15:01 | Lunes 04 de Agosto de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 04-08-2025 / 11:08
LA JUSTICIA DEJÓ EN OFFSIDE A LA POLICÍA Y AL MINISTRO NÉSTOR RONCAGLIA
Se archivó la causa del reality policial frigerista por las pintadas a favor de Cristina
El fiscal Cristian Giunta dejó en offside a la Policía y al ministro Néstor Roncaglia al desestimar la investigación contra cinco militantes populares que habían sido detenidos por realizar pintadas contra la detención de la ex Presidenta. Dijo que no hubo denuncia y los hechos que se les pretendía atribuir carecen de relevancia penal.
El fiscal Cristian Giunta dejó en offside a la Policía y al ministro Néstor Roncaglia al desestimar la investigación contra cinco militantes populares que habían sido detenidos por realizar pintadas contra la detención de la ex Presidenta. Dijo que no hubo denuncia y los hechos que se les pretendía atribuir carecen de relevancia penal.
Dos argumentos sostienen la desestimación de la causa que tenía bajo investigación a cinco jóvenes militantes por hacer pintadas a favor de Cristina Fernández de Kirchner tras su detención: principio de oportunidad y ausencia de denuncia por los daños aludidos por la Policía de Entre Ríos para su detención.
El fiscal Cristian Giunta dispuso el archivo de la causa y en la resolución dejó expuesto el accionar policía en aquella madrugada del 12 de junio al advertir la nimiedad de los hechos y que "no se han recepcionado denuncias" por las pintadas que en su momento fueron catalogadas como vandálicas.
Dentro del amplio abanico de aquello que puede ser considerado arte urbano hay pintadas que molestan y otras que embellecen. Parece, pues, que estampar en una pared "Magnetto hijo de puta, mafioso. No jodan con Cristina. La Cámpora" está entre aquellas que molestan. Al menos al denunciante anónimo -si lo hubo- o a la Policía de Entre Ríos, que dispuso un despliegue de cuatro móviles, veinte agentes y recursos para el chequeo de cámaras de videovigilancia a fin de dar con los vándalos.
Los jóvenes, militantes populares, habrían efectuado pintadas a favor de Cristina Fernández en al menos tres lugares, uno de ellos, una pared lateral del edificio de la AFIP, sobre calle Almirante Brown, a metros de Avenida Ramírez. Por ese motivo, fueron trasladados a la División Antecedentes Personales de la Policía, retenidos durante cinco horas para su identificación y sometidos a un proceso penal.
Sus defensores, Tomás Vírgala y Juan Ignacio Mayer, habían planteado que la conducta que se les atribuía era atípica e incluso dudaban que pudiera ser considerado una contravención. El fiscal, como se dijo, consideró que el hecho no tenía una relevancia tal como para gastar energía y recursos.
Los hechos se inscriben en un contexto: dos días antes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había confirmado la condena de seis años de prisión para la ex presidenta, que es también la principal figura de la oposición y ha denunciado una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
Esto sumado a la criminalización de la protesta callejera. Aunque con matices, los organismos de derechos humanos y los sindicatos han personificado en Néstor Roncaglia, a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia, "esta lógica autoritaria y punitiva".
En ese marco es que la decisión del fiscal Giunta deja en offside a la Policía y, por añadidura, a su jefe político, el ministro Roncaglia. En primer lugar, porque advierte que nadie percibió que su propiedad hubiera resultado dañada por las pintadas, como alegaba el informe policial, aludiendo a un llamado anónimo al 911.
En segundo lugar, y acaso más importante, el fiscal invoca el principio de oportunidad para archivar el legajo, es decir, utiliza una facultad que otorga el Código Procesal Penal de Entre Ríos para prescindir de la investigación de un hecho delictivo -si lo fuera- "por motivos de utilidad social o razones políticos criminales".
El fiscal citó en su resolución -a la que accedió Página Judicial- los objetivos principales para la aplicación de criterios de oportunidad: "La descriminalización de hechos punibles, en un intento por evitar la aplicación del poder penal allí donde otras formas de reacción frente al comportamiento desviado pueden alcanzar mejores resultados o donde resulte innecesaria su aplicación; la eficiencia del sistema penal en aquellas áreas o para aquellos hechos en los resulta indispensable su actuación como método de control social, en procura del descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada de casos, que no permite, precisamente, el tratamiento preferencial de aquellos que deben ser solucionados indiscutiblemente por el sistema y como intento válido de revertir la desigualdad que, por selección natural, provoca la afirmación rígida del principio de legalidad".
El procurador Jorge Amílcar Luciano García suele ser más explícito y plantea la necesidad de priorizar la investigación de casos complejos y desechar aquellos que califica como "de bagatela" por la poca gravedad que representan.
Lo cierto es que, ya sea la brutalidad de García ("bagatela") o la sutileza de Giunta ("resulte innecesaria la aplicación" del deber penal) coinciden en una crítica velada al accionar policial.
En definitiva, como ha sido a lo largo de la historia, las pintadas políticas se hacen sin pedir permiso y, a veces, arruinando fachadas, paredes o cartelería ajena. Son parte del juego democrático, exponiendo las tensiones de una sociedad. Ni más ni menos.
Informe de Juan Cruz Varela, para Página Judicial
Fuente: Página Política
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