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Nacionales - 11-06-2025 / 08:06
“LOS TRES MONIGOTES DE LA CORTE RESPONDEN AL PODER ECONÓMICO CONCENTRADO”

Muy grave: La Corte Suprema macrista proscribió políticamente a Cristina Kirchner

Muy grave: La Corte Suprema macrista proscribió políticamente a Cristina Kirchner
Es urgente que la dirigencia peronista convoque a movilizaciones masivas en todo el país. Hay que copar las calles de las grandes ciudades como parte de la pelea. Es necesario desarrollar una amplia disputa en las universidades de todo el país, apelando a asambleas, clases públicas, tomas de facultades y movilizaciones. Además, la CGT y los sindicatos tienen que convocar a asambleas, paro nacional activo y plan de lucha contra la dictadura mileista-macrista.
El máximo tribunal decidió ratificar la escandalosa condena en la causa Vialidad. Cristina Kirchner será detenida y no podrá ser candidata en elecciones. Con la confirmación de la condena a Cristina, la oligarquía advirtió que la democracia no es para cambios que favorezcan a los sectores populares. El que se atreva a afectar sus intereses será castigado como la expresidenta. Los grandes empresarios han sembrado y cosechado en el ámbito judicial donde litigan en forma recurrente en defensa de sus privilegios.

El escándalo de Lago Escondido demostró esa práctica del Grupo Clarín. Los treinta años que lleva el negociado del Grupo Macri con el Correo cajoneado en los tribunales constituye la evidencia de esa política del conglomerado que encabeza el corrupto Mauricio "el Gato" Macri. El ex presidente ha sido acusado de organizar una mesa judicial con el fin de manipular jueces y fiscales para perseguir a sus opositores.

Después de la Segunda Guerra Mundial, al comenzar la Guerra Fría, Estados Unidos cooptó a las Fuerzas Armadas con la Doctrina de la Seguridad Nacional e infestó el Continente de dictaduras. El Partido Militar fue producto de ese fenómeno y llevó a los argentinos a un baño de sangre. Al caer el muro de Berlín y terminar la Guerra Fría, Estados Unidos liberó a las Fuerzas Armadas de esa función y las reemplazó por el Partido Judicial.

 
A lo largo del juicio, CFK no fue mencionada. Las obras se hicieron con fondos del Presupuesto Nacional, votados por el Congreso. La auditoría demostró que estaban bien hechas y no se pagó nada que no se hubiera construido. El proceso contra Cristina fue sucio, lleno de irregularidades, con campañas mediáticas de las corporaciones, inclusive algunas pagadas por los fondos buitre, con aprietes extorsivos a los testigos, con relaciones promiscuas entre jueces, fiscales y el macrismo y con condenas sin pruebas algunas. Esas complicidades se constituyeron como el gran obstáculo para la democracia.
 
La injusta condena a Cristina para evitar una derrota del oficialismo en provincia de Buenos Aires, como anunciaban todas las encuestas, fue la culminación de una larga serie de medidas judiciales que se engarzaban obscenamente con los procesos electorales. Cuando empezó la ofensiva para que la Corte fallara antes del límite para inscribir las candidaturas, se dijo que los más interesados eran los grandes empresarios y Macri y que el gobierno prefería evitar una condena que le daría mucha centralidad a su adversaria.
 
Pero cuando Cristina confirmó que se presentaría en la tercera sección electoral bonaerense, el gobierno, que antes no le había creído, tomó consciencia del peligro que corría. No tiene candidato para competir con ella. Y las mediciones le daban el triunfo a la ex presidenta con una enorme diferencia sobre cualquiera de sus competidores. Esa diferencia en el distrito más numeroso del país le hubiera dado el triunfo en la provincia, aunque perdiera en todos los otros. Si antes no le interesaba, al tomar consciencia de la fuerza que iba a enfrentar, el estafador Javier "el Loco" Milei se sumó a la presión sobre la Corte.

CFK fue condenada en un clima de odio, autoritarismo y hostigamiento. Los motivos se suman. En su discurso del lunes en la sede del PJ, la expresidenta dijo que el plan económico del gobierno tiene fecha de vencimiento, "igual que un yogurt". La desesperación por conseguir dólares y la rapidez con que los pierde anuncian un final de crisis como en el 2001 y como el derrumbe del macrismo.

Es urgente que la dirigencia peronista convoque a movilizaciones masivas en todo el país. Hay que copar las calles de las grandes ciudades como parte de la pelea. Es necesario desarrollar una amplia disputa en las universidades de todo el país, apelando a asambleas, clases públicas, tomas de facultades y movilizaciones. Además, la CGT y los sindicatos tienen que convocar a asambleas, paro nacional activo y plan de lucha contra la dictadura mileista-macrista.
 
La Opinión Popular


UNA CAUSA POLÍTICA Y ESCANDALOSA
 
Las increíbles maniobras del Poder Judicial en el caso Vialidad
 
Un escándalo desde el primer día hasta el disparatado fallo de la Corte Suprema. Es el resumen de un expediente que el máximo tribunal resolvió en el día exacto anticipado por la alianza política-económica-judicial-mediática alineada con la derecha. A lo largo de tres años de juicio, Cristina no fue mencionada, no se presentó un solo chat, un correo electrónico que la vinculara con la construcción de las rutas en Santa Cruz. Los tramos fueron licitados, adjudicados y pagados en esa provincia, con fondos del Presupuesto Nacional votados por diputados y senadores. El control de las obras lo ejerció Vialidad Nacional, un ente autárquico, y la auditoría demostró que las obras estaban bien hechas y no se pagó nada que no se hubiera construido.
 
El vergonzoso armado político, destinado únicamente a condenar a CFK y sacarla de la cancha electoral, tiene centenares de episodios de todo tipo y color.
 
Esta es una breve síntesis:
 
*La denuncia la puso en marcha el interventor ultramacrista en Vialidad, Javier Iguacel. El funcionario mandó a hacer una auditoría el primer día tras su asunción. Fue su resolución número 1.
 
*No ordenó una auditoría sobre todas las provincias, sino sólo sobre una: Santa Cruz. O sea, apuntó desde el origen contra Cristina.
 
*La auditoría fue hecha por dos ingenieros y un contador. El dictamen fue contundente. Entre lo pagado y lo construido "no hubo diferencias significativas", apenas el 0,6 por ciento que, consistía en la falta de terminación de una rotonda.
 
*Pese a ello, Iguacel formuló la denuncia, aduciendo que Lázaro Báez fue beneficiado porque ganó 51 de las 81 licitaciones de tramos.
 
*En su momento, las acusaciones mediáticas eran muy distintas. Que las rutas no iban a ningún lado; que se pagaron y no se construyeron y que las obras eran demasiadas para una sola provincia. Todas esas imputaciones se cayeron, entre otras cosas, porque los auditores dijeron que eran falsas y porque las obras se votaron en el Congreso.
 
*A lo largo del juicio, declararon numerosos empresarios de la construcción. Todos coincidieron en que era lógico que Báez ganara licitaciones porque podía imponer valores más bajos dado que tenía la maquinaria y los empleados en Santa Cruz. No necesitaba llevarlos desde otras provincias, algo costosísimo. Eso declaró hasta Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.
 
*Durante todo el proceso, los abogados de Cristina, Carlos Alberto Beraldi y Ary LLernovoy, reclamaron una pericia comparativa con los valores de la construcción en otras provincias. Y, además, que en el resto del país se verificaba el mismo fenómeno: la mayoría de las obras las ganaron, en cada provincia, las empresas con sede más bien local.
 
*El juicio comenzó sin pericias. O sea, se acusaba a todos los imputados por sobreprecios o favorecer a Báez sin que hubiera ningún estudio. Ante el reclamo a la Corte, el máximo tribunal dijo que se pronunciaría una vez hubiera fallo. Ahora hay un fallo y la Corte decidió no ingresar al análisis.
 
*Finalmente, el Tribunal Oral dispuso que se hagan pericias sobre tres (3) obras de las 81. El escándalo es de tal envergadura, que hay condenados por sobreprecios que no tuvieron nada que ver con esas obras, sino que intervinieron en otras.
 
*Las tres obras elegidas para peritar fueron tres tramos de la Ruta 3, que se abandonaron en la época de Macri y luego se volvieron a licitar. El argumento fue que la nueva licitación se hizo a precios más bajos, algo considerado un disparate: primero, porque ya se había construido una parte antes y, segundo, porque el nuevo ganador tenía paradas las máquinas y quiso ofertar un precio bajo. No se hizo una pericia comparando ese tramo con cualquier otra obra del país.
 
*El tribunal designó como perito oficial a Eloy Bona, un ingeniero que había tuiteado reiteradamente contra Cristina. La defensa lo objetó, pero el Tribunal rechazó los cuestionamientos. O sea, todo tendencioso.
 
*Lo insólito es que los dos peritos oficiales no se pusieron de acuerdo en cómo evaluar el valor de las obras y la perito de la defensa, la ingeniera Adriana Alperovich, fue sólida y lapidaria. Como los peritajes oficiales fueron una vergüenza, el Tribunal hizo el suyo propio: determinó que el perjuicio para el estado fue de 85.000 millones de pesos. No explicó cómo hizo el cálculo.
 
*En el proceso judicial intervinieron el fiscal Ignacio Mahiques; el presidente del Tribunal fue Jorge Gorini y el fiscal principal Diego Luciani, ambos fotografiados jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, Los Abrojos. Las imágenes fueron publicadas por Página/12. Las apelaciones corrieron por cuenta de Mariano Borinsky, quien fue a jugar al tenis 16 veces con Macri a Olivos y Gustavo Hornos, visitante de Macri en la Casa Rosada. La Corte dijo este martes, que esos vínculos con el denunciante -el gobierno de Macri- no son suficientes para hablar de pérdida de la imparcialidad. Habría que ver si cualquier ciudadano, en un juicio, no objeta que el fiscal y el juez jueguen al fútbol en la quinta del denunciante, mientras que el tribunal de alzada lo integraran visitantes -incluso para el tenis- también del denunciante.
 
*En la insólita condena del Tribunal Oral se consideró una prueba clave el decreto 54/2009 que habilitó a Vialidad Nacional a pagar las obras con los fondos de un fideicomiso formado en base a una tasa en la venta de gasoil. El argumento fue que con ese decreto se le pagó a Báez. En verdad, el 54/2009 sigue vigente hasta hoy y los fondos se aplicaron -y aplican- al pago de obras en todo el país. Durante los tres años del juicio, el argumento del decreto ni siquiera se esbozó. Ahora la Corte lo menciona de una forma insólita: dice que es una prueba de la participación directa de CFK en los hechos.
 
*Tampoco durante los tres años de juicio se mencionaron los chats surgidos del celular de José López, el funcionario que tiró los bolsos con dólares en el convento de General Rodríguez. Lo insólito es que el Tribunal tomó esos diálogos -ninguno con Cristina misma- para asegurar que hubo una reunión entre CFK y Báez, al final del mandato de Cristina, noviembre de 2015, para "limpiar todo", lo que significa que pactaron allí un pago enorme a Báez. No hubo reunión alguna y no hubo ningún tipo de pago al santacruceño.
 
*El exprocurador Rodolfo Barra, en las antípodas ideológicas de CFK, dictaminó que a Cristina se le imputa "un delito imposible de cometer". La razón es que CFK no tenía firma ni poder ni vínculo alguno con las obras de Santa Cruz. Los administradores del erario público eran los jefes de Gabinete, no la presidenta, y ni siquiera el ministro Julio De Vido, el responsable del área, fue condenado.
 
Las irregularidades y maniobras se cuentan por centenares. Es una causa basada en la persecución política. Debe recordarse que a CFK no se le encontró ni una sociedad ni una cuenta en el exterior ni bienes ocultos en la Argentina. Todo lo contrario de lo que sucedió con la familia Macri: sociedades en paraísos fiscales y millones de dólares que tenían escondidos y los ingresaron -ilegalmente- a través de los sucesivos blanqueos.
 
Por Raúl Kollmann
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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