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Nacionales - 05-07-2025 / 09:07
GENOCIDAS SIN RESTRICCIONES Y CRISTINA KIRCHNER CON TOBILLERA Y VISITAS CONTROLADAS

De Justicia, ni hablar: Por hacer un escrache, cárcel de alta seguridad; por abuso de menores, libertad

De Justicia, ni hablar: Por hacer un escrache, cárcel de alta seguridad; por abuso de menores, libertad
El atropello brutal de la jueza ultra macrista Sandra Arroyo Salgado contra los militantes acusados de realizar un escrache al diputado José Luis Espert es un síntoma de descomposición. Lula da Silva, presidente de Brasil, el principal vecino y socio comercial del país, visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner condenada por la Corte, pero no quiso mantener una bilateral con el presidente Javier "el Loco" Milei. Fue otro síntoma de descomposición. El alto ausentismo en las elecciones provinciales es un indicador que confirma que todo huele mal en el país de la Libertad al Carajo y por eso JP Morgan anunció que se bajaba de la bicicleta financiera.
El atropello brutal de la jueza ultra macrista Sandra Arroyo Salgado contra los militantes acusados de realizar un escrache al diputado José Luis Espert es un síntoma de descomposición. Lula da Silva, presidente de Brasil, el principal vecino y socio comercial del país, visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner condenada por la Corte, pero no quiso mantener una bilateral con el presidente Javier "el Loco" Milei. Fue otro síntoma de descomposición. El alto ausentismo en las elecciones provinciales es un indicador que confirma que todo huele mal en el país de la Libertad al Carajo y por eso JP Morgan anunció que se bajaba de la bicicleta financiera.
 
En el ambiente de Comodoro PRO, al que nadie podrá acusar de piel delicada, sorprendió la sobreactuación de Arroyo Salgado, empujada por Espert, el hombre que hizo sus campañas con el respaldo de un reconocido narco traficante, luego detenido en Neuquén, y por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
 
Los detenidos fueron acusados de participar en el escrache que consistió en colgar un pasacalle y dejar bosta de caballo en la puerta de la casa de Espert, pero ni siquiera está probada la participación de ninguno de ellos. La carátula que les encajó la jueza fue: participar en una organización que busca imponer sus ideas por la fuerza, como si fueran terroristas del califato mundial.
 
El escrache se produjo días después que Espert fuera expulsado de la Universidad Católica por calificar de hija de puta a Florencia Kirchner. La consigna de Espert en su campaña es "cárcel o bala", al estilo de las viejas consignas del nacionalsocialismo alemán hitleriano.
 
Ese tipo de consignas surgen cuando el sistema empieza a derrapar. Mucha bala, mucha bala, pero Espert nunca explicó su relación con el narco Fred Machado, quien financió su campaña y puso a su disposición el avión particular y otros vehículos con los que se trasladaba el candidato y de los que tenía la cédula azul. Machado fue detenido por pedido de los Estados Unidos.
 
Lo de la cédula azul viene al caso, porque la madre de Alexia Abaigar fue detenida durante un día entero en la alcaldía de los tribunales de San Isidro por poseer la cédula azul del automóvil de su hija.
 
La jueza Arroyo Salgado fue pareja del fiscal Alberto Nisman, que había hecho carrera de la mano del jefe de los espías Antonio Stiuso. En el mundillo judicial sugieren que su nombramiento en un juzgado estratégico como el de San Isidro tuvo ese origen.
 
La consigna "cárcel o bala", parece la exageración de una mala película sobre el nazismo. Borra la Justicia. Es la imagen de una banda de camorreros con cachiporras. Cárcel o bala puede ser para cualquiera que fuera señalado. El ejemplo es lo que hizo Arroyo Salgado a instancias de Espert y Bullrich.
 
Como dice el escrito que presentaron Mariano Recalde y Vanesa Siley en el Consejo de la Magistratura, el escrache que supuestamente cometieron no pasa de ser una contravención municipal. No tendrían que estar detenidos y menos en una cárcel de alta seguridad ni tendría que haber allanamientos en la madrugada, como hacia la dictadura. 
 

A estas cinco personas, acusadas de colgar un pasacalles y de poner bosta de caballo en la puerta de Espert, los encerraron en una cárcel de alta seguridad antes de interrogarlos ni de condenarlos, pero al gendarme cuyo disparo mandó a terapia intensiva al reportero gráfico Pablo Grillo ni siquiera lo llamaron a indagatoria. Y el cura abusador Justo José Ilarraz, expulsado de la Iglesia, fue puesto en libertad por la Corte.
 
La proscripción de la expresidenta Cristina Kirchner cuando había anunciado su candidatura en la provincia de Buenos Aires, adonde iba a competir con Espert, tiene esa misma opacidad. La proscripción fue de la mano de una condena que suscitará mucha polémica incluso a nivel internacional, por la inexistencia de pruebas. Le permitieron la detención domiciliaria, pero le impusieron condiciones que no tiene la mayoría de los genocidas con detención domiciliaria.
 
Cristina Kirchner tuvo que pedir autorización para recibir a Lula y cuando lo autorizaron, insistieron en que la expresidenta no debía provocar actos que molestaran a sus vecinos. Fue una advertencia, que en estos casos se traduce como amenaza.
 
Lula vino a Buenos Aires para recibir la presidencia pro tempore del Mercosur de manos de Javier Milei. La relación entre ambos fue una congeladora, más fría imposible. Brasil es el principal socio comercial de Argentina, pero Argentina no es el principal socio de Brasil. El producto bruto de Brasil es cinco veces mayor que el argentino. Pero no hubo bilateral. Milei prefiere darle la espalda al principal socio comercial.
 
Más allá de la relación personal, el rechazo de Milei a los BRICS, sentó un precedente nefasto. Brasil había asfaltado el camino, junto con Rusia y ante el resquemor de Sudáfrica, pero el rechazo argentino fue planteado por Washington y debilitó la posición del Sudamérica en el bloque.
 
La política exterior de Milei confronta con los dos principales socios comerciales de Argentina, Brasil y China, para aliarse con Estados Unidos e Israel. Es una estrategia puramente ideológica y sectaria, un rasgo desencajado, que no tiene sentido.
 
Además de la proscripción de Cristina Kirchner, la situación preelectoral en la provincia de Buenos Aires tiene ribetes dramáticos por la paralización de la obra pública por Milei para alcanzar su lastimoso superávit. Los gobiernos kirchneristas dejaron el 80 por ciento de los gasoductos de Vaca Muerta terminados. Faltaba un compresor y la reconversión del gasoducto del Norte.
 
Milei abandonó esa obra que hubiera solucionado los problemas de abastecimiento. Desde que asumió, el precio del gas aumentó el 1500 por ciento ante una inflación del 240 por ciento. Sin embargo, en plena ola polar, la ciudad de Mar del Plata, gobernada por el PRO, se quedó sin calefacción, los comercios cerrados, sin escuelas ni restaurantes, parecía una ciudad fantasma.
 
Y en la ciudad de Buenos Aires cien mil personas se quedaron sin electricidad. Los cortes coincidieron con el frío intenso y con aumentos del 6,45 por ciento en el gas y de 2,85 en la electricidad. Y para completar, liberó el precio de la garrafa.
 
El gas y la luz aumentaron muy por encima de los salarios y de la inflación pero, por el mal servicio, no están cuando más se los necesita. Los intendentes de Mar del Plata y CABA son afines al gobierno nacional.
 
El intendente de la ex Perla del Atlántico, Guillermo Montenegro, correrá como uno de los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia. Su tema de campaña es la guerra contra trapitos y gente en situación de calle que se ha multiplicado durante su gestión. Pero en vez de buscar soluciones difunde videos donde se los maltrata.
 
Las elecciones demostraron que el alto ausentismo les agrega un factor de imprevisibilidad. En los comicios provinciales, el 50 por ciento de ausentismo favoreció a los oficialismos. En el caso de Santa Fe, el radicalismo y sus aliados obtuvieron más votos, pero si se suman las listas del peronismo, tuvieron diez puntos más que ellos.
 
La provincia de Buenos Aires ha sido muy golpeada por Milei, que bloqueó la ayuda a Bahía Blanca y La Plata cuando fueron conmovidas por inundaciones y temporales. Y ahora Mar del Plata resultó víctima del abandono de la obra pública.
 
Hay un riesgo de derrumbe inminente de las finanzas sin dólares y de la infraestructura sin crecimiento ni mantenimiento. Pero una sociedad fragmentada, que percibe de diferente manera las decisiones del gobierno, no advierte la verdadera dimensión de la crisis que la amenaza.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
La Opinión Popular
 

16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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