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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Entre Ríos - 30-04-2025 / 10:04
EL PORTEÑO FRIGERIO PRETENDE APROPIARSE DE LA OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ENTRERRIANOS PARA MANEJARLA A SU VOLUNTAD Y PRIVATIZARLA

El Plenario de AGMER rechaza el ataque a los derechos a la salud y al IOSPER

El Plenario de AGMER rechaza el ataque a los derechos a la salud y al IOSPER
En un encuentro de urgencia en Paraná, la plana mayor de Agmer se encontró este martes en Paraná, y reiteró su rechazo inicial al plan del porteño Rpgelio Frigerio de disolver el Iosper para crear en su lugar una nueva obra social, la Obra Social de Entre Ríos (OSER)
El Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de AGMER reunido en la ciudad de Paraná declara:
 
* Rechazamos el proyecto de nueva Obra Social provincial manifestado públicamente por el gobernador Frigerio en el día de ayer y cuyo texto ha comenzado a circular, todo de espaldas a las y los trabajadores.
 
* El gobierno presenta una serie de informaciones distorsionadas y falacias para justificar no sólo una intervención que no le ha mejorado la prestación de servicios a ningún afiliado de la actual IOSPER sino que además intenta construir una falacia mayor: que una supuesta mala administración es justificativo suficiente para avanzar sobre toda la ley y toda la obra social.
 
* Alertamos que el proyecto de nueva obra social omite gravemente sobre planificar, reglamentar y administrar la promoción, prevención, protección, reparación y rehabilitación de la salud de los afiliados presente en la actual ley de IOSPER y que hoy obliga a la obra social a cumplir sus funciones sociales más estratégicas. En cambio, se limita a hablar de "prestaciones asistenciales" y da lugar a la intervención de terceros; es decir, avanzar en la privatización directa o indirecta del derecho a la salud de las y los trabajadores de la provincia.
 
* Coherente con el esquema de recorte de derechos de este proyecto, más preocupado en gerenciar, auditar y ajustar, la disponibilidad presupuestaria para el funcionamiento de la obra social se reduce de un 12 a un 10%; se relativiza a los grupos familiares para la cobertura y se establece como atribuciones del nuevo Directorio anular programas y servicios específicos de atención a la salud según "la evolución del contexto sanitario provincial".
 
* Del mismo modo, se trata de establecer un esquema donde la obra social pertenezca enteramente al gobernador, reduciendo al mínimo la participación de los trabajadores, y asegurarse un Directorio restringido a quienes el primer mandatario nombra; y una cantidad reducida de representantes de los trabajadores que excluye la mayoría de los estamentos.
 
* Como corolario de toda esta situación, la Intervención de la obra social se dedica a hacer anuncios mediáticos mientras se demoran la aprobación de medicamentos, las auditorías médicas y la caída de convenios como el de Ópticas, todo lo cual en vez de mejorar los servicios médicos para los trabajadores, los empeoran sensiblemente.
 
* Llamamos fuertemente la atención a los legisladores de la provincia, quienes en caso de levantar la mano a favor del ajuste, el recorte de derechos y la transformación de la obra social en una gerenciadora de intereses privados -o no sean claros votando en contra- se asegurarán el lugar de repudio de las trabajadoras y los trabajadores activos y jubilados, junto a sus grupos familiares, que son los principales perjudicados por una política al servicio de unos pocos, diseñada en despachos que ni siquiera son de la provincia de Entre Ríos.
 
* Convocamos a la más amplia unidad de la clase trabajadora, sus genuinos representantes y sus organizaciones sindicales, a debatir fraternalmente los pasos a seguir para resistir este nuevo atropello y desembozado intento de recortar algo tan sensible como nuestro derecho a la salud, llamando a conformar rápidamente una Mesa Multisectorial en Defensa del IOSPER y el derecho a la salud.
 
* AGMER se declara en alerta permanente ante la gravedad de la situación y convocará a asambleas escolares para debatir la situación.
 
Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de AGMER
 
Comisión Directiva Central
 
Paraná, martes 29 de abril de 2025
 

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10-12-2025 / 10:12
09-12-2025 / 09:12
08-12-2025 / 20:12
Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. 
Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en  la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.


El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.


08-12-2025 / 10:12
08-12-2025 / 09:12
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