12:34 | Lunes 13 de Julio de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 03-10-2025 / 16:10

DENUNCIA JUDICIAL CONTRA LA DIPUTADA PROVINCIAL DE LA UCR

Por intervención en una adopción irregular, denunciaron penalmente a la diputada Gabriela Lena

Un abogado de Paraná, Agustín Artibano Planiscg, presentó una denuncia penal contra la Escribana y Diputada provincial Gabriela Mabel Lena, según. La denuncia, surgió (según el texto) a partir de la publicación de Diario Junio que indicaba "Diputada (UCR) y escribana Lena ligada a un delito penal sobre menores: Celebró un acto jurídico prohibido por la ley e incumplió su deber como diputada" escrito por el periodista Claudio Gastaldi.

Según esta denuncia, la diputada "por acción u omisión", habría incurrido en delitos descriptos por el Código Penal en los artículos 117, 118 y 120 inc. b) de la ley 25.871 y art. 248 ??. Vale destacar que la denuncia recayó en la Fiscalía Federal a cargo de la Fiscal Josefina Minatta.

La denuncia penal se centra en que el 11 de mayo del 2023 la Escribana y Diputada Nacional Gabriela Mabel Lena redactó dos instrumentos públicos por el cual, en uno gestiona un poder especial (prohibido) por parte de Ersido Hijo Castillo Lorenzo en favor del matrimonio Carolina Solange Silva y Damián Andrés Borgo por el cual le cede la responsabilidad parental y representación de sus dos hijas menores de edad HLCR y ECR, como también, otro poder autorizando a circular por el país y cualquier parte del mundo.

El abogado denunciante señala que: "En este caso concreto, estamos ante un caso de delegación de responsabilidad parental que hizo el padre, y aun en ese caso se requiere la autorización de ambos progenitores y personalmente y posteriormente homologado judicialmente para que tenga validez. La Jueza interviniente antes de homologar debe previamente escuchar a las partes, niñas e intervención del Defensor Público Oficial. Reunido todos los requisitos y conforme a la sana critica el Juez resolverá".

"Ahora bien, en este caso, hay una clara ausencia de cuidados parentales. No hay padre que cuide. Una escribana no puede avalar una guarda d hecho y por esa razón el COPNAF ha tomado medidas de protección excepcionales", indicó el letrado.

"En conclusión, todo proceso de guarda o adopción siempre es judicial, no es una cuestión administrativa. Un padre no dispone de sus hijos como cosas. Convalidar una guarda de hecho es un ilícito", mencionó luego.

Delitos cometidos, según la acusación

En efecto, según los dichos del abogado denunciante los supuestos delitos cometidos por Lena encuadrarían en la Ley 25871 que, en su artículo 117 señala que "Será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio".

También hace mención al artículo 118 de la misma ley que señala "Igual pena se impondrá a quien mediante la presentación de documentación material o ideológicamente falsa, peticione para un tercero algún tipo de beneficio migratorio".

Segú el texto de la denuncia ambos delitos se agravan por el art 120 con penas de 3 a 10 años por la calidad de funcionaria pública (Lena es diputada provincial y en el momento que tuvieron lugar estos actos era Diputada Nacional).

Asimismo, y siempre según el letrado paranaense, Lena sería pasible de otra pena tipificada en el artículo 248 del Código Penal que dice: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

Fuente: Diario Junio

11-07-2026 / 16:07

Rechazo a la Reforma previsional de Frigerio: La Multisectorial convocó a un paro y movilización

La avanzada del gobierno de Rogelio Frigerio sobre el sistema previsional entrerriano entra en su fase más crítica tras la firma exprés del dictamen de mayoría en el Senado, desatando una contundente e inmediata reacción del arco gremial y social. Ante la convocatoria a una sesión especial este miércoles 15 de julio para sancionar el proyecto oficial, la Multisectorial declaró una huelga general con movilización hacia la Casa de Gobierno en Paraná. La jornada de lucha expone la profundidad del conflicto político y social, interpelando de forma directa a los legisladores provinciales a asumir el costo político y las consecuencias de convalidar el ajuste sobre el sector pasivo.

Las objeciones al proyecto oficial apuntan al corazón de un diseño normativo que, bajo la pantalla de un ordenamiento técnico, instrumenta una armonización encubierta con el régimen nacional y un severo recorte de derechos adquiridos. Entre los puntos más cuestionados se destacan la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo mediante la declaración de la emergencia económica, el aumento de la edad jubilatoria, y la imposición de mayores aportes que los jubilados pagarán a perpetuidad, diluyendo de hecho el histórico principio del 82% móvil. Para los sectores movilizados, la reforma de Frigerio configura una intervención real sobre la Caja de Jubilaciones y un saqueo directo al poder adquisitivo tanto de los trabajadores activos como de los actuales beneficiarios del sistema.

09-07-2026 / 09:07

El Fiscal de Estado anticipa judicialización de la reforma previsional en Entre Ríos

El Fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, se refirió al avance del proyecto de reforma del sistema previsional del gobierno de Rogelio Frigerio y dejó en claro que el conflicto legal posterior es un escenario inevitable. Al analizar el panorama legislativo y político en torno a la Caja de Jubilaciones, el funcionario afirmó dar por hecho tanto la aprobación de la ley como la inmediata aparición de cuestionamientos en los tribunales.

09-07-2026 / 09:07

La reforma previsional es inconstitucional y atenta contra la vida y salud de las mujeres y disidencias

El proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos ha encendido las alarmas en diversos sectores sociales al poner en jaque conquistas laborales históricas con perspectiva de género. En su análisis, Lucy Grimalt advierte de manera tajante que “la reforma previsional es inconstitucional y atenta contra la vida y salud de las mujeres y disidencias sexuales”, señalando de forma puntual que la propuesta, en su artículo 18, “deroga el derecho de las mujeres a acceder a jubilarse con 30 años de aportes y cinco años menos de edad que los varones”. Lejos de tratarse de un beneficio infundado, la autora defiende que esta diferenciación cronológica responde a una “acción afirmativa o discriminación positiva” indispensable para “compensar desigualdades históricas estructurales” dentro de un mercado laboral fuertemente precarizado y desigual.

Asimismo, la publicación enfatiza el flagrante desapego del texto oficial frente a las normativas vigentes en la provincia, las cuales protegen las trayectorias de vida signadas por las tareas de cuidado no remuneradas. Grimalt recuerda de forma unívoca que la propia Carta Magna entrerriana de 2008 “instituye la equidad de género con carácter constitucional en el artículo 17”, donde textualmente “reconoce el valor social del trabajo en el ámbito del hogar”. En este sentido, la articulista denuncia que equiparar la edad jubilatoria bajo una falsa premisa de simetría o aplicar un criterio de “ajuste selectivo” no hace más que profundizar la vulnerabilidad socioeconómica de las trabajadoras, ignorando el mandato constitucional de compensar el impacto económico y social de la división sexual del trabajo.

06-07-2026 / 15:07

Desplome del consumo popular en Entre Ríos

Detrás de los discursos oficiales de ordenamiento fiscal y un dócil alineamiento con el ajuste nacional, la realidad socioeconómica de Entre Ríos se traduce en una alarmante parálisis que golpea de lleno la mesa de las familias. El reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expone un derrumbe dramático y estructural del consumo masivo: las ventas en supermercados acumuladas a abril de 2026 arrastran una estrepitosa caída del 26,6% en comparación con los niveles de 2023, afectando de manera severa a rubros de primera necesidad como almacén (-28,9%), carnes (-22,5%) y lácteos (-18,1%).

Esta alarmante retracción descalza el relato oficial y desnuda la total desprotección en la que la gestión de Rogelio Frigerio ha dejado a la provincia, permitiendo que una recesión sin freno devore la calidad de vida de los entrerrianos bajo una pasividad gubernamental alarmante. La explicación de este vaciamiento de las góndolas locales radica en la pulverización del bolsillo popular, donde los trabajadores registrados sufren una pérdida real de hasta el 10,1% de su poder adquisitivo en una economía provincial que ya ha visto evaporarse más de 300.000 millones de pesos del circuito comercial desde fines de 2023.

Mientras el Ejecutivo entrerriano ensaya justificaciones macroeconómicas y se desentiende de los efectos destructivos de la recesión, la asfixia del mercado interno no solo destruye el comercio local, sino que consolida un modelo de empobrecimiento planificado. El "cambio" prometido por Frigerio se revela así en su versión más cruda: una administración obsesionada con cumplir las exigencias ordenadas ante el poder central, pero dolorosamente indiferente ante las mesas vacías y los ingresos licuados de su propio pueblo.

De la redacción de La Opinión Popular

06-07-2026 / 15:07

Muntes a los senadores por la reforma previsional: "Ni ellos creen en lo que están legislando"

La gestión de Rogelio Frigerio en Entre Ríos cruzó un límite ético: exigirle un ajuste feroz a los de abajo mientras la dirigencia política se salva sola. Bajo la bandera de una supuesta "sustentabilidad financiera", el oficialismo provincial avanza con una reforma previsional implacable que pretende estirar la edad de retiro, subir los aportes y licuar el histórico 82% móvil. Para el laburante común —el docente, el enfermero o el empleado estatal cuyos salarios ya perdieron más del 40% de su poder de compra bajo este mandato—, la propuesta gubernamental no es otra cosa que una condena a la pobreza legalizada; un manotazo al bolsillo popular para maquillar el déficit de una caja que los trabajadores no vaciaron.

La bofetada definitiva a la dignidad de los entrerrianos quedó en evidencia con el escandaloso doble estándar en el Senado, donde legisladores del propio bloque oficialista se apuraron a tramitar sus retiros en medio del debate para blindar sus privilegios antes de que caiga el hachazo de la nueva ley. Este oportunismo político despoja por completo de autoridad moral al gobierno de Frigerio, desnudando un esquema obsceno donde el sacrificio y la austeridad son obligaciones exclusivas para el pueblo trabajador, mientras que el "sálvese quien pueda" y las jubilaciones de privilegio siguen siendo el reglamento interno de la casta gobernante.

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, expresó que: “los dos senadores que tienen responsabilidad muy importante en el proyecto ya iniciaron los trámites de jubilación. Eso también es una bofetada a cada uno de los laburantes, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque ni ellos creen en lo que ellos mismos están legislando y están llevando adelante”.

De la redacción de La Opinión Popular