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Nacionales - 29-04-2025 / 11:04
EL FISCAL FÉLIX CROUS CONSIDERA QUE LES MEJORAN CONDICIONES DE DETENCIÓN QUE YA SON DE PRIVILEGIO

La “Chaborra” Bullrich los mima: quiere a los genocidas con celda privada, WiFi y huerta orgánica en su nuevo hotel VIP penitenciario

La “Chaborra” Bullrich los mima: quiere a los genocidas con celda privada, WiFi y huerta orgánica en su nuevo hotel VIP penitenciario
Mientras la sobrepoblación carcelaria se convierte en una crisis para miles de detenidos comunes, el gobierno de Javier "el Loco" Milei, de la mano de la ex montonera Patricia "Chaborra" Bullrich, encontró una solución exprés... pero para los represores asesinos. La ministra de Seguridad impulsa el traslado de genocidas emblemáticos como Alfredo Astiz a la Unidad 34 de Campo de Mayo, un complejo que, lejos de parecer una prisión, ofrece canchas de tenis, huertas orgánicas, gimnasio con aparatos y talleres de filosofía y stretching. Una cárcel VIP 5 estrellas para quienes reprimieron, secuestraron, torturaron y asesinaron durante el terrorismo de Estado.
Mientras la sobrepoblación carcelaria se convierte en una crisis para miles de detenidos comunes, el gobierno de Javier "el Loco" Milei, de la mano de la ex montonera Patricia "Chaborra" Bullrich, encontró una solución exprés... pero para los represores asesinos. La ministra de Seguridad impulsa el traslado de genocidas emblemáticos como Alfredo Astiz a la Unidad 34 de Campo de Mayo, un complejo que, lejos de parecer una prisión, ofrece canchas de tenis, huertas orgánicas, gimnasio con aparatos y talleres de filosofía y stretching. Una cárcel VIP 5 estrellas para quienes reprimieron, secuestraron, torturaron y asesinaron durante el terrorismo de Estado.
 
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) notificó su intención de desalojar los pabellones de Ezeiza donde están alojados 19 represores, bajo el pretexto de liberar espacio para mujeres detenidas. Sin embargo, los organismos de derechos humanos y sobrevivientes denuncian que el operativo es parte de un plan mayor: garantizar condiciones de privilegio para los asesinos genocidas y acelerar su impunidad.
 
Astiz, conocido como "el ángel rubio de la muerte", ya pidió una celda individual y exigió seguir usando Skype para hablar con su familia, mientras sus víctimas apenas tuvieron el derecho al silencio eterno. Otros represores, como Ricardo Cavallo y Antonio Pernías, también solicitaron habitaciones privadas y toda clase de comodidades, pedidos que los tribunales de Comodoro Py, siempre tan atentos, no dudaron en aprobar.
 
Desde H.I.J.O.S Capital y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos alertaron sobre la maniobra: trasladar a Campo de Mayo no resuelve la sobrepoblación carcelaria sino que premia a quienes deberían purgar sus crímenes en cárceles comunes. "No buscamos venganza, sí justicia", remarcaron.
 
La historia de Campo de Mayo habla por sí sola: fue cerrada en 2013 tras fugas escandalosas y reabierta en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri para recibir a represores que pidieron el cambio como si reservaran un hotel boutique. Hoy cuenta apenas con 52 detenidos en un espacio para más del doble, rodeados de privilegios.
 
"La decisión de Bullrich de trasladar a los genocidas de la cárcel de Ezeiza, donde ya gozan de condiciones de detención de privilegio, al lugar de detención de Campo de Mayo -al que no se puede llamar cárcel- es un paso más en el camino iniciado por el actual gobierno para lograr la impunidad de los genocidas y mentir sistemáticamente sobre la dictadura militar, el terrrorismo de Estado y la desaparición de personas", afirma Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres de Plaza de Mayo secuestradas tras la infiltración del delator Astiz.
 
El fiscal de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, Félix Crous, salió al cruce de esta decisión y aseguró que se trata de "mejorar condiciones de detención que ya son de privilegio". Lejos de reparar la memoria colectiva, el gobierno de Milei (con Bullrich como ejecutora) no solo entierra las políticas de memoria, verdad y justicia: también se dedica a mimar a los asesinos  genocidas mientras se desploma todo el sistema penitenciario. En esta tragicomedia macabra, el verdugo Astiz se queja del WiFi, los represores juegan al tenis, y la ministra garantiza su "comodidad". El dolor de las víctimas, claro, no tiene cancha de tenis ni taller de reeducación postural.
 
La Opinión Popular
 

 
EL EXMARINO YA PIDIÓ UNA "CELDA INDIVIDUAL"
 
Bullrich apura el envío de Astiz y otros represores a la cárcel VIP de Campo de Mayo
 
El Servicio Penitenciario Federal informó que quiere vaciar el complejo de Ezeiza donde están alojados y donde recibieron el año pasado la visita de diputados oficialistas.
 
Patricia Bullrich quiere sacar a los represores del Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, donde los visitaron el año pasado diputados de La Libertad Avanza (LLA), y trasladarlos a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que los organismos de derechos humanos denuncian como una cárcel VIP. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) informó de su intención a distintos tribunales de Comodoro Py. Alfredo Astiz ya pidió que le asignen una celda individual.
 
El 16 de abril pasado, el director de régimen correccional del SPF, Gabriel Esteban Aquino, le informó al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires que querían vaciar la que anteriormente se conocía como Unidad 31 de Ezeiza. El argumento invocado es que hay sobrepoblación carcelaria y que se necesitan esas plazas para alojar a mujeres.
 
El Complejo VII está dividido en dos áreas: una destinada a mujeres y otra destinada mayoritariamente a condenados por crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con la información que proporcionó Aquino, la unidad tiene 585 plazas y hay actualmente 506 internas. Dijo que hay 371 mujeres a la espera de ingresar al SPF. Según la versión del SPF, ese complejo pasará la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que viene alojando a sus detenidos en comisarías y está expuesto a constantes fugas.
 
Lo que quiere hacer Bullrich es vaciar los pabellones 5,7 y 8, donde hay 19 represores presos. En ese sentido, el SPF le informó al TOF 5 -que juzgó los crímenes en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)-- que propiciaría el traslado hacia Campo de Mayo de Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro.
 
Astiz, Cavallo y Pernías reclamaron celdas individuales para que no se "agraven" sus condiciones de detención, lo que implica que ya las tenían, y que les permitan seguir usando Skype para comunicarse con sus familias. El TOF 5 respondió que no se oponía al traslado ni a los pedidos.
 
El TOF 2 -que juzgó los crímenes en el circuito compuesto por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo- recibió una comunicación similar para Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos. Avena, por ejemplo, se resiste a que lo manden a Campo de Mayo. Pidió ser trasladado a la Unidad 19 del SPF, que son unas casitas que están instaladas en Ezeiza.
 
Desde el Ministerio de Seguridad contestan que la Unidad 34 tiene todas las comodidades y que enviarán también a los celadores que los trataban en Ezeiza. Remarcan también la proximidad con el Hospital Militar de Campo de Mayo.
 
Hay otros represores que están alojados en esos pabellones como Manuel Cordero Piacentini, condenado por los crímenes del Plan Cóndor, o Marcelo Cinto Courtaux, oficial de inteligencia condenado por los secuestros, desapariciones y asesinatos de militantes montoneros que participaban de la Contraofensiva. El hijo homónimo de Cinto Courtaux trabaja con Victoria Villarruel en el Senado. Por lo que pudo saber Página/12, el SPF no solicitó todavía su traslado a los tribunales que los tienen a su cargo.
 
"Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí justicia", remarcaron desde H.I.J.O.S Capital al dar a conocer la intentona de Bullrich. "La situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de la libertad. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a casi la totalidad de las personas detenidas", añadieron.
 
Osvaldo Barros estuvo secuestrado en la ESMA junto a su compañera. "Nosotros repudiamos la decisión de Bullrich. Son avances hacia la impunidad de los genocidas. Campo de Mayo es una cárcel VIP y los genocidas deben estar en las cárceles comunes", resalta el integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).
 
 
Una cárcel VIP
  
La Unidad 34 de Campo de Mayo funciona en lo que era la cárcel de encausados. Tras la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, se reactivó como lugar de detención para represores. Cuando era ministra de Defensa, Nilda Garré pidió en varias oportunidades su cierre. Recién se clausuró en 2013 después de que dos represores, Gustavo de Marchi y Jorge Antonio Olivera, pidieron ser trasladados desde San Juan a Campo de Mayo para atenderse en el Hospital Militar y, de paso, fugarse.
 
"Peleamos mucho para que los saquen de ahí. Lo planteamos en el juicio de la causa ESMA porque pusimos el ejemplo del prefecto Héctor Febres, que había aparecido muerto en la celda de Prefectura. Habíamos logrado demostrar que las condiciones de privilegio de Febres habían llevado a su asesinato", dice la abogada Myriam Bregman.
 
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri decidió reabrir la unidad penitenciaria de Campo de Mayo. Hubo un aluvión de pedidos de represores de todo el país para ser trasladados allí. En la actualidad, hay 52 detenidos, pese a que la Unidad 34 tiene capacidad para 115.
 
Un relevamiento que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti mostró las condiciones diferenciales en las que se encuentran quienes están detenidos en la U34. Gozan, entre otras comodidades, de canchas de tenis, pistas para caminata, huertas y un gimnasio con aparatos. Hay una heladera cada dos internos y hay varios represores que tienen un televisor en sus habitaciones.
 
Según el SPF le informó al juez Adrián Grünberg, del TOF1, hay una variedad importante de entretenimientos para los presos de Campo de Mayo: desde espacio de deportes hasta talleres de teatro, historia, filosofía, reeducación postural y stretching (estiramiento).
 
 
El plan de impunidad
  
Bullrich, que ahora promueve la reunificación de los detenidos por lesa, dio de baja las recompensas para encontrar a los prófugos por crímenes cometidos durante la última dictadura. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, había publicado en La Nación --durante la campaña-- que estaban trabajando en una propuesta para que no hubiera detenidos mayores de 70 años. Por ahora, ninguna iniciativa funcionó. Ni un "plenario" de Casación que dijera que la prisión domiciliaria es automática a partir de los 70 años ni un hábeas corpus presentado en un fuero amigable.
 
Según diputados que el año pasado fueron a Ezeiza a reunirse con Astiz y compañía, Bullrich funcionó como una facilitadora para el ingreso. Al jefe del SPF, Fernando Martínez, lo calificaron como un "excelente colaborador".
 
En Campo de Mayo, los represores también recibieron visitas. En marzo del año pasado, Luis Petri mandó a dos de sus funcionarios. Días después desmanteló los equipos que relevaban archivos  de las Fuerzas Armadas y los aportaban a las causas de lesa. Beltrán Benedit y Alida Ferreyra, dos de los legisladores que integraron la comitiva que participó del cónclave en Ezeiza, también fueron a charlar con los represores de la Unidad 34.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
La Opinión Popular
 

14-02-2026 / 10:02
Hace 12 meses, Javier "el Loco" Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dólares a inversores en distintos continentes. Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado debería responder, pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.
 
La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por el escándalo están denunciados también el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.
 
1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara? Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.
 
Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. - ¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al "contrato"? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: "No sé dónde estaba ese código".
 
2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei? ¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias. Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.
 
3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas "masacrando" inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo? Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.
 
4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?
 
5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto? Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.
 
6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?
 
7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso? ¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?
 
8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?
 

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