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Nacionales - 08-05-2025 / 12:05
BRONCA, SOSPECHAS Y ACUSACIONES POR EL RECHAZO LEGISLATIVO

Milei y Macri no lograron aprobar el proyecto de Ficha Limpia para proscribir a Cristina Kirchner

Milei y Macri no lograron aprobar el proyecto de Ficha Limpia para proscribir a Cristina Kirchner
Macri furioso con Milei porque pactaron voltear Ficha Limpia. En los pasillos de la Cámara, el desconcierto era total. Algunos sugirieron que Milei no tuvo nada que ver y que el cambio de postura de los senadores obedeció a un enojo del exgobenador misionero Carlos Rovira por el armado electoral que está orquestando la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en la provincia. Es decir, que se trató de una vendetta. Más allá de las suposiciones, en el macrismo dudan de todos.
La diputada Silvia Lospennato tenía todo preparado para colgarse la medalla de Ficha Limpia en vivo y en directo en los estudios de TN. Eran las 22.02 y sonreía, feliz, frente a las cámaras de televisión. La diputada del PRO había sido invitada para presenciar la votación en el Senado y ufanarse de ser la promotora de la proscripción de Cristina Kirchner. El desenlace, sin embargo, no fue el esperado.
 
A las 22.04, la vicepresidenta Victoria Villarruel comunicó que fue "rechazada la orden del día" y la sonrisa de la legisladora se desfiguró automáticamente. Furiosa y mordiéndose los labios, Lospennato acusó a la Casa Rosada de haber pergeñado la maniobra que derrumbó la iniciativa. "Hay gente que entiende que es necesaria una Cristina en la cancha", lanzó, en clara referencia a Javier Milei.
 
Los votos en contra de los dos senadores de Misiones, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, abrieron una nueva grieta entre el macrismo y La Libertad Avanza. "Acá hay claramente un pacto de impunidad", denunció Lospennato y completó: "Esto le permite a Cristina Kirchner ser candidata. Es un escenario que algunos querían". El mensaje apuntó directo a las filas libertarias.
 
La Casa Rosada responsabilizó al kirchnerismo por hacer caer el proyecto y aprovechó la situación para victimizarse. Recordó que también fueron bloqueados los pliegos que presentó el Ejecutivo para ocupar las vacantes en la Corte Suprema. "Antepone sus intereses económicos y su protección judicial, frente a las necesidades del pueblo argentino", manifestó y completó su descargo con el latiguillo de la casta: "El Senado de la Nación se consolida una vez más como el refugio de la casta política argentina".
 
Ni bien se conoció el resultado, Manuel Adorni y Patricia Bullrich salieron en tándem a derramar indignación en las redes sociales, con el mismo slogan: "Es kirchnerismo o libertad". El vocero habló de una jugada de la "vieja política" y la ministra afirmó que de un lado están "los que encubren y festejan a los corruptos" y del otro los pusieron "el pecho para defender Ficha Limpia".
 
En los pasillos de la Cámara, el desconcierto era total. Algunos sugirieron que Milei no tuvo nada que ver y que el cambio de postura de los senadores obedeció a un enojo del exgobenador misionero Carlos Rovira por el armado electoral que está orquestando la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en la provincia. Es decir, que se trató de una vendetta. Más allá de las suposiciones, en el macrismo dudan de todos.
 
La contracara de la desilusión macrista, fue el festejo del peronismo. El resultado plasmado en el tablero del Senado despertó la euforia del bloque de Unión por la Patria. A la senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner, se la vio a los abrazos con su par de Tierra del Fuego, María Eugenia Duré. A pocos metros José Mayans, Oscar Parrilli y Eduardo "Wado" de Pedro sonreían.
 
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, celebró en redes sociales que se haya bloqueado el intento de proscripción a Cristina. "Métanse la cultura de la cancelación en el bolsillo. En Argentina no van a volver a proscribir al peronismo. Vivimos y defendemos la democracia", publicó la jefa comunal y evocó el nacimiento de Eva Perón. "En el día de su natalicio, con Evita en el corazón: volverá y será millones que son representados en Cristina Kirchner", concluyó.
 
La Opinión Popular
 

 
EL OFICIALISMO Y ALIADOS NO LOGRARON APROBAR EL PROYECTO EN EL SENADO
 
Se cayó Ficha Limpia: sin proscripción ahora CFK podrá ser candidata
 
La votación fue 36 a 35. Dos senadores misioneros votaron en contra. Libertarios y macristas cruzaron reproches. Hay sospechas de una derrota controlada. El festejo de UxP.
 
Por Paula Marussich
 
Ficha Limpia no es ley. El intento de proscribir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó obturado cuando La Libertada Avanza y sus aliados no consiguieron los votos necesarios para sancionar la norma. Por un voto se rechazó el proyecto. Fueron 36 afirmativos y 35 en contra.
 
El resultado tomó por sorpresa a todo el recinto: el oficialismo y el PRO, principales impulsores de la norma, sufrieron una derrota inesperada que dejó expuestas sus fracturas internas y su falta de control parlamentario. Ezequiel Atauche, titular del bloque libertario, no ocultó su bronca: "La casta misionera fue responsable de la derrota", disparó a pesar de que estos senadores actuaron como aliados en varias votaciones.
 
A esa altura, ya circulaban acusaciones cruzadas entre los bloques que hasta pocas horas antes negociaban la sanción sin cambios. Con la confirmación del voto de los santacruceños, se especulaba con que los misioneros podían pedir cambios. Pero finalmente votaron en contra. Solo Unión por la Patria -único bloque que votó en contra- celebraba, aún sin terminar de creerlo.
 
La ley cayó por el rechazo de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden políticamente a Carlos Rovira. Sus votos eran claves y al retirar el apoyo al oficialismo hicieron naufragar el proyecto. "Nos llevaron hasta acá y a último momento se dieron vuelta", se lamentó Atauche.
 
Desde su banca, un senador que votó a favor de la ley murmuró resignado: "Jugó el oficialismo". La rapidez con la que el gobierno nacional emitió un comunicado alimentó las sospechas de una maniobra de último momento. "La Oficina del Presidente condena la decisión del Senado de rechazar el proyecto de Ficha Limpia y permitir que los afiliados al Partido del Estado continúen impunes", decía el texto difundido minutos después de la votación.
 
"El Presidente Javier G. Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar. Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes. El Presidente Javier G. Milei no descansará hasta que Ficha Limpia se convierta en ley", disparó el comunicado redactado en tiempo récord. "Una enorme decepción" sintetizaron los radicales.
 
La Casa Rosada había intentado evitar la sesión durante toda la jornada. Lo que se ponía en juego no era solo una ley si no también el riesgo de entregarle un triunfo político al PRO, en plena campaña porteña, y dotar a la Justicia de una herramienta que puede volverle en contra, justo cuando el caso $LIBRA salpica al presidente y su entorno.
 
Durante la tarde el Gobierno se replegó detrás del proyecto y buscó capitalizarlo. Enviaron al vicejefe de Gabinete José Rolandi a seguir la sesión que se mostró con un pin de la motosierra. Victoria Villarruel se encargó de impedir que la diputada Silvia Lospennato -autora de uno de los proyectos base- pudiera mostrarse en los palcos.
 
"Por una cuestión de espacio", argumentaron. Lospennato, sin embargo, se las ingenió para hablar con la prensa: "Es una lástima, me hubiera gustado aplaudir a los senadores", dijo a Página/12. Y agregó: "No hay que discutir la paternidad del proyecto, es una discusión sin sentido. Al cierre de esta edición la principal impulsora de la medida escribió indignada en su cuenta de X:  "Lamentable. Han defraudado a la Argentina. Pero no vamos a parar hasta saber qué pasó. No vamos a parar hasta que los corruptos no ganen más en la Argentina. Los que quieren impunidad. Los que miran al costando. No nos van a frenar. Sépanlo".
 
En la antesala del debate, el Partido Justicialista había difundido un comunicado con una consigna clara: "No hay Ficha Limpia cuando el verdadero objetivo es ensuciar la voluntad popular". Afuera del Congreso, durante tarde las fuerzas de seguridad que responden a Patricia Bullrich reprimieron una vez más a los jubilados que protestaban porque no les alcanza para comer.
 
Cuando el tablero mostró el resultado adverso, entre los oficialistas evaluaban que el cambio de los misioneros podía estar relacionado con el armado libertario que Karina Milei realiza en Misiones y que enojó al jefe político de esa provincia, el exgobernador Carlos Rovira.
 
La jornada había comenzado con una ofensiva de Unión por la Patria, que intentó exponer las contradicciones de quienes promueven leyes anticorrupción mientras blindan a los funcionarios involucrados en el escándalo cripto. El bloque peronista pidió interpelar a Karina Milei y a Luis "Toto" Caputo por el caso $LIBRA, pero la moción fue rechazada por los mismos que luego no lograron aprobar Ficha Limpia.
 
El senador José Mayans pidió sobre tablas la interpelación: "Sé que tiene terror, porque es presidenta de un partido que no habla", ironizó Mayans. La moción obtuvo 36 votos afirmativos, pero no alcanzó los dos tercios. "Los que piden Ficha Limpia en nombre de la República y el coso votaron en contra de que vengan Caputo y Karina Milei a dar explicaciones", resumió con sarcasmo la senadora Anabel Fernández Sagasti.
 
También fracasó el intento de interpelar al ministro de Defensa, Luis Petri, por el caso de Brisa Páez, la joven que terminó en coma inducido tras un ejercicio militar destinado a reprimir manifestaciones. "En el Senado no quieren que los funcionarios de Milei den explicaciones. Los argentinos no vamos a saber con quiénes se reunió Karina Milei ni Toto Caputo", denunció Juliana Di Tullio en redes. "Ya nadie tiene dudas: Ficha Limpia es para proscribir inocentes".
 
A las 15:20 comenzó el debate formal con una lista de 44 oradores, que se redujo a 36. Wado de Pedro fue uno de los primeros en abrir fuego: "Hoy comienza una nueva etapa de una democracia condicionada y con menos libertad. Ficha Limpia es la culminación de un método mafioso de proscripción de dirigentes, a partir del manejo de los medios y del copamiento del sector judicial", lanzó. Y remató: "Antes tocaban las puertas de los cuarteles, ahora tocan las puertas de los juzgados. Es un proyecto para proscribir a Cristina Kirchner".
 
Martín Lousteau también cuestionó la narrativa oficialista, aunque anticipó su voto afirmativo: "Este proyecto se vende como la solución a la corrupción, pero mientras se vota esto, hay un escándalo de este gobierno con el PAMI, donde los funcionarios son nombrados para recaudar plata", señaló. "Hoy nos tendríamos que haber ido con Ficha Limpia y con las interpelaciones" a los responsables del caso LIBRA.
 
Desde la UCR, Carolina Lozada le habló al PRO y a los libertarios: "Que nadie se apropie de esta ley, es una ley de todos", pidió. "Les pido a mis colegas que no caigan en la miseria de la política". Pero ya era tarde. La senadora Silvia Sapag fue categórica: "Esto es una gorilada para impedir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. La quisieron matar y ahora la quieren proscribir, como a Oesterheld".
 
La ley escrita para proscribir a CFK establecía que no podrán ser candidatos a cargos electivos nacionales quienes tengan condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia. La inhabilitación solo aplicaba si la sentencia firme se dictaba 180 días antes de la elección. Paradójicamente, varios senadores objetaron su alcance limitado: "Con esta ley, un homicida o un narcotraficante podría competir", advirtió Sapag. La letra, sin embargo, era clara: se buscaba dejar fuera del juego a la expresidenta aunque ella había adelantado que su intención era competir en la provincia de Buenos Aires.
 
Desde el recinto, Sagasti enumeró los principales argumentos jurídicos contra la norma: "No solo es inconstitucional porque viola el principio de inocencia, sino también porque vulnera el principio de irretroactividad de la ley". Y concluyó: "Esto de limpio no tiene nada".
 
Por un voto los libertarios y sus socios del Pro se quedaron sin Ficha Limpia. Además el Senado ratificó las autoridades de la Cámara  designó a Emilio Viramonte como nuevo secretario administrativo como quería Victoria Villarruel y se aprobó por unanimidad los pliegos de los embajadores en Estados Unidos y España. También se declaró la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales por el temporal del 7 de marzo, que dejó 16 muertos, a partir de un proyecto impulsado por Juliana Di Tullio.
 
Fuente: Página 12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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