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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 07-06-2025 / 10:06
CONSECUENCIAS DEL GATILLO FÁCIL: LA DOCTRINA CHOCOBAR AHORA VUELVE RECARGADA

La despreciable Bullrich salió a justificar a un policía que le voló la cabeza a un niño de 7 años

La despreciable Bullrich salió a justificar a un policía que le voló la cabeza a un niño de 7 años
Murió Thiago Correa, el chico de 7 años baleado en la cabeza por un policía federal, que les disparó once tiros mientras huían a unos jóvenes que intentaron asaltarlo. Mató a uno y también al nene. El fiscal ordenó su detención, pero Patricia "Chaborra" Bullrich ignoró todo lo ocurrido y mintió para defender los excesos policiales. Una línea de conducta que pone en peligro la vida de futuros Thiagos. Además, Bullrich justificó la balacera, minimizó la muerte del menor y culpó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la inseguridad.
Murió Thiago Correa, el chico de 7 años baleado en la cabeza por un policía federal, que les disparó once tiros mientras huían a unos jóvenes que intentaron asaltarlo. Mató a uno y también al nene. El fiscal ordenó su detención, pero Patricia "Chaborra" Bullrich ignoró todo lo ocurrido y mintió para defender los excesos policiales. Una línea de conducta que pone en peligro la vida de futuros Thiagos. Además, Bullrich justificó la balacera, minimizó la muerte del menor y culpó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la inseguridad.
 
Thiago Correa, un niño de tan solo 7 años, murió tras haber recibido un disparo en la cabeza. El proyectil salió del arma reglamentaria de Facundo Daniel Aguilar, un policía federal de 21 años que, estando de civil y fuera de servicio, desató una verdadera lluvia de balas en una parada de colectivo de La Matanza. Según testigos, se escucharon más de diez disparos. Entre las víctimas del tiroteo no solo hubo supuestos delincuentes: también terminó abatido un nene que estaba con su papá esperando el colectivo.
 
Lejos de mostrar prudencia o asumir alguna clase de responsabilidad institucional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió respaldar al agente como si fuera un héroe. "Los responsables son los delincuentes", dijo en conferencia de prensa. Al niño asesinado le dedicó apenas una frase suelta: "Está en una situación muy difícil", y luego continuó con su habitual libreto de guerra sin matices.
 
Para Bullrich, el agente "actuó en legítima defensa" y hasta sugirió que el Gobierno nacional va a pedir que la causa cambie su carátula a tentativa de homicidio, en una peligrosa escalada discursiva que iguala cualquier sospecha de robo con una amenaza de muerte. "Para nosotros, el que sale con un arma a robar, sale a matar", disparó sin siquiera titubear.
 
Los datos oficiales indican que uno de los presuntos asaltantes, Brandon Corpus, de 18 años, murió en el acto con seis balazos en el cuerpo. Otros dos jóvenes también fueron alcanzados por las balas y permanecen internados. Uno más sigue prófugo. Pero lo que realmente evidencia el salvajismo de la acción es la situación del niño inocente que quedó atrapado en el fuego cruzado.
 
Bullrich, por su parte, prefirió lavarse las manos y echarle la culpa al gobernador bonaerense Axel Kicillof: "Se tiene que hacer cargo". La causa, que por ahora está caratulada como "exceso en la legítima defensa", está en manos de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. El agente Aguilar quedó detenido, pero el respaldo político desde el Gobierno nacional podría condicionar la investigación.
 
El policía estaba fuera de su horario de servicio, fuera de su jurisdicción y de civil, sólo la ministra puede decir que no es responsable de lo que allí sucedió. Mientras un nene fue asesinado, Bullrich, buscando rédito político del caso, juega a la policía en televisión, anunciando que pedirá que la Justicia le achaque a ellos el homicidio del niño aunque la bala haya salido de la pistola del policía, como si los tiros de los gatillos fáciles no cayeran sobre los cuerpos de chicos inocentes.
 
La Opinión Popular
 

 
PATRICIA BULLRICH DEFENDIÓ AL POLICÍA QUE EN UN INTENTO DE ROBO MATÓ A UN NENE DE 7 AÑOS
 
La doctrina Chocobar ahora vuelve recargada
 
En La Matanza, un federal siguió tirando aunque los presuntos ladrones huían. Y a dos cuadras, disparó en la cabeza de un niño.
 
Thiago Correa, el niño de siete años baleado en Ciudad Evita por un agente de civil de la Policía Federal Argentina (PFA), falleció este viernes en el Hospital de Niños de San Justo. Antes, en una reedición recargada de la Doctrina Chocobar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a defender al oficial, Facundo Aguilar Fajardo, que disparó once tiros por la espalda a un grupo de cuatro jóvenes, mató a uno de ellos --Brandon Corpus, de 18 años-- y baleó en la cabeza a Thiago, que justo pasaba por allí con su padre.
 
La ministra no sólo aseguró que Fajardo actuó en legítima defensa ante el intento de asalto de los jóvenes, sino que fue más allá y anunció que pedirá que la Justicia le achaque a ellos el homicidio del niño aunque la bala haya salido de la pistola del policía.
 
Inicialmente, el Ministerio de Seguridad llegó a difundir que el chico fue alcanzado por "una bala perdida". Además de cuestionar el planteo de la ministra, organismos de derechos humanos volvieron a reclamar la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio.
 
Pese a que se conoció públicamente este jueves por la noche, el caso ocurrió el miércoles pasadas las 23 y su difusión fue escalando durante el viernes hasta la confirmación del fallecimiento del niño en boca de su propio padre, y a medida que se conocían las circunstancias y pruebas recolectadas: según se confirmó hasta el momento, los únicos disparos en la escena --once balazos-- partieron del arma del policía, mientras que, según pudo saber este diario, la pistola secuestrada a los cuatro jóvenes no estaba apta para disparar.
 
A tal punto es así que la propia causa por el intento de robo habla de un "arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede darse por acreditado". Fajardo, en cambio, está acusado por ahora por "exceso en la legítima defensa".
 
Quizás por eso, para intentar marcarle la cancha al fiscal Diego Rulli, que investiga los hechos, el Ministerio de Seguridad anunció pasado el mediodía que realizaría anuncios sobre el caso en conferencia de prensa, luego de argumentar en una primera instancia que el disparo contra Thiago había sido una "bala perdida". La conferencia la encabezó la propia ministra, que comenzó asegurando que "los culpables son los ladrones".
 
"Los únicos responsables de esta tragedia son los delincuentes que desataron el tiroteo", agregó Bullrich, que aprovechó para cargar tintas políticas contra la gobernación provincial, sosteniendo que es "quien debe brindar seguridad y se tiene que hacer cargo". El hecho ocurrió en La Matanza.
 
Fajardo, el protagonista de la cuestión, estaba sin embargo bajo su órbita, recientemente incorporado, a sus 21 años, como oficial ayudante a la Dirección Montada de la PFA. Fuera de horario de servicio, el joven esperaba un colectivo junto a su madre en la esquina de Crovara y Madrid, Ciudad Evita, cuando fue abordado por el grupo que intentó robarle. El agente los persiguió, disparó contra ellos, mató a Corpus e hirió a Uriel Montenovo y Emanuel Leiva, mientras que una de las balas ingresó por la nuca de Thiago, que se encontraba con su padre a casi dos cuadras.
 
En un video de las cámaras de seguridad de la zona, al que accedió este diario, se puede ver la secuencia en la que el grupo aborda al policía de civil y las circunstancias posteriores. El audio, en tanto, es tan importante como lo que se ve: las detonaciones de arma de fuego recién se escuchan cuando los cuatro jóvenes salen corriendo, y Fajardo continúa disparando con ellos de espaldas. En otro video se ve que, al huir, uno de los jóvenes descarta una pistola, aquella "cuya aptitud para el disparo no puede darse por acreditado".
 
Por todo esto es que el fiscal catalogó al caso como un posible "exceso en la legítima defensa" en relación al crimen de Corpus, ya que los jóvenes estaban huyendo mientras el oficial disparaba, y ahora deberá definirse como carátula el caso del niño tras la confirmación de su fallecimiento.
 
En la investigación se considera que la secuencia pudo haber partido de una legítima defensa luego de que el grupo exhibiera el arma al policía, pero que el restante accionar de Fajardo no se justifica.
 
El Ministerio pedirá, sin embargo, todo lo contrario: que el accionar del oficial se considere por completo como legítima defensa a secas, y que los jóvenes sean los acusados por el homicidio del niño: "Este hecho no se trata de una casualidad, hubo una causalidad. La causa por la que Thiago está en esa situación es porque estos cuatro delincuentes salieron a robarle la vida. La acción de los ladrones es de agresión", dijo Bullrich en la conferencia.
 
Es decir que el Ministerio ya no sólo busca institucionalizar los disparos por la espalda bajo la laxa figura de la legitima defensa, sino que ahora directamente quiere que se acuse a personas de un delito sin nexo causal: un homicidio sin haberle disparado a la víctima.
 
Al planteo de Seguridad se le sumó más tarde el Ministerio de Justicia, que en un posteo de X sostuvo que "un policía no puede ser acusado de homicidio por defenderse, mientras los que salieron a robar armados y estuvieron dispuestos a matar solo enfrentan cargos menores".
 
El Ministerio volvió a anunciar el envío al Congreso de un nuevo Código Penal con ampliaciones del alcance de la figura de la legítima defensa para casos como este, reconociendo así que el cambio de carátula que le piden al fiscal no tiene correlato alguno con la legislación vigente.
 
Más allá de ese planteo, el caso volvió a poner bajo la lupa el uso de las armas reglamentarias de los integrantes de las fuerzas de seguridad fuera de servicio. Diversas organizaciones vienen advirtiendo que el fenómeno creció particularmente este año. Desde el CELS indicaron a Página 12 que entre febrero y marzo de 2025 "el 83 por ciento de las muertes de particulares en casos de este tipo ocurrieron en hechos de violencia con funcionarios/as que se encontraban fuera de servicio, en la Ciudad y en el conurbano".
 
"La portación del arma fuera del horario de servicio confluye con la creencia de que deben intervenir en cualquier circunstancia. Con frecuencia portan el arma con el cartucho en la recámara y el martillo bajo, como lo permiten las regulaciones de muchas policías, y en situaciones conflictivas o delictivas pueden abrir fuego con solo apretar la cola del disparador", advierte el CELS, que agrega que la portación "promueve además el desplazamiento de la violencia hacia los lugares de residencia de quienes forman parte de las fuerzas".
 
La organización agregó que "estas intervenciones policiales son improvisadas y desproporcionadas, pero los gobiernos se desentienden de este problema o buscan apañar a los policías, como hizo la ministra Bullrich en el caso de Thiago".
 
Roberto Cipriano García, de la Comisión Pronvincial por la Memoria (CPM), sostuvo por su parte a este diario que "la responsabilidad es del agente que dispara de manera irrazonable e irresponsable y, al menos con los elementos parciales recolectados por la justicia hasta el momento, a personas que están huyendo".
 
"También hay responsabilidad de la ministra que avala y festeja este accionar policial, valora más un celular o la plata que intentaron robarse, pero no concretaron, que la vida de un niño y tres personas", agregó.
 
También desde Correpi se manifestaron en el mismo sentido y advirtieron que "la mayoría de los casos de gatillo fácil se dan en estas circunstancias". Remarcaron, además, que el policía estaba "fuera de su horario de servicio, fuera de su jurisdicción y de civil, sólo la ministra puede decir que no es responsable de lo que allí sucedió". Desde la organización volvieron a reclamar, así, la "prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio y de civil". 
 
Por Santiago Brunetto
 
Fuente: Página 12
 

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08-06-2025 / 10:06
Ante una multitud en Corrientes, Cristina Fernández de Kirchner desafió las presiones para que la Corte Suprema la proscriba. Aseguró que "anuncié mi candidatura y salieron a pedir que me metan presa" y remarcó que igual "no podrán evitar que el pueblo vuelva". Resaltó que no se puede "hacer un país destruyendo el Conicet o atacando a los médicos" y llamó a "construir un modelo nacional" que les mejore la vida a todos.
 
"Junio es un mes tremendo para el peronismo", dijo Cristina Fernández de Kirchner desde Corrientes, con la voz firme y la memoria encendida. El mismo mes en que se recuerda los fusilamientos del basural de José León Suarez y las bombas cayeron sobre la Plaza de Mayo, la Corte Suprema movió sus piezas y lanzó una nueva señal de avanzada: rechazó la recusación contra Ricardo Lorenzetti, apenas 24 horas después de que la expresidenta confirmara su candidatura por la tercera sección electoral.
 
"Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido, echado de los aviones. Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Pero no se dan cuenta de que lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo", lanzó desde Paso de los Libres con filo histórico y tono desafiante. Su llamado a "no llorar sobre la derecha derramada, sino a volver a organizarnos" resonó como un mandato, una brújula política en tiempos decisivos.
 
Cuando la tarde caía frente al río Uruguay, llegó Cristina y la militancia desbordó el anfiteatro Carlos Gomes con canciones de aliento y gestos de afecto. No fue casual que Martín "Tincho" Ascúa -intendente de Paso de los Libres y candidato a gobernador por el peronismo- instalara una consigna con resonancia regional: Cristina Libre.
 
La frase evoca de forma directa la campaña Lula Livre, el poderoso movimiento político y social que se desplegó en Brasil tras el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en abril de 2018, en el marco de la operación Lava Jato. Aquel movimiento impulsó la creación del Comité Internacional de Solidaridad en Defensa de Lula y la Democracia, que articuló fuerzas sociales, partidos políticos y personalidades de más de 50 países en defensa de sus derechos políticos. "Basta de lawfare. No la vamos a dejar sola", advirtió Ascúa -que irá a las urnas el próximo 31 de agosto- en un guiño a esa misma épica y construcción regional.
 
El mensaje de Cristina en Corrientes no fue solo un acto de campaña. Fue un mandato. A la dirigencia, a la militancia, a la sociedad. También una advertencia directa a quienes buscan dejarla fuera de la contienda electoral. Una intervención de alto voltaje político: Un llamado a ordenar fuerzas, salir del repliegue y volver a disputar en clave colectiva. Con coraje, propósito y decisión. "Cuando el coraje y la valentía además se hace propósito, estamos frente a la organización y a la decisión política de transformar las cosas peleando lo que hay que pelear. Y esto, y esto es un poco lo que también me trajo aquí", dijo al comenzar.
 
La expresidenta insistió: "Lo que nunca me van a perdonar es que en esos 12 años y medio pudimos lograr los niveles de desempleo más bajos, pero también la participación de los trabajadores más alta en toda la historia del PBI nacional. Más del fifty-fifty, 50, que siempre tuvo el peronismo". Esa fue la base desde la cual reclamó volver a construir, sin voluntarismos ni nostalgias. Con organización.
 

07-06-2025 / 10:06
Murió Thiago Correa, el chico de 7 años baleado en la cabeza por un policía federal, que les disparó once tiros mientras huían a unos jóvenes que intentaron asaltarlo. Mató a uno y también al nene. El fiscal ordenó su detención, pero Patricia "Chaborra" Bullrich ignoró todo lo ocurrido y mintió para defender los excesos policiales. Una línea de conducta que pone en peligro la vida de futuros Thiagos. Además, Bullrich justificó la balacera, minimizó la muerte del menor y culpó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la inseguridad.
 
Thiago Correa, un niño de tan solo 7 años, murió tras haber recibido un disparo en la cabeza. El proyectil salió del arma reglamentaria de Facundo Daniel Aguilar, un policía federal de 21 años que, estando de civil y fuera de servicio, desató una verdadera lluvia de balas en una parada de colectivo de La Matanza. Según testigos, se escucharon más de diez disparos. Entre las víctimas del tiroteo no solo hubo supuestos delincuentes: también terminó abatido un nene que estaba con su papá esperando el colectivo.
 
Lejos de mostrar prudencia o asumir alguna clase de responsabilidad institucional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió respaldar al agente como si fuera un héroe. "Los responsables son los delincuentes", dijo en conferencia de prensa. Al niño asesinado le dedicó apenas una frase suelta: "Está en una situación muy difícil", y luego continuó con su habitual libreto de guerra sin matices.
 
Para Bullrich, el agente "actuó en legítima defensa" y hasta sugirió que el Gobierno nacional va a pedir que la causa cambie su carátula a tentativa de homicidio, en una peligrosa escalada discursiva que iguala cualquier sospecha de robo con una amenaza de muerte. "Para nosotros, el que sale con un arma a robar, sale a matar", disparó sin siquiera titubear.
 
Los datos oficiales indican que uno de los presuntos asaltantes, Brandon Corpus, de 18 años, murió en el acto con seis balazos en el cuerpo. Otros dos jóvenes también fueron alcanzados por las balas y permanecen internados. Uno más sigue prófugo. Pero lo que realmente evidencia el salvajismo de la acción es la situación del niño inocente que quedó atrapado en el fuego cruzado.
 
Bullrich, por su parte, prefirió lavarse las manos y echarle la culpa al gobernador bonaerense Axel Kicillof: "Se tiene que hacer cargo". La causa, que por ahora está caratulada como "exceso en la legítima defensa", está en manos de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. El agente Aguilar quedó detenido, pero el respaldo político desde el Gobierno nacional podría condicionar la investigación.
 
El policía estaba fuera de su horario de servicio, fuera de su jurisdicción y de civil, sólo la ministra puede decir que no es responsable de lo que allí sucedió. Mientras un nene fue asesinado, Bullrich, buscando rédito político del caso, juega a la policía en televisión, anunciando que pedirá que la Justicia le achaque a ellos el homicidio del niño aunque la bala haya salido de la pistola del policía, como si los tiros de los gatillos fáciles no cayeran sobre los cuerpos de chicos inocentes.
 
La Opinión Popular
 

07-06-2025 / 09:06
Confluencias: La protesta social se unió el miércoles y en el peronismo bonaerense el jueves se reunieron Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof. Sincronizaciones: el martes la expresidenta anunció su intención de postularse como candidata y el jueves la Corte rechazó en trámite acelerado la recusación a Ricardo Lorenzetti y la corporación mediática redobló su presión para la proscripción judicial de Cristina Kirchner. Coincidencias: la diputada libertaria Juliana Santillán, que cobra cinco millones por mes, retó a los médicos del Garrahan porque no pueden vivir con 390 mil. Y su colega, Lilia Lemoine los amonestó porque tendrían que haberse dedicado al maquillaje como ella y no a la medicina.
 
Tanto la confluencia de las protestas de feministas, trabajadores de la salud, jubilados y discapacitados, como la reorganización de la principal oposición política tienen que conmover al 50 por ciento de la sociedad que decidió marginarse de los procesos políticos, así como a un porcentaje importante de los que aún votan al a-narco capitalismo pese a sufrir el ajuste.
 
Mientras no muevan el amperímetro en ese sector ganado por la desconfianza y el escepticismo, el gobierno gana votaciones en el Congreso, o el Presidente veta las que pierde, como ocurrirá seguramente con el aumento a los jubilados que se consiguió el miércoles junto con la prórroga de dos años a la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.
 
La votación por el aumento a los jubilados triunfó porque dividió a los sectores que le han dado mayoría al oficialismo en otras votaciones, como los del PRO y la mayoría radical. La unión de protestas que representan a sectores tan disímiles, en la plaza de los Congresos, fue simultánea con la votación que perdió el oficialismo.
 
Se pueden hacer lecturas diferentes. Para algunos el divorcio entre la protesta social y la política es total. O puede entenderse que la confluencia de la protesta social repercutió en la votación que se producía dentro del Congreso.
 
El acto del feminismo se efectuó luego de 20 días en los que hubo tres femicidios horrorosos. Este gobierno dice que no existe la figura del femicidio. Las marchas previas de los trabajadores del Garrahan incluyeron los testimonios conmovedores de familias cuyos hijos fueron salvados en el hospital.
 
Y la protesta por el ajuste en el área de discapacidad provocó el ataque descontrolado y cobarde del presidente Javier "el Loco" Milei y su horda de trolls contra un chico de doce años con autismo que hace campaña por la discapacidad. El estoicismo de los jubilados que todos los miércoles son gaseados y apaleados ha ganado el respeto del pueblo.
 
Juntos formaron una bomba neutrónica contra la injusticia y la insensibilidad. La fuerza expansiva impactó en los legisladores que lograron ganar esa votación. Si la política no se alimenta de esa fuerza, la potencia de esa onda expansiva la supera y la deja atrás.
 
En la protesta callejera hay un mensaje hacia el gobierno y la oposición, nunca se trata de un suceso encerrado en sí mismo, por lo menos en democracia. Los libertarios lo detestan e ignoran. Para ellos, sólo existe el mundo del capital. Para la oposición, la protesta en las calles es un llamado de atención, de reclamo y exigencia.
 

06-06-2025 / 11:06
Desesperados por los dólares del colchón, el Gobierno a-narco capitalista de Javier "el Loco" Milei presentó su proyecto de "Inocencia Fiscal" con un show electoral destinado a promocionar la figura de José Luis Espert, su probable candidato en Buenos Aires. Los anuncios resultaron inconsistentes para los expertos y no explican cómo el aparente blanqueo virtual quedará blindado hacia el futuro. Lo único claro es el elogio a los evasores y el desprecio a los cumplidores. El Gobierno impulsa una ley para proteger evasores y narcos, pero dice que no hay plata para los jubilados.
 
El proyecto de ley propone "blindar" el régimen simplificado de Ganancias y aumentar los montos mínimos por los cuales el Estado puede investigar el no pago de impuestos. Ambas medidas son parte del plan para fomentar el uso de dólares declarados sin costo alguno para los empresarios evasores y los narcotraficantes. La política implica más ajuste para las grandes mayorías para intentar cumplir con el FMI y parece destinada al fracaso.
 
José Luis Espert, figura protagonista de la conferencia de prensa donde se presentó la iniciativa en clave de campaña electoral, con eje principal en la provincia de Buenos Aires, fundamentó la evasión como "la preservación del ahorro". Mientras el titular de ARCA, Juan Pazo, a su lado, aseguró que no van a controlar a quien, por ejemplo, se compre cinco departamentos en un año porque el impuesto a las Ganancias lo va a pagar sobre sus ingresos anuales.
 
Una argumentación grosera que encubre a quien se declare como monotributista o jubilado, aunque sea un avasor o un narco, haya comprado excesiva cantidad de bienes que no puede justificar. Pero también esconde una contradicción: Ganancias no es Bienes Personales, son tributos con declaraciones diferentes.
 
Los bombos y platillos con los que se presentó el dudoso proyecto tienen como objetivo:
*Convencer a las personas para que se desprendan de los dólares obtenidos por fuera del sistema formal, ante la necesidad urgente que tiene el Gobierno de conseguir ese circulante.
*Reinstalar discursos efectistas para intentar desviar la agenda, en un contexto económico crítico.
*Juntar votos que les permitan avanzar con la política de ajuste y motosierra.
*Consolidar la idea de que no pagar impuestos es lo correcto, premiando a los evasores y cuestionando a quienes cumplieron con la responsabilidad de pagar los tributos al Estado.
 
Espert se mostró amenazante contra el Congreso, y en particular con "los gobernadores y diputados que responden al kirchnerismo", quienes serán responsables de acompañar o no la polémica reforma. En ese contexto, volvió a cargar con la violencia que lo caracteriza contra el gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de "soviético" y de haber "arruinado la provincia". También criticó al Estado por décadas de políticas fiscales que, según él, empujaron a los ciudadanos a protegerse "con dólares fuera del sistema". "Ahora cambiamos la lógica: quien quiera cumplir, podrá hacerlo sin miedo a ser perseguido", aunque sean evasores o narcos.
 
La Opinión Popular
 

05-06-2025 / 10:06
Los tres proyectos rechazados por Javier "el Loco" Milei y que el Gobierno advirtió que vetaría esperan ahora que el Senado los convierta en ley. El aumento para los jubilados que se votó es del 7,2%, más una actualización del bono previsional, que pasará a ser de $110.000. La sorpresa de la jornada fue la restitución de la moratoria previsional impulsada por Unión por la Patria, que obtuvo 111 votos a favor. La emergencia en discapacidad también obtuvo media sanción.
 
El Congreso fue ayer el escenario de la Argentina que Milei ignora, en sus alrededores confluyeron sectores con reclamos diversos, pero que tienen un punto en común: la indiferencia y la brutalidad del Gobierno de La Libertad Avanza, que solo mide sus metas en términos de déficit fiscal. Ayer, la plaza rebalsó de gente: estuvieron las y los jubilados, como cada miércoles, pero también las personas con discapacidad y los prestadores, las y los trabajadores del Hospital Garrahan, las y los universitarios y las y los científicos. Y se movilizó el Ni una menos (NUM), el colectivo que el martes cumplió diez años y que decidió manifestarse ayer para unificar las luchas. Y por supuesto que lo hizo, otra vez los feminismos demostraron la capacidad para convocar masivamente, aglutinado en el reclamo a la CGT y a los partidos políticos, desde el peronismo hasta la izquierda.
 
Tras meses de movilizaciones que una y otra vez terminaron en represión, gases y palos orquestados por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia "Chaborra" Bullrich, el Congreso comenzó a dar una respuesta legislativa al reclamo de los jubilados. La Cámara de Diputados aprobó un aumento del 7,2% a las jubilaciones y una actualización del bono previsional, que pasará a ser de $110.000. La votación fue contundente: 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones.
 
La sorpresa de la jornada fue la restitución de la moratoria previsional impulsada por Unión por la Patria, que obtuvo 111 votos a favor. Todo el paquete fue girado al Senado. Es el segundo intento del Congreso por mejorar los ingresos de los jubilados, tras el veto presidencial del año pasado, respaldado por los 87 diputados que Javier Milei bautizó como el "tercio de hierro" y agasajó con un asado en Olivos. Esta vez, el oficialismo no logró bloquear la sesión y debió ceder el control del recinto para enfrentar un debate que incomoda los números del Excel libertario. Diputados también dio media sanción al proyecto de emergencia en materia de discapacidad, un reclamo que también tuvo respaldo callejero.
 
Afuera, desde temprano, miles de manifestantes se concentraron frente al Congreso. Personas con discapacidad, jubilados, familiares, trabajadores del Hospital Garrahan, organizaciones sociales y colectivos feministas confluyeron con demandas diversas, atravesadas por una urgencia común: sobrevivir en tiempos de motosierra. Sabiendo el resultado, Milei pidió en Twitter que "el Senado no apruebe esta demagogia populista".
 
Fuerzas de seguridad desplegaron un operativo desmedido, aunque no hubo represión. "Cuando somos muchos, se cuidan", apuntó el padre Paco Olveira. La movilización se replicó en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, con una consigna común: unir las luchas para frenar el ajuste. Frente a un Congreso activo y una calle movilizada, el desquiciado Milei enfrenta un doble desafío. Las amenazas de veto no alcanzan para silenciar la crisis ni desactivar el reclamo social.
 
La Opinión Popular
 

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