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Nacionales - 07-06-2025 / 10:06
CONSECUENCIAS DEL GATILLO FÁCIL: LA DOCTRINA CHOCOBAR AHORA VUELVE RECARGADA

La despreciable Bullrich salió a justificar a un policía que le voló la cabeza a un niño de 7 años

La despreciable Bullrich salió a justificar a un policía que le voló la cabeza a un niño de 7 años
Murió Thiago Correa, el chico de 7 años baleado en la cabeza por un policía federal, que les disparó once tiros mientras huían a unos jóvenes que intentaron asaltarlo. Mató a uno y también al nene. El fiscal ordenó su detención, pero Patricia "Chaborra" Bullrich ignoró todo lo ocurrido y mintió para defender los excesos policiales. Una línea de conducta que pone en peligro la vida de futuros Thiagos. Además, Bullrich justificó la balacera, minimizó la muerte del menor y culpó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la inseguridad.
Murió Thiago Correa, el chico de 7 años baleado en la cabeza por un policía federal, que les disparó once tiros mientras huían a unos jóvenes que intentaron asaltarlo. Mató a uno y también al nene. El fiscal ordenó su detención, pero Patricia "Chaborra" Bullrich ignoró todo lo ocurrido y mintió para defender los excesos policiales. Una línea de conducta que pone en peligro la vida de futuros Thiagos. Además, Bullrich justificó la balacera, minimizó la muerte del menor y culpó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la inseguridad.
 
Thiago Correa, un niño de tan solo 7 años, murió tras haber recibido un disparo en la cabeza. El proyectil salió del arma reglamentaria de Facundo Daniel Aguilar, un policía federal de 21 años que, estando de civil y fuera de servicio, desató una verdadera lluvia de balas en una parada de colectivo de La Matanza. Según testigos, se escucharon más de diez disparos. Entre las víctimas del tiroteo no solo hubo supuestos delincuentes: también terminó abatido un nene que estaba con su papá esperando el colectivo.
 
Lejos de mostrar prudencia o asumir alguna clase de responsabilidad institucional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió respaldar al agente como si fuera un héroe. "Los responsables son los delincuentes", dijo en conferencia de prensa. Al niño asesinado le dedicó apenas una frase suelta: "Está en una situación muy difícil", y luego continuó con su habitual libreto de guerra sin matices.
 
Para Bullrich, el agente "actuó en legítima defensa" y hasta sugirió que el Gobierno nacional va a pedir que la causa cambie su carátula a tentativa de homicidio, en una peligrosa escalada discursiva que iguala cualquier sospecha de robo con una amenaza de muerte. "Para nosotros, el que sale con un arma a robar, sale a matar", disparó sin siquiera titubear.
 
Los datos oficiales indican que uno de los presuntos asaltantes, Brandon Corpus, de 18 años, murió en el acto con seis balazos en el cuerpo. Otros dos jóvenes también fueron alcanzados por las balas y permanecen internados. Uno más sigue prófugo. Pero lo que realmente evidencia el salvajismo de la acción es la situación del niño inocente que quedó atrapado en el fuego cruzado.
 
Bullrich, por su parte, prefirió lavarse las manos y echarle la culpa al gobernador bonaerense Axel Kicillof: "Se tiene que hacer cargo". La causa, que por ahora está caratulada como "exceso en la legítima defensa", está en manos de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. El agente Aguilar quedó detenido, pero el respaldo político desde el Gobierno nacional podría condicionar la investigación.
 
El policía estaba fuera de su horario de servicio, fuera de su jurisdicción y de civil, sólo la ministra puede decir que no es responsable de lo que allí sucedió. Mientras un nene fue asesinado, Bullrich, buscando rédito político del caso, juega a la policía en televisión, anunciando que pedirá que la Justicia le achaque a ellos el homicidio del niño aunque la bala haya salido de la pistola del policía, como si los tiros de los gatillos fáciles no cayeran sobre los cuerpos de chicos inocentes.
 
La Opinión Popular
 

 
PATRICIA BULLRICH DEFENDIÓ AL POLICÍA QUE EN UN INTENTO DE ROBO MATÓ A UN NENE DE 7 AÑOS
 
La doctrina Chocobar ahora vuelve recargada
 
En La Matanza, un federal siguió tirando aunque los presuntos ladrones huían. Y a dos cuadras, disparó en la cabeza de un niño.
 
Thiago Correa, el niño de siete años baleado en Ciudad Evita por un agente de civil de la Policía Federal Argentina (PFA), falleció este viernes en el Hospital de Niños de San Justo. Antes, en una reedición recargada de la Doctrina Chocobar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a defender al oficial, Facundo Aguilar Fajardo, que disparó once tiros por la espalda a un grupo de cuatro jóvenes, mató a uno de ellos --Brandon Corpus, de 18 años-- y baleó en la cabeza a Thiago, que justo pasaba por allí con su padre.
 
La ministra no sólo aseguró que Fajardo actuó en legítima defensa ante el intento de asalto de los jóvenes, sino que fue más allá y anunció que pedirá que la Justicia le achaque a ellos el homicidio del niño aunque la bala haya salido de la pistola del policía.
 
Inicialmente, el Ministerio de Seguridad llegó a difundir que el chico fue alcanzado por "una bala perdida". Además de cuestionar el planteo de la ministra, organismos de derechos humanos volvieron a reclamar la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio.
 
Pese a que se conoció públicamente este jueves por la noche, el caso ocurrió el miércoles pasadas las 23 y su difusión fue escalando durante el viernes hasta la confirmación del fallecimiento del niño en boca de su propio padre, y a medida que se conocían las circunstancias y pruebas recolectadas: según se confirmó hasta el momento, los únicos disparos en la escena --once balazos-- partieron del arma del policía, mientras que, según pudo saber este diario, la pistola secuestrada a los cuatro jóvenes no estaba apta para disparar.
 
A tal punto es así que la propia causa por el intento de robo habla de un "arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede darse por acreditado". Fajardo, en cambio, está acusado por ahora por "exceso en la legítima defensa".
 
Quizás por eso, para intentar marcarle la cancha al fiscal Diego Rulli, que investiga los hechos, el Ministerio de Seguridad anunció pasado el mediodía que realizaría anuncios sobre el caso en conferencia de prensa, luego de argumentar en una primera instancia que el disparo contra Thiago había sido una "bala perdida". La conferencia la encabezó la propia ministra, que comenzó asegurando que "los culpables son los ladrones".
 
"Los únicos responsables de esta tragedia son los delincuentes que desataron el tiroteo", agregó Bullrich, que aprovechó para cargar tintas políticas contra la gobernación provincial, sosteniendo que es "quien debe brindar seguridad y se tiene que hacer cargo". El hecho ocurrió en La Matanza.
 
Fajardo, el protagonista de la cuestión, estaba sin embargo bajo su órbita, recientemente incorporado, a sus 21 años, como oficial ayudante a la Dirección Montada de la PFA. Fuera de horario de servicio, el joven esperaba un colectivo junto a su madre en la esquina de Crovara y Madrid, Ciudad Evita, cuando fue abordado por el grupo que intentó robarle. El agente los persiguió, disparó contra ellos, mató a Corpus e hirió a Uriel Montenovo y Emanuel Leiva, mientras que una de las balas ingresó por la nuca de Thiago, que se encontraba con su padre a casi dos cuadras.
 
En un video de las cámaras de seguridad de la zona, al que accedió este diario, se puede ver la secuencia en la que el grupo aborda al policía de civil y las circunstancias posteriores. El audio, en tanto, es tan importante como lo que se ve: las detonaciones de arma de fuego recién se escuchan cuando los cuatro jóvenes salen corriendo, y Fajardo continúa disparando con ellos de espaldas. En otro video se ve que, al huir, uno de los jóvenes descarta una pistola, aquella "cuya aptitud para el disparo no puede darse por acreditado".
 
Por todo esto es que el fiscal catalogó al caso como un posible "exceso en la legítima defensa" en relación al crimen de Corpus, ya que los jóvenes estaban huyendo mientras el oficial disparaba, y ahora deberá definirse como carátula el caso del niño tras la confirmación de su fallecimiento.
 
En la investigación se considera que la secuencia pudo haber partido de una legítima defensa luego de que el grupo exhibiera el arma al policía, pero que el restante accionar de Fajardo no se justifica.
 
El Ministerio pedirá, sin embargo, todo lo contrario: que el accionar del oficial se considere por completo como legítima defensa a secas, y que los jóvenes sean los acusados por el homicidio del niño: "Este hecho no se trata de una casualidad, hubo una causalidad. La causa por la que Thiago está en esa situación es porque estos cuatro delincuentes salieron a robarle la vida. La acción de los ladrones es de agresión", dijo Bullrich en la conferencia.
 
Es decir que el Ministerio ya no sólo busca institucionalizar los disparos por la espalda bajo la laxa figura de la legitima defensa, sino que ahora directamente quiere que se acuse a personas de un delito sin nexo causal: un homicidio sin haberle disparado a la víctima.
 
Al planteo de Seguridad se le sumó más tarde el Ministerio de Justicia, que en un posteo de X sostuvo que "un policía no puede ser acusado de homicidio por defenderse, mientras los que salieron a robar armados y estuvieron dispuestos a matar solo enfrentan cargos menores".
 
El Ministerio volvió a anunciar el envío al Congreso de un nuevo Código Penal con ampliaciones del alcance de la figura de la legítima defensa para casos como este, reconociendo así que el cambio de carátula que le piden al fiscal no tiene correlato alguno con la legislación vigente.
 
Más allá de ese planteo, el caso volvió a poner bajo la lupa el uso de las armas reglamentarias de los integrantes de las fuerzas de seguridad fuera de servicio. Diversas organizaciones vienen advirtiendo que el fenómeno creció particularmente este año. Desde el CELS indicaron a Página 12 que entre febrero y marzo de 2025 "el 83 por ciento de las muertes de particulares en casos de este tipo ocurrieron en hechos de violencia con funcionarios/as que se encontraban fuera de servicio, en la Ciudad y en el conurbano".
 
"La portación del arma fuera del horario de servicio confluye con la creencia de que deben intervenir en cualquier circunstancia. Con frecuencia portan el arma con el cartucho en la recámara y el martillo bajo, como lo permiten las regulaciones de muchas policías, y en situaciones conflictivas o delictivas pueden abrir fuego con solo apretar la cola del disparador", advierte el CELS, que agrega que la portación "promueve además el desplazamiento de la violencia hacia los lugares de residencia de quienes forman parte de las fuerzas".
 
La organización agregó que "estas intervenciones policiales son improvisadas y desproporcionadas, pero los gobiernos se desentienden de este problema o buscan apañar a los policías, como hizo la ministra Bullrich en el caso de Thiago".
 
Roberto Cipriano García, de la Comisión Pronvincial por la Memoria (CPM), sostuvo por su parte a este diario que "la responsabilidad es del agente que dispara de manera irrazonable e irresponsable y, al menos con los elementos parciales recolectados por la justicia hasta el momento, a personas que están huyendo".
 
"También hay responsabilidad de la ministra que avala y festeja este accionar policial, valora más un celular o la plata que intentaron robarse, pero no concretaron, que la vida de un niño y tres personas", agregó.
 
También desde Correpi se manifestaron en el mismo sentido y advirtieron que "la mayoría de los casos de gatillo fácil se dan en estas circunstancias". Remarcaron, además, que el policía estaba "fuera de su horario de servicio, fuera de su jurisdicción y de civil, sólo la ministra puede decir que no es responsable de lo que allí sucedió". Desde la organización volvieron a reclamar, así, la "prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio y de civil". 
 
Por Santiago Brunetto
 
Fuente: Página 12
 

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10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
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