19:05 | Martes 20 de Mayo de 2013 | Entre Ríos
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Nacionales - 20-05-2025 / 10:05
CORRUPCIÓN LIBERTARIA: UTILIZA EL PODER PARA RESGUARDAR SU IMPUNIDAD Y LA DE SU HERMANA
Aquí no ha pasado nada: Por decreto, el estafador Milei disolvió la unidad que lo auto investigaba por el escándalo cripto $Libra
Javier Milei ahora imparte justicia: el presidente clausuró la Unidad de Tareas de Investigación creada para indagar irregularidades en la promoción de la estafa de la criptomoneda $Libra. Con un movimiento que despierta fuertes críticas, Milei disolvió, mediante el Decreto 332/2025, la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada en febrero de 2025 para esclarecer el escándalo de la criptomoneda $Libra, un caso que lo señala directamente como presunto impulsor de una estafa millonaria. No se conoció públicamente ninguna conclusión de esa investigación.
Javier Milei ahora imparte justicia: el presidente clausuró la Unidad de Tareas de Investigación creada para indagar irregularidades en la promoción de la estafa de la criptomoneda $Libra. Con un movimiento que despierta fuertes críticas, Milei disolvió, mediante el Decreto 332/2025, la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada en febrero de 2025 para esclarecer el escándalo de la criptomoneda $Libra, un caso que lo señala directamente como presunto impulsor de una estafa millonaria. No se conoció públicamente ninguna conclusión de esa investigación.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, no solo interrumpe una pesquisa clave, sino que refuerza las acusaciones de que el Ejecutivo utiliza su poder para resguardarse de la Justicia. El decreto, firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justifica la disolución alegando que la UTI "cumplió" las tareas asignadas por el Decreto 114/2025. Sin embargo, esta explicación resulta endeble frente a la magnitud del caso $Libra, que estalló en los medios por denuncias de fraude masivo.
La clausura de la unidad, lejos de promover transparencia, parece un intento deliberado de sofocar una investigación que podría comprometer al presidente, quien promovió activamente la criptomoneda antes de que se revelaran sus irregularidades. En este sentido, la UTI, creada en febrero mediante la Resolución 72/2025, tenía como objetivo indagar posibles "irregularidades o hechos de corrupción" vinculados a $Libra. Al frente de la unidad fue designada María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia y figura cercana a Cúneo Libarona.
Su rol era recolectar información y colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, asegurando la entrega inmediata de documentación relevante. No obstante, la elección de una funcionaria de confianza del ministro ya había generado cuestionamientos sobre la imparcialidad de la investigación.
Además, la UTI estaba facultada para requerir datos a organismos públicos, provinciales e internacionales, con el mandato de resguardar la información bajo estrictas medidas de seguridad. La disolución abrupta de esta estructura, sin evidencia de avances sustanciales en el caso, intensifica las sospechas de que el Gobierno busca enterrar el escándalo de la estafa.
La falta de resultados concretos y la celeridad con que se desmanteló la unidad sugieren una maniobra para proteger a Milei de un proceso judicial que podría exponer responsabilidades graves. Por consiguiente, la decisión del Ejecutivo no solo frustra las expectativas de esclarecimiento, sino que consolida la percepción de un uso indebido del poder presidencial para eludir el escrutinio.
La medida se dio después de una elección en CABA que estuvo marcada por una bajísima participación y apatía. La Libertad Avanza ganó la interna de la derecha pero apenas los votó el 15 % del padrón. Mientras el PRO profundizó su crisis con una dura derrota en su bastión histórico. En un contexto de creciente desconfianza, la clausura de la UTI deja al descubierto un Gobierno libertario que, lejos de combatir la corrupción, parece dispuesto a manipular las instituciones para blindar al mandatario frente a las acusaciones que lo involucran en el fraude de $Libra, dándole impunidad a él y a su hermana Karina "la Recaudadora" Milei.
La Opinión Popular
La medida, publicada en el Boletín Oficial, no solo interrumpe una pesquisa clave, sino que refuerza las acusaciones de que el Ejecutivo utiliza su poder para resguardarse de la Justicia. El decreto, firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justifica la disolución alegando que la UTI "cumplió" las tareas asignadas por el Decreto 114/2025. Sin embargo, esta explicación resulta endeble frente a la magnitud del caso $Libra, que estalló en los medios por denuncias de fraude masivo.
La clausura de la unidad, lejos de promover transparencia, parece un intento deliberado de sofocar una investigación que podría comprometer al presidente, quien promovió activamente la criptomoneda antes de que se revelaran sus irregularidades. En este sentido, la UTI, creada en febrero mediante la Resolución 72/2025, tenía como objetivo indagar posibles "irregularidades o hechos de corrupción" vinculados a $Libra. Al frente de la unidad fue designada María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia y figura cercana a Cúneo Libarona.
Su rol era recolectar información y colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, asegurando la entrega inmediata de documentación relevante. No obstante, la elección de una funcionaria de confianza del ministro ya había generado cuestionamientos sobre la imparcialidad de la investigación.
Además, la UTI estaba facultada para requerir datos a organismos públicos, provinciales e internacionales, con el mandato de resguardar la información bajo estrictas medidas de seguridad. La disolución abrupta de esta estructura, sin evidencia de avances sustanciales en el caso, intensifica las sospechas de que el Gobierno busca enterrar el escándalo de la estafa.
La falta de resultados concretos y la celeridad con que se desmanteló la unidad sugieren una maniobra para proteger a Milei de un proceso judicial que podría exponer responsabilidades graves. Por consiguiente, la decisión del Ejecutivo no solo frustra las expectativas de esclarecimiento, sino que consolida la percepción de un uso indebido del poder presidencial para eludir el escrutinio.
La medida se dio después de una elección en CABA que estuvo marcada por una bajísima participación y apatía. La Libertad Avanza ganó la interna de la derecha pero apenas los votó el 15 % del padrón. Mientras el PRO profundizó su crisis con una dura derrota en su bastión histórico. En un contexto de creciente desconfianza, la clausura de la UTI deja al descubierto un Gobierno libertario que, lejos de combatir la corrupción, parece dispuesto a manipular las instituciones para blindar al mandatario frente a las acusaciones que lo involucran en el fraude de $Libra, dándole impunidad a él y a su hermana Karina "la Recaudadora" Milei.
La Opinión Popular
AQUÍ NO HA PASADO NADA
$Libra: Milei disolvió por decreto la comisión que creó para autoinvestigarse
La UTI había sido lanzada en medio del escándalo por el criptogate y, según el Gobierno, "ya dio respuestas a todos los requerimientos que se había autoencomendado". No se conoció públicamente ninguna conclusión de esa investigación.
A través de un nuevo decreto, el presidente Javier Milei disolvió la comisión que había creado para autoinvestigar al presidente Javier Milei en su posible comisión de delito por la megaestafa internacional de la cripto $Libra.
En su breve explicación, la medida considera que el dispositivo creado por el Poder Ejecutivo para autoinvestigarse ya dio respuestas a todos los requerimientos que se había autoencomendado y, por lo tanto, su vigencia carece de utilidad.
"Disuélvese la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada en el ámbito del Ministerio de Justicia por haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada", dice el Decreto 332/2025 firmado por el jefe de Estado y el titular de la cartera judicial, Mariano Cúneo Libarona.
Además del doble escándalo de haber creado una comisión para autoinvestigarse y luego eliminarla por considerar que ya se autoinvestigó, el papelón que suma el Gobierno es el de no haber hecho públicos jamás los resultados de las supuestas medidas que realizó para determinar la responsabilidad del Presidente en la cripto estafa multimillonaria que lo colocó en las primeras planas de todo el mundo.
La comisión autoinvestigadora
La UTI ahora borrada del mapa había sido creada en febrero último por el Ministerio de Justicia a través del Decreto 114/2025. Instruyó a la Oficina Anticorrupción (OA) a iniciar averiguaciones para detectar eventuales hechos de corrupción relacionados con la criptomoneda que Milei promocionó a través de cuenta de la red social X que él mismo maneja, sin cederle su administración a un tercero.
Otra singularidad del caso estuvo en el nombramiento de la persona a cargo de encabezar esa UTI. Se trató de María Florencia Zicavo, la entonces jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia que recibía órdenes directas de Mariano Cúneo Libarona.
Esa comisión tenía por tarea explícita "recabar los elementos relacionados con el criptoactivo $Libra con el fin de colaborar de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal".
Para ello, podía "requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios públicos, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional", así como también solicitar información a organismos provinciales, internacionales y de otros Estados.
¿Objetivos cumplidos?
En su decreto de eliminación publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobierno nacional considera que ya cumplió con todos esos objetivos.
En sus considerandos dice que todos los organismos del Estado intervinientes ya dieron sus respuestas en los plazos que se le habían otorgado.
Según el texto oficial, los que entregaron información fueron la OA, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de recaudación ARCA (exAFIP), la Casa Militar, la Dirección de Migraciones, la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Subsecretaría de Asuntos Políticos y la Jefatura de Gabinete.
Todos habrían entregado a la comisión autoinvestigadora la información necesaria para que emita un dictamen no vinculante a la Justicia que también investiga el caso, y que por el momento está en manos de la jueza María Romilda Servini.
Fuente: Página 12 y Agencia Nova
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