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Entre Ríos - 18-09-2025 / 18:09
DIRIGENTE DEL PJ DE SANTA ELENA

Sebastián Sabo: Daniel Rossi y Patricia Díaz, la sociedad del saqueo impune

Sebastián Sabo: Daniel Rossi y Patricia Díaz, la sociedad del saqueo impune
El intendente Domingo Daniel Rossi no es un error, es un sistema. Un sistema perverso de corrupción que se nutre de la opacidad, el desprecio por la ley y la complicidad de su entorno.
 
El intendente Domingo Daniel Rossi no es un error, es un sistema. Un sistema perverso de corrupción que se nutre de la opacidad, el desprecio por la ley y la complicidad de su entorno.
 
Su intento de saldar una deuda millonaria regalando un inmueble público no es más que la punta de un iceberg podrido: el historial de un hombre condenado por enriquecimiento ilícito, acorralado por juicios por sobreprecios y que gobierna Santa Elena como si su municipalidad fuera su feudo personal.
 
Cada acto de su gestión, desde los subsidios sin control hasta los pagos en efectivo, huele a premeditación y a un afán de robarle al pueblo hasta el último peso. Es la impunidad hecha persona.
 
Pero Rossi no actúa solo. Detrás de este entramado de irregularidades se encuentra la sombra de su esposa, la senadora Patricia Díaz. Esta sociedad conyugal delictiva es el verdadero poder detrás del trono. Mientras él desguaza el patrimonio municipal desde la intendencia, ella ejerce su influencia desde la legislatura.
 
La investigación por enriquecimiento ilícito que los involucra a ambos no hace sino confirmar la naturaleza de un dúo que concibe la función pública como un negocio familiar. Su complicidad es el escudo que pretende blindar la impunidad y prolongar este saqueo a cuenta de los contribuyentes.
 
Santa Elena es el ejemplo crudo de la corrupción sistemática que carcome las instituciones. No se trata de hechos aislados, sino de una maquinaria perfectamente engrasada para evadir controles, violar leyes y vaciar el erario público.
 
Este caso debería ser una bisagra: la justicia no puede permitirse otra suspensión o dilación. Exigimos condenas ejemplares, inhabilitaciones perpetuas y la recuperación de todo lo robado. Basta de cómplices silenciosos y de políticos que creen que el poder es su propiedad. Santa Elena se merece algo mejor que una banda de delincuentes trajeados.
 
Fuente: Análisis Digital
 
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10-06-2026 / 14:06
El inicio del debate por la reforma previsional en el Senado entrerriano dejó en evidencia lo que ya se anticipaba en los pasillos de la Legislatura: un tratamiento exprés, opaco y plagado de cruces que demuestra la fragilidad de los argumentos oficiales. Bajo la pantalla de una supuesta "armonización" con el sistema nacional, el oficialismo intenta forzar un ajuste severo sobre las espaldas de las y los trabajadores provinciales, recurriendo a diagnósticos sesgados que omiten deliberadamente las verdaderas causas del desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
 
De acuerdo con lo consignado por el medio especializado Sociedad Política en su artículo "El debate por la reforma previsional comenzó con cruces entre funcionarios y senadores de la oposición", la primera reunión de comisión se convirtió en un escenario de fuertes tensiones. Los funcionarios provinciales desembarcaron en el Senado con un libreto rígido y justificaciones netamente matemáticas sobre la relación entre activos y pasivos, pretendiendo clausurar una discusión profunda. La oposición legislativa y las representaciones gremiales no tardaron en desnudar las falencias del proyecto: se cuestionó con dureza el apuro oficialista por imponer modificaciones estructurales y la preocupante discrecionalidad que la declaración de "emergencia previsional" le otorgaría al Poder Ejecutivo.
 
El nudo del conflicto radica en las recetas que el oficialismo pretende aplicar, las cuales repiten viejos dogmas neoliberales. La iniciativa de Frigerio contempla una unificación progresiva de los requisitos de edad —llegando a proponer un esquema que eleva la edad jubilatoria a los 68 años para los nuevos ingresantes, una de las más altas a nivel global—, lo que constituye un ataque directo a las conquistas históricas del movimiento obrero. Peor aún, el proyecto introduce un brutal sesgo de género al no reconocer el valor de las tareas de reproducción y cuidado que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Mientras tanto, las corporaciones empresarias y los sectores más concentrados de la economía provincial —los grandes beneficiados de siempre— miran desde afuera sin aportar un solo centavo extraordinario, ya que toda la carga del desequilibrio financiero se traslada de forma directa a los bolsillos pulverizados de los activos y pasivos mediante "aportes extraordinarios".
 
De la redacción de La Opinión Popular

09-06-2026 / 22:06
09-06-2026 / 21:06
08-06-2026 / 14:06
El demoledor informe "Hogares bajo tensión", elaborado por el dirigente Sergio Benítez (Siatrasag) para el Cisper, deja al descubierto las consecuencias del brutal ajuste coordinado entre el gobierno nacional de Javier Milei y la gestión provincial de Rogelio Frigerio. Entre febrero de 2024 y abril de 2026, la tarifa eléctrica en Entre Ríos sufrió un incremento desorbitado del 606%, superando ampliamente la inflación y pulverizando el poder adquisitivo de los trabajadores, cuyos sueldos en el sector público apenas aumentaron un 118%. Esta transferencia de recursos profundiza la pérdida del poder de compra y condena a las familias entrerrianas a una situación de vulnerabilidad extrema, donde un docente debe destinar casi dos días enteros de su salario solo para abonar una factura estándar de luz.

La investigación devela, además, una alarmante contradicción que desnuda la insensibilidad de la administración de Frigerio: mientras los usuarios residenciales son sometidos a tramos tarifarios altamente regresivos y se ven imposibilitados de pagar sus boletas, la empresa estatal Enersa registró ganancias netas superiores a los 42.000 millones de pesos (unos 40 millones de dólares). Lejos de cumplir con las promesas oficiales de alivio económico, la pasividad de la provincia ante la quita de subsidios dispuesta por Milei demuestra que el acceso a la energía dejó de ser considerado un derecho humano básico en Entre Ríos para convertirse en una caja de recaudación política a costa del sacrificio del pueblo.
 
De la redacción de La Opinión Popular
 

08-06-2026 / 14:06
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