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Sociedad e Interés General - 29-04-2025 / 10:04
29 DE ABRIL DE 1983
La Junta Militar argentina da por muertos a todos los desaparecidos asesinados en la llamada guerra sucia
En plena retirada, el 29 de abril de 1983, la Junta Militar, integrada por el Teniente General Cristino Nicolaides, el Almirante Rubén Franco y el Brigadier General Augusto Hughes, da oficialmente por muertos a los desaparecidos en su declaración sobre la “guerra sucia”, dando a conocer lo que será su "última" declaración sobre los desaparecidos. En la imagen: Cristino Nicolaides (der.) último jefe del Ejército junto a Reynaldo Bignone (izq.) el último presidente de facto de Argentina durante la dictadura.
El terrorismo de Estado en Argentina fue el período de la última dictadura cívico-militar autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", que gobernó la Argentina entre comienzos de 1976 hasta la restauración de la democracia en 1983. Durante este tiempo el Estado realizó un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas.
En plena retirada, el 29 de abril de 1983, la Junta Militar, integrada por el Teniente General Cristino Nicolaides, el Almirante Rubén Franco y el Brigadier General Augusto Hughes, da oficialmente por muertos a los desaparecidos en su declaración sobre la guerra sucia, dando a conocer lo que será su "última" declaración sobre los desaparecidos.
Tras reconocer que, en un marco "casi apocalíptico" de la lucha contra la guerrilla, pudieron cometerse errores que quedan sujetos al juicio de Dios y a la comprensión de los hombres, dio por muertos a todos aquellos ciudadanos desaparecidos (incluidos los niños) que no estén exiliados o no figuren en las actuales listas de detenidos.
El rechazo político y social fue unánime e indignado. Dirigentes del Centro de Estudios Legales y Sociales imputó a la Junta "cobarde ocultamiento de sus crímenes" y "ausencia de hombría para afrontar la verdad". Las Madres de Plaza de Mayo preguntaban: "Secuestrar, ¿es un acto de servicio?; torturar, asesinar, mentir, ¿son actos de servicio?". Las Abuelas de la plaza de Mayo sentenciaban: "Si se acogen al juicio de Dios es que están pensando en el infierno".
La Opinión Popular
Una mujer intenta desesperadamente evitar la detención de un joven por parte de la Policía durante una protesta en Buenos Aires, el 30 de marzo de 1982.
Fue a las diez de la noche del jueves, con las calles de Buenos Aires vacías, cuando los canales de la televisión comenzaron a emitir en cadena la "definitiva" acta institucional de la Junta Militar sobre la guerra antisubversiva y la suerte de los desaparecidos.
Durante 45 minutos, una voz masculina leyó el documento militar sobre un vídeo-montaje con imágenes relativas al terrorismo urbano y la guerrilla en la provincia de Tucumán, fundidas con planos subliminales de trabajadores agrícolas e industriales trabajando bajo la paz de las armas.
Como en una broma macabra o, cuando menos, en un alarde de imprevisión, el documento fue leído el mismo día en que las madres cumplían sus seis años de heroica presencia en la plaza de Mayo.
Acompañadas de algún sacerdote y algún fraile y de miembros de otras asociaciones humanitarias, marcharon a primera hora de la tarde portando grandes reproducciones fotográficas de sus parientes desaparecidos, hacia su cita de todos los jueves con la plaza.
Los aparatosos motoristas de la policía federal intentaron dificultar su marcha, y cuando fueron increpados de palabra y a paraguazos, recibieron orden por radio de retirarse. Posteriormente, en la plaza hizo acto de presencia, a pie y de paisano, el general Sassiain, jefe de la policía de Buenos Aires, quien tuvo que refugiarse en su auto, insultado y apedreado con la gravilla de los jardines.
Bajo una lluvia inmisericorde que anegaba la ciudad, las madres permanecieron más de una hora ante la Casa Rosada reclamando a gritos a sus hijos.
La reacción más dura fue la de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos: "La Junta Militar", afirman sus responsables, "en un vano y soberbio intento de poner punto final al grave problema de la violación de los derechos humanos, ha producido un informe en el que desprecia la vida al no dar respuesta sobre el destino de miles de detenidos-desaparecidos entre los que se encuentran cientos de niños".
"La Junta Militar falta a la verdad porque pretende que en el país hubo una guerra sucia, mientras existen innumerables pruebas que nos permiten afirmar que el 82% de los desaparecidos fueron secuestrados de sus hogares, en la vía pública o en sus lugares de trabajo y ante testigos".
Con mayor moderación verbal, pero idéntica energía, destacados representantes del peronismo, radicales, intransigentes y desarrollistas rechazan el documento por insatisfactorio y reconocen todos que éste no puede ser el punto final del drama argentino, y que el juicio de Dios deberá ser completado, aquí en la Tierra, por el juicio de la justicia democrática argentina.
Reynaldo Benito Antonio Bignone, genocida condenado por múltiples delitos de lesa humanidad, junto a su par Jorge Rafael Videla. Murió a los noventa años de edad en el Hospital Militar de Buenos Aires. Cumplía prisión domiciliaria.
Fuente: elpaís.com
En plena retirada, el 29 de abril de 1983, la Junta Militar, integrada por el Teniente General Cristino Nicolaides, el Almirante Rubén Franco y el Brigadier General Augusto Hughes, da oficialmente por muertos a los desaparecidos en su declaración sobre la guerra sucia, dando a conocer lo que será su "última" declaración sobre los desaparecidos.
Tras reconocer que, en un marco "casi apocalíptico" de la lucha contra la guerrilla, pudieron cometerse errores que quedan sujetos al juicio de Dios y a la comprensión de los hombres, dio por muertos a todos aquellos ciudadanos desaparecidos (incluidos los niños) que no estén exiliados o no figuren en las actuales listas de detenidos.
El rechazo político y social fue unánime e indignado. Dirigentes del Centro de Estudios Legales y Sociales imputó a la Junta "cobarde ocultamiento de sus crímenes" y "ausencia de hombría para afrontar la verdad". Las Madres de Plaza de Mayo preguntaban: "Secuestrar, ¿es un acto de servicio?; torturar, asesinar, mentir, ¿son actos de servicio?". Las Abuelas de la plaza de Mayo sentenciaban: "Si se acogen al juicio de Dios es que están pensando en el infierno".
La Opinión Popular
Una mujer intenta desesperadamente evitar la detención de un joven por parte de la Policía durante una protesta en Buenos Aires, el 30 de marzo de 1982.
Fue a las diez de la noche del jueves, con las calles de Buenos Aires vacías, cuando los canales de la televisión comenzaron a emitir en cadena la "definitiva" acta institucional de la Junta Militar sobre la guerra antisubversiva y la suerte de los desaparecidos.
Durante 45 minutos, una voz masculina leyó el documento militar sobre un vídeo-montaje con imágenes relativas al terrorismo urbano y la guerrilla en la provincia de Tucumán, fundidas con planos subliminales de trabajadores agrícolas e industriales trabajando bajo la paz de las armas.
Como en una broma macabra o, cuando menos, en un alarde de imprevisión, el documento fue leído el mismo día en que las madres cumplían sus seis años de heroica presencia en la plaza de Mayo.
Acompañadas de algún sacerdote y algún fraile y de miembros de otras asociaciones humanitarias, marcharon a primera hora de la tarde portando grandes reproducciones fotográficas de sus parientes desaparecidos, hacia su cita de todos los jueves con la plaza.
Los aparatosos motoristas de la policía federal intentaron dificultar su marcha, y cuando fueron increpados de palabra y a paraguazos, recibieron orden por radio de retirarse. Posteriormente, en la plaza hizo acto de presencia, a pie y de paisano, el general Sassiain, jefe de la policía de Buenos Aires, quien tuvo que refugiarse en su auto, insultado y apedreado con la gravilla de los jardines.
Bajo una lluvia inmisericorde que anegaba la ciudad, las madres permanecieron más de una hora ante la Casa Rosada reclamando a gritos a sus hijos.
La reacción más dura fue la de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos: "La Junta Militar", afirman sus responsables, "en un vano y soberbio intento de poner punto final al grave problema de la violación de los derechos humanos, ha producido un informe en el que desprecia la vida al no dar respuesta sobre el destino de miles de detenidos-desaparecidos entre los que se encuentran cientos de niños".
"La Junta Militar falta a la verdad porque pretende que en el país hubo una guerra sucia, mientras existen innumerables pruebas que nos permiten afirmar que el 82% de los desaparecidos fueron secuestrados de sus hogares, en la vía pública o en sus lugares de trabajo y ante testigos".
Con mayor moderación verbal, pero idéntica energía, destacados representantes del peronismo, radicales, intransigentes y desarrollistas rechazan el documento por insatisfactorio y reconocen todos que éste no puede ser el punto final del drama argentino, y que el juicio de Dios deberá ser completado, aquí en la Tierra, por el juicio de la justicia democrática argentina.
Reynaldo Benito Antonio Bignone, genocida condenado por múltiples delitos de lesa humanidad, junto a su par Jorge Rafael Videla. Murió a los noventa años de edad en el Hospital Militar de Buenos Aires. Cumplía prisión domiciliaria.
Fuente: elpaís.com
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