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Entre Ríos - 27-06-2025 / 11:06
LAS DECISIONES DE LA JUNTA ELECTORAL HAN SIDO RATIFICADAS EN SEDE JUDICIAL

Intendentes peronistas avalaron la fórmula Bahl-Michel y criticaron la denuncia de Maya

Intendentes peronistas avalaron la fórmula Bahl-Michel y criticaron la denuncia de Maya
Intendentes del peronismo y presidentes de comunas del mismo signo político fijaron posición ante el proceso interno partidario que concluyó con la proclamación de una sola lista. La nómina encabezada por Adán Bahl, para el Senado; y Guillermo Michel para la Cámara de Diputados de la Nación, se convirtió en lista única luego de que la Junta Electoral no oficializara las otras listas puestas en consideración. El motivo más reiterado fue la falta del mínimo de avales requeridos por la Carta Orgánica.
Intendentes del peronismo y presidentes de comunas del mismo signo político fijaron posición ante el proceso interno partidario que concluyó con la proclamación de una sola lista. La nómina encabezada por Adán Bahl, para el Senado; y Guillermo Michel para la Cámara de Diputados de la Nación, se convirtió en lista única luego de que la Junta Electoral no oficializara las otras listas puestas en consideración. El motivo más reiterado fue la falta del mínimo de avales requeridos por la Carta Orgánica.
 
En el marco de las quejas y apelaciones planteadas por los precandidatos que no lograron formalizar sus candidaturas, un conjunto de presidentes municipales, encabezados por Rosario Romero de Paraná; José Lauritto de Concepción del Uruguay; y Adrián Fuertes, de Villaguay, se expresaron en defensa de "la transparencia y el apego a la norma" que caracterizó el trámite partidario.
 
"Las recientes declaraciones del precandidato a senador nacional Héctor Maya y las de otros dirigentes respecto a supuestas acciones fraudulentas y proscriptivas merecen una aclaración contundente. Es fundamental desestimar estas acusaciones infundadas y reafirmar el apego irrestricto de la Junta Electoral del PJ de Entre Ríos al cronograma y a la Carta Orgánica del Partido", enfatizaron los jefes locales del peronismo que aclararon que "la exigencia de inmediata convocatoria a elecciones fue proveniente de los sectores que hoy critican por haberse quedado afuera por la razón de no haber cumplido con las normas de derecho electoral aplicable".
 
Tras cuestionar la actitud de las listas dadas de baja, en distintas instancias del proceso, hicieron notar que "la Junta Electoral del Partido Justicialista ha cumplido rigurosamente con los plazos establecidos en el cronograma electoral publicado. Sus miembros actuaron objetiva e imparcialmente. El cronograma fue de público conocimiento, detallaba cada etapa del proceso, incluyendo la fecha límite para la presentación y oficialización de listas".
 
En este sentido, recordaron que "la oficialización de listas exige, como requisito excluyente, la presentación de un número determinado de avales". "Este es un requisito formal de comprobación fehaciente, diseñado para garantizar la seriedad y el respaldo de las candidaturas que aspiran a participar en la contienda interna", se subrayó en el documento.
 
Se destacó que "las resoluciones se tomaron por unanimidad, y las autoridades del partido fueron garantizando siempre esa seriedad, imparcialidad e igualdad de condiciones de los postulantes de las distintas listas". "Nuestra carta orgánica exige esos avales, al punto tal que está reciente el ejemplo del postulante Gobernador de La Rioja Ricardo Quintela, cuya lista no fue oficializada por no haber reunido la suficiente cantidad de avales exigidos por la Carta Orgánica, en consecuencia, quedó oficializada como lista única la de la compañera Cristina Fernández de Kirchner", compararon.
 
Se recordó que, en el proceso de verificación de los avales, surgió que "a la lista 2 se le excluyeron cerca de 200 avales, las demás listas no alcanzaron el mínimo exigido en 7 departamentos de la Provincia". "Fue proclamada la Lista 2, porque, en estricto apego a la normativa, resultó finalmente la única que cumplió los requisitos. Se ha llegado a afirmar que hubo manipulación ilícita de avales lo que carece de sustento", se añadió.
 
"El proceso electoral interno del PJ de Entre Ríos ha sido, desde su inicio, transparente y público. Las decisiones de la Junta Electoral han sido tomadas en el marco de sus atribuciones y han sido ratificadas en sede judicial, quedando firmes. Ello desmiente cualquier intento de sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso o sobre la independencia de la Junta Electoral", concluyeron.
 
Criticaron particularmente la denuncia de Héctor Maya, que pidió reserva de llevar el planteo a la Justicia Federal, que "parece más una estrategia para generar controversia que un reclamo basado en fundamento alguno o bien un recurso para mantener vigencia. El Partido Justicialista ha garantizado un proceso sencillo, limpio y transparente. Es obvio que quien no puede presentar la mínima cantidad de avales que exige la normativa vigente, mucho menos puede desplegar el enorme esfuerzo que implica la competencia electoral real", fustigaron.
 
"Creemos que todas estas diatribas mediáticas responden más a intereses extraños a los estrictamente vinculados a nuestra fuerza política que a una intención real de participar en la construcción de una alternativa de solución a los enormes problemas que está viviendo la Argentina toda", concluye el texto.
 
Además de Romero, Lauritto y Fuertes, firman el texto la intendenta de Victoria, Isa Castagnino, Ariel Weiss, Gino Mezquida, Alcides Alderette, Mauro Díaz Chávez, Fabián Menescardi, Mario López, Adriana Meza, Ariel Muller, Martin Ruiz, Hugo Ramírez, Juan Amavet, Ricardo Sandoval, Daniel Benítez, Rodolfo Romero, Elsa Analía Miraglio, Marina Cantero, Luis Gaioli, Luis Siebenlist, Daniel Olano, Jaime Vélez, Bettina Gil, Susana Solís, Víctor Fernández, Carlos Ostorero, Adriana Hernández y Roberto Porcel. El listado muestra que aun persiste la confluencia de presidentes municipales del espacio Presente y futuro que presentaron una de las listas para el Senado que llevaba a dos referentes de ese espacio, Damián Arevalo y Laura Rupp.
 
Fuente: Página Política
 
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09-07-2026 / 09:07
09-07-2026 / 09:07
El proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos ha encendido las alarmas en diversos sectores sociales al poner en jaque conquistas laborales históricas con perspectiva de género. En su análisis, Lucy Grimalt advierte de manera tajante que “la reforma previsional es inconstitucional y atenta contra la vida y salud de las mujeres y disidencias sexuales”, señalando de forma puntual que la propuesta, en su artículo 18, “deroga el derecho de las mujeres a acceder a jubilarse con 30 años de aportes y cinco años menos de edad que los varones”. Lejos de tratarse de un beneficio infundado, la autora defiende que esta diferenciación cronológica responde a una “acción afirmativa o discriminación positiva” indispensable para “compensar desigualdades históricas estructurales” dentro de un mercado laboral fuertemente precarizado y desigual.
 
Asimismo, la publicación enfatiza el flagrante desapego del texto oficial frente a las normativas vigentes en la provincia, las cuales protegen las trayectorias de vida signadas por las tareas de cuidado no remuneradas. Grimalt recuerda de forma unívoca que la propia Carta Magna entrerriana de 2008 “instituye la equidad de género con carácter constitucional en el artículo 17”, donde textualmente “reconoce el valor social del trabajo en el ámbito del hogar”. En este sentido, la articulista denuncia que equiparar la edad jubilatoria bajo una falsa premisa de simetría o aplicar un criterio de “ajuste selectivo” no hace más que profundizar la vulnerabilidad socioeconómica de las trabajadoras, ignorando el mandato constitucional de compensar el impacto económico y social de la división sexual del trabajo.

06-07-2026 / 15:07
Detrás de los discursos oficiales de ordenamiento fiscal y un dócil alineamiento con el ajuste nacional, la realidad socioeconómica de Entre Ríos se traduce en una alarmante parálisis que golpea de lleno la mesa de las familias. El reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expone un derrumbe dramático y estructural del consumo masivo: las ventas en supermercados acumuladas a abril de 2026 arrastran una estrepitosa caída del 26,6% en comparación con los niveles de 2023, afectando de manera severa a rubros de primera necesidad como almacén (-28,9%), carnes (-22,5%) y lácteos (-18,1%).
 
Esta alarmante retracción descalza el relato oficial y desnuda la total desprotección en la que la gestión de Rogelio Frigerio ha dejado a la provincia, permitiendo que una recesión sin freno devore la calidad de vida de los entrerrianos bajo una pasividad gubernamental alarmante. La explicación de este vaciamiento de las góndolas locales radica en la pulverización del bolsillo popular, donde los trabajadores registrados sufren una pérdida real de hasta el 10,1% de su poder adquisitivo en una economía provincial que ya ha visto evaporarse más de 300.000 millones de pesos del circuito comercial desde fines de 2023.
 
Mientras el Ejecutivo entrerriano ensaya justificaciones macroeconómicas y se desentiende de los efectos destructivos de la recesión, la asfixia del mercado interno no solo destruye el comercio local, sino que consolida un modelo de empobrecimiento planificado. El "cambio" prometido por Frigerio se revela así en su versión más cruda: una administración obsesionada con cumplir las exigencias ordenadas ante el poder central, pero dolorosamente indiferente ante las mesas vacías y los ingresos licuados de su propio pueblo.
 
De la redacción de La Opinión Popular

06-07-2026 / 15:07
La gestión de Rogelio Frigerio en Entre Ríos cruzó un límite ético: exigirle un ajuste feroz a los de abajo mientras la dirigencia política se salva sola. Bajo la bandera de una supuesta "sustentabilidad financiera", el oficialismo provincial avanza con una reforma previsional implacable que pretende estirar la edad de retiro, subir los aportes y licuar el histórico 82% móvil. Para el laburante común —el docente, el enfermero o el empleado estatal cuyos salarios ya perdieron más del 40% de su poder de compra bajo este mandato—, la propuesta gubernamental no es otra cosa que una condena a la pobreza legalizada; un manotazo al bolsillo popular para maquillar el déficit de una caja que los trabajadores no vaciaron.
 
La bofetada definitiva a la dignidad de los entrerrianos quedó en evidencia con el escandaloso doble estándar en el Senado, donde legisladores del propio bloque oficialista se apuraron a tramitar sus retiros en medio del debate para blindar sus privilegios antes de que caiga el hachazo de la nueva ley. Este oportunismo político despoja por completo de autoridad moral al gobierno de Frigerio, desnudando un esquema obsceno donde el sacrificio y la austeridad son obligaciones exclusivas para el pueblo trabajador, mientras que el "sálvese quien pueda" y las jubilaciones de privilegio siguen siendo el reglamento interno de la casta gobernante.
 
El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, expresó que: “los dos senadores que tienen responsabilidad muy importante en el proyecto ya iniciaron los trámites de jubilación. Eso también es una bofetada a cada uno de los laburantes, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque ni ellos creen en lo que ellos mismos están legislando y están llevando adelante”.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

04-07-2026 / 10:07
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