02:44 | Lunes 09 de Junio de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 08-06-2025 / 19:06
PANORAMA POLÍTICO ENTRERRIANO
Fuerte caída en los ingresos provinciales y dificultades crecientes para sostener una gestión que no arranca
En la preocupante situación de las finanzas provinciales, es hora que Frigerio y los gobernadores tengan una posición firme, actúen con decisión y tomen las riendas de la situación. Se espera que dejen de actuar de manera pusilánime y comiencen a tomar decisiones y asumir responsabilidades, para emprender acciones que permitan recuperar recursos, ante el ajuste que sufren las provincias por las medidas impulsadas por Milei. La unidad del interior debe convertirse en una estrategia federal para proteger los derechos de la gente.
El fantasma de la desfinanciación recorre las provincias argentinas por el ajuste a los hachazos de Javier Milei. El rojo en los números es peor que en la pandemia. Los estados provinciales enfrentan un problema doble: menores recursos y más gastos y servicios que prestar a sus ciudadanos. Los gobernadores, como Rogelio Frigerio, se prohíben a sí mismos pensar, cuestionar y mucho menos hacer algo. No se animan a exigir a Milei que abra el diálogo para discutir el tema de que hoy la Nación se financia saqueando las provincias.
No se trata de joderse, así como así, ni de aguantar aquello que atenta contra los intereses de las provincias sin siquiera quejarse. Hace falta hacer mucho más. La posición de los gobernadores debe tener en cuenta la propuesta del "Súper IVA" que eliminará la coparticipación con un esquema de dividir su cobro entre la Nación y cada provincia, suprimiendo Ingresos Brutos, lo que restará ingresos a las provincias. Además de la preocupación hecha pública por distintos gobernadores por la caída actual de fondos coparticipables; por la lenta o nula reactivación económica que disminuye la recaudación propia y por el deterioro de la infraestructura, derivado de la falta de financiamiento de la obra pública.
Tampoco alcanza con ponerle el pecho a las balas. Aunque tener coraje es indudablemente el primer paso que tienen que mostrar los mandatarios. Las provincias hacen agua y la coparticipación se evapora. Frigerio deben tener en cuenta el impacto de la fuerte caída en los ingresos provinciales y las dificultades crecientes para sostener una gestión que no termina de arrancar. Y hacer foco en que Milei ha cambiado el rol de la Nación desde 2023. Se ha corrido de funciones y servicios en las provincias. Los más notorios son la obra pública, el fondo docente y el subsidio al transporte. En cuanto al primero, hay que resaltar que Nación no solo construía, sino que también financiaba emprendimientos en municipios y provincias.
La caída de la coparticipación preocupa a los gobernadores y complica el funcionamiento de los distritos federales. Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, las provincias debieron afrontar durante mayo una caída real del 23,8% en promedio con respecto al mismo mes del año anterior. En el caso de los estados de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) y la ciudad de Buenos Aires, entre otros, la merma trepó a más del 25%. No se trata de defender banderías políticas sino defender los intereses provinciales.
Además, hay una serie de políticas tributarias implementadas por de presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que tienen un sesgo negativo para las finanzas provinciales. Entre ellas: Modificaciones en el impuesto a las ganancias, como la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión y los cambios en el cálculo de los pagos de anticipos que hacen las sociedades. Diferimiento de la actualización del impuesto a los combustibles. Reducción o eliminación de impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados. Todos esos cambios repercuten directamente en los recursos coparticipables.
Con los pagos del medio aguinaldo en puerta y una masa salarial cada vez más difícil de cubrir, muchos mandatarios temen no poder afrontar sus compromisos. A esto se suma la retención de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo stock supera los 1.000 millones de pesos, y la virtual paralización de las transferencias presupuestarias. Las quejas se multiplican por el deterioro de la infraestructura vial nacional y el freno total a las obras de vivienda, entre otros rubros.
En la preocupante situación de las finanzas provinciales, es hora que Frigerio y los gobernadores tengan una posición firme, actúen con decisión y tomen las riendas de la situación. Se espera que dejen de actuar de manera pusilánime y comiencen a tomar decisiones y asumir responsabilidades, para emprender acciones que permitan recuperar recursos, ante el ajuste que sufren las provincias por las medidas impulsadas por Milei. La unidad del interior debe convertirse en una estrategia federal para proteger los derechos de la gente.
No se trata de joderse, así como así, ni de aguantar aquello que atenta contra los intereses de las provincias sin siquiera quejarse. Hace falta hacer mucho más. La posición de los gobernadores debe tener en cuenta la propuesta del "Súper IVA" que eliminará la coparticipación con un esquema de dividir su cobro entre la Nación y cada provincia, suprimiendo Ingresos Brutos, lo que restará ingresos a las provincias. Además de la preocupación hecha pública por distintos gobernadores por la caída actual de fondos coparticipables; por la lenta o nula reactivación económica que disminuye la recaudación propia y por el deterioro de la infraestructura, derivado de la falta de financiamiento de la obra pública.
Tampoco alcanza con ponerle el pecho a las balas. Aunque tener coraje es indudablemente el primer paso que tienen que mostrar los mandatarios. Las provincias hacen agua y la coparticipación se evapora. Frigerio deben tener en cuenta el impacto de la fuerte caída en los ingresos provinciales y las dificultades crecientes para sostener una gestión que no termina de arrancar. Y hacer foco en que Milei ha cambiado el rol de la Nación desde 2023. Se ha corrido de funciones y servicios en las provincias. Los más notorios son la obra pública, el fondo docente y el subsidio al transporte. En cuanto al primero, hay que resaltar que Nación no solo construía, sino que también financiaba emprendimientos en municipios y provincias.
La caída de la coparticipación preocupa a los gobernadores y complica el funcionamiento de los distritos federales. Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, las provincias debieron afrontar durante mayo una caída real del 23,8% en promedio con respecto al mismo mes del año anterior. En el caso de los estados de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) y la ciudad de Buenos Aires, entre otros, la merma trepó a más del 25%. No se trata de defender banderías políticas sino defender los intereses provinciales.
Además, hay una serie de políticas tributarias implementadas por de presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que tienen un sesgo negativo para las finanzas provinciales. Entre ellas: Modificaciones en el impuesto a las ganancias, como la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión y los cambios en el cálculo de los pagos de anticipos que hacen las sociedades. Diferimiento de la actualización del impuesto a los combustibles. Reducción o eliminación de impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados. Todos esos cambios repercuten directamente en los recursos coparticipables.
Con los pagos del medio aguinaldo en puerta y una masa salarial cada vez más difícil de cubrir, muchos mandatarios temen no poder afrontar sus compromisos. A esto se suma la retención de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo stock supera los 1.000 millones de pesos, y la virtual paralización de las transferencias presupuestarias. Las quejas se multiplican por el deterioro de la infraestructura vial nacional y el freno total a las obras de vivienda, entre otros rubros.
En la preocupante situación de las finanzas provinciales, es hora que Frigerio y los gobernadores tengan una posición firme, actúen con decisión y tomen las riendas de la situación. Se espera que dejen de actuar de manera pusilánime y comiencen a tomar decisiones y asumir responsabilidades, para emprender acciones que permitan recuperar recursos, ante el ajuste que sufren las provincias por las medidas impulsadas por Milei. La unidad del interior debe convertirse en una estrategia federal para proteger los derechos de la gente.
Desde que asumió Milei se ha producido una permanente transferencia de responsabilidades a los estados provinciales sin los recursos correspondientes. La situación abarca distintas áreas neurálgicas y de enorme sensibilidad social como son la salud, la educación, la seguridad y las obras públicas en general que, básicamente, han provocado la falta de nueva infraestructura, el deterioro de la que está en uso, además de la caída del empleo registrado que estas generan. Hoy, el sostenimiento de esas actividades es compromiso de las provincias. Y la merma de ingresos es inversamente proporcional a las responsabilidades que han debido asumir ante el retiro del gobierno de Milei.
La media sanción del proyecto que apuesta a subir 7,2% el salario previsional se obtuvo gracias al apoyo de legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba) y fueron fundamentales para darle impulso a un texto incómodo para un oficialismo indiferente a los reclamos de minorías y mayorías. Lejos de tratarse de un gesto compasivo con los jubilados, el movimiento de esos gobernadores buscó dar un mensaje hacia la Casa Rosada, donde el despliegue de un aparato electoral libertario sueña con poner en jaque la conducción de los mandatarios en sus territorios para profundizar el saqueo. Los gobernadores le apretaron las clavijas al gobierno de Milei. Y lo hicieron en bloque. Todo indica que buscan forzar en el Congreso una negociación que Milei negó de manera permanente a las provincias.
Somos un país federal, en contrapartida a la motosierra empeñada desde la administración unitaria central con sus múltiples e intolerables recortes a las provincias. El planteo del interior debe orientarse a reconducir el debate público en torno del federalismo, que es constitutivo de nuestra organización nacional y que apunta a lograr un objetivo central y legítimo: que todo habitante del suelo argentino, donde quiera que viva en el vasto territorio nacional, y no solo en Buenos Aires, pueda tener acceso a una provisión equitativa de los bienes y servicios de carácter público.
Esta condición fundante de nuestra estructura institucional requiere discutir la asignación de las funciones públicas de manera acordada entre Nación y provincias. La Constitución Nacional define las potestades tributarias en cada nivel. Reserva para la Nación la percepción de derechos aduaneros. Establece facultades concurrentes entre Nación y provincias para los impuestos indirectos. Atribuye a las provincias la recaudación de gravámenes directos que sólo por vía de excepción puede imponer la Nación.
En la práctica, la prepotencia recaudatoria de Milei se impuso por sobre los equilibrios teóricos que plantea el esquema normativo del federalismo fiscal. La provincia de Entre Ríos se encuentra afectada por el cobro de retenciones a exportaciones que son el motor más dinámico de la economía local y proyecta un aporte sustancial y considerable al nivel de actividad general de la economía argentina.
Además, pese a los resguardos constitucionales, los impuestos directos e indirectos más relevantes son aquellos que legisla y cobra la Nación: el Impuesto a las Ganancias, entre los directos; el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre los segundos. La última reforma de la Constitución Nacional dispuso que el Congreso de la Nación, mediante una ley acuerdo, estableciera los criterios de distribución de esos recursos. Ese mandato está incumplido. Esa falencia ha sido cubierta de manera aproximada por consensos fiscales temporales impulsados por Nación y que obligó a las provincias.
Es hora que la expresión de los gobernadores, en reclamo de la apertura de un diálogo racional, se haga sentir de inmediato y no puede ni debe ser desoída por la administración nacional. Pero esa política será inestable desde su origen si no contempla los equilibrios del federalismo fiscal que la Constitución Nacional ordena, porque el desarrollo armónico de nuestra organización social los requiere.
La alianza de gobernadores frente al saqueo unitario y centralista de Milei promete, al menos, mostrar una foto de unidad en la preocupación, aunque todavía lejana, de un frente común. En paralelo, algunos gobernadores mantienen canales de diálogo abiertos con el gobierno nacional. Gustavo Valdés (Corrientes) y Frigerio figuran entre quienes aún negocian, incluso electoralmente, con actores clave del oficialismo como Santiago Caputo y Karina Milei, sin conseguir nada.
Lo peor: el silencio público temeroso de los gobernadores continua, pero las tensiones crecen a medida que las provincias enfrentan un ahogo financiero sin precedentes. Ojo, que nadie se equivoque. No nos están arrasando, tampoco estamos en desbandada, no nos están llevando puestos. Estamos apechugando, juntando fuerzas. Y si los mandatarios no lo hacen, los sectores populares daremos la pelea.
La Opinión Popular
Transferencia de las Cajas de Jubilaciones provinciales a la órbita nacional
Para complicar aún más los problemas del interior, el diputado nacional José Luis Espert, uno de los alfiles de Javier Milei, presentó un proyecto de ley que apunta reformar el sistema previsional argentino de modo que promueva la transferencia de las Cajas de Jubilaciones provinciales a la órbita de un sistema nacional único. ¿Qué hará Rogelio Frigerio?
Una de las provincias que no transfirió a Nación su caja jubilatoria fue Entre Ríos, donde los jubilados estatales provinciales perciben el 82% móvil. Fuentes que accedieron a la iniciativa que impulsan los libertarios con apoyos del PRO y la UCR manifestaron sus serias dudas respecto a que ese porcentual se mantenga si las cajas pasan a un sistema único nacional. El punto central no es técnico, sino político: el objetivo final es profundizar el brutal ajuste libertario.
Se elige mucho más que legisladores nacionales
En un contexto en el que la distribución de los fondos federales vuelve a ser eje de debate, los ojos del país están puestos en las elecciones provinciales. Fueron 5 las listas que se presentaron en el PJ de Entre Ríos para competir en las internas por las candidaturas de octubre. En primer lugar, se anotó la lista "Desafíos", que entre sus principales nombres tienen a Adán Bahl como postulante al senado y a Guillermo Michel para diputados.
En ese marco, Rogelio Frigerio no termina de sentarse en la mesa de los que reclaman un reparto más equitativo de los recursos de las provincias, mientras que los "libertarios puros" militan un ajuste que aprieta y saquea aún más el interior. También hay una puja de modelos, el peronismo propone el orden fiscal combinado con un Estado presente que brinda servicios esenciales como salud, educación, infraestructura o seguridad. Los seguidores de "las fuerzas del cielo" proponen el orden fiscal, pero con un Estado ínfimo y servicios esenciales librados a la lógica implacable del mercado.
Las urnas decidirán los nombres de los legisladores nacionales. Pero lo que se elige en realidad es mucho más que eso. Porque el voto, además de un mecanismo de selección de autoridades, es la expresión más acabada de la voluntad popular y es esa voluntad la que termina marcando los rumbos de la política, lo que a su vez tiene efectos concretos en el día a día de la gente.
En los comicios estamos llamados a elegir entre distintas formas de entender las responsabilidades del gobierno y el rol del Estado. La disputa se centra entre el peronismo y distintos espacios alineados de forma estricta con la ideología libertaria.
El juego de contrastes entre peronistas y libertarios exige una lectura política fina, porque proponen modelos diametralmente opuestos con diferencias que son igualmente relevantes.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo consideran al "ancla fiscal" como el núcleo de su programa económico y al superávit como su logro más significativo. Entre Ríos sabe de eso, hace veinte años que tiene superávit fiscal y logró sostenerlo incluso durante las más severas crisis a las que estuvo sometido el país durante ese tiempo.
Con el peronismo, el Gobierno provincial logró sostener el orden fiscal durante 20 años sin correr al Estado de funciones que son esenciales para la vida de la gente, como la salud, la educación y la asistencia a quienes la necesitan; el gobierno de Milei no muestra la misma vocación.
No se trata de una cuestión relacionada a la austeridad en el gasto, es más profunda la diferencia. Está arraigada en dos concepciones diferentes del rol del Estado. De acuerdo con el dogma libertario, el Estado debe garantizar un único derecho, el de la propiedad privada de los grandes empresarios, y su rango de acción debe reducirse al mínimo necesario para consagrar ese derecho.
Los límites que el dogma libertario le pone a acción del Estado fueron expresados de manera inequívoca por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en la respuesta que le dio a la madre de un niño con autismo: "Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado".
Bajo la óptica anarcocapitalista, la salud, la educación, el desarrollo de la ciencia, la construcción de infraestructura y la atención a los desvalidos, entre otras cuestiones, no son problema del Estado.
El vaciamiento de hospitales nacionales como el Garrahan y de instituciones de Ciencia y Técnica, como el Conicet y el INTA, el desmantelamiento de programas de salud y el apagón de la obra pública, no responden a una necesidad de ahorrar recursos sino a una decisión política apoyada en principios ideológicos anarco capitalistas.
El propio Milei se encargó de repetir que considera que hasta los trasplantes de órganos y la adopción de niños debería regirse de acuerdo a lógicas de mercado.
En ese punto, la comparación con el modelo del peronismo marca un abismo de diferencia. Mientras el gobierno libertario enfrenta serios cuestionamientos por la precaria situación que atraviesa el Garrahan y el desmantelamiento de programas de salud, Axel Kicillof suma nuevas tecnologías que colocan a la provincia a la vanguardia en el plano nacional.
Libertarios y peronistas también se diferencian en la concepción del Estado como ordenador de la economía. Mientras los seguidores de "las fuerzas del cielo" creen fielmente en los beneficios de la mano invisible del mercado y reniegan de cualquier forma de intervención estatal, los peronistas tienen un enfoque mucho más pragmático que no desconoce las virtudes de la libertad de mercado, pero también reserva al Estado la capacidad de adoptar acciones para dinamizar la actividad y para equilibrar mercados imperfectos.
El peronismo tiene una historia muy larga de gestiones a favor de los intereses de los productores, siempre respaldó al sector primario en todas las concertaciones de precios de todos los productos y se opuso a la desregulación. No se busca defender dogmas sino defender los intereses de la provincia.
Algo parecido puede decirse de la obra pública. Para la Nación es mala palabra, lo que provocó un apagón que está deteriorando rápidamente la infraestructura, especialmente la infraestructura vial. Para el peronismo en cambio, invertir en infraestructura es el camino más corto al desarrollo. Por eso no se debe abandonar proyectos en marcha, a pesar de la falta de recursos.
Camino propio o seguidismo acrítico
Otro de los asuntos que se ponen en discusión en las elecciones provinciales es la postura con la que se sentará a negociar con el gobierno nacional y con las demás provincias. Los libertarios proponen seguidismo acrítico al gobierno de Milei mientras que el peronismo se reserva independencia de criterio para apoyar aquellas medidas nacionales que favorecen a la provincia, rechazar lo que vaya en contra de esos intereses y negociar todo lo demás.
La actividad económica que se genera en el conjunto de las provincias alimenta la recaudación nacional, pero la coparticipación viene cada vez más baja y eso afecta las finanzas de todas las jurisdicciones. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Federal de Impuestos, este año las transferencias automáticas a provincias se reducirán en 2,5 billones de pesos. Para Entre Ríos, se espera una reducción superior a los 100 mil millones de pesos.
Esa caída se debe en parte a una merma en el consumo y como resultado de decisiones de política tributaria del Gobierno Nacional que disminuyeron la recaudación de impuestos coparticipables. Tal como ocurriera el año pasado, la motosierra de Milei corta con mejor filo a las provincias que a la Nación.
Desde hace varias semanas, los gobiernos provinciales vienen planteando su preocupación a un Gobierno nacional que por ahora no responde. Se pretende que la Nación compense la caída de la coparticipación con financiamiento de obras de infraestructura.
Esa negociación ni siquiera estaría planteada con un gobierno provincial que adhiriera a pies juntilla el credo libertario que pregona Milei y que busca una alianza electoral con los candidatos provinciales anarco capitalistas.
La Opinión Popular
La media sanción del proyecto que apuesta a subir 7,2% el salario previsional se obtuvo gracias al apoyo de legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba) y fueron fundamentales para darle impulso a un texto incómodo para un oficialismo indiferente a los reclamos de minorías y mayorías. Lejos de tratarse de un gesto compasivo con los jubilados, el movimiento de esos gobernadores buscó dar un mensaje hacia la Casa Rosada, donde el despliegue de un aparato electoral libertario sueña con poner en jaque la conducción de los mandatarios en sus territorios para profundizar el saqueo. Los gobernadores le apretaron las clavijas al gobierno de Milei. Y lo hicieron en bloque. Todo indica que buscan forzar en el Congreso una negociación que Milei negó de manera permanente a las provincias.
Somos un país federal, en contrapartida a la motosierra empeñada desde la administración unitaria central con sus múltiples e intolerables recortes a las provincias. El planteo del interior debe orientarse a reconducir el debate público en torno del federalismo, que es constitutivo de nuestra organización nacional y que apunta a lograr un objetivo central y legítimo: que todo habitante del suelo argentino, donde quiera que viva en el vasto territorio nacional, y no solo en Buenos Aires, pueda tener acceso a una provisión equitativa de los bienes y servicios de carácter público.
Esta condición fundante de nuestra estructura institucional requiere discutir la asignación de las funciones públicas de manera acordada entre Nación y provincias. La Constitución Nacional define las potestades tributarias en cada nivel. Reserva para la Nación la percepción de derechos aduaneros. Establece facultades concurrentes entre Nación y provincias para los impuestos indirectos. Atribuye a las provincias la recaudación de gravámenes directos que sólo por vía de excepción puede imponer la Nación.
En la práctica, la prepotencia recaudatoria de Milei se impuso por sobre los equilibrios teóricos que plantea el esquema normativo del federalismo fiscal. La provincia de Entre Ríos se encuentra afectada por el cobro de retenciones a exportaciones que son el motor más dinámico de la economía local y proyecta un aporte sustancial y considerable al nivel de actividad general de la economía argentina.
Además, pese a los resguardos constitucionales, los impuestos directos e indirectos más relevantes son aquellos que legisla y cobra la Nación: el Impuesto a las Ganancias, entre los directos; el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre los segundos. La última reforma de la Constitución Nacional dispuso que el Congreso de la Nación, mediante una ley acuerdo, estableciera los criterios de distribución de esos recursos. Ese mandato está incumplido. Esa falencia ha sido cubierta de manera aproximada por consensos fiscales temporales impulsados por Nación y que obligó a las provincias.
Es hora que la expresión de los gobernadores, en reclamo de la apertura de un diálogo racional, se haga sentir de inmediato y no puede ni debe ser desoída por la administración nacional. Pero esa política será inestable desde su origen si no contempla los equilibrios del federalismo fiscal que la Constitución Nacional ordena, porque el desarrollo armónico de nuestra organización social los requiere.
La alianza de gobernadores frente al saqueo unitario y centralista de Milei promete, al menos, mostrar una foto de unidad en la preocupación, aunque todavía lejana, de un frente común. En paralelo, algunos gobernadores mantienen canales de diálogo abiertos con el gobierno nacional. Gustavo Valdés (Corrientes) y Frigerio figuran entre quienes aún negocian, incluso electoralmente, con actores clave del oficialismo como Santiago Caputo y Karina Milei, sin conseguir nada.
Lo peor: el silencio público temeroso de los gobernadores continua, pero las tensiones crecen a medida que las provincias enfrentan un ahogo financiero sin precedentes. Ojo, que nadie se equivoque. No nos están arrasando, tampoco estamos en desbandada, no nos están llevando puestos. Estamos apechugando, juntando fuerzas. Y si los mandatarios no lo hacen, los sectores populares daremos la pelea.
La Opinión Popular
Transferencia de las Cajas de Jubilaciones provinciales a la órbita nacional
Para complicar aún más los problemas del interior, el diputado nacional José Luis Espert, uno de los alfiles de Javier Milei, presentó un proyecto de ley que apunta reformar el sistema previsional argentino de modo que promueva la transferencia de las Cajas de Jubilaciones provinciales a la órbita de un sistema nacional único. ¿Qué hará Rogelio Frigerio?
Una de las provincias que no transfirió a Nación su caja jubilatoria fue Entre Ríos, donde los jubilados estatales provinciales perciben el 82% móvil. Fuentes que accedieron a la iniciativa que impulsan los libertarios con apoyos del PRO y la UCR manifestaron sus serias dudas respecto a que ese porcentual se mantenga si las cajas pasan a un sistema único nacional. El punto central no es técnico, sino político: el objetivo final es profundizar el brutal ajuste libertario.
Se elige mucho más que legisladores nacionales
En un contexto en el que la distribución de los fondos federales vuelve a ser eje de debate, los ojos del país están puestos en las elecciones provinciales. Fueron 5 las listas que se presentaron en el PJ de Entre Ríos para competir en las internas por las candidaturas de octubre. En primer lugar, se anotó la lista "Desafíos", que entre sus principales nombres tienen a Adán Bahl como postulante al senado y a Guillermo Michel para diputados.
En ese marco, Rogelio Frigerio no termina de sentarse en la mesa de los que reclaman un reparto más equitativo de los recursos de las provincias, mientras que los "libertarios puros" militan un ajuste que aprieta y saquea aún más el interior. También hay una puja de modelos, el peronismo propone el orden fiscal combinado con un Estado presente que brinda servicios esenciales como salud, educación, infraestructura o seguridad. Los seguidores de "las fuerzas del cielo" proponen el orden fiscal, pero con un Estado ínfimo y servicios esenciales librados a la lógica implacable del mercado.
Las urnas decidirán los nombres de los legisladores nacionales. Pero lo que se elige en realidad es mucho más que eso. Porque el voto, además de un mecanismo de selección de autoridades, es la expresión más acabada de la voluntad popular y es esa voluntad la que termina marcando los rumbos de la política, lo que a su vez tiene efectos concretos en el día a día de la gente.
En los comicios estamos llamados a elegir entre distintas formas de entender las responsabilidades del gobierno y el rol del Estado. La disputa se centra entre el peronismo y distintos espacios alineados de forma estricta con la ideología libertaria.
El juego de contrastes entre peronistas y libertarios exige una lectura política fina, porque proponen modelos diametralmente opuestos con diferencias que son igualmente relevantes.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo consideran al "ancla fiscal" como el núcleo de su programa económico y al superávit como su logro más significativo. Entre Ríos sabe de eso, hace veinte años que tiene superávit fiscal y logró sostenerlo incluso durante las más severas crisis a las que estuvo sometido el país durante ese tiempo.
Con el peronismo, el Gobierno provincial logró sostener el orden fiscal durante 20 años sin correr al Estado de funciones que son esenciales para la vida de la gente, como la salud, la educación y la asistencia a quienes la necesitan; el gobierno de Milei no muestra la misma vocación.
No se trata de una cuestión relacionada a la austeridad en el gasto, es más profunda la diferencia. Está arraigada en dos concepciones diferentes del rol del Estado. De acuerdo con el dogma libertario, el Estado debe garantizar un único derecho, el de la propiedad privada de los grandes empresarios, y su rango de acción debe reducirse al mínimo necesario para consagrar ese derecho.
Los límites que el dogma libertario le pone a acción del Estado fueron expresados de manera inequívoca por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en la respuesta que le dio a la madre de un niño con autismo: "Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado".
Bajo la óptica anarcocapitalista, la salud, la educación, el desarrollo de la ciencia, la construcción de infraestructura y la atención a los desvalidos, entre otras cuestiones, no son problema del Estado.
El vaciamiento de hospitales nacionales como el Garrahan y de instituciones de Ciencia y Técnica, como el Conicet y el INTA, el desmantelamiento de programas de salud y el apagón de la obra pública, no responden a una necesidad de ahorrar recursos sino a una decisión política apoyada en principios ideológicos anarco capitalistas.
El propio Milei se encargó de repetir que considera que hasta los trasplantes de órganos y la adopción de niños debería regirse de acuerdo a lógicas de mercado.
En ese punto, la comparación con el modelo del peronismo marca un abismo de diferencia. Mientras el gobierno libertario enfrenta serios cuestionamientos por la precaria situación que atraviesa el Garrahan y el desmantelamiento de programas de salud, Axel Kicillof suma nuevas tecnologías que colocan a la provincia a la vanguardia en el plano nacional.
Libertarios y peronistas también se diferencian en la concepción del Estado como ordenador de la economía. Mientras los seguidores de "las fuerzas del cielo" creen fielmente en los beneficios de la mano invisible del mercado y reniegan de cualquier forma de intervención estatal, los peronistas tienen un enfoque mucho más pragmático que no desconoce las virtudes de la libertad de mercado, pero también reserva al Estado la capacidad de adoptar acciones para dinamizar la actividad y para equilibrar mercados imperfectos.
El peronismo tiene una historia muy larga de gestiones a favor de los intereses de los productores, siempre respaldó al sector primario en todas las concertaciones de precios de todos los productos y se opuso a la desregulación. No se busca defender dogmas sino defender los intereses de la provincia.
Algo parecido puede decirse de la obra pública. Para la Nación es mala palabra, lo que provocó un apagón que está deteriorando rápidamente la infraestructura, especialmente la infraestructura vial. Para el peronismo en cambio, invertir en infraestructura es el camino más corto al desarrollo. Por eso no se debe abandonar proyectos en marcha, a pesar de la falta de recursos.
Camino propio o seguidismo acrítico
Otro de los asuntos que se ponen en discusión en las elecciones provinciales es la postura con la que se sentará a negociar con el gobierno nacional y con las demás provincias. Los libertarios proponen seguidismo acrítico al gobierno de Milei mientras que el peronismo se reserva independencia de criterio para apoyar aquellas medidas nacionales que favorecen a la provincia, rechazar lo que vaya en contra de esos intereses y negociar todo lo demás.
La actividad económica que se genera en el conjunto de las provincias alimenta la recaudación nacional, pero la coparticipación viene cada vez más baja y eso afecta las finanzas de todas las jurisdicciones. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Federal de Impuestos, este año las transferencias automáticas a provincias se reducirán en 2,5 billones de pesos. Para Entre Ríos, se espera una reducción superior a los 100 mil millones de pesos.
Esa caída se debe en parte a una merma en el consumo y como resultado de decisiones de política tributaria del Gobierno Nacional que disminuyeron la recaudación de impuestos coparticipables. Tal como ocurriera el año pasado, la motosierra de Milei corta con mejor filo a las provincias que a la Nación.
Desde hace varias semanas, los gobiernos provinciales vienen planteando su preocupación a un Gobierno nacional que por ahora no responde. Se pretende que la Nación compense la caída de la coparticipación con financiamiento de obras de infraestructura.
Esa negociación ni siquiera estaría planteada con un gobierno provincial que adhiriera a pies juntilla el credo libertario que pregona Milei y que busca una alianza electoral con los candidatos provinciales anarco capitalistas.
La Opinión Popular
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