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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Entre Ríos - 21-07-2025 / 10:07
LOS TRABAJADORES EN ACTIVIDAD COBRAN EN CUOTAS SALARIOS Y AGUINALDO

Granja Tres Arroyos incumple el pago de indemnizaciones

Granja Tres Arroyos incumple el pago de indemnizaciones
La empresa avícola Granja Tres Arroyos lleva un tiempo en crisis. En febrero despidió a 80 trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay a los cuales se les incumplió el pago de las indemnizaciones. También, trascendió que operarios del establecimiento de Brandsen se les pagó el aguinaldo en cuotas.
La empresa avícola Granja Tres Arroyos lleva un tiempo en crisis. En febrero despidió a 80 trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay a los cuales se les incumplió el pago de las indemnizaciones. También, trascendió que operarios del establecimiento de Brandsen se les pagó el aguinaldo en cuotas.
 
En Entre Ríos los ex empleados denunciaron ante las autoridades provinciales que la compañía, cuyos propietarios solicitaron el Proceso Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo, no abonaron las indemnizaciones como corresponde y que cometió irregularidades durante la ejecución de las cesantías.
 
A casi cinco meses de los despidos en el establecimiento de La China, Concepción del Uruguay, los ex trabajadores solicitaron la intervención de autoridades locales para mediar en el conflicto que causó gran impacto en la población y las familias del personal despedido. En ese sentido pidieron una "mediación directa con los responsables del Grupo GTA, específicamente los empresarios Joaquín y Marcelo De Grazia".
 
Asimismo, señalaron que "una delegación de extrabajadores fue recibida el lunes 7 de julio por el intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto". En el encuentro se expuso que la compañía incumplió el "pago de indemnizaciones en los términos del Artículo 235 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)" y adelantaron que evalúan llevar a cabo una demanda por "despidos arbitrarios, en contravención de la Ley 20.744, la Ley 24.013 y la Ley 25.273, que protegen los derechos laborales".
 
"Según lo expresado por los presentes, Lauritto asumió el compromiso de gestionar una reunión con la junta directiva de la firma y de coordinar acciones junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en busca de respuestas concretas", se informó.
 
En la descripción de la situación de los trabajadores se afirmó que "Se agudizó la vulnerabilidad social y dificultó el acceso a alimentos, electricidad y gas", reproduce Data Gremial.
 
Granja Tres Arroyos posee ocho plantas en el país donde faena 700.000 pollos al día, sin embargo, no logra afrontar el pago del aguinaldo normalmente: lo dividió en dos cuotas y estiman que la última será a fines de agosto para los empleados en la planta que opera en Brandsen, provincia de Buenos Aires.
 
Además de esas instalaciones, la avícola controla instalaciones de faena en Pilar, Ezeiza, Esteban Echeverría y Capitán Sarmiento, también en territorio bonaerense, Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Río Cuarto (Córdoba) y Montevideo (Uruguay).
 
El Sueldo Anual Complementario (SAC) no fue lo único que se fragmentó, sino que también los sueldos lo abonan hasta en cuatro.
 
El 20% de la carne de pollo que se genera en la Argentina surge de las plantas y hasta inicios de 2025 la avícola exportaba el 35% de todo lo que generaba. El argumento principal de la actual situación se centra en la caída en el consumo interno y la suba de los costos operativos.
 
A fines de febrero, la compañía dispuso un alto a toda su labor de tarea, con alcance a sus 1.000 empleados, en una medida que se extendió hasta bien entrado el mes siguiente. La avícola venía de activar un recorte de 80 puestos de trabajo a fines de enero, en una medida que redundó en un paro general establecido por el resto del personal durante el lunes 27 de ese mes.
 
Fuente: UNO
 
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11-07-2026 / 16:07
La avanzada del gobierno de Rogelio Frigerio sobre el sistema previsional entrerriano entra en su fase más crítica tras la firma exprés del dictamen de mayoría en el Senado, desatando una contundente e inmediata reacción del arco gremial y social. Ante la convocatoria a una sesión especial este miércoles 15 de julio para sancionar el proyecto oficial, la Multisectorial declaró una huelga general con movilización hacia la Casa de Gobierno en Paraná. La jornada de lucha expone la profundidad del conflicto político y social, interpelando de forma directa a los legisladores provinciales a asumir el costo político y las consecuencias de convalidar el ajuste sobre el sector pasivo.
 
Las objeciones al proyecto oficial apuntan al corazón de un diseño normativo que, bajo la pantalla de un ordenamiento técnico, instrumenta una armonización encubierta con el régimen nacional y un severo recorte de derechos adquiridos. Entre los puntos más cuestionados se destacan la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo mediante la declaración de la emergencia económica, el aumento de la edad jubilatoria, y la imposición de mayores aportes que los jubilados pagarán a perpetuidad, diluyendo de hecho el histórico principio del 82% móvil. Para los sectores movilizados, la reforma de Frigerio configura una intervención real sobre la Caja de Jubilaciones y un saqueo directo al poder adquisitivo tanto de los trabajadores activos como de los actuales beneficiarios del sistema.

09-07-2026 / 09:07
09-07-2026 / 09:07
El proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos ha encendido las alarmas en diversos sectores sociales al poner en jaque conquistas laborales históricas con perspectiva de género. En su análisis, Lucy Grimalt advierte de manera tajante que “la reforma previsional es inconstitucional y atenta contra la vida y salud de las mujeres y disidencias sexuales”, señalando de forma puntual que la propuesta, en su artículo 18, “deroga el derecho de las mujeres a acceder a jubilarse con 30 años de aportes y cinco años menos de edad que los varones”. Lejos de tratarse de un beneficio infundado, la autora defiende que esta diferenciación cronológica responde a una “acción afirmativa o discriminación positiva” indispensable para “compensar desigualdades históricas estructurales” dentro de un mercado laboral fuertemente precarizado y desigual.
 
Asimismo, la publicación enfatiza el flagrante desapego del texto oficial frente a las normativas vigentes en la provincia, las cuales protegen las trayectorias de vida signadas por las tareas de cuidado no remuneradas. Grimalt recuerda de forma unívoca que la propia Carta Magna entrerriana de 2008 “instituye la equidad de género con carácter constitucional en el artículo 17”, donde textualmente “reconoce el valor social del trabajo en el ámbito del hogar”. En este sentido, la articulista denuncia que equiparar la edad jubilatoria bajo una falsa premisa de simetría o aplicar un criterio de “ajuste selectivo” no hace más que profundizar la vulnerabilidad socioeconómica de las trabajadoras, ignorando el mandato constitucional de compensar el impacto económico y social de la división sexual del trabajo.

06-07-2026 / 15:07
Detrás de los discursos oficiales de ordenamiento fiscal y un dócil alineamiento con el ajuste nacional, la realidad socioeconómica de Entre Ríos se traduce en una alarmante parálisis que golpea de lleno la mesa de las familias. El reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expone un derrumbe dramático y estructural del consumo masivo: las ventas en supermercados acumuladas a abril de 2026 arrastran una estrepitosa caída del 26,6% en comparación con los niveles de 2023, afectando de manera severa a rubros de primera necesidad como almacén (-28,9%), carnes (-22,5%) y lácteos (-18,1%).
 
Esta alarmante retracción descalza el relato oficial y desnuda la total desprotección en la que la gestión de Rogelio Frigerio ha dejado a la provincia, permitiendo que una recesión sin freno devore la calidad de vida de los entrerrianos bajo una pasividad gubernamental alarmante. La explicación de este vaciamiento de las góndolas locales radica en la pulverización del bolsillo popular, donde los trabajadores registrados sufren una pérdida real de hasta el 10,1% de su poder adquisitivo en una economía provincial que ya ha visto evaporarse más de 300.000 millones de pesos del circuito comercial desde fines de 2023.
 
Mientras el Ejecutivo entrerriano ensaya justificaciones macroeconómicas y se desentiende de los efectos destructivos de la recesión, la asfixia del mercado interno no solo destruye el comercio local, sino que consolida un modelo de empobrecimiento planificado. El "cambio" prometido por Frigerio se revela así en su versión más cruda: una administración obsesionada con cumplir las exigencias ordenadas ante el poder central, pero dolorosamente indiferente ante las mesas vacías y los ingresos licuados de su propio pueblo.
 
De la redacción de La Opinión Popular

06-07-2026 / 15:07
La gestión de Rogelio Frigerio en Entre Ríos cruzó un límite ético: exigirle un ajuste feroz a los de abajo mientras la dirigencia política se salva sola. Bajo la bandera de una supuesta "sustentabilidad financiera", el oficialismo provincial avanza con una reforma previsional implacable que pretende estirar la edad de retiro, subir los aportes y licuar el histórico 82% móvil. Para el laburante común —el docente, el enfermero o el empleado estatal cuyos salarios ya perdieron más del 40% de su poder de compra bajo este mandato—, la propuesta gubernamental no es otra cosa que una condena a la pobreza legalizada; un manotazo al bolsillo popular para maquillar el déficit de una caja que los trabajadores no vaciaron.
 
La bofetada definitiva a la dignidad de los entrerrianos quedó en evidencia con el escandaloso doble estándar en el Senado, donde legisladores del propio bloque oficialista se apuraron a tramitar sus retiros en medio del debate para blindar sus privilegios antes de que caiga el hachazo de la nueva ley. Este oportunismo político despoja por completo de autoridad moral al gobierno de Frigerio, desnudando un esquema obsceno donde el sacrificio y la austeridad son obligaciones exclusivas para el pueblo trabajador, mientras que el "sálvese quien pueda" y las jubilaciones de privilegio siguen siendo el reglamento interno de la casta gobernante.
 
El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, expresó que: “los dos senadores que tienen responsabilidad muy importante en el proyecto ya iniciaron los trámites de jubilación. Eso también es una bofetada a cada uno de los laburantes, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque ni ellos creen en lo que ellos mismos están legislando y están llevando adelante”.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

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