORES

Reforma laboral esclavista de Milei y los empresarios: Jornadas de 12 horas, indemnización en cuotas y despidos sin causa

Reforma laboral esclavista de Milei y los empresarios: Jornadas de 12 horas, indemnización en cuotas y despidos sin causa
La reforma laboral esclavista de Javier "el Explotador" Milei fue anticipada hace varias semanas, pero sus detalles no se dieron a conocer sino hasta después de las elecciones de medio término. Dos días más tarde, finalmente trascendió la letra chica del proyecto del Gobierno para "modernizar" el régimen de trabajo. La diputada libertaria Romina Diez presentó la llamada Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, que amplía la jornada laboral, flexibiliza convenios y reduce costos para las empresas. Una ofensiva contra los derechos conquistados de la clase trabajadora durante más de 100 años de lucha.
La reforma laboral esclavista de Javier "el Explotador" Milei fue anticipada hace varias semanas, pero sus detalles no se dieron a conocer sino hasta después de las elecciones de medio término. Dos días más tarde, finalmente trascendió la letra chica del proyecto del Gobierno para "modernizar" el régimen de trabajo. La diputada libertaria Romina Diez presentó la llamada Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, que amplía la jornada laboral, flexibiliza convenios y reduce costos para las empresas. Una ofensiva contra los derechos conquistados de la clase trabajadora durante más de 100 años de lucha.
 
El texto, como se esperaba, incluye varios puntos que despertarán fuerte resistencia en su tratamiento en el Congreso, entre ellos la ampliación de los despidos sin causa y la introducción de cambios en las jornadas, indemnización, vacaciones y horas extra. La iniciativa lleva el respaldo de la diputada Diez y de varios legisladores libertarios -entre ellos el narco José Luis Espert, hoy en uso de licencia- y Milei tiene la intención de darle tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias en el verano, en tándem con la propuesta de reforma previsional.
 
El proyecto fue denominado "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo". Se espera que sea objeto de una discusión parlamentaria ajustada en los números y agitada debido a su controversial contenido. Algunos de los puntos más salientes del texto son:
 
- Ampliación de la jornada laboral, que podría llegar hasta las 12 horas consecutivas. La medida sería acompañada por una flexibilización de las horas extra a decisión de los empleadores, que podrían dejar de pagarlas y, en su lugar, ofrecerle a los trabajadores la posibilidad de "recuperarlas" el mismo mes.
- Indemnización en cuotas para las micro, pequeñas y medianas empresas. Deberían abonarlas a lo largo de 12 pagos mensuales consecutivos y con una tasa de interés a definir.
- Ampliación de las causales de despido sin causa. Según el mencionado medio, "el empleador podrá introducir cambios" en materia de movilidad y disciplina laboral siempre y cuando "no resultan irrazonables ni alteren aspectos esenciales del contrato". Si el trabajador no los cumple, podría ser desvinculado sin consecuencias para la empresa.
- Cambios en el sistema de vacaciones. La ley le permitiría a los empleadores otorgar días en cualquier momento del calendario siempre y cuando el empleado pueda "gozar de sus vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada dos años, salvo que opte en contrario".
- Reglamentación de un "salario dinámico" que establecería que "los aumentos tengan correlación con una mayor productividad de cada empleado y no aumentos generales negociados por el sindicato".
- Descentralización de la negociación colectiva de convenios para que primen los acuerdos empresariales por sobre los sectoriales.
- Implementación de incentivos al empleo a través de bonos para los empleadores que inicien nuevas relaciones laborales en los primeros 18 meses de vigencia de la reforma. Los beneficios se extenderían por doce meses y variarían según el tamaño de la compañía.
 
Con el impulso del anarco capitalismo, tras el resultado electoral, y bajo las recomendaciones del FMI y los grandes grupos empresarios, el Gobierno de Milei volvió a poner en agenda la reforma laboral, una de las piezas centrales de su programa económico ultra conservador, fascista y reaccionario, que promueven las llamadas "ideas de la libertad" y un modelo de mercado sin regulaciones estatales ni derechos laborales colectivos. La iniciativa busca abaratar despidos, bajar salarios, debilitar convenios y ampliar el poder patronal sobre las condiciones de trabajo.
 
La Opinión Popular
 

 
GRAVE RETROCESO PARA LOS TRABAJADORES
 
Las claves de la flexibilización laboral de Javier Milei: jornadas de 12 horas y cambios en el régimen de licencias
 
El documento fue presentado por la legisladora santafesina Romina Diez. Lleva la firma del diputado en licencia por el escándalo narco, José Luis Espert, entre otros legisladores salpicados por alguna u otra causa delictiva.
 
En una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei se refirió este martes a la reforma laboral que impulsará en el Congreso tras el éxito electoral legislativo de La Libertad Avanza (LLA) a escala nacional, y garantizó que no atentará contra "los derechos de nadie". Sin embargo, el proyecto que presentó la diputada santafesina Romina Diez bajo el título de "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo e Inversiones Productivas" indica lo contrario.
  
En rigor, la iniciativa incluye la modificación de varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, detallando cambios en la irrenunciabilidad de derechos, las facultades del empleador para modificar las modalidades de trabajo, y el régimen de licencias por enfermedad y vacaciones.
 
Además, el proyecto establece la creación de un Régimen de Incentivo al Empleo y un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), "que funcionará como un RIGI". Esta iniciativa será debatida en el Congreso en las próximas semanas. Punto por punto, el desglose del documento que plantea una agresiva flexibilización laboral.
 
 
Más poder para el empleador en la organización del trabajo
 
En su segundo artículo el proyecto plantea la modificación del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) para facultar al empleador de la posibilidad de "introducir todos los cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador".
 
"Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa", remarca la iniciativa.
 
 
Extensión de la jornada laboral
  
La Ley permitirá que la jornada de trabajo se extienda de 8 a 12 horas mediante bancos de horas o regímenes especiales, respetando al menos 12 horas de descanso entre jornadas.
 
En su artículo 197 bis lo aclara: "Las convenciones colectivas de trabajo (...) podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores. A tal efecto, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral".
 
 
Vacaciones a decisión del empleador
  
En su artículo décimo, el proyecto modifica el Artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre vacaciones. En un punto sostiene que el empleador es quien determina las fechas de iniciación de las vacaciones del trabajador, al cual debe notificarle por escrito y con una anticipación de 21 días.
 
Además, el documento destaca que el empleador debe garantizar que su trabajador goce de vacaciones en la temporada de verano "al menos" una vez cada 2 años. "Cuando las vacaciones no se otorguen en forma simultánea a todos los trabajadores de la empresa, el empleador deberá proceder en forma tal que a cada trabajador le corresponda el goce total de las mismas, por lo menos en una temporada de verano, cada dos períodos, salvo que el trabajador opte en contrario", precisa el texto.
 
Asimismo, de acuerdo con la normativa, la empresa puede determinar la fragmentación o aprobación de la partición del período de descanso. "Las vacaciones podrán otorgarse en forma fragmentada y por períodos no inferiores a una semana", indica el texto, sin precisar qué parte elige fragmentar.
 
 
Obstaculización para el pago de indemnizaciones y juicios laborales
  
Asimismo, en el artículo nº17, que sustituye al nº 277, la reforma impacta fuertemente en el sistema de indemnizaciones y créditos laborales.
 
Las actualizaciones de las deudas laborales quedarán limitadas a la inflación -medida por Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec- más un interés puro del 3% anual, lo que recorta la variación que hasta ahora fijaban los tribunales en casos de juicio prolongado.
 
Se establecen además topes a los honorarios profesionales al fijarse límites al pacto de cuota litis en juicios laborales al 20% (perjudicando al demandante y a su representante legal), y se permite a las PyMES pagar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales.
 
Es decir: esta combinación de cambios le baja la presión de los empleadores ante conflictos laborales, ya que para la empresa, el costo del conflicto se vuelve más previsible y más barato si se estira en el tiempo el proceso judicial (la reforma no toca la fórmula de las indemnizaciones, pero sí desvaloriza lo que se cobra cuando se llega al final del juicio).
 
 
Más controles y sanciones en licencias por enfermedad
  
En el documento se establecen criterios más estrictos para los trabajadores que sufran alguna enfermedad o accidente laboral (artículo 12, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contratos de Trabajo).
 
En primer lugar, el proyecto sostiene que "cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un período de tres meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco años, y de seis meses si fuera mayor". En tanto, determina que si el empleado tiene familia "y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los períodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis y doce meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco años".
 
Ahora bien, si el empleador dudase de "la veracidad del certificado médico presentado", podrá hacer una denuncia "ante la Secretaría de Trabajo". El Ministerio de Capital Humano le brindará "un listado de peritos médicos que podrán convocar al médico firmante del certificado para repetir o solicitar nuevos estudios o análisis, así como requerir las medidas que considere conducentes a fin de corroborar o modificar el diagnóstico, afección o tratamiento indicado previamente".
 
En cuanto a la conservación del empleo tras el vencimiento de los plazos de interrupción por enfermedad, el empleador deberá mantener el puesto durante un año adicional. Si el trabajador no se reincorpora, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin responsabilidad indemnizatoria.
 
 
Suspensión y baja de planes sociales
  
Uno de los ejes centrales es el fomento del empleo registrado mediante beneficios fiscales a las empresas que incorporen nuevo personal.
 
El proyecto establece bonos fiscales y reducción de contribuciones patronales durante los primeros 18 meses de contratación, con especial énfasis en Micro y Pequeñas Empresas (MiPyMEs).
 
Para los trabajadores que actualmente perciben planes sociales, la incorporación a un empleo formal generará la suspensión del beneficio por hasta trece meses y, si se sostiene la relación laboral, la baja definitiva del plan.
 
"Los beneficios de esta ley serán aplicables a los sujetos empleadores que incrementen su nómina de trabajadores declarados", detalla el proyecto.
 
 
Compensaciones que dejan de computar para indemnización y aportes
  
El proyecto redefine el concepto de remuneración al ampliar la lista de beneficios sociales que podrán pagarse de forma no remunerativa, es decir: que no integran el salario a efectos de aportes, aguinaldo ni cálculo indemnizatorio.
 
En su artículo 103 bis, se incluyen prestaciones como comida, reintegros médicos, guarderías, útiles escolares, ropa de trabajo, capacitaciones, telefonía e internet, entre otras destinadas a "mejorar la calidad de vida" del trabajador y su familia.
 
"El otorgamiento de las prestaciones sociales será en todos los casos en forma indebida a título gratuito y no remunerativo, sin que ellos constituyan salarios o retribuciones a los efectos legales", explicita el texto.
 
El proyecto está acompañado por los legisladores Lorena Villaverde (acusada por narcotráfico) Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, José Luis Espert -de licencia, también señalado por un escándalo narco-, Lilia Lemoine (también vinculada a una causa narco), Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano.
 
Fuente: Página 12
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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