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Nacionales - 29-04-2025 / 11:04
EL FISCAL FÉLIX CROUS CONSIDERA QUE LES MEJORAN CONDICIONES DE DETENCIÓN QUE YA SON DE PRIVILEGIO

La “Chaborra” Bullrich los mima: quiere a los genocidas con celda privada, WiFi y huerta orgánica en su nuevo hotel VIP penitenciario

La “Chaborra” Bullrich los mima: quiere a los genocidas con celda privada, WiFi y huerta orgánica en su nuevo hotel VIP penitenciario
Mientras la sobrepoblación carcelaria se convierte en una crisis para miles de detenidos comunes, el gobierno de Javier "el Loco" Milei, de la mano de la ex montonera Patricia "Chaborra" Bullrich, encontró una solución exprés... pero para los represores asesinos. La ministra de Seguridad impulsa el traslado de genocidas emblemáticos como Alfredo Astiz a la Unidad 34 de Campo de Mayo, un complejo que, lejos de parecer una prisión, ofrece canchas de tenis, huertas orgánicas, gimnasio con aparatos y talleres de filosofía y stretching. Una cárcel VIP 5 estrellas para quienes reprimieron, secuestraron, torturaron y asesinaron durante el terrorismo de Estado.
Mientras la sobrepoblación carcelaria se convierte en una crisis para miles de detenidos comunes, el gobierno de Javier "el Loco" Milei, de la mano de la ex montonera Patricia "Chaborra" Bullrich, encontró una solución exprés... pero para los represores asesinos. La ministra de Seguridad impulsa el traslado de genocidas emblemáticos como Alfredo Astiz a la Unidad 34 de Campo de Mayo, un complejo que, lejos de parecer una prisión, ofrece canchas de tenis, huertas orgánicas, gimnasio con aparatos y talleres de filosofía y stretching. Una cárcel VIP 5 estrellas para quienes reprimieron, secuestraron, torturaron y asesinaron durante el terrorismo de Estado.
 
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) notificó su intención de desalojar los pabellones de Ezeiza donde están alojados 19 represores, bajo el pretexto de liberar espacio para mujeres detenidas. Sin embargo, los organismos de derechos humanos y sobrevivientes denuncian que el operativo es parte de un plan mayor: garantizar condiciones de privilegio para los asesinos genocidas y acelerar su impunidad.
 
Astiz, conocido como "el ángel rubio de la muerte", ya pidió una celda individual y exigió seguir usando Skype para hablar con su familia, mientras sus víctimas apenas tuvieron el derecho al silencio eterno. Otros represores, como Ricardo Cavallo y Antonio Pernías, también solicitaron habitaciones privadas y toda clase de comodidades, pedidos que los tribunales de Comodoro Py, siempre tan atentos, no dudaron en aprobar.
 
Desde H.I.J.O.S Capital y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos alertaron sobre la maniobra: trasladar a Campo de Mayo no resuelve la sobrepoblación carcelaria sino que premia a quienes deberían purgar sus crímenes en cárceles comunes. "No buscamos venganza, sí justicia", remarcaron.
 
La historia de Campo de Mayo habla por sí sola: fue cerrada en 2013 tras fugas escandalosas y reabierta en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri para recibir a represores que pidieron el cambio como si reservaran un hotel boutique. Hoy cuenta apenas con 52 detenidos en un espacio para más del doble, rodeados de privilegios.
 
"La decisión de Bullrich de trasladar a los genocidas de la cárcel de Ezeiza, donde ya gozan de condiciones de detención de privilegio, al lugar de detención de Campo de Mayo -al que no se puede llamar cárcel- es un paso más en el camino iniciado por el actual gobierno para lograr la impunidad de los genocidas y mentir sistemáticamente sobre la dictadura militar, el terrrorismo de Estado y la desaparición de personas", afirma Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres de Plaza de Mayo secuestradas tras la infiltración del delator Astiz.
 
El fiscal de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, Félix Crous, salió al cruce de esta decisión y aseguró que se trata de "mejorar condiciones de detención que ya son de privilegio". Lejos de reparar la memoria colectiva, el gobierno de Milei (con Bullrich como ejecutora) no solo entierra las políticas de memoria, verdad y justicia: también se dedica a mimar a los asesinos  genocidas mientras se desploma todo el sistema penitenciario. En esta tragicomedia macabra, el verdugo Astiz se queja del WiFi, los represores juegan al tenis, y la ministra garantiza su "comodidad". El dolor de las víctimas, claro, no tiene cancha de tenis ni taller de reeducación postural.
 
La Opinión Popular
 

 
EL EXMARINO YA PIDIÓ UNA "CELDA INDIVIDUAL"
 
Bullrich apura el envío de Astiz y otros represores a la cárcel VIP de Campo de Mayo
 
El Servicio Penitenciario Federal informó que quiere vaciar el complejo de Ezeiza donde están alojados y donde recibieron el año pasado la visita de diputados oficialistas.
 
Patricia Bullrich quiere sacar a los represores del Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, donde los visitaron el año pasado diputados de La Libertad Avanza (LLA), y trasladarlos a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que los organismos de derechos humanos denuncian como una cárcel VIP. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) informó de su intención a distintos tribunales de Comodoro Py. Alfredo Astiz ya pidió que le asignen una celda individual.
 
El 16 de abril pasado, el director de régimen correccional del SPF, Gabriel Esteban Aquino, le informó al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires que querían vaciar la que anteriormente se conocía como Unidad 31 de Ezeiza. El argumento invocado es que hay sobrepoblación carcelaria y que se necesitan esas plazas para alojar a mujeres.
 
El Complejo VII está dividido en dos áreas: una destinada a mujeres y otra destinada mayoritariamente a condenados por crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con la información que proporcionó Aquino, la unidad tiene 585 plazas y hay actualmente 506 internas. Dijo que hay 371 mujeres a la espera de ingresar al SPF. Según la versión del SPF, ese complejo pasará la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que viene alojando a sus detenidos en comisarías y está expuesto a constantes fugas.
 
Lo que quiere hacer Bullrich es vaciar los pabellones 5,7 y 8, donde hay 19 represores presos. En ese sentido, el SPF le informó al TOF 5 -que juzgó los crímenes en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)-- que propiciaría el traslado hacia Campo de Mayo de Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro.
 
Astiz, Cavallo y Pernías reclamaron celdas individuales para que no se "agraven" sus condiciones de detención, lo que implica que ya las tenían, y que les permitan seguir usando Skype para comunicarse con sus familias. El TOF 5 respondió que no se oponía al traslado ni a los pedidos.
 
El TOF 2 -que juzgó los crímenes en el circuito compuesto por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo- recibió una comunicación similar para Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos. Avena, por ejemplo, se resiste a que lo manden a Campo de Mayo. Pidió ser trasladado a la Unidad 19 del SPF, que son unas casitas que están instaladas en Ezeiza.
 
Desde el Ministerio de Seguridad contestan que la Unidad 34 tiene todas las comodidades y que enviarán también a los celadores que los trataban en Ezeiza. Remarcan también la proximidad con el Hospital Militar de Campo de Mayo.
 
Hay otros represores que están alojados en esos pabellones como Manuel Cordero Piacentini, condenado por los crímenes del Plan Cóndor, o Marcelo Cinto Courtaux, oficial de inteligencia condenado por los secuestros, desapariciones y asesinatos de militantes montoneros que participaban de la Contraofensiva. El hijo homónimo de Cinto Courtaux trabaja con Victoria Villarruel en el Senado. Por lo que pudo saber Página/12, el SPF no solicitó todavía su traslado a los tribunales que los tienen a su cargo.
 
"Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí justicia", remarcaron desde H.I.J.O.S Capital al dar a conocer la intentona de Bullrich. "La situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de la libertad. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a casi la totalidad de las personas detenidas", añadieron.
 
Osvaldo Barros estuvo secuestrado en la ESMA junto a su compañera. "Nosotros repudiamos la decisión de Bullrich. Son avances hacia la impunidad de los genocidas. Campo de Mayo es una cárcel VIP y los genocidas deben estar en las cárceles comunes", resalta el integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).
 
 
Una cárcel VIP
  
La Unidad 34 de Campo de Mayo funciona en lo que era la cárcel de encausados. Tras la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, se reactivó como lugar de detención para represores. Cuando era ministra de Defensa, Nilda Garré pidió en varias oportunidades su cierre. Recién se clausuró en 2013 después de que dos represores, Gustavo de Marchi y Jorge Antonio Olivera, pidieron ser trasladados desde San Juan a Campo de Mayo para atenderse en el Hospital Militar y, de paso, fugarse.
 
"Peleamos mucho para que los saquen de ahí. Lo planteamos en el juicio de la causa ESMA porque pusimos el ejemplo del prefecto Héctor Febres, que había aparecido muerto en la celda de Prefectura. Habíamos logrado demostrar que las condiciones de privilegio de Febres habían llevado a su asesinato", dice la abogada Myriam Bregman.
 
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri decidió reabrir la unidad penitenciaria de Campo de Mayo. Hubo un aluvión de pedidos de represores de todo el país para ser trasladados allí. En la actualidad, hay 52 detenidos, pese a que la Unidad 34 tiene capacidad para 115.
 
Un relevamiento que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti mostró las condiciones diferenciales en las que se encuentran quienes están detenidos en la U34. Gozan, entre otras comodidades, de canchas de tenis, pistas para caminata, huertas y un gimnasio con aparatos. Hay una heladera cada dos internos y hay varios represores que tienen un televisor en sus habitaciones.
 
Según el SPF le informó al juez Adrián Grünberg, del TOF1, hay una variedad importante de entretenimientos para los presos de Campo de Mayo: desde espacio de deportes hasta talleres de teatro, historia, filosofía, reeducación postural y stretching (estiramiento).
 
 
El plan de impunidad
  
Bullrich, que ahora promueve la reunificación de los detenidos por lesa, dio de baja las recompensas para encontrar a los prófugos por crímenes cometidos durante la última dictadura. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, había publicado en La Nación --durante la campaña-- que estaban trabajando en una propuesta para que no hubiera detenidos mayores de 70 años. Por ahora, ninguna iniciativa funcionó. Ni un "plenario" de Casación que dijera que la prisión domiciliaria es automática a partir de los 70 años ni un hábeas corpus presentado en un fuero amigable.
 
Según diputados que el año pasado fueron a Ezeiza a reunirse con Astiz y compañía, Bullrich funcionó como una facilitadora para el ingreso. Al jefe del SPF, Fernando Martínez, lo calificaron como un "excelente colaborador".
 
En Campo de Mayo, los represores también recibieron visitas. En marzo del año pasado, Luis Petri mandó a dos de sus funcionarios. Días después desmanteló los equipos que relevaban archivos  de las Fuerzas Armadas y los aportaban a las causas de lesa. Beltrán Benedit y Alida Ferreyra, dos de los legisladores que integraron la comitiva que participó del cónclave en Ezeiza, también fueron a charlar con los represores de la Unidad 34.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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21-11-2025 / 10:11
El gobierno de Javier "el Loco" Milei y algunos de sus medios de comunicación amigos transmiten un triunfalismo a prueba de balas para avanzar a fondo en sus planes anarco capitalistas, que no se condice con la realidad, ni con las dudas que existen sobre un modelo neoliberal libertario que tiene muchas líneas de falla. Donald Trump rescató a Milei pero no se sabe quién rescatará a Trump que cae en picada por la economía mientras crece la preocupación por el costo de vida y por el caso Epstein que lastran su popularidad.
 
En el complicado marco de dificultades que tiene Trump, no sorprendió que el préstamo de USD 20.000 millones que estaba estructurando el JP Morgan se cayera. Ahora el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, intenta que ese banco junto al Citigroup y el Bank of America le consigan un préstamo repo de USD 5.000 millones. Se le escapó la tortuga y la debilidad quedó expuesta.
 
La noticia, que golpea abajo de la línea de flotación al equipo económico, fue confirmada por el Wall Street Journal, en base a fuentes directas de los bancos involucrados en la operación. La urgencia de Caputo por cerrar un repo de USD 5.000 millones tiene un destino claro: en enero próximo tiene que pagar vencimientos por USD 4.000 millones y como él mismo reconoció, no tiene los dólares.
 
El Wall Street Journal reveló que Caputo está prometiendo devolver rápido esos USD 5.000 millones, con la idea que pronto empezará a bajar el riesgo país -este jueves subió- y entonces les ofrecería a esos mismos bancos el negocio de emitir deuda soberana y pagarse el repo. "Sin embargo, las entidades quedarían expuestas si las condiciones de mercado se deterioran y el país no logra colocar nuevos títulos ni obtener otras fuentes de financiamiento", advirtió el diario rector de Wall Street.
 
La noticia descolocó tanto al equipo económico que el propio Caputo no pudo ocultar su sorpresa. Cuando el tuitero libertario financiero, El Oráculo de Trenque Lauquen, ¿posteó la nota del WSJ y se preguntó "Qué mierda es esto?", el propio Caputo le respondió: "Excelente pregunta".
 
El préstamo que iba a estructurar el JP Morgan fue anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como parte del salvataje de la administración Trump a Milei antes de las elecciones, que incluyó el anuncio de un swap del Tesoro con el Banco Central por otros USD 20.000 millones, que tampoco termina de concretarse.
 
Luego que Bessent anunciara el préstamo del JP Morgan, el CEO de ese grupo, Jamie Dimon, empezó a enfriar las expectativas ante el presente griego que le giraba el Tesoro. Con cuidado de no dejar expuesto al secretario del Tesoro, Dimon empezó a darle largas al asunto y a exigir garantías, cada vez en voz más alta, para prestarle semejante montaña de dólares a un incumplidor serial como la Argentina.
 
Inicialmente, Caputo había intentado que el Tesoro respaldara ese préstamo con los DEGs que tiene del FMI, pero la administración de Trump se negó a dar ese paso. En su lugar, intervino directamente en el mercado spot de Buenos Aires vendiendo dólares antes de ls elecciones por más de USD 2.000 millones, para planchar su precio.
 
Una vez que Milei ganó las elecciones, el Tesoro se desprendió de sus pesos, se supone colocados en una letra que le dio Caputo; y se embolsó la diferencia del carry trade. Ante el total oscurantismo de Caputo en torno a esta operación, no se sabe cómo continúa el swap ni que porción de este se puede utilizar, si es que se puede.
 
La Opinión Popular
 

20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
La Opinión Popular
 

19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
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