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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 29-04-2025 / 11:04
EL FISCAL FÉLIX CROUS CONSIDERA QUE LES MEJORAN CONDICIONES DE DETENCIÓN QUE YA SON DE PRIVILEGIO

La “Chaborra” Bullrich los mima: quiere a los genocidas con celda privada, WiFi y huerta orgánica en su nuevo hotel VIP penitenciario

La “Chaborra” Bullrich los mima: quiere a los genocidas con celda privada, WiFi y huerta orgánica en su nuevo hotel VIP penitenciario
Mientras la sobrepoblación carcelaria se convierte en una crisis para miles de detenidos comunes, el gobierno de Javier "el Loco" Milei, de la mano de la ex montonera Patricia "Chaborra" Bullrich, encontró una solución exprés... pero para los represores asesinos. La ministra de Seguridad impulsa el traslado de genocidas emblemáticos como Alfredo Astiz a la Unidad 34 de Campo de Mayo, un complejo que, lejos de parecer una prisión, ofrece canchas de tenis, huertas orgánicas, gimnasio con aparatos y talleres de filosofía y stretching. Una cárcel VIP 5 estrellas para quienes reprimieron, secuestraron, torturaron y asesinaron durante el terrorismo de Estado.
Mientras la sobrepoblación carcelaria se convierte en una crisis para miles de detenidos comunes, el gobierno de Javier "el Loco" Milei, de la mano de la ex montonera Patricia "Chaborra" Bullrich, encontró una solución exprés... pero para los represores asesinos. La ministra de Seguridad impulsa el traslado de genocidas emblemáticos como Alfredo Astiz a la Unidad 34 de Campo de Mayo, un complejo que, lejos de parecer una prisión, ofrece canchas de tenis, huertas orgánicas, gimnasio con aparatos y talleres de filosofía y stretching. Una cárcel VIP 5 estrellas para quienes reprimieron, secuestraron, torturaron y asesinaron durante el terrorismo de Estado.
 
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) notificó su intención de desalojar los pabellones de Ezeiza donde están alojados 19 represores, bajo el pretexto de liberar espacio para mujeres detenidas. Sin embargo, los organismos de derechos humanos y sobrevivientes denuncian que el operativo es parte de un plan mayor: garantizar condiciones de privilegio para los asesinos genocidas y acelerar su impunidad.
 
Astiz, conocido como "el ángel rubio de la muerte", ya pidió una celda individual y exigió seguir usando Skype para hablar con su familia, mientras sus víctimas apenas tuvieron el derecho al silencio eterno. Otros represores, como Ricardo Cavallo y Antonio Pernías, también solicitaron habitaciones privadas y toda clase de comodidades, pedidos que los tribunales de Comodoro Py, siempre tan atentos, no dudaron en aprobar.
 
Desde H.I.J.O.S Capital y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos alertaron sobre la maniobra: trasladar a Campo de Mayo no resuelve la sobrepoblación carcelaria sino que premia a quienes deberían purgar sus crímenes en cárceles comunes. "No buscamos venganza, sí justicia", remarcaron.
 
La historia de Campo de Mayo habla por sí sola: fue cerrada en 2013 tras fugas escandalosas y reabierta en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri para recibir a represores que pidieron el cambio como si reservaran un hotel boutique. Hoy cuenta apenas con 52 detenidos en un espacio para más del doble, rodeados de privilegios.
 
"La decisión de Bullrich de trasladar a los genocidas de la cárcel de Ezeiza, donde ya gozan de condiciones de detención de privilegio, al lugar de detención de Campo de Mayo -al que no se puede llamar cárcel- es un paso más en el camino iniciado por el actual gobierno para lograr la impunidad de los genocidas y mentir sistemáticamente sobre la dictadura militar, el terrrorismo de Estado y la desaparición de personas", afirma Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres de Plaza de Mayo secuestradas tras la infiltración del delator Astiz.
 
El fiscal de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, Félix Crous, salió al cruce de esta decisión y aseguró que se trata de "mejorar condiciones de detención que ya son de privilegio". Lejos de reparar la memoria colectiva, el gobierno de Milei (con Bullrich como ejecutora) no solo entierra las políticas de memoria, verdad y justicia: también se dedica a mimar a los asesinos  genocidas mientras se desploma todo el sistema penitenciario. En esta tragicomedia macabra, el verdugo Astiz se queja del WiFi, los represores juegan al tenis, y la ministra garantiza su "comodidad". El dolor de las víctimas, claro, no tiene cancha de tenis ni taller de reeducación postural.
 
La Opinión Popular
 

 
EL EXMARINO YA PIDIÓ UNA "CELDA INDIVIDUAL"
 
Bullrich apura el envío de Astiz y otros represores a la cárcel VIP de Campo de Mayo
 
El Servicio Penitenciario Federal informó que quiere vaciar el complejo de Ezeiza donde están alojados y donde recibieron el año pasado la visita de diputados oficialistas.
 
Patricia Bullrich quiere sacar a los represores del Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, donde los visitaron el año pasado diputados de La Libertad Avanza (LLA), y trasladarlos a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que los organismos de derechos humanos denuncian como una cárcel VIP. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) informó de su intención a distintos tribunales de Comodoro Py. Alfredo Astiz ya pidió que le asignen una celda individual.
 
El 16 de abril pasado, el director de régimen correccional del SPF, Gabriel Esteban Aquino, le informó al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires que querían vaciar la que anteriormente se conocía como Unidad 31 de Ezeiza. El argumento invocado es que hay sobrepoblación carcelaria y que se necesitan esas plazas para alojar a mujeres.
 
El Complejo VII está dividido en dos áreas: una destinada a mujeres y otra destinada mayoritariamente a condenados por crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con la información que proporcionó Aquino, la unidad tiene 585 plazas y hay actualmente 506 internas. Dijo que hay 371 mujeres a la espera de ingresar al SPF. Según la versión del SPF, ese complejo pasará la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que viene alojando a sus detenidos en comisarías y está expuesto a constantes fugas.
 
Lo que quiere hacer Bullrich es vaciar los pabellones 5,7 y 8, donde hay 19 represores presos. En ese sentido, el SPF le informó al TOF 5 -que juzgó los crímenes en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)-- que propiciaría el traslado hacia Campo de Mayo de Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro.
 
Astiz, Cavallo y Pernías reclamaron celdas individuales para que no se "agraven" sus condiciones de detención, lo que implica que ya las tenían, y que les permitan seguir usando Skype para comunicarse con sus familias. El TOF 5 respondió que no se oponía al traslado ni a los pedidos.
 
El TOF 2 -que juzgó los crímenes en el circuito compuesto por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo- recibió una comunicación similar para Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos. Avena, por ejemplo, se resiste a que lo manden a Campo de Mayo. Pidió ser trasladado a la Unidad 19 del SPF, que son unas casitas que están instaladas en Ezeiza.
 
Desde el Ministerio de Seguridad contestan que la Unidad 34 tiene todas las comodidades y que enviarán también a los celadores que los trataban en Ezeiza. Remarcan también la proximidad con el Hospital Militar de Campo de Mayo.
 
Hay otros represores que están alojados en esos pabellones como Manuel Cordero Piacentini, condenado por los crímenes del Plan Cóndor, o Marcelo Cinto Courtaux, oficial de inteligencia condenado por los secuestros, desapariciones y asesinatos de militantes montoneros que participaban de la Contraofensiva. El hijo homónimo de Cinto Courtaux trabaja con Victoria Villarruel en el Senado. Por lo que pudo saber Página/12, el SPF no solicitó todavía su traslado a los tribunales que los tienen a su cargo.
 
"Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí justicia", remarcaron desde H.I.J.O.S Capital al dar a conocer la intentona de Bullrich. "La situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de la libertad. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a casi la totalidad de las personas detenidas", añadieron.
 
Osvaldo Barros estuvo secuestrado en la ESMA junto a su compañera. "Nosotros repudiamos la decisión de Bullrich. Son avances hacia la impunidad de los genocidas. Campo de Mayo es una cárcel VIP y los genocidas deben estar en las cárceles comunes", resalta el integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).
 
 
Una cárcel VIP
  
La Unidad 34 de Campo de Mayo funciona en lo que era la cárcel de encausados. Tras la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, se reactivó como lugar de detención para represores. Cuando era ministra de Defensa, Nilda Garré pidió en varias oportunidades su cierre. Recién se clausuró en 2013 después de que dos represores, Gustavo de Marchi y Jorge Antonio Olivera, pidieron ser trasladados desde San Juan a Campo de Mayo para atenderse en el Hospital Militar y, de paso, fugarse.
 
"Peleamos mucho para que los saquen de ahí. Lo planteamos en el juicio de la causa ESMA porque pusimos el ejemplo del prefecto Héctor Febres, que había aparecido muerto en la celda de Prefectura. Habíamos logrado demostrar que las condiciones de privilegio de Febres habían llevado a su asesinato", dice la abogada Myriam Bregman.
 
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri decidió reabrir la unidad penitenciaria de Campo de Mayo. Hubo un aluvión de pedidos de represores de todo el país para ser trasladados allí. En la actualidad, hay 52 detenidos, pese a que la Unidad 34 tiene capacidad para 115.
 
Un relevamiento que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti mostró las condiciones diferenciales en las que se encuentran quienes están detenidos en la U34. Gozan, entre otras comodidades, de canchas de tenis, pistas para caminata, huertas y un gimnasio con aparatos. Hay una heladera cada dos internos y hay varios represores que tienen un televisor en sus habitaciones.
 
Según el SPF le informó al juez Adrián Grünberg, del TOF1, hay una variedad importante de entretenimientos para los presos de Campo de Mayo: desde espacio de deportes hasta talleres de teatro, historia, filosofía, reeducación postural y stretching (estiramiento).
 
 
El plan de impunidad
  
Bullrich, que ahora promueve la reunificación de los detenidos por lesa, dio de baja las recompensas para encontrar a los prófugos por crímenes cometidos durante la última dictadura. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, había publicado en La Nación --durante la campaña-- que estaban trabajando en una propuesta para que no hubiera detenidos mayores de 70 años. Por ahora, ninguna iniciativa funcionó. Ni un "plenario" de Casación que dijera que la prisión domiciliaria es automática a partir de los 70 años ni un hábeas corpus presentado en un fuero amigable.
 
Según diputados que el año pasado fueron a Ezeiza a reunirse con Astiz y compañía, Bullrich funcionó como una facilitadora para el ingreso. Al jefe del SPF, Fernando Martínez, lo calificaron como un "excelente colaborador".
 
En Campo de Mayo, los represores también recibieron visitas. En marzo del año pasado, Luis Petri mandó a dos de sus funcionarios. Días después desmanteló los equipos que relevaban archivos  de las Fuerzas Armadas y los aportaban a las causas de lesa. Beltrán Benedit y Alida Ferreyra, dos de los legisladores que integraron la comitiva que participó del cónclave en Ezeiza, también fueron a charlar con los represores de la Unidad 34.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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